Un botón rojo para salvar al mundo
Finalmente el gobierno de Salta
sucumbió ante las presiones hembristas y declaró la famosa “emergencia de
género”. En realidad la medida llegó como respuesta al horrendo asesinato de
Abigail Antero: en Yacuiba, Bolivia, se halló el cuerpo sin vida de la joven Antero
de 17 años que vivía en Salvador Mazza; el cadáver tenía el rostro desfigurado
y los genitales mutilados, además de presentar varios traumatismos en el tórax.
La hipótesis inicial señaló a su entorno como sospechoso, y así se concluyó que
el Estado no había garantizado la integridad física de la mujer. Más lógico es
que se hubiese reaccionando con algún tipo de medida contra Bolivia (Abigail
desapareció tras haber avisado en su casa que cruzaría la frontera para comprar
ropa), pero en lugar de buscar al enemigo externo se apuntó contra el enemigo
interno, porque esa es la moda de hoy en día -si no se hubiese hallado el cadáver en estos momentos se estaría difundiendo casi con absoluta convicción que la mujer fue víctima de una siniestra e invisible "red de trata de personas".
En el pasado mes de junio Martín
García Caínzo, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, le
señaló a la prensa que era ridículo declarar una emergencia ante la violencia
que sufre la mujer, porque las declaraciones de emergencia son para darles una
solución urgente a problemas que surgen circunstancialmente, y la violencia que
sufre la mujer es un tema complejo que está instalado de modo estructural en la
sociedad argentina. Acto seguido sostuvo que el gobierno salteño tenía un
programa de prevención, asistencia y seguimiento para mujeres violentadas que,
a largo plazo, arrojaría resultados positivos. Era sólo cuestión de esperar.
Empero a principios de septiembre
parece que el gobierno cambió de opinión e hizo lo que García Caínzo dijo que
no se haría. La declaración de “emergencia de género” se produjo a través de un
decreto del Gobernador Juan Manuel Urtubey, que la Cámara de Diputados local
refrendó. La mentada disposición ordena crear nuevos juzgados dedicados a
lidiar únicamente con casos de violencia doméstica, proyecta construir
albergues para las mujeres víctimas de la violencia y para sus hijos, plantea
instalar botones antipánico a lo largo y ancho del territorio provincial, y
convoca a las ONGs a acercarse al Estado para colaborar en tareas de contención
social y transformación cultural. El DNU señala, además, que los juicios por
violencia doméstica serán sumarios, se hará todo lo posible para mantener la
confidencialidad de cada caso y a la mujer se le garantizará un trato
humanizado para que la víctima no se sienta absorbida por una burocracia
inescrupulosa que la trata como un expediente y no como una persona.
Uno se pregunta: ¿por qué el
Estado quiere hacer tanto por esas mujeres víctimas de los que ellas eligieron
como parejas, y, a su vez, hace tan poco por quienes fueron elegidos por
victimarios que los asaltaron en las calles o aun es sus propias casas? Los
oficialistas y los opositores coincidieron en subrayar la importancia que esta
medida tiene para acabar con la “cultura machista”, la cual, al parecer, afecta
a nuestro país (¿acaso no hay también una “cultura delincuencial” que debería
unir a oficialistas y opositores con mucha más pasión que este asunto menor?).
El Partido Obrero, como no podía
ser de otra manera, fue la voz discordante en el universo partidocrático
salteño: para ellos la declaración de “emergencia de género” de Urtubey es una
iniciativa tardía e improvisada, que sólo busca proponer soluciones
superficiales al problema de la violencia contra la mujer, pero que no ataca la
cuestión de fondo.
La gallina de los huevos de oro
También por junio, mientras que
García Caínzo arrojaba palabras al viento, la Cámara de Senadores de Salta aprobó una ley que
fijaba cual sería la orientación de las políticas públicas en materia de
violencia social, escolar y familiar. El objetivo era unificar toda la
legislación concerniente al área para que no pareciera que, en este país, las
leyes se hacen a los tumbos con el objeto de parchar situaciones que se
producen porque nadie planificó como evitarlas.
Empero la iniciativa de los
senadores desató la furia de las hembristas, porque consideraron que al
unificar la legislación sobe violencia ellas no podrían continuar proponiendo
modificaciones que beneficien a su sector (se quejaron, por ejemplo, de que la
ley que ellas impulsaban para que un hombre que sufre de una orden de
restricción mantenga el vínculo monetario ante quien acosa no se la podría
aprobar así sin más). Roberto Gramaglia, un senador oficialista, defendió la
ley sosteniendo que todo lo que las hembristas señalan no tiene fundamentos, ya
que la ley no es impedimento para lo que ellas plantean.
Las hembristas contraatacaron con
un comunicado en el que, luego de dejar en claro su posición, terminan
derrapando con imbecilidades del tipo “la desocupación, la falta de viviendas,
la desnutrición infantil son actos de violencia”, cuando es más que claro que
no es así, pues la desocupación es una cuestión de armonía económica (o sea no
es violencia sino desequilibrio), la falta de vivienda es desidia (o sea no es
violencia sino abandono), y la desnutrición infantil es carencia (o sea no es
violencia sino indiferencia).
