El imperio de lo trucho

La frontera salteña-tarijeña es un auténtico problema nacional. Sin embargo el país le da la espalda al tema. Es que el norte de Salta, en el imaginario popular argentino, es el lugar en donde la patria termina, y no donde comienza: estamos adoctrinados para ver a esa parte del país como un rincón olvidado del patio, y no como el pórtico de entrada a nuestro hogar. Incluso los propios salteños ven las cosas de ese modo. La ausencia de federalismo hace posible esta interpretación tan penosa de la realidad nacional.

La consecuencia directa de esa indiferencia y de ese desprecio hacia el norte salteño es su invasión. Y no es sólo el espíritu expansionista del gobierno boliviano el que invade Salta a diario, es también el imperio de lo trucho el que toma posesión de lo argentino.

En efecto, se suele hablar sobre cómo la droga y las armas penetran permanentemente en la Argentina a través de Bolivia, pero no es mucho lo que se discute acerca de la mercadería que es contrabandeada por los innumerables agujeros fronterizos que el gobierno argentino permite que existan. Ropa, calzado, sábanas y toallas, juguetes, artículos de cocina, marroquinería y hasta productos electrónicos provenientes de Asia (especialmente de China) fluyen a través de la porosa frontera norte, inundando al país de truchadas.

La Salada es la meca de lo trucho, pero lo cierto es que el país está flagelado a lo largo y ancho de las provincias por las numerosas ferias y galerías que venden todo lo que cruza la frontera de manera ilegal. ¿Y cómo combate el gobierno nacional este problema? Con mera pirotecnia. Lo más lógico sería clausurar todos los comercios que ofrecen mercadería de origen dudoso, pero eso requeriría de un sistema de control que el Estado no tiene, y generaría además un tremendo conflicto con la gente que lucra con ello, debido a que se leería todo como un cercenamiento del derecho a trabajar (los municipios y las provincias que han decidido obrar siguiendo este lineamiento se han vistos obligados a chocar contra los sindicatos que agrupan a quienes venden lo contrabandeado). Al ser tan delicada la situación, el gobierno tiene otra posibilidad para actuar: controlar el ingreso de lo trucho al país. Sin embargo, dado que parece ser que las fronteras argentinas fueron hechas para ser violadas, ello rara vez sucede.

En estos últimos años el gobierno nacional se ha dedicado a perseguir a las famosas “caravanas de compras”, desarrollando operativos sorpresivos que sólo apuntan a disuadir a los delincuentes pero no a eliminar realmente el problema. Es decir de tanto en tanto la AFIP, junto a la gendarmería nacional o a la policía de seguridad aeroportuaria, detiene a camiones o colectivos que se desplazan repletos de mercadería e incauta todo lo que llevan consigo por haber sido ingresado de modo ilegal al país. Esto no genera desaliento en las prácticas contrabandistas, sino un reordenamiento de sus estrategias. Así la mercadería trucha sigue penetrando en la Argentina en enormes cantidades, y son autos particulares los que trasladan todo el contrabando desde el norte de Salta a otras localidades de la misma provincia, y también de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, desde donde parten los camiones y colectivos que transportan la carga hacia Buenos Aires y otros destinos.

En la base de la pirámide de lo trucho están los famosos “bagayeros” o “pasadores”, que no son más que desempleados que se ganan el pan diario cargando mercadería desde Bolivia para llevarla hacia la Argentina, y viceversa (especialmente ahora que el peso boliviano vale más que el argentino). Los gendarmes observan pasivamente ese movimiento en que las chalanas atraviesan parsimoniosamente el río Bermejo cargadas de cajas y otros bultos. Esa desidia no es el resultado de amenazas o coimas contra los uniformados, sino una directiva un tanto vergonzosa de no proceder en contra de los precarios trabajadores. Ocasionalmente gendarmería detiene a los bagayeros en el marco de operativos anti-narcotráfico, pero el negocio de estos personajes consiste en, justamente, abstenerse de colaborar con los mercaderes de la muerte a cambio de que les permitan contrabandear artículos domésticos.

