Bendito Orden

El asombroso arte de limpiar la conciencia lavándose las manos

Una filmación salteña ha recorrido el mundo recientemente. En la misma se ve a un grupo de cinco policías apremiando de manera ilegal a dos delincuentes en el patio de una comisaría de la localidad de General Güemes. Las imágenes causaron conmoción, y, como no podía ser de otro modo, una catarata de voces de repudio se hizo escuchar.

Dada la contundencia de lo filmado, en el bando oficialista nadie dudó en condenar los hechos. El Intendente de Güemes, el pejotista Daniel Segura, aseguró que los policías involucrados en el caso son famosos por maltratar a menores en la ciudad y se mostró complacido por las denuncias que se hicieron en contra de ellos (el dato importante es que sólo uno de los malandrines que se ve en el video era menor de edad al momento de la grabación).

El gabinete de Urutbey también emitió opinión. Eduardo Sylvester, el Ministro de Seguridad, hizo la correspondiente denuncia ante el Juez Pablo Farah para que se investigue a esos “delincuentes vestidos de policías”, mientras que María Pace, la Ministra de Derechos Humanos, trato de “miserables” y “bestias” a los uniformados y sostuvo que hará todo lo posible para que el hecho no quede impune. La Ministra de Justicia, María Inés Diez, por su parte manifestó sus dudas en relación a si lo que se vio en el video es un hecho aislado o si, por el contrario, es algo habitual en las filas de la policía salteña (Pablo Alavila, un funcionario de DDHH, unos días antes había sostenido con total convencimiento lo primero). Finalmente el propio Gobernador Juan Manuel Urtubey calificó de “injustificable” e “intolerable” lo que hicieron los policías, y pidió que la Justicia se encargue del asunto.

Desde la vereda opositora no sólo fue unánime el repudio sino que además se aprovechó el suceso para denunciar la estrategia del gobierno de lavarse las manos ante un asunto muy grave. Así desde el Concejo Deliberante de Salta se emitió una declaración (redactada por los bloques opositores pero aprobada por todos los miembros del cuerpo legislativo) en el que se acusa a los policías de torturadores, y se le pide al gobierno salteño que, en lugar de convertirse en querellante, asuma su responsabilidad ante la Justicia por no haber supervisado el correcto funcionamiento de las comisarías de la provincia.

Sonia Escudero, por su parte, apuntó a nacionalizar el tema pidiendo en el Senado de la Nación que se apruebe un proyecto congelado tendiente a crear un órgano de control federal que se ocupe de abordar los casos de torturas denunciados en Salta y en el resto del país. La iniciativa, por supuesto, fue cajoneada.

El Caso Sayago

Desde el Frente Amplio Progresista se denunció que la tortura es moneda corriente entre la policía salteña (asegurando incluso que hasta el Comisario Marcelo Lami, el actual Jefe de la Policía provincial, habría protagonizado alguna vez uno de esos episodios) y se lamentó el hecho de que a nadie se lo condene o procese por ello. Sin embargo, creo yo, la gente del FAP olvidó el reciente Caso Sayago.

Sayago era un Cabo tartagalense que trabajaba en el área administrativa de una comisaría, ocupándose de todo lo vinculado a la tramitación de sumarios. Pues bien sucedió que un famoso delincuente del Norte provincial de apellido Gómez denunció a Sayago por torturas. Al parecer lo que el malviviente sostiene es que el Cabo lo picaneaba con una linterna común y corriente pero readaptada para electrocutar personas; según el testimonio del delincuente, ello sucedía cada vez que Sayago tenía oportunidad de dejar su escritorio para visitar el sector de las celdas. Gómez aseguró que Sayago tenía algo personal en contra suyo, ya que él, por lo general, tiene “buena relación” con los demás policías (pues no vaya a ser cosa que no pueda convivir con quienes desde hace años lo vienen tratando casi a diario).

El problema para Sayago comenzó cuando un Fiscal ordenó que le revisaran un bolso que el oficial poseía y le encontraron una vieja linterna. El Cabo se defendió diciendo que la fuerza policial le exigía poseer una linterna pero que nunca se la habían facilitado, por lo que, para no estar en falta con el reglamento, terminó reparando una vieja linterna que encontró y la retuvo para no ser sancionado por su incumplimiento. Sayago aseguró además que, dada su función, es normal que los detenidos le inventen delitos y lo denuncien ante la Justicia para desquitarse por la burocracia que demora la redacción y remisión de sus expedientes en la comisaría.    

