La revolución del agua y del jabón

El intelectual comunista Atilio Boron escribió hace unos días: “estuve hace pocas semanas en San Salvador de Jujuy. Hace unos pocos años caminar por la plaza céntrica de esa ciudad era hacerlo seguido por un nutrido grupo de niños descalzos pidiendo algunas monedas. Ahora, durante una semana, no hubo ni uno solo que reeditara aquella vieja y deprimente costumbre. Es que, a pesar de las críticas que le fueran dirigidas –clientelística, tal vez dispendiosa, seguramente ineficiente, etcétera– la política social del kirchnerismo surtió efecto. Y este no es un dato menor sino una cuestión central. Allí está la base del ‘voto duro’ cristinista, de ese 36 % que acompañó a Scioli en la primera vuelta. Pero allí también parece haber estado su límite. Y sólo con eso no se puede ganar una elección presidencial.”

La observación es tan imbécil que dudo que un sujeto como Boron no la exprese con malicia. Más allá de que es cierto que el “voto duro” cristinista proviene de la gente atada a un plan social o a otras dádivas que otorga el Estado, lo que es ridículo de sostener es que la mendicidad fue erradicada de Jujuy. Suponer eso significaría que el jujeño pobre es ahora autosuficiente, y nada más alejado de la realidad.

Si por estos días uno visita la Plaza Belgrano, punto central de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se topará con un escenario terrorífico: primero sentirá un olor nauseabundo, mezcla del ácido aroma a orina y el fétido perfume de la materia fecal, sumado al tufo que genera el calor solar sobre los cuerpos humanos y la basura en descomposición; luego el ruido de las cumbias y las bachatas sonando desde diversos equipos de audio generará sobre los oídos una sensación de aturdimiento; y finalmente los ojos se llenarán de indignación al ver que un espacio público urbano se convirtió en un camping lleno de carpas, donde hombres con camisetas de fútbol y gorras, mujeres con calzas, remeras de la Tupac Amaru y rodetes, y niños y niñas semidesnudos tumorean día y noche. Algo así como un cuadro de El Bosco. 

La artífice de esa postal que le mete la lengua a Boron en donde no pega el sol, es la infame Milagro Sala. Enemiga acérrima del nuevo gobernador Gerardo Morales, Sala no tiene más opción que maniobrar con la fuerza que le queda para salvar su pellejo. Es decir, la excusa oficial para estacionar a ese zoológico humano en la Plaza Belgrano (y en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires) es para evitar que las cooperativas que dependen de la Tupac Amaru sean cerradas. Sin embargo, en un país como el nuestro, es más que obvio que a esa pantalla para lavar dinero que son los cooperativas las va a terminar absorbiendo el Estado para no dejar en la indigencia a decenas de miles de compatriotas. El problema para Sala, por tanto, no es el destino de su gente, es su propio destino.

La estrategia kirchnerista para resistir al macrismo parece ser alentar el caos. De todos modos eso es algo que podrán hacer, calculo yo, por no más de seis meses. Luego, si el país no estalla como ellos quieren, no tendrán más opción que acomodarse en donde puedan hacerlo. Lo que apunto puede o no pasar, pero es lo que los kirchneristas observan. Sala, enemistada a nivel personal con Morales, no tiene donde refugiarse, a diferencia de los pejotistas (que ya empezaron a pactar con quien hiciese falta).

La tragedia de los gendarmes en Salta fue sólo una advertencia. Sala quiso demostrar que lo suyo puede llegar a niveles insospechados en un país donde la pendejada se la pasó jugando a la Revolución con el porro de marihuana en una mano y el sueldo de funcionario en la otra. En el entorno de la Ñusta Ilegítima están pensando seriamente en incrementar la violencia. Ella misma se propuso ante Carlos Zannini como catalizadora del caos tan temido. No tiene problemas en usar a uno de sus changos como carne de cañón. Sería el mártir para la causa antimacrista.

La otra opción que barajan los tupaqueros es aliarse con Evo Morales. Desde hace bastante que el Rey de la Coca quiere penetrar en territorio argentino, y ahora estaría dispuesto a financiar al ejército de Sala a cambio de lealtad.

Mientras la Tupac Amaru analiza su futuro, el ciudadano jujeño y el turista que visita la provincia sufre las consecuencias del clientelismo “revolucionario”. Algunos han propuesto que se desaloje a la gente de la plaza con Baygon o algún otro tipo de arma química. Otros han sugerido que se lleve camiones, se suba a la gente del acampe y se la abandone en una ruta de Paraguay o Brasil. Sin embargo creo que lo que Jujuy necesita es agua y jabón, un agua y un jabón moral que limpie la suciedad de la partidocracia. El jujeño ofendido por la tribu que copó la plaza, y la gente que tuvo que instalarse bajo el sol para proteger a la lideresa, deben unirse contra los partidócratas, contra los Sala y los Noro, pero también contra los Morales, los Haquim, los Fellner y los Jenefes que tan abultadas cuentas bancarias tienen y exigirles que a la política la hagan con las manos limpias.

Francisco Vergalito 

La Argentina contra la pared

José Luís Bruno, el actual Fiscal Federal de Orán, hizo algo extraordinario en la Argentina de hoy: ser realista, coherente y práctico. ¡Tremendo pecado! Concretamente el funcionario judicial señaló que la ciudad boliviana de Bermejo ha crecido enormemente en los últimos tiempos y eso hizo que se convierta en una base de operaciones del crimen organizado; de allí que, para Bruno, una muralla en Aguas Blancas ayudaría a controlar el narcotráfico y el contrabando que azota a diario a la región.

Amurallarse no es un gesto amable, pero es una necesidad. Ciertamente los muros no son la solución definitiva a los problemas fronterizos, pero son un instrumento muy útil para contribuir con el avance del crimen. Igual que poner rejas sobre las ventanas de una casa.

Es por ello que resulta asombrosa la reacción de muchos personajes e instituciones salteñas. Baltasar Lara Gros, un diputado provincial oficialista, hijo del intendente de Orán, sostuvo que la medida es inútil porque es paliativa. Nadie dice lo contrario, pero ello no vuelve a la idea de la muralla en una mala idea. Todos estamos de acuerdo en que la muralla es una medida primaria, un gesto necesario para anunciar el fin de fiesta. Si Lara Gros cree que poniendo una pared se resuelve todo, entonces significa que este político es corto de vista y no tiene capacidad para comprender que la realidad se cambia paso a paso.  

Lara Gros asegura además que en la frontera entre México y EEUU hay una muralla, y aún así la droga sigue ingresando al país anglosajón. Ello, claro, es cierto, pero lo que el legislador no menciona es que el tráfico de drogas sería mucho más sencillo si el muro no existiese.