Antonio Hucena, un diputado provincial salteño perteneciente al PJ, ha denunciado en los últimos meses que la Municipalidad de Orán ha estado colaborando con los bagayeros al permitirles usar espacios propios para que ellos organicen la distribución de mercadería que ingresa contrabandeada al país. La sospecha es que el contrabando no es independiente del narcotráfico, ni del lavado de dinero, ni del tráfico de divisas, ni tampoco del tráfico de personas. AFIP ha realizado operativos en los que, junto a productos de contrabando, encontró droga, dólares y hasta inmigrantes asiáticos y africanos flojos de papeles.

Es una creencia popular que en cuanto aparezcan los alambrados y las murallas en las fronteras, el caos de lo delictivo dejará de azotar al norte salteño. Sin embargo la salvación del país requiere más que eso, requiere de empleo legítimo, cultura del trabajo, reconstrucción social, y, sobre todo, de desprecio por lo trucho, algo poco probable en la Argentina de hoy.

Ángela Micaela Palomo 

La guerra en espera o sobre el tráfico ilegal de armas en la Frontera Caliente

Las clandestinas

En febrero de este año la Policía de Salta detuvo en Salvador Mazza a dos delincuentes que habían protagonizado un raid delictivo en la ciudad. El detalle más llamativo del caso fue que, para robar, los malvivientes emplearon subametralladoras. La prensa señaló que se trataban de Uzis, pero la noticia fue desmentida poco tiempo después: en realidad eran subfusiles FMK-3. La rectificación tenía por propósito calmar a la ciudadanía provincial, la cual, al enterarse de la noticia, se manifestó en las redes sociales sosteniendo que resulta profundamente preocupante que armas de guerra de origen extranjero lleguen a manos de delincuentes argentinos, ya que ello deja entrever que el hampa del país, al adquirir armamento militar, está elevando los niveles de violencia criminal a alturas inéditas.

La prensa adicta al gobierno pretendió ocultar el episodio indicando que los FMK-3 son de fabricación nacional y de uso común por parte de las Fuerzas de Seguridad argentinas, por lo que –según su hipótesis– esas armas habrían llegado a manos de la delincuencia gracias a algún policía corrupto que se las habría facilitado. Sin embargo, si se revisa la hemeroteca se encontrará que, en 2012, un joven fue detenido en la misma ciudad de Salvador Mazza portando, ahora si, una Uzi de procedencia extranjera.

De todos modos las subametralladoras no son las únicas armas que los policías salteños encontraron en el norte provincial en lo que va del año: en Payogastilla los vecinos se toparon con una granada, mientras que en Piquirenda, el allanamiento de una casa permitió el hallazgo de un arsenal, que hasta contaba con la presencia de munición antiaérea, la misma que se usa para derribar helicópteros. ¿Por qué hay armas de guerra circulando clandestinamente por Salta y el resto del Norte argentino?

El papel de Bolivia

El episodio de Piquirenda dejó en evidencia algo que normalmente se busca silenciar: el rol del Ejército de Bolivia en las operaciones de tráfico de armas en la Argentina. Esta vez las autoridades de esa institución tuvieron que admitir que algún tipo de responsabilidad tienen por el ingreso de material bélico en nuestro país, ya que varias de las armas incautadas en esa oportunidad tenían marcas identificatorias del principal cuerpo militar boliviano. 

En más de una ocasión se ha denunciado que Ecuador funciona como puerta de entrada a Suramérica de la inmigración internacional masiva. Gente de Asia, África y Europa desembarca casi sin ningún tipo de restricción en el pequeño país gobernado por Rafael Correa, y desde allí se traslada hacia el norte o hacia el sur del continente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos o la facilidad para atravesar ilegalmente algunas fronteras. Pues bien, mientras que Ecuador ha adoptado el papel de facilitador del ingreso de la inmigración ilegal al continente, Bolivia ha hecho lo propio con las armas.

En 2012, después de una infernal balacera en una ciudad boliviana protagonizada por narcotraficantes y hombres de la Fuerza de Seguridad de ese país, funcionarios de Morales se vieron forzados a reconocer que no ejercen demasiado control sobre la circulación de armas en su territorio. El dato relevante que fue aportado en esa ocasión es que la mayoría de las armas habrían ingresado desde Rumania e Israel. Sin embargo es obvio que hubo una manipulación de la información: la industria de armas de Rumania, que hace algunas décadas atrás llegó a ser una de las más grandes del mundo, hoy en día se encuentra reducida a su mínima expresión; es por ello que, en los últimos 15 años, Rumania no ha estado exportando armas de fabricación propia al resto del mundo, sino que ha estado funcionando como plataforma para triangular negocios.