Ningún policía declaró en contra de Sayago, pero decenas de detenidos si lo hicieron. Eso, y el “delito” de poseer una linterna vieja, fue suficiente para que el Fiscal obligue al Cabo a enfrentar ahora un proceso judicial que puede terminar en una condena de 8 a 25 años de prisión.  

El dedehachehachismo

El Caso Sayago es emblemático para el dedehachehachismo. La voz de un delincuente reincidente se impone por sobre la de un oficial de policía con la asistencia de muchas conjeturas mas de ninguna evidencia. Más allá de la inocencia del acusado, las Fuerzas del Orden son la que en el fondo pagan por la maniobra judicial. El Fiscal Vilar Rey, el encargado de procesar a Sayago, consiguió que se cambie la carátula de la causa de “apremios ilegales” a “torturas”. La diferencia es sutil pero gigantesca: bajo la figura de “apremios ilegales” se podría decir que Sayago –en caso de que fuesen ciertas las acusaciones– maltrató a un detenido con el fin de extraerle información que contribuya a garantizar la seguridad del resto de la población, en cambio bajo la figura de “torturas” el Cabo aparentemente habría cosificado al delincuente al castigarlo sin más motivo que el placer mismo de verlo sufrir. Este asunto es, obviamente, un tema de fines y de medios, vale decir de realismo, sin embargo hay quienes plantean esto desde otro punto de vista.

Precisamente la gente del FAP (citando a la autoridad de la Asociación Salteña de Estudios Penales) cuestiona la figura de “apremios ilegales” por considerarla un simple eufemismo de “tortura”. Dicha figura, según su opinión, sólo favorecería el funcionamiento de un sistema de protección política y judicial para los torturadores que trabajan como policías. Se infiere de allí que estos personajes directamente borran la discusión entre medios y fines, para defender la idea de que el medio es un fin en si mismo.

Evidentemente el progresismo se niega a aceptar que la policía aplique métodos rigurosos contra los detenidos, pidiendo, supongo, que en su lugar se le brinde un trato cordial a aquel o aquella que está bajo su custodia.

En realidad esto constituye una discusión que va más allá de la discusión sobre la metodología policial y apunta, más bien, a debatir sobre la función misma de la fuerza policial. Cuando el video de la comisaría de Güemes se hizo público, la Senadora Provincial Silvina Vargas de la opositora UCR y el dirigente extraparlamentario Jaime Justiniano del paraoficialista Frente Grande embistieron en contra de la Ministra Pace, acusándola de no haberse constituido como una garante competente de la doctrina de los Derechos Humanos. La diferencia estuvo en que mientras Vargas criticó a Pace recordando a la Constitución Nacional, Justiniano lo hizo evocando a la dictadura militar del Proceso de Reorganización Nacional. Y este tema es de vital importancia, pues no es lo mismo tomar como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para construir algo políticamente, que hacerlo tomando a la ideología “dedehachehachista” que desde 1983 funciona como escudo y espada de la Izquierda argentina.

La teoría de los Derechos Humanos es famosa por no plantear el tema de los deberes. En efecto, esto es así puesto que la mentada teoría nació después de la Segunda Guerra Mundial para colocar al individuo por sobre la comunidad a la que pertenece, ya que una de las cuestiones más graves suscitadas durante los años que duró el conflicto fue el destino de aquellas personas que habitaban en un espacio geográfico sin formar parte de la nación que administra al mismo. Entonces, en la actualidad un individuo humano, por el sólo hecho de ser un individuo humano, supuestamente goza de una serie de derechos que no tienen una contraparte simétrica de deberes. Dicho de un modo más simple: la teoría de los Derechos Humanos sostiene que todo hombre goza de algo que no está obligado a retribuir de ninguna manera, ya que es un regalo que la sociedad “madura” occidental le da sólo por ser quien es.