Los argumentos anti-muralla de Silvia Jarzún son aún mucho más graves que los de Lara Gros: según la dirigente peronista el blindaje debe ser sólo simbólico, mas no físico. O sea que con trabajo y educación, la droga no pasará. El pensamiento es agradable y políticamente correcto, pero olvida que los que mueven la droga que se exporta son gente con estupendos trabajos (la mayoría está en el gobierno) y con educación de sobra (hay abogados, contadores, etc). La muralla no salvará al chico que está en la calle fumando paco, pero servirá para que el que le entrega el paco al que se lo vende al fumador no pueda hacerlo con la impunidad que lo hace hoy en día.  

Sin embargo quien se llevó los laureles de la estulticia (o de la complicidad) es Ricardo Díaz, el cónsul boliviano en Salta. Según este diplomático, la muralla detendría la “unidad latinoamericana”. ¿Acaso este hombre cree que una pared puede frenar un sentimiento? ¿Lo dice por imbécil o por desgraciado? 

Y para empeorar las cosas, el tal Díaz sostuvo que no debe pensarse en el narcotráfico como algo relacionado a la inmigración. Si bien es cierto que la producción de drogas en territorio argentino crece día a día, lo cierto es que los estupefacientes siguen ingresando en cantidades gigantescas a través de las fronteras nacionales, especialmente a través de la frontera norte. No es un secreto que el 90% de la cocaína que penetra en nuestro país lo hace a través del espacio boliviano, y tampoco es un secreto que existen las “mulas”, que son gente que carga con la droga encima suyo y cruza de un país al otro como si fuese alguien honesto haciendo un simple viaje internacional.

Para rematar este asunto, el infaltable INADI –una de las más costosas sucursales de La Cámpora– emitió un comunicado acusando al Fiscal Bruno de ser un xenófobo por querer defender la legalidad. Insólitamente, el funcionario judicial terminó por ceder ante la presión y se desdijo públicamente.

En Misiones el gobierno de la provincia decidió hacer lo que en Salta es sólo una ilusión: ellos ya han levantado el muro y están controlando la frontera de modo tal que a los narcotraficantes y a los contrabandistas no les resulte tan sencillo atacar a la Argentina. La guerra contra los criminales tiene otra dimensión en Misiones: allí los argentinos parecen querer derrotar al enemigo. Aquí, en cambio, ellos nos tienen contra la pared.

FUENTE:

La derrota de la voluntad

Políticos al borde un ataque de nervios

En El Defensor del Norte Argentino ya habíamos anticipado que el #Tucumanazo iba camino a la extinción, debido a que el malestar ciudadano no desembocó en la creación de un movimiento político innovador, sino que murió en las garras de los partidócratas republicanos de la oposición. La revuelta popular exigía la transformación política para cerrar el ciclo ddhhemocrático, pero el mensaje fue reducido por la partidocracia al mero pedido de mayor transparencia electoral. Y, lo más triste de todo, es que ni eso se logró.

Tucumán puso nervioso al gobierno kirchnerista durante casi un mes. Tan profundo fue el impacto del #Tucumanazo para el gobierno, que las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron que quemar un cartucho haciendo aparecer a una “nieta recuperada” para ver si de ese modo podían desviar la atención de lo que estaba sucediendo en el norte del país. Pero el episodio no conmovió en lo más mínimo a la opinión pública argentina.

Es que cada intervención de los referentes del kirchnerismo sólo había logrado provocar una virulenta indignación: primero fue el periodista Víctor Hugo Morales que acusó al Grupo Clarín de haber orquestado el levantamiento popular (más tarde los kirchneristas conspiracionistas más delirantes llegaron a decir que la Embajada de EEUU fue el verdadero cerebro organizador del #Tucumanazo); luego fue la pérfida Beatriz Rojkés de Alperovich que, una vez más, se dejó en ridículo a si misma al insultar a la Senadora Nacional Silvia Elías de Pérez por ser católica (a la esposa de Alperovich le faltó tanto tacto para defender su posición que hasta terminó denunciada ante el INADI y repudiada por la DAIA); y finalmente fue la propia Cristina Fernández de Kirchner la que se negó a admitir la existencia de cualquier tipo de irregularidad en Tucumán y acusó de ser antidemocráticos a quienes la contradicen (lo irónico es que el mismísimo José Alperovich reconoció públicamente que gente de su partido había ejercido el clientelismo, refutando así no sólo a la primera mandataria del país sino también a su esposa, quien, apenas una semana antes, había negado que se hubiesen desarrollado prácticas clientelares durante los comicios).

El estado de incertidumbre que vivía el PJ tucumano los llevó a protagonizar situaciones ridículas como la presentación de una denuncia penal contra Cano, Amaya y varios dirigentes del sindicato de bancarios por haber instigado a la sedición –denuncia que, según se dice, fue una represalia por lo que sufrió Marianela Mirra, la hetera favorita de Alperovich, y que a su vez provocó una contradenuncia contra el ministro Jorge Gassenbauer por la represión del lunes 24 de agosto–, o la redacción de una circular que el Ministerio de Educación provincial envió a todas las escuelas tucumanas solicitándole a los docentes que les expliquen a los estudiantes que no había legitimidad en el reclamo de la gente.

La revolución que no fue

La crisis política en Tucumán terminó por convertirse en un problema judicial. Miembros del Partido Socialista, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del Partido Obrero, del Movimiento Libres del Sur y del Acuerdo para el Bicentenario hicieron presentaciones judiciales para exigir la suspensión del conteo. Se pidió luego la anulación de la elección, arguyendo que el mismísimo Correo Argentino había colaborado en el fraude organizado por el PJ. Para sustentar esa denuncia tan grave se señaló el hecho de que las cámaras de seguridad que monitoreaban las actividades de la Junta Electoral Provincial (JEP) durante el 23 de agosto terminaron fallando. Ciertamente eso dio paso a una comedia de acusaciones que involucró a la empresa santiagueña que instaló los instrumentos de vigilancia, a la compañía de electricidad de Tucumán, a la Gendarmería Nacional y a Darío Almaraz y Alfredo Iramain, Secretarios de la JEP.

La batalla judicial hizo recular a algunos opositores: el referente tucumano del massismo Gerónimo Vargas Aignasse –en consonancia con Felipe Solá, referente bonaerense del mismo espacio político– abandonó a Cano y a Amaya sosteniendo que no se podía negar un resultado tan contundente; sugirió, además, que la estrategia del PRO parece apuntar “antidemocráticamente” a deslegitimar el triunfo de otra fuerza que no sea la suya (ya que, además de denunciar fraude en Tucumán, los socios de Macri también lo denunciaron en Salta y Santa Fe). Sin embargo dirigentes locales del espacio macrista no tardaron en abandonar ellos también a la cruzada canista-amayista, demostrando que, en el fondo, los partidócratas son todos iguales. Gracias a esa actitud pusilánime y acomodaticia de algunos opositores, al final las incontables babosadas, zonceras y cretinadas del nefasto Aníbal Fernández referidas a las elecciones en Tucumán terminaron por imponerse sin recibir el repudio que merecen.