El Caso Shimon Naor-Hershkowitz lo ilustra: un antiguo miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, tras retirarse en su país, se reubicó en Rumania desde donde consiguió que muchas armas fabricadas en Medio Oriente llegasen con facilidad a destinos del Tercer Mundo. El diario israelí Haaretz, en un artículo de 2010, señaló la multiplicación de casos como el de Naor-Hershkowitz en los últimos quince años. De allí que las armas encontradas en Bolivia en 2012 no fuesen rumanas, sino que eran israelíes pero habían sido exportadas en una turbia triangulación con el país de Europa del Este. Por ello Bolivia puede darse el lujo de declarar “terrorista” al Estado de Israel: sus negociados con ese país no les exigen fingir la existencia de buenas relaciones.

Es el Estado boliviano el que invierte en armas, pero sólo un pequeño porcentaje de lo adquirido se queda en el país. El resto fluye con rapidez en todas las direcciones –excepto hacia el Oeste, en donde Chile se ocupa de restringir y complicar el acceso de lo boliviano a través de su frontera. Las armas que Bolivia envía al norte del continente, atraviesan diversos puntos de la frontera peruano-boliviana con enorme facilidad. Sin embargo es en Bolpebra –triple frontera norte de Bolivia– en donde operan los cárteles de narcotraficantes mexicanos y colombianos interesados en adquirir armas ilegales, y lo hacen junto a toda otra clase de sinarquías ocultas que se dedican a diversas actividades delictivas que van desde el comercio de niños hasta la colaboración con el terrorismo islámico. En ese sentido, Bolpebra es similar a Ciudad del Este en Paraguay.

Ahora bien, en Bolivia hay puntos claves en materia de tráfico de armas perfectamente identificables. Los mismos son Puerto Suárez en la frontera boliviano-brasileña (en donde son frecuentes los intercambios de armas por municiones, ya que en Brasil opera la Companhia Brasileira de Cartuchos, que es la fábrica más grande del mundo en su rubro), Villamayor en la frontera boliviano-paraguaya (en donde se suelen realizar trueques de armas por importantes cantidades de marihuana), y Yacuiba en la frontera boliviano-argentina (en donde, entre otras cosas, se ha vuelto habitual la permutación de armas por vehículos).   

Los inquietantes colombianos

   

El año pasado, en la capital de Salta, un operativo de la AFIP en contra de usureros se topó con cuatro decenas de armas y una importante cantidad de municiones. Algunas de las armas eran de guerra, algunos de los usureros eran colombianos.

En Salta hay una colonia muy grande de colombianos. Ricardo Moreno, Juez Federal de Catamarca, señaló que sólo en los departamentos del norte provincial se han instalado cerca de 2.000 personas provenientes de Colombia. Claro que no por ser colombiano se está necesariamente vinculado al mundo del delito, pero el número de personas de esa nacionalidad atrapadas en actividades delictivas en los últimos cinco años es asombrosamente alto. Y los delitos agotan casi todas las tipificaciones: hurtos, robos, homicidio, contrabando de mercadería, narcotráfico, estafa, lavado de dinero y, claro, tenencia ilegal de armas.

Lo curioso de los colombianos en Salta son sus pasaportes. Hay muchos que no tienen problemas en admitir que provienen de Colombia (durante el desarrollo de la última Copa del Mundo de Fútbol se los veía caminando con camisetas amarillas o reunidos en bares para ver los partidos), sin embargo los pasaportes de estos personajes los sindican como ecuatorianos, venezolanos o de otras nacionalidades. Y así como hay colombianos con documentación evidentemente falsa, también hay gente de otras latitudes (mayormente centroamericanos) que ingresan a la argentina con pasaportes colombianos, presuntamente falsificados.

Estos datos le fueron revelados a El Defensor del Norte Argentino por un miembro de la Gendarmería Nacional, al que, para proteger su integridad, llamaremos simplemente “El Informante”.

El destino del mal

Al consultarle al Informante sobre el destino de las armas ingresadas ilegalmente a Argentina, nos aseguró que son cuatro grupos los que se benefician del fenómeno del tráfico.

