El régimen actual y sus propagandistas rentados aprovechará una vez
más este aniversario, para hacer política con la historia engañando a la
opinión pública y falsificando lo sucedido mediante la imposición de un
relato sesgado y arbitrario.
Ante la avalancha de desinformación con la que todos los años en esta
misma fecha el aparato estatal nos atosiga y engaña, vale aportar las
siguientes anotaciones a efectos de que el lector pueda contrastarlas
con la propaganda dominante que pagamos entre todos.
En las primeras semanas de 1976, la guerra civil dominaba la escena y
el gobierno de María Estela Martínez de Perón era impotente para
controlarla. Ni el oficialismo quería seguir haciéndose cargo de una
situación inmanejable ni la oposición quería reemplazarla.
Todos tenían los ojos puestos en las Fuerzas Armadas, para que
solucionasen de oficio lo que la dirigencia política no sabía, ni podía,
ni quería resolver.
El 27 de febrero, el comité nacional de la UCR publicó la siguiente
declaración desestabilizadora: “El país vive una grave emergencia
nacional… ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar…
Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un
proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza
su límite”. Desde meses antes, el general Viola mantenía
conversaciones con Balbín y Antonio Tróccoli. Juan Carlos Pugliese,
futuro ministro de Alfonsín, defendía en 1975 la actuación del general
Menéndez en Córdoba.
Renombrados dirigentes de la oposición y del propio peronismo
confabulaban en reuniones con militares y hasta sindicalistas como
Casildo Herreras iban a verlo a Videla para decirle que, aunque en
público no podían declararlo, también ellos consideraban que el gobierno
era un desastre, que eran sus amigos y que deberían tenerlos en cuenta
después del golpe si finalmente lo llevaban a cabo… Lorenzo Miguel, por
su parte, visitaba al almirante Massera… Hasta el veterano dirigente
radical Ricardo Balbín celebró una reunión secreta con Videla en una
casa neutral. Allí… (Balbín) le espetó sin rodeos: “General, ¿van a dar
el golpe?… Si van a hacer lo que yo pienso, háganlo lo antes posible;
evítenle al país esta lenta agonía. Yo, como político, no voy a
aplaudirlo, pero tampoco pondré piedras en el camino”.
El terrorismo sacaba provecho del desbarajuste institucional. Cometía
salvajes asesinatos (entre 1969 y 1976 perpetró 1501 homicidios),
mientras la clase política, para no contrariar la opinión popular,
proclamaba desembozadamente la necesidad de orden y alababa sin
cortapisas a las FF.AA. Hasta el Partido Comunista, el 12 de marzo,
“reiteró su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar”.
El gobierno de Juan e Isabel Perón intentó sin éxito combatir a la
guerrilla por medio de la creación de la Triple A (a la cual se le
adjudica unos 500 homicidios) y creó un sistema de represión consistente
en hacer desaparecer al enemigo: al 23 de marzo de 1976 los
desaparecidos ascendían a 900 casos (desafortunadamente el gobierno
naciente el 24 de marzo continuó con esta última práctica creada por el
justicialismo).
Los días previos al iconográfico 24 de marzo los terroristas
asesinaron a personalidades de muy alta envergadura, entre ellos el
empresario Héctor Minetti, el coronel Héctor Reyes, el sindicalista
Adalberto Giménez y, el 15 de marzo, en espectacular atentado explosivo
en la playa del edificio Libertador, muere Blas García y resultan
heridos 23 personas.
Los legisladores reconocían el caos y ratificaban su incapacidad de enfrentar la crisis.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sánchez Toranzo, afirmaba:
“Doloroso es el precio que pagan los hombres de armas en el cumplimiento
de los deberes que la hora les impuso. Que este sacrificio no sea en
vano por la renuencia de la civilidad”; la entonces diputada Nilda
Garré (hoy ministro kirchnerista) denunciaba: “Las cotidianas
desapariciones… y tantos otros hechos similares vienen formando un
siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin que un solo
culpable sea identificado”.
El senador radical Eduardo Angeloz, con esa imprecisión tan inherente
a su partido de pertenencia arengaba: “Alguien tiene que dar la orden…
alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina “.
Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue
del diputado Molinari: “¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de
respuesta”.
El líder máximo de la UCR, Ricardo Balbín, 48 horas antes del 24 de
marzo, afirmó: “Hay soluciones, pero yo no las tengo”. Ello no hizo más
que verbalizar lo que se venía haciendo detrás de las cortinas: instigar
a las FF.AA. a tomar la iniciativa.
Respecto de la guerra antisubversiva, suele argumentarse que la
solución podía venir no ya por un “golpe”, sino a través de una “salida
política”, tanto sea a partir de un juicio político o de nuevas
elecciones.