La tensión política se multiplicó y los cruces entre una oposición reducida y un oficialismo que reclutó a todos los que pudo para ganar legitimidad no cesaron de producirse. De repente, según la opinión de leguleyos ultraprogresistas como Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, el Diputado Nacional José Cano pasó a ser algo así como un bandolero. La prudencia de Alperovich llegó a su fin y el tiranuelo hebreo pasó a la ofensiva: de ese modo el PJ organizó un acto multitudinario en el Parque 9 de Julio en donde Juan Manzur se autoproclamó gobernador de la provincia.

De todos modos, poco después de esa demostración de fuerza pejotista, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, presidida por los jueces Salvador Ruíz y Ebe López Piossek, emitió un fallo histórico anulando los comicios del 23 de agosto y ordenando que los mismos volviesen a realizarse. Ante semejante muestra de coraje cívico, el PJ reaccionó como sabe hacerlo: con otra demostración de fuerza. Fue así que la Plaza Yrigoyen, espacio verde ubicado justo al frente del Palacio de Tribunales de Tucumán, se llenó de bombos, choripanes, bombas de estruendo y cánticos soeces. El oficialismo calificó al trabajo de los jueces de “golpe judicial” y no faltaron las amenazas de muerte contra los magistrados.

El gobierno nacional comenzó a planificar una intervención federal en Tucumán para apoderarse del Poder Judicial provincial, pero las maniobras de la pandilla de Alperovich evitaron ello al manipular la conformación del tribunal especial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para colocar jueces adictos que revocasen el valiente fallo de Ruíz y López Piossek. En tiempo record, estos leguleyos frenaron lo que era el comienzo de una revolución institucional en la Argentina.    

El pueblo sin conductor

Quien aprovechó el caos tucumano fue la gente del campo. Hartos del maltrato al que desde hace años los somete el gobierno, cientos de productores rurales coparon la Plaza Independencia con sus tractores para hacer oír sus reclamos, demostrándole simbólicamente al PJ que ellos ya no controlan la calle.

La imagen de los tractores hacía recordar al 2008, el año en que el kirchnerismo debió dar un paso al costado para salvar a la patria, pero que, por el contrario, sólo atestiguó el atrincheramiento de las fuerzas K en el poder y el nacimiento de la cultura “latinoamierdicanista” que cada día infecta más a nuestra identidad nacional.

Al finalizar el escrutinio definitivo, el PJ había anunciado que el acto autoproclamatorio iba a realizarse en el corazón de San Miguel de Tucumán. Para evitar ello, los tractores se multiplicaron en la Plaza Independencia y el ambiente se volvió tan tenso que todo el mundo estaba listo para presenciar una batalla campal sobre el paseo público ubicado entre la Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral. Finalmente los pejotistas cambiaron el lugar de su acto y evitaron con ello alimentar la violencia.

Con los partidócratas judicializando la elección y discutiendo cuál sistema es el mejor para votar, vale decir con los partidócratas enfrascados en su torre de marfil, era necesario que surgiese un héroe civil. Sin embargo ello no ocurrió. Alberto Lebbos, tan valiente como siempre, repitió sus dignas consignas encontrando el escaso eco que habitualmente encuentra. Por su parte Nicolás Salvatore, un asesor de Cano, sugirió la realización de una necesaria pueblada, pero semejante muestra de sensatez terminó siendo repudiada por quienes esperan que la decadencia argentina se cure sola de un día para el otro. Al no amplificarse la voz de los ciudadanos quijotescos conocidos o desconocidos, la gente indignada perdió protagonismo y todo se enfrío hasta diluirse en la nada.

Cuando se inició el escrutinio definitivo, la ciudadana Milagro Lastra Lobo llevó una imagen de la Virgen de la Merced a la sede de la JEP (gesto que fue repudiado por más de un fanático antirreligioso). Era Nuestra Madre quien debía inspirar paz, sin embargo no faltaron militantes partidócratas que, ante la mirada de la Madre de Dios, quisieron trampear el conteo. Y no resulta raro que los políticos de hoy ya no le teman al Altísimo, puesto que parece que sus representantes en la Tierra han leído más la Constitución Nacional parida por el Pacto de Olivos que el Evangelio inspirado por Dios.

Sin un sacerdote, un intelectual o un trabajador dispuesto a acaudillar a la gente, la demanda antipartidocrática nunca terminó de articularse: lo que este país precisa es sustituir toda la parafernalia de las elecciones partidocráticas por la mera insaculación (con la presencia de todo el padrón de ser posible); y, si el retorno a lo básico es demasiado revolucionario, entonces que se guarden las urnas y se las sustituya por el voto cantado, el cual le permite a cada ciudadano manifestar su voluntad ante quienes computan los votos sin correr el riesgo de que haya algún tipo de adulteración a través de las boletas o los telegramas. La democracia argentina lo que necesita es democratizarse.

La opción por los pobres 

Quizás lo más penoso de la historieta tucumana es constatar que el clientelismo más indigno es demoledoramente real en Tucumán (y en el resto del país). Y quienes lo ejercen no sienten un mínimo de vergüenza por ello.

Un argumento muy utilizado por los kirchneristas para descalificar a la gente indignada en Tucumán es que quienes pedían la realización de nuevas elecciones son quienes consideran que el voto debe ser calificado. Según ellos, sólo los “gorilas” ven como algo escandaloso que un “humilde” vote: desde su perspectiva es una aberración que no se compute el voto de aquel que aceptó una bolsa con alimentos, o muebles, o electrodomésticos, o dinero en efectivo o estupefacientes para meter en una urna un sobre con una boleta del Frente para la Victoria.

Ese cinismo de los pejotistas con la panza llena de querer ser la voz de los pobres, el grito de los humildes, el alarido de los desposeídos, es la prueba más clara de que el kirchnerismo existe solamente para arrojar limosna al pobre en lugar de demostrarle que es un sujeto de derecho y, por tanto, el dueño de una dignidad infinita. Beatriz Sarlo, al debatir sobre Tucumán, se lamentó de que la Argentina siga sometida a un régimen caudillista donde la gente manifiesta un amor y un temor humillante ante los que gobiernan. Y tiene razón. Mientras los pobres sean rehenes de la política, mientras la opción sea por los pobres y no por la totalidad del pueblo argentino, el país está condenado.

Francisco Vergalito

La Tupac Amaru no para de asesinar

El mes pasado escribí un artículo titulado “Frente para la Violencia” en el que señalé que las más brutales agresiones son parte del escenario político cotidiano de Jujuy. En esa ocasión hablé del asesinato de Orlando Gutiérrez, un comisionado municipal de Pampa Blanca que murió en circunstancias nada claras y del que poco se habló. Ahora la historia se repite y la partidocracia jujeña se anota un nuevo homicidio con el deceso de Jorge Ariel Velázquez, quien, luego de once días de agonía, falleció como consecuencia del balazo por la espalda que recibió en las cercanías de su hogar en la ciudad de San Pedro.  