En primer lugar está el hampa nacional. Los maleantes, ciertamente, son los principales beneficiarios de la porosidad de la frontera Norte. A éstos les interesa adquirir especialmente las armas de calibres más bajos, útiles para realizar asaltos. Aunque hay algunos otros que buscan las armas de guerra, pues se dedican a atacar camiones blindados y ese tipo de objetivos que requieren de un poder de fuego importante para poder doblegarlo.

Junto a los delincuentes que acopian armas para usarlas para robos y ese tipo de delitos (el Informante nos habla de bandas con larga experiencia, muchas de ellas integradas por policías o gendarmes corruptos, algunas de las cuales protagonizan los hechos delictivos ellos mismos y otras sólo alquilan el armamento a quienes optan por el crimen), están las agrupaciones legales o semi-legales a las que también les interesa armar sus arsenales. En este caso ya no sería para atacar a los ciudadanos argentinos, sino para protegerse de posibles ataques externos. El Informante señala a los sindicatos, las barrabravas y ese tipo de organizaciones que cada tanto se ven involucradas en episodios que incluyen balazos. Aquí, según el Informante, se encontraría, por ejemplo, la Organización Barrial Tupac Amaru o la barrabrava de Atlético Tucumán. Estas agrupaciones, muchas veces, le facilitan el acceso a las armas –a través de la venta, el alquiler o la permuta– a gente interesada en delinquir. “Es un negocio extra” nos indica el Informante.  

Sin embargo, ante estos grupos tradicionales de delincuentes, resultan más llamativos los otros dos grupos que estarían equipándose con armas de fuego para sus actividades ilícitas, ya que, según el Informante, serían ellos los más interesados en poseer las armas más letales y dañinas (la munición antiaérea, la granada y la Uzi que mencionamos anteriormente): los narcos y las guerrillas.

En efecto, el Informante destaca que los narcos –gracias a que viven con cierta complicidad gubernamental, como lo probaría, entre otras cosas, el infame traslado del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de Salvador Mazza hacia Aguaray– no han tenido la necesidad de iniciar un enfrentamiento bélico contra el Estado argentino, como si ha sucedido en Colombia o en México. No obstante el problema es que aguardan el cambio de gobierno y la consiguiente reforma en materia de lucha contra el narcotráfico, lo que los obligaría a levantarse en armas. Por ello, como la hormiga de la fábula que trabaja pacientemente para estar preparada para tiempos difíciles, los narcos por estos días se estarían dedicando a equiparse para la guerra, acumulando armas de gran poder.     

Por otro lado el Informante también destaca a las guerrillas: “oficialmente en la Argentina no opera ninguna guerrilla, pero no sería extraño que súbitamente aparecieran”. Hoy en día, con el socialismo en el poder, encontrar una excusa para levantarse en armas es un tanto complicado. Sin embargo en la Argentina existen grupos que podrían estallar “ante la injusticia”: son los ahora llamados “pueblos originarios”.

En Salta, en particular, los aborígenes –en la provincia se usa más esa denominación que la de “pueblos originarios”– sufren no sólo de la marginación del sistema capitalista sino también de la manipulación por parte de toda clase de personajes, que van desde miembros del gobierno que los usan para sumar votos hasta las misiones de las iglesias anglicanas que los ponen en contacto directo con financistas de Londres, interesados en contribuir con el desarrollo de gente que vive sobre una zona rica en petróleo. En Salta los indios locales no tienen el nivel de organización que si tienen los mapuches en Chile, pero coinciden con éstos en que ambos son objeto de especial interés por parte de sinarquías ocultas y visibles de origen británico.

La importación nefasta  

Las guerrillas indigenistas, teoriza el Informante, tendrían por objetivo operar como pantalla para permitir que la ilegalidad de la frontera Norte siga intacta. Un experimento similar se estaría llevando a cabo en Panamá, más precisamente en la región de Darién. El epicentro de estos grupos sería Salta, pero podrían extenderse a otras provincias septentrionales del país.

Los aborígenes salteños se han mostrado predispuestos a protagonizar acciones de carácter guerrillero como los sabotajes: la destrucción de una antena de telefonía de la empresa Telecom o la voladura de una cisterna propiedad del empresario Franco Brunetti son sólo botones de muestra. El temor es que habría la intención de prepararlos para la realización de acciones más violentas como secuestros extorsivos, asesinatos políticos y operaciones de guerra psicológica. De ese modo actuarían como las FARC: con excusas ideológicas, colaborarían para que los narcos desarrollen sus actividades con menor presión. En materia de armas no habría problemas, ya que “mientras que la guerrilla del siglo pasado necesitaba asaltar cuarteles y comisarías para conseguir armamento, hoy en día es tanta la facilidad para obtener un arma en el mercado negro que lo último que se le ocurriría a alguien interesado en formar una guerrilla sería intentar un copamiento saqueador”. 

