El retorno de los fortines
El fortín fue una realidad muy difundida a lo largo del siglo XIX. Toda la zona norte y este de Salta se dividía territorialmente entre una área controlada por el Estado argentino y otra área controlada por un grupo de tribus que resistían el ingreso de la ley que regía al resto de la república y que no acataban lo impuesto por la Constitución Nacional. En aquella época era muy normal que las tribus organizaran malones, con la intención de saquear las propiedades ubicadas en el área de frontera y de secuestrar a personas vulnerables que allí se encontrasen (especialmente a mujeres y niños). Para enfrentar este problema, los diversos gobiernos argentinos dispusieron la construcción de fortines que sirviesen para mantener alejados a los aborígenes peligrosos.
Hoy en día, transcurrida ya una década de nuestro siglo XXI, los fortines han reaparecido en el chaco salteño. Pero estos fortines de hogaño no son como los de antaño. La principal diferencia es que los cubiles de ahora no fueron construidos por el poder del Estado sino, justamente, por quienes intentan eludir dicho poder. Nos referimos, claro,
a aquella casa que fue allanada a mediados de noviembre en el barrio Fátima de la ciudad de Tartagal. En la misma moraban dos inmigrantes chilenos que se dedicaban a la venta de drogas. Lo característico del lugar era que el inmueble estaba rodeado por un cerco eléctrico y custodiado no por uno, ni por dos, ni por tres, sino por cinco perros molosos.
Según la policía, el operativo fue uno de los más complicados de los últimos tiempos. Penetrar ese pequeño fortín no fue una tarea sencilla, pero finalmente pudo lograrse con éxito. Por fortuna de los involucrados, la escena no estuvo aderezada con un intercambio de balas, pero no hubiese sido descabellado pensar que algo así podía llegar a haber sucedido.
En el mes de septiembre, el juez Julio Leonardo Bavio supervisó
la demolición de un inmueble en Villa Juanita, barrio periférico de la ciudad de Salta, que servía de aguantadero para un grupo de criminales que operaban en la capital provincial. Esperemos que esta vez las autoridades repitan el gesto en Tartagal.
Narcopoder
Una manera que tienen los narcos de ejercer el control territorial es montando fortines en zona estratégicas, la otra manera es asociándose a quienes tienen la función de desmontarles dichos fortines. Eduardo Sylvester, un hombre de la administración Urtubey,
dijo: “en el narcotráfico una de sus características principales es su capacidad de corrupción en el funcionario político, policía o de los distintos estamentos, esto es así a nivel mundial.” Con esas palabras no hizo más que reconocer que existe una cadena de complicidad que involucra tanto a narcotraficantes y dealers con políticos, policías, gendarmes y hasta jueces.
Hoy por hoy de los narcojueces se sabe poco en el NOA. No es que no los haya, sino que sus fechorías no suelen hacerse públicas. Si se hacen públicas, en cambio, algunas de las amenazas que sufren aquellos jueces que le hacen frente a estos delincuentes. Recientemente el diario
Clarín publicó
un artículo en el que nombraba a los jueces Raúl Reynoso de Orán, Carlos Olivera Pastor de San Salvador de Jujuy y al ya citado Julio Leonardo Bavio de Salta capital. Con respecto a esta situación,
Olivera Pastor fue claro y habló con el propósito de acallar todas las versiones que intentan apaciguar la gravedad de la escena o desviar la atención: “
no creo que el origen de estas amenazas deba atribuirse a causas relacionadas a Derechos Humanos, sino al narcotráfico, actividad delictiva que tuvo un fuerte incremento en esta región del país, y que, por natural consecuencia, se advierte un notable incremento de causas sometidas a investigación.”
Bavio, por su parte, es el responsable de la investigación sobre José Iraola Silverman, un ciudadano colombiano, que fuese capturado con varios kilogramos de cocaína en su poder en la localidad de Güemes. En aquel operativo quedaron implicados también Carlos Gallardo y Gabriel Giménez. Además del hecho de ser delincuentes, lo que une a esos dos últimos hombres es su profesión: policías.
Los narcopolicías se han convertido en una triste realidad en Salta. Y ellos no son casos aislados, manzanas podridas que entran al cajón por casualidad, sino que constituyen un grupo cada vez más afianzado dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia. Osvaldo Sosa, un policía retirado a causa de diversos conflictos internos con los que tuvo que lidiar durante su paso por la fuerza,
es uno de los pocos que se atreven a hablar de este fenómeno deshonroso. Este ciudadano incluso utiliza el término “
cartelización” para describir el estado de cosas actual.
