Hace más de un año se anunció que el radar salteño sería reemplazado por otro más moderno. El director de la Agencia Antidrogas, Eduardo Sylvester,
dijo entonces que “el radar que está en Tartagal es un poco vetusto”, y aclaró que “el sistema tiene que estar acompañado por aeronaves que puedan hacer descender al avión”.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, había anticipado ya en junio de 2010 que la frontera salteña entraría en un plan de radarización que utilizaría tecnología de la empresa argentina INVAP. En mayo último, tras una reunión con la funcionaria, el entonces ministro y ahora candidato Pablo Kosiner confirmó que el desahuciado radar sería reemplazado por otros seis, de origen nacional.
Hace tres semanas el mismo ministro había informado oficialmente que “a fin de año estará muy controlado el espacio aéreo de la frontera noroeste”. Los centros de vigilancia aérea funcionan en Posadas y en Resistencia; el próximo estará en la localidad formoseña de Las Lomitas. Desde Chaco, el ministro precisó ese día que el primer radar 3D de largo alcance, de los seis que prevé el contrato firmado con INVAP se instalará en la localidad formoseña. Esos radares tienen un alcance de doscientos kilómetros de radio.
En otras palabras, la frontera del NOA, considerada la más caliente de todas, será controlada desde el NEA con radares que no tienen alcance que les permita cubrir las zonas de Salvador Mazza y La Quiaca.
No se trata de una cuestión caprichosa. En su visita a Posadas y a Resistencia, el ministro estuvo acompañado por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Constantino, quien explicó que la cobertura de estos radares va a permitir cumplir con “la responsabilidad primaria que tiene la Fuerza Aérea y que está dada por la ley de defensa nacional, que es el control del espacio aéreo desde el punto de vista de la defensa”.
La Argentina, afortunadamente, no tiene hipótesis de guerra con ningún país vecino. Por eso las palabras del brigadier Constantino ponen de relieve la gravedad de la agresión implícita del narcotráfico. Por lo tanto, es inexplicable que se intente asegurar la cobertura plena de la frontera probadamente más permeable, el Noroeste, con un radar considerado vetusto o con otros nuevos pero sin alcance.
El narcotráfico es, efectivamente, un problema grave. Los asesinatos de personas supuestamente vinculadas con esa actividad, a manos de sicarios, aparecen esporádicamente en la Argentina, pero cada vez con más frecuencia. Solo el negocio del paco mueve por año más de 1.300 millones de pesos, suma comparable con la comercialización de maquinaria agrícola. Oficialmente se estima que hay en el país unos 180 mil consumidores de este derivado de pasta base de cocaína. Entre 2001 y 2011, la cantidad de “cocinas” clandestinas de cocaína aumentó de seis a unas 250, según cálculos policiales.
Esta industria clandestina y mortífera se desarrolla gracias a la vulnerabilidad de los controles fronterizos, a la existencia de territorios liberados y a la cartelización incipiente de las fuerzas de seguridad. No es un problema de un gobierno, sino una cuestión de Estado.
Además de envenenar con el paco a muchos jóvenes, los laboratorios locales ya están fabricando cocaína de máxima pureza, con un costo de 10.000 dólares el kilo, para venderlo a 100.000 dólares en Europa.
La lucha contra el narcotráfico requiere un plan global, a largo plazo y enérgico. Hasta ahora la “guerra” se está perdiendo.
La frontera norte se encuentra claramente desguarnecida y las contradicciones en la cuestión de los radares muestra
demasiada improvisación y muy pocas ideas claras.