En el Caso Velázquez hay dos cosas indignantes: el hecho de que el gobierno busca obscurecer los acontecimientos en lugar de intentar aclararlos, y el hecho de que no es la primera vez (y probablemente no sea la última) en que miembros de la Organización Barrial Tupac Amaru se manchan las manos de sangre. 

En efecto, después del cobarde y cruento asesinato, la propia Presidente de la Nación criticó a los líderes de la Unión Cívica Radical por utilizar el crimen para hacer campaña a favor suyo. Y, canchereando, aseguró que el muchacho asesinado estaba formalmente enrolado en la organización que dirige Milagro Sala, por lo que no les correspondería reclamar nada a los de la boina blanca. Los uceristas, molestos por las cretinadas de Cristina Kirchner, le contestaron a la señora recordándole que Velásquez estaba trabajando en la campaña de Gerardo Morales para gobernador provincial al momento de haber sido atacado.

Silvia Farell, la fiscal a cargo de la investigación, se subió a una calesita de recaratulizaciones motivada, según se sospecha, por el deseo de sepultar todo en la impunidad. Y no sería la primera vez que la Tupac Amaru sale sin un rasguño de una situación semejante: desde el asesinato del periodista Juan Carlos Zambrano en 2008 hasta el asesinato del trabajador Luís Condorí en 2012, a los tupaqueros se los acusa de estar apilando cadáveres gracias al silencioso arsenal que poseen, pero las condenas que todos esperan que se dicten nunca llegan, y sólo uno que otro perejil ha sido enviado a prisión (donde, por cierto, lo recibió el Vatayón Militante para acogerlo). Luego la Tupac Amaru saltó a la arena política y, desde entonces, insólitamente afirman que son ellos las víctimas de la violencia.

De todos modos la muerte más penosa en la que estuvo involucrada la Tupac Amaru en estos últimos años fue en la de Edilson Gorena, un niño que murió electrocutado en una de las famosas piscinas gratuitas que tiene la organización liderada por Sala. Esa muerte de un inocente producida por la negligencia era la oportunidad perfecta para linchar a la Tupac Amaru, pero nadie lo hizo, debido a que en aquel momento Sala había establecido un pacto de equilibrio con oficialistas y opositores.

El Caso Velázquez, más allá de la cuestión política, no debe quedar impune. Los kirchneristas son gente que se formaron confundiendo a la política con la guerra, por lo que la vida y la muerte, para ellos, no tienen el mismo significado ni el mismo valor que para quienes anhelamos la paz. Si el Caso Velázquez no es resuelto del modo más justo posible, entonces la guerra habrá derrotado a los argentinos y estas muertes absurdas seguirán repitiéndose, pues la Tupac Amaru continuará asesinando como sabe y le gusta hacerlo.  

Francisco Vergalito

Frente para la Violencia

La violencia es parte constitutiva de la política argentina. Y cuando digo “violencia” no me refiero solamente a las constantes agresiones verbales entre partidócratas, sino también a las agresiones físicas: cuando fallan los contubernios, las prácticas gangsteriles se multiplican. Jujuy, por ejemplo, es una provincia modelo en relación a ese fenómeno.

Allí, en lo que va del año, se registraron varios episodios vergonzosos: en febrero varias sedes de la UCR fueron empapeladas con imágenes en las que Gerardo Morales aparecía junto a Alberto Nisman anunciándole al candidato jujeño un destino similar si no renunciaba a sus aspiraciones políticas; poco después, a principios de marzo, el auto del Diputado Provincial ultrakirchnerista Germán Noro fue dañado con una piedra; y la semana pasada la casa de Oscar Jayat, un Concejal de Libertador San Martín, fue atacada con una bomba de gas tóxico.

Ciertamente en todos los casos revolotea la idea de los autoatentados realizados para ganar publicidad gratuita, ¿pero qué pasa si no fue así?

En junio dos hombres atacaron con saña a Orlando Gutiérrez, un vocal de la comisión municipal de Pampa Blanca, provocándole la muerte. Luego de ello ingresaron al domicilio de su víctima y se llevaron dinero en efectivo y otros bienes que había en el lugar. El gobierno provincial rápidamente desestimó el asunto anunciando que todo se había debido a un penoso acto de robo. Los familiares de Gutiérrez descreen de esa hipótesis y señalan que el hombre fue víctima de la violencia política.

El Caso Gutiérrez tuvo una escasísima repercusión a nivel nacional. La prensa hizo más escándalo por las fotos de Juan Mazzone semidesnudo que por este crimen aberrante. Creo que cada vez que muere un político el tema debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, debido a que, aún si se tratase de un hombre perteneciente a un municipio pequeño y perdido en medio de los valles jujeños, el caso puede ser la punta de un ovillo, pues, en definitiva, los homicidios gratuitos son acontecimientos raros.

Creo yo que el motivo por el que la violencia está tan arraigada en la cultura política de Jujuy es porque ella es una sincera manifestación de la pésima calidad de los hombres y las mujeres que se desempeñan como políticos. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria local: en primer término está Guillermo Snopek, alias “Quico”, un hombre proveniente de una dinastía de políticos, cuya última trapisonda consiste en intentar colocar a su esposa como jueza antes de que se produzca el recambio político en la provincia; en segundo término aparece Carolina Moisés, alias “Botellita”, una morocha sampedreña, hija de un viejo caudillo, que, aún con sus ínfulas de embajadora, no puede dejar de provocar vergüenza al no poder dejar de jugar a los autitos chocadores en las rutas y calles de la provincia; y el tercer lugar de la lista es para Cristian Arnau, alias “Nabo”, hijito de uno de esos bárbaros que politizan las universidades nacionales, referente vernáculo de La Cámpora y promotor desde el PAMI del genocidio de nuestros ancianos. Mientras esta lacra, mientras esta clase de seres infames sean la norma y no la excepción de la política, a Jujuy no le queda más que sentirse condenada.

Francisco Vergalito

El malvinismo prostituido

En 2008 estalló un pequeño escándalo en Salta cuando se denunció que una enciclopedia escolar auspiciada por el gobierno provincial incluía un mapa en el que las Islas Malvinas eran llamadas “Falkland Islands” y se señalaba que las mismas pertenecían a Gran Bretaña. El suceso –en el cual intervino hasta el Ministerio de Defensa de la Nación– le costó el puesto a Marta Torino, la Ministra de Educación del gabinete de Juan Manuel Urtubey. Pero muy pronto todos se olvidaron de ello.