El Informante nos recuerda que Sergio Schoklender desarrolló un ambicioso proyecto de urbanización en el norte salteño. Antes de que Sueños Compartidos pudiera concluir con las obras que había iniciado, ya se rumoreaba que uno de los barrios que iban a construir se denominaría tarde o temprano “Pequeña Medellín”, puesto que albergaría, principalmente, a colombianos emigrados. No es un secreto el vínculo de Madres de Plaza de Mayo con los movimientos terroristas de América y Europa. Lo que se decía antes de la caída de Schoklender es que en un solo lugar se concentrarían gente de las FARC, Sendero Luminoso y otras bandas de esa calaña que saben mucho de hacer la guerra pero poco sobre vivir en paz. Al día de hoy, la “Pequeña Medellín” existe, sólo que no ha sido oficialmente erigida por Schoklender y, por tanto, se encuentra fragmentada y dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ángela Micaela Palomo

El arte salteño de la impunidad

Los cadáveres politizados

El homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni dejó al descubierto que Salta es una provincia insegura para los miles de visitantes que espera atraer anualmente. La horrenda violencia que sufrieron esas dos mujeres, además, causó un tremendo aturdimiento social –que, tristemente, terminó alimentando a las sinarquías hembristas en sus cruzadas por imponer sus agendas ideológicas.   

El gobierno salteño, conciente de toda la repercusión negativa que el crimen generaba, apuró la investigación judicial para evitar que la impunidad reinase (impunidad que suele ser lo normal para otros casos similares). Así, tras casi tres años de procesamiento, finalmente se condenó a prisión a Gustavo Lasi. Los jueces fueron durísimos: lo sentenciaron a pasar los próximos 30 años detrás de las rejas. Sin embargo quedó claro que Lasi no actuó solo, sino que tuvo cómplices que también violaron y asesinaron. Daniel Vilte y Santos Vera, dos hombres a los que se los sindicaba como los cómplices de Lasi, fueron sometidos a juicio y terminaron absueltos por falta de pruebas en su contra. Una vez conocido el fallo, Jean Michel Bouvier, el padre de una de las víctimas, señaló que en Salta hay culpables que están libres.

Algunos acusan al gobierno de Juan Manuel Urtubey de haber ejercido una imprudente presión contra el Poder Judicial provincial que terminó fomentando el error. El periodista Daniel Chocobar, uno de los que avala esta idea, recordó que, en julio de 2012, ante el conmocionante hallazgo de los cadáveres de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el Gobernador también sugirió apresurar la investigación, por lo que se determinó que aquello se trató de un “pacto suicida”, conclusión que no termina de cerrarles a miles de salteños.

Dudas y certezas

Cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la quebrada de San Lorenzo a fines de julio de 2011 se dijo que llevaban apenas unas horas de muertas. Luego, tras diversas pericias, la fecha del deceso de las francesas fue cambiada al 15 de julio. Ese hecho anunciaba que el evento produciría más dudas que certezas.

Como el estado de descomposición de los cadáveres era escaso para alguien que llevaba casi dos semanas sin vida a la intemperie, y debido a que las mujeres llevaban desaparecidas la misma cantidad de días, de inmediato se pensó que o bien las mujeres estuvieron en cautiverio o bien los cuerpos, tras ser asesinados, fueron retenidos y conservados en algún lugar antes de ser arrojados al espacio silvestre.

La línea oficial de investigación, la que siguió el Juez Martín Pérez a cargo de la causa, planteaba como hipótesis que unos lugareños habían interceptado a las francesas, sólo para violarlas y asesinarlas, abandonando luego sus cadáveres en medio de la tupida vegetación sanlorenceña. Así dieron con los que serían después los imputados, a quienes incluso les secuestraron objetos que pertenecían a las víctimas.