Pero las posibilidades de “juicio político” se hallaban totalmente
obstaculizadas (el PJ, que tenía mayoría parlamentaria, no quería
“derrocar” abiertamente a la viuda de Perón) y, además, el hecho de
pensar en que otro gobierno de jure iba a solucionar el caos terrorista e
institucional no dejaba de ser una noble pero ingenua expresión de
deseos, desmentida por la experiencia. Ya habían pasado
ininterrumpidamente cinco presidentes de jure (Cámpora, Lastiri, Perón,
“Isabelita” y, tras su “licencia”, Luder), sin que ninguno pudiera
efectuar una sola condena a ningún guerrillero (por el contrario, fueron
amnistiados en mayo de 1973).
Otro slogan de la tan insistente como omnipresente Mentira Oficial es
mencionar la cercanía entre la intervención cívico-militar y las
elecciones (ante el caos, se había adelantado la fecha en que debían
sustanciarse, fijándose el mes de octubre de ese año). Cabe preguntarse:
¿quiénes eran los candidatos presidenciales del PJ, la UCR y el resto
de las fuerzas? ¿Quiénes estaban en campaña? ¿A quiénes beneficiaban las
encuestas? ¿Estaba confeccionado el padrón electoral? En efecto, no
había candidatos ni campaña ni clima electoral, porque nadie quería ir a
elecciones y todos, activa o pasivamente, esperaban ansiosos que las
FF.AA. reemplazaran de una vez al gobierno decadente. Como si la guerra
civil y el desgobierno fueran poco, los números económicos se
desplomaban y la hiperinflación (según informe de FIEL) arrojaba una
proyección anual del 17.000% para 1976.
Los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y
las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador
pedido de cambio de gobierno. El diario de Timerman “La Opinión”
publicaba: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres” (19/03/76).
El 20, el mismo diario informaba: “Prácticamente un 90% de los
argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de estado”. Ese día,
el dirigente justicialista Jorge Antonio manifestaba: “Si las FF.AA.
vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean”. Francisco
Manrique, presidente del Partido Federal (por entonces la tercera fuerza
electoral), afirmó: “Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno
muerto, al desalojo de una pandilla”. El 21 de marzo, “Clarín”
informaba: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a
retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus
dietas”; el mismo día, el diario “La Prensa” subrayaba: “Hubo 1.358
muertos desde 1973 por acciones terroristas”.
Al día siguiente (22 de marzo), el senador Fernando de la Rúa
arremetió: “Es increíble que la presidente, que proclama su afición a
los látigos, ni siquiera desmienta que su ex ministro y principal
consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, convertida
en aguantadero de un prófugo de la justicia”. El 23, “La Opinión”
titulaba: “Una Argentina inerme ante la matanza”, y agregaba: “Desde el
comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56
personas”; esa fecha, “La Razón” redundaba: “Es inminente el final. Todo
está dicho”.
Ante tal desconcierto, la Junta de Comandantes, acompañada y
respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos (incluyendo
al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en medio de la
guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin disparar una sola
bala, las nuevas autoridades sustituyeron pacíficamente a “Isabelita”.
Luego, el flamante gobierno obtuvo el beneplácito de todos los partidos
políticos (que hoy desesperadamente se despegan de sus complicidades de
otrora).
De las 1.697 intendencias vigentes en la gestión del Presidente
Videla, solo el 10% eran comandadas por miembros de las FF.AA.; el 90%
restante, por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los
intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense, de
reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los
municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente
orden:
“La UCR, con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ (partido
presuntamente “derrocado”) , con 192 intendentes; en tercer lugar se
encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza
Federalista Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista
Partido Intransigente con 4”.
La habilidad de los partidos políticos y sofistas coyunturales en
hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y cargos
ocupados en el gobierno de facto ha provocado que las nuevas
generaciones crean que el gobierno militar cayó de un meteorito y se
instaló mágicamente en el poder “contrariando la voz del pueblo”.
Tanto la prensa internacional como los diarios más relevantes de la
época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete jueces que
en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales del
Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera,
fue nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla.
No se conoce ninguna denuncia por “violaciones a los derechos
humanos” efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño
como funcionarios de la hoy bautizada “dictadura genocida”. El redactor
del libro Nunca Más y presidente de la Conadep, Ernesto Sábato,
almorzaba distendidamente con Videla, lo adulaba en público, apoyó el
Mundial 78 y respaldó la guerra de Malvinas.
En la población, el consenso sobre el Proceso no fue fugaz. Duró
varios años. A pesar de la personalidad fría y poco carismática de
Videla, al jugarse el Mundial de Fútbol en 1978, éste acudió a las
canchas en seis cotejos, en los cuales fue ovacionado por la multitud.
Cuando la selección nacional se alzó con el título, miles de ciudadanos
fueron a festejar, no al Obelisco, sino a la puerta de la Casa de
Gobierno, y Videla debió salir al balcón a saludar a la multitud que lo
aclamaba.
Sólo al comenzar la década del 80, y ante un plan económico que con
motivo de la crisis del petróleo internacional comenzaba a mostrar
debilidades, el malhumor social empezaba a vislumbrarse, pero no por las
supuestas “violaciones a los derechos humanos” acaecidas en la guerra
antiterrorista, sino por las abruptas oscilaciones acaecidas en el tipo
de cambio monetario.