Siete años después de aquel episodio, el gobierno salteño vuelve sobre la causa malvinera pero desde otro ángulo. Me refiero, claro, a la iniciativa del parlamento local para vivificar la afirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En concreto son dos las propuestas de los legisladores provinciales: obligar a que todos los vehículos que forman parte de la flota de transporte público en la provincia lleven en un lugar visible de su carrocería la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, e incluir como parte de la liturgia patriótica de todos los actos cívicos la entonación de la “Marcha de las Malvinas” compuesta por José Tieri y Carlos Obligado.

Las dos medidas fueron objetadas por Luís Caro Figueroa, un masón, quien desde un sitio web de su propiedad señaló que el Poder Legislativo de Salta estaba promoviendo el liberticidio al hacer obligatorio el canto del himno malvinero. Ciertamente todo el argumento de Caro Figueroa se desmorona desde el momento en que se recuerda que la propuesta parlamentaria obliga a las instituciones del Estado a interpretar a la marcha, pero no obliga a ninguno de sus ciudadanos a cantarla (ya que en un país en donde son rarísimas las ocasiones en que se castiga a alguien por mancillar los símbolos patrios, es bastante improbable que a alguien lo cuestionen por no cantar una canción patriótica cuando la están tocando). De todos modos la periodista hebrea Natasha Niebieskikwiat del diario Clarín escribió un extraño artículo en el que sugiere que la endeble y caprichosa opinión de Caro Figueroa bastó para desatar una discusión sobre el asunto. Ello, por supuesto, no fue así.

De todos modos creo que si es posible iniciar una polémica en torno a este asunto. Recordemos, en primer lugar, que hasta 2012 el malvinismo no era parte de la agenda del gobierno kirchnerista. Pero a partir de esa fecha, después de que el pueblo riojano frenase el rifamiento del oro que subyace debajo del Famatina, el kirchnerismo pretendió convertirse en el campeón de la Causa Malvinera. Así anunciaron la difusión pública del Informe Rattenbach y toda la imberbada se sacó la remera que lleva estampada la cara del Che Guevara para ponerse una con el contorno de la Perla Austral.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los gobiernos argentinos más vendepatria de la historia, pretende enarbolar la bandera nacionalista a través de su reivindicación soberanista sobre las Islas Malvinas. ¿Y cual ha sido el resultado de esa maniobra? El chauvinismo.

En efecto, en estos últimos tres años los kirchneristas han empujado a la noble Causa Malvinera hacia el más berreta de los chauvinismos. Es que ellos se niegan sistemáticamente a reconocer algo fundamental: a la Guerra de Malvinas la pelearon los soldados, quienes no fueron un montón de niños que se hacían pis encima y que eran comandados por sujetos de bigote que llevaban la picana eléctrica para torturar a los suyos, sino que se trató de un valiente contingente militar que fue a entregar la vida por la patria. Mientras ello no sea debidamente reconocido, entonces todo intento por recuperar Malvinas es fútil.

En enero de este año el Diputado Provincial oficialista Emanuel Sierra viajó a las islas a realizar un reclamo pacífico. Para ello llevó su guitarra, y el muy hippie se puso a cantar canciones de León Gieco, Serú Girán, Los Enanitos Verdes, The Beatles, Coldplay y otros artistas para promover el “entendimiento” entre argentinos y kelpers. La mayoría de los habitantes locales lo ignoraron categóricamente, y los pocos que le prestaron atención se terminaron descostillando de la risa ante semejante muestra de tan bobo malvinismo.

La estrategia del gobierno nacional para recuperar Malvinas, aunque cueste creerlo, es muy similar a lo que hizo el metanense Sierra. Los kirchneristas, invocando el carácter “democrático” y “pacifista” de nuestro país, eligieron como vía de ataque a la diplomacia. Por ese motivo muchos países y foros regionales (como el Mercosur) emiten pronunciamientos apoyando a los argentinos y condenando a los británicos, los cuales son iguales que las canciones de Sierra: se los termina llevando el viento.

Sin una dotación defensiva relevante, es decir sin Fuerzas Armadas competentes, Malvinas es una causa perdida. Los británicos, de tanto en tanto, envían barcos y aviones a las islas, sugiriendo que Argentina estaría avanzando sobre la zona. Empero todos sabemos que eso es sólo un montaje que ellos hacen para los suyos, pues es más que claro que el gobierno argentino no tiene recursos ni vocación bélica (en realidad el gobierno si tiene recursos y vocación bélica, pero los mismos poseen como objetivo a la propia población argentina).

Que los legisladores oficialistas salteños tengan por propósito recuperar las Malvinas promoviendo medidas que no afectan en lo más mínimo a los kelpers, revela cuan ficticio es el nacionalismo de quienes gobiernan. Sin ir más lejos no debemos olvidar que el año pasado Bolivia comenzó una campaña para colonizar Salta, lo que incluyó hasta el maltrato a un grupo de compatriotas que habitaban sus tierras sin saber que no eran argentinas. ¿Y que hizo el gobierno de Urtubey contra esos atropellos bolivianos? Avalarlos: ¿o ya nos olvidamos que el Gobernador recibió al Presidente de Bolivia y hasta jugó muy alegre un partido de fútbol con él? ¿O ya nos olvidamos que el rumor de que Evo Morales visitaría Salta durante la campaña para gobernador de Urtubey en 2015 llegó a ser muy fuerte, y que, poco después de producida la reelección del mandatario provincial, el Vicepresidente de Bolivia, el nefasto Álvaro García Linera, fue recibido como un héroe en Salta y condecorado por la universidad pública local? ¿Ya nos olvidamos que Tarija es tan argentina como las Islas Malvinas?

Cada vez que los chupópteros del gobierno agitan la bandera malvinera para manifestar un patriotismo que no sienten, un nacionalismo que no profesan y un soberanismo que no practican, lo único que hacen es prostituir a la noble causa, y la prostituyen a la fuerza.

Francisco Vergalito

El grito de Adelaida

Adelaida Terán es la médica que interrumpió una conferencia del Chaqueño Palavecino organizada en la ciudad de Tartagal. Desde hace meses esta mujer protesta en contra de las autoridades del Hospital Juan Domingo Perón, denunciando todo tipo de irregularidades: desmanejos presupuestarios que desembocan en la escasez de insumos, negligencia médica deliberada que se traduce en una pésima atención a los pacientes y hasta la existencia de una industria clandestina del aborto.

Muchos salteños apoyan a la mujer –algunos hasta la acompañaron durante la huelga de hambre que realizó en el hospital. Sin embargo no faltaron los que, a través de las redes sociales, pusieron en duda la salud mental de la médica, recordando que hace unos años protagonizó un extraño episodio que la policía calificó de “intento de suicidio” (cuando en realidad había habido indicios de que la mujer fue presionada y amenazada por alguien que la quería silenciada).

