Esclavizadores
liberados
Alicia es vecina de la ciudad de
Tartagal. Ella vive allí, en una pequeña casa, junto a su madre, una hija de 16
años y una nieta de dos meses. Su padre murió de cáncer hace seis años, a su
marido lo atropellaron hace cuatro, y su hijo se suicidó hace dos.
Gustavo, el joven que se quitó la
vida, era adicto al paco. Por ello Alicia integra ahora un grupo de mujeres
conocido como “Madres del Dolor”, que se dedica a trabajar para mantener a
niños y adolescentes lejos de la tragedia de las drogas, vale decir que se
dedica a trabajar para que ninguna madre tenga que sufrir la pérdida abrupta de
un hijo debido a las adicciones. Sin embargo, por más pasión que este grupo le
pone a lo que hacen, sus acciones no tienen demasiado éxito.
“Es muy difícil luchar contra la
droga, porque ahora se instaló la idea de que los narcos tienen derechos como
nosotros”, señala Alicia; y agrega convencida: “pero ellos son asesinos, los
derechos son para los que hacen el bien, no para lo que hacen el mal”. Su tono
de voz trasluce indignación. “La Gorda Gladys ya está de nuevo en su casa; el
marido de ella le vendía paco a mi hijo, lo encerraron a él, y ella retomó el
negocio hasta que hicimos que la encierren; pero ahora el Juez la soltó, no sé
para qué; ¿quiere el Juez que nuestros chicos sigan muriendo?”
El “Juez” del que Alicia habla es
Raúl Reynoso, máxima autoridad del Juzgado Federal de Orán, y la “Gorda Gladys”
es una de las 36 personas que el magistrado, para sorpresa de los salteños,
liberó recientemente.
La viga en el ojo
La excusa que Reynoso puso para
justificar su decisión fue que le correspondía liberar a los detenidos para no
contradecir aquellos Tratados Internacionales que bregan por la dignidad de los
presos a los cuales Argentina, gracias a la reforma de la Constitución
Nacional
Los kirchneristas gobernantes no
vacilaron en defenestrar a Reynoso. El Gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó
estar “totalmente en desacuerdo” con la decisión del Juez, mientras que Martín Martínez, el Secretario de Asuntos Penitenciarios y Políticas Criminales de la
provincia de Salta, defendió el fenómeno del hacinamiento dando a entender que
en la Argentina
no hay una industria de los presidarios como si la hay en EEUU, y por ello aquí
es aceptable que haya hasta cuatro detenidos por calabozo en lugar de uno por
celda como sucede en el norte del continente. María Inés Diez, la Ministra de Justicia del
gabinete de Urtubey, fue un poco más prudente a la hora de hacer declaraciones
sobre la situación carcelaria de la provincia, y le recordó al Juez Reynoso que
siempre es mejor transferir a un detenido a otra prisión antes que proceder a
liberarlo.
El Diputado Nacional Pablo Kosiner del Frente para la
Victoria dijo que lo de Reynoso es “un mensaje terrible”,
aunque no aclaró hacia quien está dirigido dicho mensaje. Probablemente lo que
Kosiner sostenga es que el Juez estaría operando en contra de la política
antinarcotráfico del gobierno, quizás para destituirlo o ayudar a destituirlo.
Rodolfo Urtubey, en plena campaña electoral, también se sumó a las críticas
contra Reynoso asegurando que de haberse producido la reforma judicial que
impulsó el oficialismo a principios de este año, el Juez podría ser ahora
severamente juzgado por su decisión. Con una declaración de ese tenor, Urtubey
dejó en claro que, de entrar al Senado de la Nación , él apoyará automáticamente a la
destrucción de la división de los poderes republicanos.
Todo el kirchnerismo salteño se
opuso a lo que Reynoso realizó en Orán siguiendo las normativas más elementales
de la hoy sacrosanta doctrina jurídica de los Derechos Humanos. Curiosamente
ninguno de esa fuerza política opinó nada acerca de las polémicas declaraciones de Claudia Román Rú: esta mujer, Secretaria de Salud Mental y Adicciones de
Salta, aseguró con total soltura que los que fuman marihuana “no son adictos”,
y hasta se tomó el atrevimiento de equiparar el gravísimo acto del consumo de
cannabis con la chiquilinada de robarles cigarrillos a los padres cuando se es
niño o adolescente.
Drogas y narcotráfico
Lo de Román Rú es, cuanto menos,
escandaloso, puesto que ocupando el cargo que ocupa es de una irresponsabilidad
total decir algo como eso. Tranquilamente se la podría denunciar por violar el
artículo 12 de la Ley Nacional
De cualquier manera, más allá de
la brutal defensa de la decadencia que hizo Román Rú, hay otra cosa interesante
para analizar de su discurso: la distinción que hace entre cuestiones
sanitarias y cuestiones judiciales (en concreto, la funcionaria dijo que al
consumo de marihuana no hay que abordarlo como un problema penal sino como uno
de salud).
