En el pasado mes de abril escribí un artículo en el que califiqué de “sicarios” a los médicos de la Maternidad de San
Miguel de Tucumán que se ocuparon de ejecutar un homicidio en contra de un niño que aún permanecía en el vientre de su madre. Ahora, nobleza obliga, me toca felicitar a esa
institución por su trabajo en defensa de la vida del aún no nacido.
El infame diario Página/12 nos cuenta sobre un caso sucedido en Tucumán, en el que supuestamente se le impidió a una joven de 16
años realizar un aborto tras declarar que había sido violada, siendo obligada
por ello a trasladarse a Buenos Aires para asesinar allí a su descendencia.
La nota fue escrita por Mariana
Carbajal, una periodista feminista famosa por las licencias literarias que toma a la hora de redactar. Según el relato del diario progresista, una adolescente,
con un embarazo de casi cuatro meses, afirmando haber sido violada se acercó a
un hospital público para que le realizasen un aborto. Los profesionales de la
institución notaron que su versión de los hechos era poco clara, y promovieron
una denuncia penal para que la mentada violación no quedase impune. Luego
trataron de explicarle a la joven que lo que exigía como un derecho en realidad
se trataba de un cruento homicidio y hasta enviaron a una trabajadora social
para ayudar a la adolescente y evitar así el crimen. Sin embargo, testaruda, la
madre decidió pese a todo continuar con su macabro plan de darle muerte a su
hijo. Una psicóloga de la
Maternidad optó por despreciar el valiente esfuerzo de sus
compañeros, y gracias a ella la joven consiguió pasajes de ida y de vuelta
financiados por el Estado para hacerse vaciar el vientre en el Hospital
Argerich de la Capital Federal.
Carbajal, intentando demonizar a
los médicos que se niegan a trabajar de sicarios en Tucumán, agregó una
referencia a un inverosímil caso acontecido en la provincia el año pasado, en
el que a una mujer abortista le hicieron un torturante legrado sin anestesia,
“seguramente a modo de castigo porque las médicas que la atendieron sospecharon
de que había interrumpido voluntariamente el embarazo”.
El cambio de actitud de los
profesionales de la
Maternidad en sólo seis meses se debió a la acción judicial y política que un grupo de tucumanos llevaron a cabo contra la matanza de
inocentes. Junto a las denuncias contra la Maternidad por abuso de
autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, el PRO, la UCR y la DC propusieron medidas para que
el Estado rechace la cultura del genocidio y favorezca el florecimiento de la
vida y la contención de las víctimas. Pero el verdadero éxito en contra del abortismo es producto del
oficialismo provincial, el cual, extrañamente, todavía no ha sucumbido a la
exigencia de facilitar los asesinatos impunes. Esperemos que esta noble actitud
de un grupo de gobernantes que no se caracterizan precisamente por su nobleza
persista en el tiempo, sobre todo por el bien de los niños por nacer. También
sería bueno que casos como el de la joven que viajó a otra provincia sólo para
disfrutar de la sensación de saber que su hijo ha muerto no se vuelvan a
producir.
Antonella Díaz