El problema con esto, por supuesto, es que uno puede tomar ese regalo (su vida) y desperdiciarlo. En cualquier otro ámbito, dicha acción supone una consecuencia negativa, pero no aquí: para que la teoría de los Derechos Humanos pueda ser consecuente consigo misma, es necesario postular que uno tiene la posibilidad de malgastar la propia vida causando daño en los demás y aún así no se está obligado a pagar por ello.

Hoy en día, en nuestro país, la teoría de los Derechos Humanos es un dogma de fe el cual no puede ser criticado productivamente, dado que, al menos formalmente, no se aceptan críticas sobre el mismo. Este dogma impera desde 1983, es decir desde que el último gobierno de facto dio paso a los actuales gobiernos de jure. Como a estos gobiernos creados a partir de 1983 hasta ahora se los llama popularmente “la Democracia”, entonces pareciera imposible concebir una cosa sin la otra, es decir pareciera imposible que haya Democracia sin Derechos Humanos y Derechos Humanos sin Democracia.

Sin embargo la teoría de los Derechos Humanos se contrapone expresamente a la idea de soberanía popular, vale decir choca con la idea capital de la teoría democrática, ya que un pueblo es soberano al decidir qué hacer sin consultar a los demás, al materializar su voluntad del modo que crea más conveniente, mas cuando, por el contrario, ese acto de toma de decisión encuentra una barrera externa (como las prohibiciones internacionales de aplicar tal o cual castigo sobre determinados individuos), entonces la soberanía es coartada.

El dedehachehachismo opera desde 1983 como obstáculo democrático en la Argentina, manipulando a la soberanía popular y tergiversando a la opinión pública. La teoría de los Derechos Humanos, o sea un grupo de proposiciones emanadas de las plumas de unos particulares juristas, subordinan y bastardean a la democracia argentina: al decir que los derechos individuales dependen de la posesión de la razón (ya que un ser humano es un animal racional según este punto de vista) y sustraer de la discusión a esos derechos se está aniquilando su fundamento racional, y sin racionalidad no hay democracia posible.

Aquella solitaria isla cubana 

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la ONG que capitanea el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, emitió un comunicado indicando que la vigencia de los derechos humanos no es un asunto que sólo compete a los protagonistas del periodo 1976-1983, sino que ello debe regir en todo momento y en todo lugar. Esto, como hemos visto, es una opinión debatible, pero los dedehachehachistas pretenden hacerla sonar como si fuese una verdad incuestionable. De allí que el SERPAJ se considere con la autoridad suficiente de cuestionar a los tres poderes gubernamentales de Salta por no haber erradicado ya –después de tantos años de recuperada “la Democracia”– a la tortura. Incluso no se privan de presionar un poco más y le exigen a los responsables del gobierno salteño que den explicaciones por no haber creado los mecanismos para controlar que se respeten los derechos humanos en las comisarías y cárceles bajo su jurisdicción. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ONG que capitanea el periodista Horacio Verbitsky, ni lento ni perezoso, aprovechó por su parte el episodio del video para exigir la puesta en marcha de lo que el SERPAJ proponía: un organismo que más que velar por el bienestar de los presos, se ocupe de vigilar el comportamiento de los agentes del orden (organismo que, por supuesto, ya lo tienen diagramado y listo para ser invadido por numerosos miembros de la ONG).

Tanto el SERPAJ como el CELS promueven la idea de que no son los individuos los artífices de la violencia ni los responsables del delito, sino que esa culpa recae sobre los gobiernos. Y si el gobierno no investiga, persigue y reprime sistemáticamente a los violentos que trabajan en el Estado, entonces está siendo cómplice de esas manzanas podridas. El Estado, la institución social más importante para esta gente (más importante aun que la Familia), debe estar integrado por miembros virtuosos que sean tales por mera imitación automática de sus superiores (exigencia, por supuesto, que no se la realizan a la Familia).