El episodio contra el Chaqueño Palavecino fue sólo una batalla más de la cruzada de la doctora Terán, quien ahora fue reubicada en la localidad de Embarcación, para alejarla del ambiente hostil del Hospital Juan Domingo Perón. Por ello asombra un poco la reacción del cantor, quien, ante la aparición de la médica, se mostró indolente y hasta intentó discutir con ella.  

Los apologistas de Palavecino recordaron el hecho de que la conferencia de prensa interrumpida por la doctora Terán era para anunciar la realización del Festival Trichaco, el cual tiene fines solidarios, ya que parte de lo recaudado –según lo que afirman sus organizadores– es donado a diversas escuelas rurales del norte salteño.

Los “chaqueñistas” incluso fueron más lejos al destacar que Palavecino es un artista de vocación solidaria que emplea sus recursos y energías para favorecer a su comunidad. Sin embargo ese discursillo omite un hecho fundamental: durante la conferencia de prensa quien estuvo sentado al lado de Palavecino fue nada más y nada menos que Sergio Leavy, el actual Intendente de Tartagal.

En efecto, Leavy es uno de los personajes más nefastos de la política salteña. El prontuario de este sujeto es interminable, y, obviamente, lo más grave de su figura es su incapacidad para justificar el crecimiento meteórico de su patrimonio en los últimos ocho años. Que Leavy haya estado sentado al lado de Palavecino le da todo el derecho a la doctora Terán a hacer lo que hizo, ya que es el propio cantor el que está rompiendo el límite entre lo público y lo privado.

Espero que Adelaida Terán nunca se calle, espero que siga gritando. Pero espero también que Salta (y todo el país) la escuche.  

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Hay que disolver al INADI

“Que no te agarre el INADI” o “Te voy a denunciar al INADI” son frases cotidianas en la Argentina de hoy. Desde hace una década a los argentinos se nos viene adoctrinando para percibir al INADI como la policía del pensamiento, la cual existe para imponer la corrección política amordazando al librepensamiento. Sin embargo, hasta ahora, el INADI no es más que un organismo que sólo se dedica a promover propaganda sin preocuparse demasiado por los resultados de sus propias campañas (o sea el INADI es lo que en criollo se dice “un nido de ñoquis”). Al analizar la actuación de sus miembros, se hace evidente que su disolución es urgente.

Un poco de memoria

El INADI nació en 1995, luego del atentado contra la AMIA. Por esa época circulaba entre la sociedad argentina un tenue sentimiento antisionista, ya que muchos cuestionaban que Israel transportase a nuestro país los problemas de Medio Oriente. Como la versión oficial del atentado sostenía que los israelíes debían ser desvinculados del trágico episodio, asesores norteamericanos sugirieron crear un organismo especial para generar propaganda estatal que vendiese la idea de que la bomba había explotado en la calle Pasteur por mero antisemitismo. Sin embargo, como ese proyecto era por demás polémico, a los menemistas se les ocurrió darle mayor legitimidad al organismo que habían inventado incluyendo a gente de la Federación de Entidades Argentino-Arabes (FEARAB), lo que evitó que el INADI feneciese en sus primeros años de existencia.

Víctor Ramos, un judío hijo del dirigente trotskista Jorge Abelardo Ramos, fue el primer titular del INADI. Desde su puesto, Ramos comenzó a operar a favor del sionismo con el desarrollo de campañas propagandísticas poco influyentes. Pero su gestión comenzó a tomar relevancia cuando desde el organismo que supuestamente promocionaba el entendimiento, la concordia y la paz entre ciudadanos comenzó a patrocinar denuncias que, antaño, sólo eran patrocinadas por la DAIA u organizaciones similares. El caso más recordado de esta política impulsada por Ramos fue la absurda persecución judicial que se desencadenó a principios del siglo XXI en contra del poeta Ricardo Iorio.

La oportunidad perdida  

En el 2005 el INADI cayó en manos del kirchnerismo, el cual lo convirtió en una pieza clave de penetración sinárquica (especialmente de los lobbies feministas y elegebetistas). Se instaló así en nuestro país esa curiosa percepción que la mayoría tiene del INADI: el organismo vendría a ser una suerte de ojo vigilante que está abierto a la recepción de denuncias, por más imbéciles que éstas suenen. Es decir, el kirchnerismo consiguió “democratizar” al INADI, banalizando la lucha contra la discriminación.

Por supuesto que el crecimiento del INADI no fue sólo simbólico: también se abrieron oficinas en todo el país y comenzaron a manejar un presupuesto absurdamente abultado. El escándalo que enfrentó a Claudio Morgado contra María Rachid en el 2011 debió haber culminado con la disolución del INADI, pero hubo un arreglo entre las partes en conflicto para que todo se diluyese en la impunidad. Con ello el gobierno kirchnerista evitó el papelón de tener que admitir que el INADI no sólo está lleno de gente que poco hace, sino que además los que están son unos incompetentes.  

Más “bettysta” que Betty

El choque entre Morgado y Rachid dejó en claro que el INADI no es más que una oficina partidaria que sólo sirve para acomodar militantes en la estructura estatal. Los casos más recientes en Tucumán y Salta lo demuestran.

En el Jardín de la República, la Senadora Beatriz Rojkés de Alperovich denigró violentamente a un trabajador, el cual había sufrido las inundaciones que se produjeron en la provincia por la ausencia de infraestructura para evitarlas. El episodio tuvo repercusión nacional y desató una catarata de críticas contra la esposa del Gobernador José Alperovich. Gustavo Díaz Fernández, el máximo responsable de la sucursal tucumana del INADI, defendió a la Senadora desde su cuenta en Facebook. Según Díaz Fernández -un militante elegebetista que pertenece al Ateneo de la Militancia, la agrupación pejotista que dirige Sara Alperovich- el video que muestra a Rojkés de Alperovich insultando a una víctima del mal clima y la corrupción gubernamental está editado maliciosamente. Y, como si fuese poco, la incontinencia verbal de la Senadora –que es juzgada por todos como un defecto– es considerada una virtud por este papanatas. “Betty es así y eso nos gusta de ella”, dijo el funcionario.

No es la primera vez que Díaz Fernández defiende lo indefendible. Cuando en agosto de 2014 la Senadora publicó en su Facebook un texto que decía que los palestinos obligan a los israelíes a matar niños, un ciudadano tucumano se acercó hasta la sede local para realizar una denuncia. Según los códigos de procedimiento de la institución -códigos que ellos mismos crearon-, lo que correspondía hacer en ese caso era tomar la denuncia, investigar, y luego, si había motivos suficientes, emitir un dictamen que sirviese para invitar a Rojkés de Alperovich a que revea su postura. Sin embargo la empleada de mesa de entrada se encargó de rechazar la denuncia, no por estar mal realizada o porque el INADI no tuviese competencia para tomarla, sino porque ella misma juzgó que no había discriminación. El caso generó indignación en las redes sociales, pero Díaz Fernández no pronunció palabra alguna.