Junto a los narcopolicías –que son quienes se encargan de distribuir droga en el territorio argentino, asegurándose de que el producto llegue a las bocas de expendio y cerrando los ojos cuando ven que se produce una venta, para luego pasar a cobrarle a los dealers por el permiso para comerciar– están los narcogendarmes. Estos personajes de esta siniestra película aparecen como los encargados de permitir y gestionar el acceso de la droga que ingresa al país, puesto que si bien es posible hallar granjas de cultivo de drogas psicotrópicas en la Argentina, el grueso de los estupefacientes que se consumen en nuestro país y de los que se envían desde aquí hacia el extranjero provienen de lugares como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Aquí ya no se habla de pequeñas cantidades de droga que engordan la caja de recaudación de los corruptos mes a mes, sino de verdaderos negocios multimillonarios. Un ejemplo de ello es un operativo que se realizó en las rutas salteñas en el cual se incautó casi una tonelada de cocaína que era transportada por los gendarmes Emanuel Mondaca y Roberto Gamarra, y que iba a ser distribuida al menos a unos
ocho repartidores dentro del país.
Siguiendo la pista indicada por los narcogendarmes “arrepentidos”, cayeron, sólo por nombrar a alguien,
unos reconocidos empresarios de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Jujuy. Más de un sampedreño reaccionó con sorpresa al enterarse de que un distinguido miembro de su comunidad estaba involucrado en una red de narcotraficantes. Empero hubo otro grupo grande de habitantes de esa localidad que no hicieron más que confirmar lo que tanto se sospechaba y rumoreaba en las calles.
Esos mismos vecinos que sabían que algunos empresarios de su ciudad estaban vinculados al negocio ilegal de la droga, son también los que han llamado la atención a la opinión pública sobre
algunos políticos locales que estarían en la misma situación. Aquí es donde entran en juego los otros actores que faltaban en el escenario del narcopoder: los narcopolíticos.
En 2009, el legislador alperovichista Pedro Hugo Balceda
denunció la existencia de un narcopoder en Tucumán, causó un gran revuelo y
luego esquivó la responsabilidad por sus declaraciones. Concretamente este político amenazó con dar los nombres de todo el grupo de sus pares que se beneficia de las actividades de los narcotraficantes, pero luego terminó pasándole una lista a un juez que simplemente recopilaba los nombres de varios dealers de poca monta. Del caso Balceda se pueden extraer dos conclusiones –que se excluyen mutuamente–: o el legislador estaba fanfarroneando con un tema tan serio como el narcotráfico sólo para injuriar a sus colegas y armar una imagen pública de héroe moral beneficiosa para su carrera política (se lo llegó a bautizar, por un breve lapso, el “Cobos tucumano”), o bien el legislador estuvo a punto de exponer a elementos corruptos de la corporación política vernácula y no lo hizo por presiones que recibió y que no fueron denunciadas. Dicho de otro modo, o Balceda fue un demagogo o fue un cobarde.
En Salta, por el contrario, la narcopolítica es más tangible. Basta con trasladarse al año 2006 a la localidad de Salvador Mazza, año y lugar en donde
fuese asesinada la ciudadana Liliana Ledesma por denunciar al diputado provincial pejotista Ernesto Aparicio por haber coordinado una zona liberada para el tráfico de drogas en el área de frontera. Aparicio, en aquella época, era un hombre que intentaba acercarse al por entonces gobernador Juan Carlos Romero, por lo que ese escándalo hizo que se le sumase otra mancha de sospecha al hijo del histórico Roberto Romero (desde, por lo menos, 1994 que se vincula a Juan Carlos Romero a movimientos curiosos en torno al tema de las drogas, ya que fue ese el año en el que el líder salteño impulsó desde el Senado de la Nación
una polémica reforma a la ley de correos).
Sin embargo Urtubey no ha dicho casi nada acerca de Luís Arturo Cifre. Cifre era un concejal de Joaquín V. González, capital del departamento sojero de Anta. Aunque de origen ucerista (como lo era su familia, un reconocido clan de la zona), Cifre se unió al Frente para la Victoria y trató de llegar a ser Senador Departamental. Es decir este señor no fue candidato por el Frente Salteño ni se vistió con los colores de la fuerza partidaria del diputado nacional Alfredo Olmedo, sino que hizo campaña por Urtubey y llamó a votar por Cristina Kirchner.