Así como las ONGs de Pérez Esquivel y Verbitsky han buscado la manera de llevar agua hacia su molino con el video de los apremios ilegales, así también otros personajes han aprovechado para vender lo suyo interpretando el caso como algo más que un episodio policial. La socióloga Alcira Argumedo recordó que en nuestro país el número de jóvenes que no estudian, no trabajan y no tienen intención de hacer lo uno y lo otro (categoría en la que según la opinión de esta opinóloga entrarían los delincuentes del video) es altísimo, y la respuesta que les otorga el gobierno es su aniquilación. Así como suena. Argumedo defiende también la legalización del aborto, sosteniendo que ello es necesario para evitar que año a año cientos de mujeres pobres mueran al realizarse un aborto clandestino en condiciones precarias porque no tienen dinero para pagarse uno en mejores condiciones. Entonces, según la lógica de Argumedo, está bien que una mujer pobre mate a su hijo con aval del Estado para evitar que el niño nazca y agudice la pobreza de la madre en los años posteriores, pero no está bien que el Estado liquide a esos jóvenes pobres que debieron ser abortados para no devenir excluidos del sistema. Supongo que esta señora creerá que mientras menos visible sea para otros el crimen, más legal e “igualitario” será el acto criminal. Cada apremio ilegal o cada caso de gatillo fácil sería –en la imaginación progresista de Argumedo y de los muchos que piensan como ella– una política del Estado en donde el Estado deja de ser garante de derechos, pero cada vez que un aborto se produce y se registra oficialmente en un hospital público entonces el Estado sería lo contrario. De más está decir que esto es deliberadamente incoherente.

Más incoherente aún es la opinión de María del Carmen Verdú, una abogada vinculada a la ONG antipolicial Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Verdú, contrariando al dedehachehachismo de personajes como Pérez Esquivel o Verbitsky, sostiene que la Democracia es incompatible con los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque “todo gobierno que administra una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir para poder mantener el sistema de explotación”. Es decir para Verdú la policía sólo existe porque existe la propiedad privada: la función del policía es evitar que el que menos tenga le quite algo al que más tiene, por tanto los policías que apremiaron ilegalmente a los malandrines en Güemes no estaban haciendo más que lo que todo policía debe hacer para conseguir la felicidad de su patrón. Así de ramplona es la idea de Verdú.

Para cuestionar la teoría de Verdú, basta con revisar el tema del delito en Cuba, una isla comunista en la que las clases sociales que tanto aborrece la abogada de la CORREPI han sido abolidas por decreto. Cuba tiene actualmente las cifras más bajas en materia de asesinato en ocasión de robo de toda Latinoamérica. Pero ello no es producto de la pedagogía destinada a ver nacer al Hombre Nuevo sobre el que teorizaba Ernesto Guevara, sino más bien de la dureza de su Código Penal y del exitoso funcionamiento de su sistema policial.

En Cuba hay pena de muerte, castigo profundo por reincidencia, imputabilidad penal a partir de escasa edad, asimilación de la tenencia de drogas con el tráfico de las mismas, y privación de la libertad por contravenciones como el merodeo, la vagancia y la ebriedad entre otras muchas cosas. Al que califican en la isla de “peligroso” le imponen vigilancia permanente, pues se acostumbra allá a reprimir los delitos aún cuando no han acontecido. Por ese motivo, Cuba está lleno de centros de reinserción que como institutos educativos, clínicas de rehabilitación o centro de adoctrinamiento, acogen a miles de personas todos los años (de allí se desprende el dato de que en Cuba el número de personas a disposición del Poder Judicial no sólo incluye a los que están en prisiones sino también a todos los que viven el encierro en alguna institución similar).

Los cubanos respetan la propiedad privada, más allá de que los medios de producción estén en manos del Estado, tal y como proponía aquel señor Marx al que Verdú tanto admira. El hurto y el robo tienen penas durísimas, y a quien pretende hacer carrera como ratero le esperan muchos años de encierro si es atrapado.

Para atrapar a los ladrones, a los asesinos, a los contrabandistas y a los violadores está la policía cubana, pero ella también trabaja para detener disidentes políticos, homosexuales reconocidos, intoxicados, escandalizadores, desacatados y gente que simplemente quiere dejar de vivir allí. Pero los policías no se limitan sólo a encerrar gente, también colaboran en su “corrección” en los lugares instituidos para tal fin, fusilan a los que no colaboran o atentan contra el régimen, y, claro, torturan, pero no para mantener el sistema de explotación que odia Verdú, sino para hacerle entender a la gente que dicho sistema ya no rige más en la isla bonita.  