Otro momento de infame silencio de Díaz Fernández fue cuando la Senadora tildó de “borracha” a la madre de Mercedes Figueroa, una niña violada y asesinada a los seis años. Pero, para compensar tanto desinterés, el INADI tucumano si se movilizó cuando el portal de noticias Contexto publicó un artículo en el que comparaba a Alperovich con Joseph Goebbels.

Unos si y otros no

En Salta la situación del INADI local es muy similar a lo que sucede en Tucumán cuando llega la hora de reconocer que los políticos argentinos son tan culpables de actos y dichos discriminatorios como cualquier otra persona. Nicolás Hirtz, el máximo responsable de la sucursal salteña del organismo antidiscriminación, lo prueba.

A diferencia de su par tucumano, Hirtz si atacó a una funcionaria del gobierno que pronunció palabras polémicas. Sin embargo en este caso fue todo un malentendido, que el propio Hirtz se encargó de enturbiar dándole un ultimátum de diez días a la funcionaria para que aclare algo que ella no tiene que aclarar (y que fue generado maliciosamente a través de Twitter por un aberrosexual ocioso que trabaja en la Municipalidad de Salta).

El episodio sirvió para pegarle a Hirtz: mientras él se preocupaba por lo que una funcionaria menor había dicho acerca de la violencia doméstica, nada dijo en contra de la actitud de abandono del gobierno hacia los niños que, debido a la pobreza, mueren por desnutrición. Cuando Cristina Lobo, una funcionaria del área de Salud del gobierno provincial de Salta, dijo que los casos de desnutrición debían ser tratados como cifras estadísticas y no como dramas personales incurrió en la negación de identidad y en una suerte de acto de discriminación hacia la gente de escasos ingresos. El INADI, por supuesto, nada dijo sobre el asunto, pese a que a ellos les encanta opinar sobre cómo debe hablar la gente.

¿Qué hacer entonces frente a estas arbitrariedades de funcionarios acomodaticios? ¿Es necesario profesionalizar al INADI expulsando a todos los militantes políticos de su estructura? Creo que no. El INADI ha cumplido con su misión -si es que alguna vez la tuvo-, por lo que los argentinos merecemos verlo disolverse. 

Francisco Vergalito 

El absurdo linchamiento a Mercedes Junco

Mercedes Junco hizo algo políticamente incorrecto: decir la verdad. “Muchas veces la violencia [doméstica] es culpa de las mujeres” fue la frase que pronunció en un programa de televisión.

Descontextualizadas, las palabras de Junco suenan raras, más considerando que ella es una funcionaria del gobierno salteño que trabaja en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Sin embargo lo que dijo es coherente, y no sólo eso: también es perfectamente consistente con el discurso oficial del progresismo contemporáneo. En efecto, Junco sostuvo que las madres deben adquirir el hábito de distribuir las tareas hogareñas entre todos sus hijos (mujeres y varones), ya que la costumbre actual entre las mujeres con las que trata a diario -mujeres provenientes de los sectores más carenciados- es la de inculcarle a las hijas mujeres las tradiciones hogareñas y evitarles a los hijos varones el aprendizaje de las mismas. Esto, según Junco, genera una relación conflictiva entre hombres y mujeres, porque el sistema laboral actual obliga a que las mujeres dejen la seguridad del hogar para ir a buscar el sustento material junto a los maridos (si es que los tienen), entonces ya no se puede criar a los hijos según ese patrón de comportamiento en el que ellas permanecían en casa y ellos andaban afuera. Las mujeres mismas, según esta perspectiva, estarían perpetuando el modelo de la mujer sumisa y el hombre autoritario, y por ello vendrían a ser culpables de la violencia que después sufren.

El discurso de Junco es perfectamente realista. En lo personal creo que el Estado debería hacer más por mantener vigente el modelo tradicional de familia y las prácticas sociales que de él emanan, pero se comprende que Junco, desde su posición en Derechos Humanos, hace y dice lo que juzga como lo más provechoso en el escenario actual.

Ahora bien, el problema es que Rodrigo “Victoria” Liendro, otro funcionario, ignoró (¿a propósito?) todo lo que Junco dijo, y sólo se quedó con la frase de que a la culpa de la violencia doméstica la tienen en ocasiones las mujeres. Desde su cuenta de Twitter, este muchacho no vaciló en repudiar a Junco. Y, por supuesto, la prensa a la que le encantan los pleitos recogió las tonterías de este inepto de Liendro y desató una jornada de linchamiento contra Junco.

Liendro, más allá de cobrar un abultado salario como funcionario municipal salteño, no ha hecho nada por Salta más que, desde su posición, generar disputas y conflictos. El sujeto no está en el gobierno para sumar, no pretende mejorar la vida de los salteños, sólo le interesa impulsar su agenda: el elegebetismo. Pero el verdadero problema no es él, es aquel que se lo permite, es, en este caso, Miguel Isa, actual Intendente de Salta, y ladero de Urtubey en las próximas elecciones. 

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Misterios terroristas sin resolver

El Caso Nisman evidenció dos cosas: que el gobierno argentino está desesperado para garantizar su impunidad y que el terrorismo islámico ya ha penetrado lo suficiente en nuestro país como para convertirse en una amenaza.

Un poco de memoria

Para entender lo de Nisman hay que partir desde el principio: fueron los israelitas los que hicieron el atentado en contra de la AMIA. Adrián Salbuchi, entre muchos otros, lo ha probado. No hubo coche bomba (los explosivos se detonaron en el interior del edificio). Lo que si hubo fue una voluntad enorme de encubrir a los verdaderos culpables, y por ello se multiplicaron las pistas falsas que, como era de esperarse, no llevaron a ningún lugar.

En el año 2004 los sionistas negociaron con el Presidente Néstor Kirchner: le darían su apoyo si, a cambio, permitía que un fiscal propuesto por ellos se hiciera cargo de la Causa AMIA (en esa época había un clima de venganza en contra del menemismo, y los sionistas temían que la ola revisionista se los llevase consigo). Así apareció Alberto Nisman, quien, a partir de 2006, decidió procesar a un grupo de iraníes tras acusarlos de haber realizado el atentado. Algunos de esos hombres eran integrantes del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, un líder iraní hostil a Israel y sus aliados. Evidentemente lo que el Fiscal quería hacer era elaborar otra pista falsa que, de paso, sirviera para beneficiar a Israel en sus luchas internacionales de poder.

En 2013, cuando se firmó el Memorándum de Entendimiento Argentino-Iraní, los sionistas reaccionaron con preocupación por ello. Desesperados por paliar la crisis energética, los kirchneristas optaron por negociar su antisionismo a cambio de petróleo. Hasta Beatriz Rojkés de Alperovich tuvo que salpicar de sucio oro al Tanaj y votar a favor de los iraníes, pese a que los sionistas le exigían que no lo hiciese. Al final toda la operación quedó truncada porque se procedió por otros medios para bloquear a Irán, pero ello no evitó que el sionismo identificase a Cristina Kirchner como una enemiga y comenzase una campaña para presionarla y castigarla.