A Cifre le allanaron un galpón en donde acopiaba carbón para exportarlo, y le encontraron varias centenas de kilos de cocaína. Hoy en día está detenido y procesado por integrar una banda transnacional de narcotraficantes.
Sin salvador
Un lugar de Salta en donde el narcopoder es un mal bien reconocido es la localidad de Profesor Salvador Mazza, conocida popularmente como “Pocitos”. Esta ciudad tiene el mérito (o la desgracia) de ser la ciudad más boreal del país. Frente a Salvador Mazza, del lado boliviano, se encuentra San José, también llamada popularmente “Pocitos”. Un par de kilómetros más al norte de ambas localidades está
Yacuiba,
considerada hoy en día uno de los sitios más peligrosos de Bolivia.
El delito en Yacuiba tiene casi todas las modalidades conocidas: robo de autos, asaltos, secuestros, asesinatos por encargo, etc. La presencia policial es escasa, mientras que las bandas de contrabandistas y narcotraficantes de nacionalidades mixtas (bolivianos y argentinos) son abundantes. Lo peor de esa urbe es que en los últimos veinte años su población creció desmesuradamente, acogiendo a muchos migrantes provenientes del oeste boliviano, lo que ocasionó el desvanecimiento de la vieja cultura guaraní de sus habitantes y la multiplicación de barriadas completamente desordenadas y ajenas a la planificación. Todo ello favoreció el crecimiento del delito, y particularmente la proliferación del narcotráfico. El imaginario popular de esa parte de Bolivia ya ha empezado a girar en torno al violento mundo de las drogas. Tal es así que, por ejemplo, quien resida por un breve tiempo en Yacuiba notará que muchos de sus pobladores son devotos de la Almita Desconocida, una joven mutilada por narcotraficantes que querían extraerle cápsulas de cocaína que había ingerido y que se convirtió en una especie de santa popular que goza de sus propios altares y ceremonias. También el culto a San La Muerte, a la Virgen de los Sicarios, y otras basuras de ese estilo se han expandido en la zona. El gobierno de Evo Morales, que ha sido interpelado por miles de bolivianos para que persiga al delito y restablezca el orden, ha hecho muy poco por la ciudad.
Salvador Mazza, afortunadamente, no es hoy en día una Yacuiba, pero quien sabe cuánto falta para que lo sea. La extraña decisión de la Ministra de Defensa Nilda Garré
de desplazar al Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional unos veinte kilómetros al sur, hacia la ciudad de Aguaray, acelera el proceso de “yacuibización”. En rigor no son todos los miembros del Escuadrón los que serán reubicados, sino la gran mayoría, incluyendo a sus principales autoridades. Esto significa no sólo la desprotección de la población civil y la reducción de la vigilancia sobre la frontera, sino también la desarticulación de una comunidad en la que los locales se benefician comercialmente de la presencia de esta fuerza de seguridad. El estrechamiento de los vínculos con Bolivia parece ser la opción más viable para evitar el colapso social de Salvador Mazza, pero ello supone también la penetración de un estilo de vida más propio del otro lado del límite internacional.
La violencia tan real
Es innegable que desde que el consumo de drogas se masificó, Argentina se ha tornado un país más violento. Hasta fines de la década de 1980, los estupefacientes ilegales no eran de acceso popular. A partir de la década de 1990, sin embargo, comenzaron a surgir drogas diseñadas para que pudieran ser consumidas por los sectores sociales de escasos recursos. Este fenómeno, sumado a la falta de expectativas de movilidad social y a la pobreza que empezó a convertirse en estructural, alteró los patrones de criminalidad en nuestro país. La violencia entonces comenzó a crecer.
Hoy el temor del ciudadano decente a ser asesinado en el espacio público no es una delirada fantasía: en mayor o menor grado, todos lo tienen presente como una posibilidad a la que no quieren nunca tener que afrontar. Alguien ha comentado que una sensación similar se vivía en otras épocas, donde el Estado era una institución más débil que ahora, y la garantización de la seguridad propia era un asunto en el que cada uno debía aportar su parte.
Ambos casos no son hechos aislados, son una realidad cada vez más frecuente en el norte argentino, y especialmente en el norte de Salta, donde la corrupción, la violencia y las tragedias ya no son componentes de una película sino elementos cotidianos del paisaje.
Ángela Micaela Palomo