La camisa azul

Algo que desató el episodio del video de la comisaría de Güemes fue una disputa en la sociedad salteña, que se tradujo posteriormente en una toma de posición a favor o en contra de los acusados. Los seis policías procesados tienen diversos abogados defensores, lo que los lleva a enfrentarse entre ellos, acusándose los unos a los otros de haber estado cumpliendo órdenes superiores y tratándose de desligar del embrollo hasta donde los límites de las imágenes lo permiten.

La prensa no se ha conformado con transmitir la información sobre los policías, sino que también ha acercado el testimonio de los familiares de los malandrines apremiados ilegalmente. Así nos enteramos que la madre y la tía de Mario Luís Rodríguez (uno de los muchachos que se ve en el video) aseguran que el “pobrecito” ya ha padecido en otras ocasiones castigos similares, que los policías están ensañados en contra de él y que hasta habría sido violado en un calabozo. También hemos sabido gracias a la madre de Miguel Ángel Martínez (el otro muchacho que aparece en el video) que el rufiancillo ha intentando suicidarse por las secuelas horrendas que le dejó la “tortura”.

Evidentemente lo que la prensa ha hecho alrededor de este caso ha sido colaborar con la victimización de dos hombres que, pese a su corta edad, ya tienen un largo prontuario policíaco en el que se detallan todos los hechos delictivos de los que son culpables (y que, debido a las leyes argentinas, no han pagado como les corresponde hacerlo). Sin embargo la mayoría de la gente sigue sin apoyarlos, prefiriendo darle su aliento a los policías detenidos, incluso con la organización de marchas y la elevación de petitorios para que se deje en libertad a un grupo de experimentados profesionales de la lucha contra el crimen que, en lugar de estar en las calles haciendo de Güemes un lugar más seguro, están tras las rejas por haberse sobrepasado ante dos ladronzuelos.

La falta de empatía de la mayoría de la gente con los malandrines no ha puesto freno necesariamente a la crítica en contra de la institución policial. Es que el descrédito que padece la policía en nuestro país es abrumador.  

Román Villanueva, un Diputado Provincial ucerista, no se privó de opinar sobre el tema y terminó equiparando al hecho de Güemes a un infame episodio de represión conocido como “La Noche de las Tizas”. Hay muchos a los que dicha comparación les resulta equivocada, puesto que una cosa es que a un par de ladronzuelos se los apremie ilegalmente en el interior de una comisaría y otra que un grupo de policías antidisturbios baleen y apaleen a un grupo de docentes que reclamaban la mejora de sus magros salarios, pero hay muchos a los que, por el contrario, dicha comparación les resulta totalmente acertada: son los que sostienen que la policía no puede ser formada de otra forma que no sea bajo un bajo un paradigma garantista (el mismo paradigma que es sólo una ilusión en la Cuba que no tiene clases sociales).

En relación al garantismo, la memoria nos trae la experiencia de Rubén Fortuny, Jefe de Policía de Salta entre mayo y noviembre de 1973. Al asumir en su puesto, Fortuny promovió una serie de cambios significativos en la fuerza policial salteña, que se volvieron mundialmente famosos gracias al espacio que en sus libros le dedicó el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Fortuny mandó a que muchas patrullas y carros de asalto fuesen pintadas de amarillo y anaranjado, destinó varios de esos vehículos al transporte de niños del Hogar Escuela, redujo el número de efectivos policiales en las manifestaciones obreras, pidió que los perros de la policía fuesen entrenados para brindar espectáculos de acrobacias, y ordenó a la banda de música de la policía musicalizar quermeses. También reacondicionó edificios policiales con el propósito de que devengan centros culturales y promovió la demolición del lugar en dónde él estuvo detenido por peronista en 1955 (lugar al que, en una entrevista con la revista El Descamisado, llamó “la Bastilla salteña”). Fortuny justificó sus acciones diciendo que la policía era un cuerpo público al servicio de una minoría adinerada –más o menos el mismo argumento que hemos visto manejan marxistas como la citada Verdú– y que a partir del gobierno de Ragone debía empezar a reflejar su carácter popular, ya que los miembros de la fuerza eran (y todavía son), en su gran mayoría, gente proveniente de los sectores con menores recursos.   