En efecto, las drogas y el narcotráfico son dos cosas distintas. Cuando se habla de drogas se
está hablando, en realidad, de una problemática sanitaria, a la que se la puede
combatir con leyes que dejen en claro que el consumidor que se torna adicto es
un disminuido mental que debe ser tratado como tal (todo lo contrario a como se
lo está tratando hoy en día gracias a las reforma kirchnerista de la legislación sobre salud mental). En cambio cuando se habla de narcotráfico se
está planteando un conflicto político que involucra a un grupo de delincuentes
que se organizan burocráticamente –como una compañía– y territorialmente –como
un Estado.
A los narcos, aquí en Argentina,
los tratan no como a miembros de organizaciones transnacionales o sinarquías
invisibles sino como a meros “traficantes de drogas”. Es decir, no se ve en el
narco a un competidor del poder político con una enorme capacidad de corromper
a miembros de las fuerzas de seguridad, de la aduana y de los juzgados, sino que,
por el contrario, se lo percibe como a un comerciante que opta por alimentar un
negocio por ahora ilegal. Por eso el verdadero problema que genera el
narcotráfico se minimiza hasta invisibilizarse.
Tener el cuerpo (aún
cuando es el del delito)
A Reynoso, en el fondo, se lo
acusa de tener la mano blanda con el hampa. Empero ello no es tanto un tema de
su estilo judicial como de su situación. Quiero decir, en todos estos años en los que Reynoso ha estado al frente
del Juzgado Federal de Orán, en él no ha sido característico el trato
complaciente hacia los delincuentes. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar los modos
en los que habitualmente se desempeña? La respuesta a esa pregunta proviene del
dedehachehachismo que, día a día, gana cada vez más espacio en nuestro país.
Actualmente el nefasto dedehachehachismo tiene el poder suficiente como para
imposibilitar la efectivización de la justicia en Argentina debido a que muchos
jueces, temerosos de perder sus posiciones, ceden ante las presiones de la
“corrección política”.
Benjamín Solá es un abogado salteño que ha sabido sacar provecho del dedehachehachismo. Recientemente este
personaje recorrió Tartagal denunciando que las comisarías de la ciudad no
tienen buena ventilación, ni espacios de recreamiento, ni buena distribución de
agua potable, lo que las deja muy alejadas del cuarto del Sheraton en el cual
Solá espera que los detenidos pasen sus días. Como corolario de su excursión
por el norte, Solá presentó un buen número de habeas corpora para que sean
puestas en libertad (aunque no exoneradas) todas las personas cuyas
imputaciones revestían, según su opinión, escasa peligrosidad. Entonces Reynoso
le hizo caso, y firmó la autorización para que los procesados sean liberados.
Narcopoderes
Muchos vecinos señalan que la Gorda Gladysla Victoria. También
Todos en Tartagal saben de las
actividades de la Gorda Gladys
Cifre, tras 21 meses de
detención, fue puesto en libertad finalmente a mediados de julio gracias a un habeas corpus. Ahora el narcoconcejal ya no duerme en la celda, pero sigue estando
procesado. La estadía de este sujeto en prisión empezó como un calvario, siendo
obligado a dormir en colchones sobre el piso y a padecer de los síntomas del
estrés que cualquiera en una situación similar padecería. Pero, con el tiempo,
se fue acostumbrando, puso televisión en la celda, algunos muebles aquí,
algunos adornos allá, y aquel que pedía el voto para Juan Manuel Urtubey y
Cristina Kirchner pasó a ser un Pablo Escobar cualquiera.
A Cifre lo sacó de la cárcel un
habeas corpus, del mismo modo que el mismo artilugio legal sacó de la cárcel a
Néstor Omar Brzezisnki (un hombre que fue candidato a Intendente de Hipólito
Yrigoyen por la lista kirchnerista de Walter Wayar, y al que atraparon con 50
kilos de cocaína en su domicilio) y a Ulises Guillermo Durán (un funcionario de
la Municipalidad
de Salta que alquilaba una casa en San Lorenzo en la que encontraron media
centena de plantines de marihuana).
El Juez Reynoso apuntó que su
juzgado maneja la abultadísima cifra de 20.000 causas penales. Y el Juez señaló
también que hay cerca de 200 detenidos vinculados a esas causas, o sea algo así
como el 1% del total de encauzados. A la lentitud en la lucha contra el
narcotráfico parece acompañarla la falta de seriedad.
En otros países pesa la pena de
muerte para los culpables de actos de narcotráfico. Y en la lista de esos
países no sólo está China, Corea del Norte, Cuba, Zimbabwe, Indonesia,
Singapur, Malasia, Irán o Siria, es decir países bajo regímenes islámicos o
comunistas, sino también EEUU, país tan demócrata como el nuestro que quizás
podrá tener a algún Cifre –aunque más sofisticado– pero que difícilmente
engendre a su propia Gorda Gladys.
Pablo Ulises Soria