Así Nisman, alentado por fondos buitres y otros enemigos del gobierno, comenzó a preparar la venganza sionista en contra de Kirchner, y aquel que alguna vez fuese un aliado de ellos devino un enemigo letal. La muerte del Fiscal, entonces, resultó ser una maniobra torpe para evitar el escándalo o una jugada perversa para generar presión.

La interna K

El discurso del oficialismo acerca de la muerte de Nisman es patético y poco serio. Falta que digan que al Fiscal lo mató Héctor Magnetto –quien para la ocasión se habría puesto un bigote falso, se habría hecho pasar por un asistente del funcionario judicial, y le habría acercado una pistola en lugar de un secador de pelo–, o falta que digan que Nisman se disparó a sí mismo mientras imitaba frente al espejo al personaje que interpreta Robert De Niro en la película Taxi Driver –ese que dice “¿me hablás a mi?” mientras manipula una pistola. Para mí, en cambio, es obvio que los kirchneristas mataron a Nisman, lo que hay que averiguar es cual facción de la interna K es la responsable.

Elisa Carrió sugiere que fue César Milani el que montó la operación para asesinar a Nisman. Eso convertiría, a primera vista, a la Presidente y su entorno más cercano en los autores intelectuales del crimen.

Sin embargo también podría ser el caso que Milani esté trabajando para otro grupo, pues, al fin y al cabo, el General ascendió dentro de la estructura kirchnerista gracias a sus vínculos con Horacio Verbitsky y Nilda Garré, personajes hoy en día distanciados del núcleo cristinista. Es decir, Milani, en representación de los organismos de Derechos Humanos más radicalizados (el CELS, las Madres de Plaza de Mayo, los montoneros agazapados en la Secretaría de DDHH, etc.), bien pudo haber organizado el asesinato de Nisman para generar conmoción y presionar a la Presidente. ¿O acaso ellos no son de los que más van a perder una vez que el actual gobierno de paso al próximo? En diciembre pasado Sergio Massa y Mauricio Macri anunciaron que, con ellos en el poder, se les acababa el curro a los dedehachehachistas. Y, dado que los dedehachehachistas no pueden pasarse al sector privado porque lo que ellos venden sólo lo puede comprar el Estado, no es descabellado pensar que podrían estar detrás de la muerte de Nisman: le tiraron un cadáver a la Presidente para que los tome en serio. Sería algo así como terrorismo de Estado.    

Ya están entre nosotros

El otro grupo kirchnerista capaz de asesinar a Nisman son los embajadores del fundamentalismo islámico en la Argentina, es decir Luís D’Elia y los otros chavistas. Las escuchas que se publicaron dejaron más que claro que el gordito bardero que cada tanto se propasa verbalmente en Twitter es, en realidad, un sujeto de lo más peligroso para la sociedad argentina.

Hay muchos que perciben con cierta simpatía a D’Elia, pues es uno de los pocos miembros de la fauna política nacional que se atreve a decir la verdad acerca de Israel. Sin embargo lo hace utilizando un discurso orientalista y no uno occidentalista. Traducido: es peor el remedio que la enfermedad.

Quisiera recordar tres episodios recientes que recibieron escasa difusión:

(1) En abril de 2011 la policía detuvo a un aparente argelino en Villa Jardín de Reyes, una ciudad jujeña cercana a la capital provincial. Al momento de la captura, el hombre estaba en posesión de un arsenal en su casa, que incluía explosivos plásticos y armas de guerra. Los uniformados llegaron hasta allí por una casualidad: los vecinos denunciaron que el hombre estaba maltratando a su esposa argentina, y por ello llamaron a la policía. Nunca quedó claro si el sujeto era un yihadista salafista vinculado a Al Qaeda o si era un yihadista chíita más próximo a los iraníes, lo cierto es que el tema –que debió haber sido un escándalo nacional y apenas fue recogido por la prensa de Buenos Aires– fue sepultado por la Justicia, y no se supo cual fue el destino de ese siniestro personaje.

(2) Unos meses después, en noviembre de 2011, un grupo de matacos hizo explotar en el noreste de Salta a una cisterna que contenía 6.000 litros de gasoil y que pertenecía al empresario Franco Brunetti. Para ejecutar el atentado habrían usado gelamón, un explosivo plástico usado con frecuencia en la demolición de edificios y la minería por su alta capacidad para destrozar rocas. En el arsenal confiscado en Jujuy habían varios cartuchos de gelamón.

(3) A fines de septiembre de 2012 explotaron ocho bancos de cemento en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, a unos 50 metros de la Casa de Gobierno. Mucha de la gente que estuvo en el lugar percibió un olor a amoníaco, o sea gelamón. Los peritos tucumanos dijeron que se trataba de gas butano que se había calentado, generando por ello la explosión. Sin embargo otros expertos en explosivos cuestionaron esa hipótesis, ya que difícilmente habría el suficiente gas butano como para hacer volar por los aires a ocho bancos de cemento al mismo tiempo. Alperovich guardó un silencio absoluto sobre el tema.

Los tres episodios que referí nunca fueron debidamente aclarados. Se habló en su momento de la presencia de Quebracho, agrupación que tendría vínculos con el argelino detenido, con los indios salteños y con la persona que habría colocado el artefacto explosivo en la capital tucumana, empero ese dato no terminó de confirmarse. Quebracho no es liderado por D’Elia, pero si es parte del conglomerado de organizaciones influenciadas por los iraníes y otros extremistas islámicos.

Por un nuevo proceso de reorganización nacional

A estas alturas es evidente que nadie está seguro en la Argentina: el que está en la disputa por el poder está inmerso en una red de podredumbre donde no faltan las explosiones y los asesinatos, y el que vive su vida alejado de ello corre un enorme riesgo de ser víctima de los muchos delincuentes comunes que habitan en el país.

Lo que la Argentina necesita, por tanto, es establecer una Doctrina de Seguridad Nacional que detenga la penetración terrorista a nuestro país y controle la violencia que la delincuencia genera día a día en las calles. Y junto con ello quizás sería bueno también que se creen comisiones especiales para investigar el pasado reciente y poner al descubierto el costado sucio de la Democracia 83. Vale decir lo que nos merecemos los argentinos es un proceso de reorganización nacional que saque de circulación para siempre a cada corrupto que se enriqueció de modo ilícito, a cada tirano que permitió que frente a sus ojos se delinquiese impunemente, a cada miserable que prostituyó sus ideales, y le permita a cada familia del país recuperar la tranquilidad en su cotidianeidad, o sea los argentinos nos merecemos de una vez por todas ver que se vayan todos.  

Francisco Vergalito