En realidad es sabido que el circo demagógico de Fortuny fue una chicana destinada a vengarse de quienes lo habían marginado y perseguido por sus ideas políticas, y que este personaje afín a los Montoneros estuvo en su cargo no para renovar a la policía sino más bien para ver pasivamente como desaparecían armas del inventario del arsenal policial. De todos modos se puede usar aquella experiencia para analizar el puesto de la policía en el imaginario social argentino.

En la época de Fortuny (Fortuny murió en 1973, después de que Emilio Pavicevich, en estado de emoción violenta, le disparara en una plaza tras discutir acaloradamente con él) la policía era respetada, o al menos gozaba de mayor respeto del que goza actualmente. En aquellos tiempos, al igual que ahora, la libertad era una de las más grandes aspiraciones humanas, por esa razón todo lo que se presentase como límite de la libertad parecía ser la manifestación de la opresión y el dominio contra la que los Fortuny y personajes similares se alzaron en armas.

A menudo, la tradición de lucha por la libertad no distingue claramente cuál es el verdadero enemigo, o sea no sabe identificar correctamente al origen de la sumisión. Debido a ello, se multiplica el odio y el desprecio hacia los guardianes más humildes del orden, que son aquellos que representan el brazo operativo de la ley (justa o injusta).

Lo que se puede observar que ha ocurrido en los últimos 50 años es que el valor social de la obediencia ha sido devaluado, por lo que todos los cuerpos encargados de imponer o mantener el orden –policías, gendarmes, guardias, etc.– son percibidos como enemigos del hombre libre que conviene mantenerlos a prudencial distancia. En la cultura argentina todo lo relacionado a la institución policial está envuelto de un aura negativa, pero no solamente entre los sectores sociales más pobres sino también entre los más adinerados. Nadie quiere a los policías, porque nadie confía en ellos.

Ciertamente se produce una suerte de círculo vicioso: la policía es unánimemente rechazada porque pesa sobre ella el estigma de la corrupción armada, pero ante el primer hecho de violencia se exige la eficiente presencia de los oficiales. A los policías se los quiere cerca para sentirse seguro, pero, a su vez, se le pide que estén lejos para no sentirse invadido, se los quiere ver cumpliendo sus funciones específicas, pero se los insta a que no se sobrepasen ni se limiten un centímetro, pues de hacerlo caerá sobre ellos la furia ciudadana.

No resulta exagerado sostener que la policía es una institución imprescindible, pues aún en los Estados como Cuba –donde la libertad parece haber emergido en su auténtico rostro tras el final de la opresión de la propiedad privada– hay incontables oficiales supervisando que la ley se cumpla. Por eso el camino para mejorar a la institución policial no parece ser someterla a la humillación como alguna vez intentó hacer Fortuny, sino, por el contrario, lo que se debería de hacer es reforzarla. Y para ello no alcanza con mejorar las condiciones materiales de la misma (incrementando salarios, proporcionando mejor equipamiento, brindando mayor formación técnica a los miembros), sino que también hace falta regenerar el prestigio de la institución. Dicha regeneración recae, obviamente, sobre las expectativas que genera la policía: si se le pide demasiado aparecerá la idea de la inoperancia, pero si se le pide poco la población correrá el riesgo por lo que ello ocasione.

Es preciso que ser policía vuelva a constituir motivo de orgullo, que el uniformado se convierta nuevamente en esa figura confiable, protectora y pacificadora de antaño. La policía de Inglaterra y de Italia pueden ser los modelos a seguir. Hace poco el salteño Alfredo Olmedo propuso la creación nacional de la Policía Infantil, para llevar a todo el país la exitosa experiencia que desde hace dos décadas en Salta forma no a futuros policías, sino más bien a jóvenes ciudadanos que crecen interiorizando valores sociales positivos. Junto con ello, es necesario también reformar el Código Procesal Penal, para darle a los policías mayores instrumentos en la lucha contra el crimen, instrumentos que les permitan actuar más participativamente. Ello, aunque parezca a primera vista una acción destinada a incrementar el poder de los policías, en realidad tiene por propósito hacer a cada agente más responsable de las acciones que día a día realiza.

No hay caminos sencillos para recuperar la seguridad perdida: las soluciones unilaterales precisamente agravan el problema. Tampoco se trata de un camino corto: el buen nombre sólo se consigue con el tiempo. El bendito Orden requiere de compromiso. 

Pablo Ulises Soria