¿Pero por qué las hembristas
tienen esa necesidad de confundir agresión física y psicológica con situaciones
sociales penosas? En realidad no tienen ninguna necesidad, es tan sólo un truco
retórico para llevar más agua para su molino. Debido a ello se puede asegurar
que la cuestión no resiste más análisis, por lo que es necesario volver a la
violencia en contra de la mujer.
Las hembristas de Jujuy pueden
dar una clave para entender por qué las hembristas de Salta rechazaron la ley
propuesta por los senadores (que al final no fue aprobada por los diputados), y
por qué están en desacuerdo con la “emergencia de género” que declaró Urtubey.
Una agente de la filial jujeña de la ONG Mumala dijo: “entendemos que es necesario que el Gobierno Provincial adopte medidas
urgentes para reducir y prevenir la violencia, pero además para mejorar los
servicios destinados a atender a las mujeres en situación de violencia, para lo
cual, entre otras medidas es necesario incrementar el presupuesto y potenciar
la articulación entre los organismos que tienen esta responsabilidad”. La
palabra mágica aquí es “presupuesto”. A las hembristas les interesa el dinero
que maneja el Estado. Quieren su tajada. Ellas se consideran expertas en “lo
femenino”, por tanto, si el gobierno empieza a tratar a una mujer golpeada como
a una reina, las cortesanas de esa mujer serán las hembristas (en sus roles de
psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, etc). Y como se está hablando de “emergencia”
ello equivale a proveer respuestas inmediatas y espontáneas: la idea es que el
gobierno no espere a formar a sus propios especialistas, sino que contrate
cuanto antes a quienes ya están formados (los cuales, claro, vendrían a ser las
propias hembristas), dándoles además un gran poder y quitándoles restricciones
para que, con su acción, pongan fin a la situación extraordinaria que activó la
emergencia. Nada resulta más ventajoso para una hembrista que crear pánico
social a través de la propaganda primero y presentarse después ante la
comunidad como las mayores expertas en erradicar aquello que altera a la
convivencia pacífica. Ese es su juego perverso que les permite crecer y multiplicarse
en la actualidad.
Los dejamos venir por nosotros
Pero las hembristas no se
conforman con contener al puñado de mujeres maltratadas, ellas van por todo.
Para ello necesitan llegar a toda la población, entonces buscan controlar el
sistema educativo. Ese es el botín que les interesa, porque, visto en
perspectiva, es una máquina de producir dinero: una mujer golpeada puede ser
tratada durante un tiempo, pero luego se repondrá y es probable que, gracias a
la experiencia adquirida, no vuelva a ser víctima. Eso significa que el
negocio, a las hembristas, se les acaba en cuanto triunfan. En cambio siempre
se puede educar (o en este caso sería más bien adoctrinar) a alguien.
¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se
pasó en un lustro de tener una visión positiva de la mujer a verla como una
potencial víctima? Obviamente los medios masivos de comunicación colaboraron
enormemente en este asunto, pero ellos no son la causa. La causa es la
indiferencia.
Cuando en 2010 se sancionó la
modificación del Código Civil para permitir las bodas gays en nuestro país, la
semilla del mal empezó a crecer. En aquel momento hubo dos grupos: uno a favor
de la aberración sodomita, y otro, un tanto más grande, que pretendía salvar al
concepto de familia. Y después estaban los indiferentes, que fueron algo así
como el 80% de la población. La típica postura del “mientras lo hagan entre
cuatro paredes no me molesta” justificó el desinterés de muchos, sin percatarse
de que cuando el Estado interviene ya no hay más cuatro paredes. Es decir, las
bodas gays son un asunto mínimo comparado con la batalla por la propiedad de la
educación: porque hoy permitimos que los invertidos se casen y, más aberrante
aún, que adopten hijos, ¿pero que hay de mañana? ¿cómo se le amplían los
derechos a alguien para incluirlo en el mundo de la mayoría y se lo continúa
percibiendo al mismo tiempo como una minoría diferente? No se puede. En
cuestión de minutos se vuelve evidente que el diferente no es sólo diferente,
es también un desviado, una falla, un error. Y esto se produce no por un
prejuicio, sino porque el peso mismo de los hechos así lo impone. Por tanto
aquí entra la educación a jugar el juego: hay que sacarle de la cabeza al
ciudadano lo que es obvio para él, hay que lavarle el cerebro para que la
verdad no prevalezca. Y esto se debe hacer siempre, porque si se le retira el
adoctrinamiento a una generación, ésta crecerá en contacto con lo real,
conociendo de primera mano a la verdad que hoy en día se busca ocultar por
todos los medios posibles.
La indiferencia inicial ante lo
que fue un bombardeo propagandístico y una imposición violenta debe revertirse.
Por “dejar que los otros hagan” se está deshaciendo nuestro país. La
indiferencia es letal, y su principal víctima son las familias.
Antonella Díaz
