El ministro de Salud, Juan Manzur, dijo que "el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se tiene que hacer cargo" por la suspensión del primer aborto no punible a una mujer víctima del delito de trata.
Manzur precisó en el canal de noticias C5N que "esta situación puntual se da en un hospital como es el Ramos Mejía, de la Capital Federal y que depende de la Jefatura del Gobierno de la ciudad".
Manzur precisó en el canal de noticias C5N que "esta situación puntual se da en un hospital como es el Ramos Mejía, de la Capital Federal y que depende de la Jefatura del Gobierno de la ciudad".
Añadió que "acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que emitió esta medida -en referencia a la suspensión del aborto no punible- desoyendo lo que establece la acordada de la Corte Suprema, vinculado a los casos de aborto no punibles".
Pero insistió, en que "el que tiene que hacerse cargo de esta situación es Macri, porque el gobierno nacional no tiene nada que ver".
Manzur indicó que "el Ministerio a mi cargo ha cumplido con la acordada de la Corte Suprema de la Nación, está el protocolo y todo dentro del marco de salud sexual y responsable".
En tanto, al aludir al aborto señaló que "son situaciones personales no deseadas muy doloras y hay que manejar estos casos con mucha prudencia, serenidad y con la reserva que implica".
"Ya que se trata de una mujer que ha sufrido no sólo una violación, sino que la información que tenemos es que fue víctima de una trata de persona", destacó el ministro.
En referencia al anuncio que había hecho Macri sobre la práctica del aborto, señaló que "ventilar estos casos es una situación desaconsejable, pero ahora si Macri hace comunicaciones con esto, no nos parece lo correcto".
El primer aborto no punible de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendido hoy tras la presentación de un recurso judicial por parte de la organización católica Pro Vida, que se opone fervientemente a esta práctica, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la sanción, posteriormente vetada por el macrismo, de la ley que la regula.
En el día de hoy, en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal, se llevaría a cabo la operación a una mujer de 32 años, cuyo caso pasó por todas las instancias legales y fue finalmente aprobado, ya que se trata de una víctima de violación y trata de personas, y se encuentra dentro de los plazos permitidos de gestación.
Sin embargo, Pedro Andereggen, abogado de la Asociación Pro Familia, señaló en la puerta de ese centro de salud que "no se va a realizar el aborto tras la notificación de la medida judicial".
Andereggen precisó al abandonar el Ramos Mejía que "fue notificada de la decisión judicial la Dirección del hospital y la paciente", al insistir que la realización de un aborto "es contraria a derecho".
"De acuerdo al derecho civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído", puntualizó el letrado. En tanto, consideró que "no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo" y añadió que desde la asociación que representa "sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social".
La medida fue dictada por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, del juzgado civil número 106.
El viernes pasado un juez del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar de los mismos abogados, que ante esa resolución adversa recurrieron a un juzgado diferente para frenar la operación.
La jueza Rustán de Estrada hizo lugar a una medida cautelar de carácter urgente para impedir la intervención y luego remitió el expediente al juzgado en lo civil número 56, a cargo del juez Miguel Ricardo Güiraldes, quien este mediodía aún no había recibido el expediente, informaron fuentes judiciales.
En el día de hoy, en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal, se llevaría a cabo la operación a una mujer de 32 años, cuyo caso pasó por todas las instancias legales y fue finalmente aprobado, ya que se trata de una víctima de violación y trata de personas, y se encuentra dentro de los plazos permitidos de gestación.
Sin embargo, Pedro Andereggen, abogado de la Asociación Pro Familia, señaló en la puerta de ese centro de salud que "no se va a realizar el aborto tras la notificación de la medida judicial".
Andereggen precisó al abandonar el Ramos Mejía que "fue notificada de la decisión judicial la Dirección del hospital y la paciente", al insistir que la realización de un aborto "es contraria a derecho".
"De acuerdo al derecho civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído", puntualizó el letrado. En tanto, consideró que "no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo" y añadió que desde la asociación que representa "sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social".
La medida fue dictada por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, del juzgado civil número 106.
El viernes pasado un juez del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar de los mismos abogados, que ante esa resolución adversa recurrieron a un juzgado diferente para frenar la operación.
La jueza Rustán de Estrada hizo lugar a una medida cautelar de carácter urgente para impedir la intervención y luego remitió el expediente al juzgado en lo civil número 56, a cargo del juez Miguel Ricardo Güiraldes, quien este mediodía aún no había recibido el expediente, informaron fuentes judiciales.
El juez Güiraldes será el encargado de seguir tramitando la causa, en la que Pro Familia obtuvo la medida que obliga al Gobierno Porteño “abstenerse de realizar cualquier acto o maniobra tendiente a quitar la vida a un niño por nacer en la Ciudad de Buenos Aires y en cuya defensa e intereses ha promovido estas actuaciones”.
