Sin prostíbulos pero con prostitutas
Legisladores tucumanos aprobaron una ley que prohíbe los prostíbulos en
toda la provincia. No importa la denominación que tenga: será clausurado
cualquier lugar en el que haya oferta sexual de una mujer explotada. La
norma, sin embargo, no impide el derecho de ejercer la prostitución.
Tras la sanción, el gobernador provincial, José Alperovich, sostuvo que
la reglamentación contará con la colaboración de la fundación que
preside Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, luchadora emblemática
por los derechos de las mujeres y en contra de la trata de personas.
El "debate" parlamentario
La cuestión de fondo de la iniciativa contó con el aval explícito y
unánime de la totalidad del cuerpo legislativo, pues el objeto final
radica en la erradicación de un flagelo social que tiene en Tucumán
plena vigencia desde hace años, debido a un caso de resonancia
internacional como lo fue la desaparición de María de los Ángeles Verón y
las aristas que derivaron de la investigación de este hecho.
Sin embargo, los cuestionamientos se sustentaron al momento de analizar
las formas que se propiciaron para combatir la Trata de Personas en el
territorio provincial, puesto que, desde las posturas opositoras con
representación legislativa, se postularon discrepancias por el análisis
laxo y repentino que se le imprimió al proyecto de ley denominado
"Prostíbulos Cero", además de sostener que el Gobierno buscó un efecto
mediático con la sanción de dicha legislación.
Con el apoyo total de la bancada oficialista, se logró ayer en sesión
parlamentaria especial y extraordinaria el aval a esta norma que
establece la prohibición en el funcionamiento, regenteo o administración
de aquellos establecimientos (whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o
locales de alterne) en los que se faciliten actos de prostitución u
oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad. Una vez promulgada
esta norma, lo que tendría lugar en las próximas horas, se procederá a
la clausura y cierre definitivo de esos locales.
El proyecto, que fue firmado por el gobernador José Alperovich, llegó al
recinto envuelto en polémicas e internas en el seno del alperovismo y
sus aliados a raíz de haber relegado a una norma de iguales
características, pero elaborada por el referente de la agrupación La
Cámpora, Jesús Salim. A ello debe sumarse la existencia de dictámenes
en minoría presentados por los sectores refractarios al justicialismo,
como fue el caso de los legisladores José Páez (Democracia Cristiana) y
la radical Silvia Elías de Pérez (más allá que la legisladora retire su
proyecto por tener coincidencias mayoritarias con la iniciativa del
camporista).
Al momento de comenzar con los parlamentos para justificar la normativa,
quien tomó la palabra fue el presidente de la comisión de Derechos
Humanos y Defensa del Consumidor, Reinaldo Jiménez, quien adujo que la
Trata "es de carácter global y afecta en mayor medida a mujeres y
niños en situaciones de vulnerabilidad, representando alrededor del 80
por ciento de las víctimas. Por este motivo, la lucha contra los
aparatos clandestinos de prostitución exigen, de los estados
provinciales, acciones y políticas concretas".
El primero de los opositores que dio vía libre a las objeciones por el
modo en que se propició el debate de este proyecto fue el propio Páez,
quien cargó contra el apresurado tratamiento parlamentario aplicado por
el justicialismo.
"Recibo con desagrado la actitud asumida por el Poder Ejecutivo en
reivindicar que se debe aprobar el proyecto que solamente tenga el sello
del despacho del Gobernador. Con esto se desprecia al propio partido
como así también a los pensamientos políticos (en razón de la iniciativa
elevada por Salim)", sostuvo el democristiano.
A modo de contrarrestar esta crítica, el titular de la Comisión de
Seguridad y Justicia, Gerónimo Vargas Aignasse, salió al ruedo de las
exposiciones al resaltar que "más allá de las otras propuestas que
puedan existir al respecto, estamos ante la presencia de una política
dispuesta por el Gobierno de la provincia, lo que se constituye en un
claro mensaje político. El Gobernador no quiere que haya ningún ámbito
donde la mujer sea sometida a la explotación".
Seguidamente, el peronista señaló que en Tucumán existen 16 prostíbulos
que se encuentran regenteados por proxenetas (de acuerdo a la
información provista por la Fundación María de los Ángeles, dirigida por
Susana Trimarco). "Su existencia se debe a que la Justicia no haya
tomado ninguna medida como lo establece el Código Penal. Hay muchos
intereses detrás de este negocio que no se pueden sofocar solamente con
una política inmediata", señaló Vargas Aignasse.
Al momento de su intervención en el recinto por este tópico, Elías de Pérez reclamó que "la ley debe ser integral porque de lo contrario no vamos a resolver el problema. Pareciera que lo único que se busca es cerrar los prostíbulos, se pone el acento en el lugar y no en la actividad".
Al momento de su intervención en el recinto por este tópico, Elías de Pérez reclamó que "la ley debe ser integral porque de lo contrario no vamos a resolver el problema. Pareciera que lo único que se busca es cerrar los prostíbulos, se pone el acento en el lugar y no en la actividad".
Por su parte, Federico Romano Norri (UCR) fue categórico en su postura al indicar que "creer que con esta ley se erradicará la prostitución es tapar el sol con el dedo. Se está haciendo un uso político de este grave problema, buscando sobrecriminalizar las conductas. El proyecto es pura conveniencia política del Gobierno, por lo que no tiene ninguna vocación de éxito", aseveró.
Paralelamente, el integrante del bloque Hipólito Yrigoyen planteó una
disyuntiva que se propiciaría al momento de que entre en vigencia la
ley: "¿Qué sucederá con las mujeres que elijan libremente ejercer la
prostitución. Acaso las obligaremos a actuar en la clandestinidad?", se
preguntó Romano Norri.
En tanto, otro de los radicales, Ariel García, consideró que a partir
del debate surgido por iniciativa del oficialismo "lo que se busca es
aparecer en la foto y en los titulares, en lugar de avanzar en un debate
serio y sincero para tener una ley que posea el máximo valor jurídico y
político que le otorgue legitimidad".
Apelando a críticas para con la política de Seguridad en general que se
instaura en la provincia y cierto tono de ironía, Ricardo Bussi (Fuerza
Republicana) estimó que la iniciativa en cuestión constituye "un pasito
pequeñito (sic) pero que en verdad lo que debe hacerse es proponer un
plan de Gobierno en la materia y cambiar a este ministro inútil (Mario
López Herrera) que no sabe lo que tiene que hacer. De seguir así, las
prostitutas terminarán trabajando en los departamentos del señor Zaffaroni".
Por último, quien tomó la palabra fue Jesús Salim, quien no promovió
críticas por haber sido pasado por alto su proyecto, aunque manifestó
que "nuestra óptica era integral enfocada sobre todo en las personas en
situación de prostitución, remarcando la reinserción laboral y social de
las víctimas de Trata. Hablamos con el Gobernador para unificar los
proyectos y logramos su aceptación para que se cree la Comisión
Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual", indicó.
Al momento de la votación, el justicialismo impuso su abrumadora mayoría
para homologar la norma, contando con el apoyo de Bussi y Alberto
Colombres Garmendia (PRO). Roberto Sánchez, Romano Norri, Elías de
Pérez, García y Páez se manifestaron en contra de la normativa.
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