Otras hipótesis fueron descartadas. Una, que hasta llegó a ser defendida por la Diputada Provincial Liliana Mazzone, sostenía que las francesas eran investigadoras académicas que estaban redactando un informe sobre la malversación de fondos destinados al desarrollo social entre las comunidades aborígenes de Salta (hipótesis un tanto descabellada, que tiene menos verosimilitud que la posibilidad de que se haya tratado de un narcoajuste); la otra hipótesis, que fue mencionada en el juicio, es que a las mujeres las habrían atacado en un barrio privado de San Lorenzo, en el interior de una de las tantas mansiones que allí se ubican, quizás como efecto de una fiesta desmadrada.

La esquiva verdad

El juicio para determinar las responsabilidades de los actores del caso dejó muchos interrogantes abiertos. El más notorio de ellos fue sobre los resultados de ADN. Los peritos argentinos indicaron que la evidencia de que Lasi y Vera habían violado a las francesas era innegable; los peritos de Francia, en cambio, pusieron en duda que Vera haya ultrajado a las mujeres asesinadas, y señalaron además que habían encontrado ADN femenino en el área genital de los cadáveres, algo que nuestros peritos jamás mencionaron.

Esta discrepancia y anomalía se explicó afirmando que las muestras que llegaron a los laboratorios de Francia estaban alteradas, pero la noticia no tardó en asociarse con la foto de una mujer anónima que apareció en una de las cámaras de las víctimas. Al principio, por lo que manifestó el propio Bouvier, se creyó que la imagen correspondía a una mujer de nacionalidad francesa que trabaja como funcionaria provincial, gracias a que Francisco López Sastre –antiguo Ministro de Medio Ambiente– le facilitó el acceso al puesto público, aun sin demostrar idoneidad para ello. Luego esto fue desmentido (una joven en Buenos Aires entregó a la Embajada de Francia unos anteojos de sol similares a los que lucía la mujer en la misteriosa foto, diciendo que ella los había encontrado tirados en las sierras salteñas durante una visita a la provincia). Y, como si no fuera suficiente la presencia de francesas disimuladas, una vecina de San Lorenzo declaró que unos días antes de que se encontrasen los cadáveres recibió una extraña llamada telefónica en la que una mujer, con tono desesperado, le dijo en francés algo que no entendió por no hablar el idioma.

De todos modos eso no fue lo más llamativo en este asunto. Unos días antes del inicio del juicio, Luís Sarmiento murió apuñalado en una gresca, en lo que se creyó que se trataba del asesinato de un testigo clave. Sin embargo este individuo no estaba vinculado al caso. Quien si lo estaba era su hermano Miguel Sarmiento, un muchacho que, ante el tribunal, aseguró haber visto como la policía plantó el arma homicida cuando le allanaron su casa a Daniel Vilte (él, junto a Rodrigo Bautista –un oficial que sostuvo que los proyectiles hallados en la escena del crimen también fueron plantados–, enturbió lo que se había promocionado como una investigación impecable).

Vilte, uno de los imputados que terminó absuelto, fue también apuñalado durante una pelea con otro interno en la cárcel. De los tres acusados, Vilte fue el que más enérgicamente negó haber realizado aquello que se le atribuía haber hecho (durante el juicio se dijo que Daniel Vilte había abusado de un niño, lo que hace sospechar que la policía, operando intuitivamente, lo buscó por sus antecedentes de presunto violador).

Sin embargo algo sobre lo que se enfatizó poco en las diversas audiencias fue el Caso Piccolo. Néstor Piccolo era el Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta; él fue el responsable, entre julio y noviembre de 2011, de conducir la pesquisa para dar con los violadores y homicidas. A Piccolo no lo apartaron del caso, simplemente apareció muerto, con un tiro en la cabeza. Se estableció que el deceso del policía fue por un suicidio, pero siempre quedó en el aire la duda sobre la veracidad de ello. Durante el juicio su nombre apareció varias veces, pero la evocación del fantasma no motivó absolutamente nada entre las autoridades judiciales.

Ficciones

Conocido el veredicto de los jueces, toda Salta sintió un sabor amargo en la boca. Las críticas no se hicieron esperar: Martín Pérez y los miembros de la Brigada de Investigaciones se llevaron la peor parte, acusados de ser vergonzosamente incompetentes. También se señaló la extraña actitud del condenado Gustavo Lasi (Bouvier lo tildó de “psicópata”): nadie puede asegurar si está o no encubriendo a alguien.  

Jean Michel Bouvier, un típico sesentiochista, retornó a su país aparentemente sin rencor, satisfecho por haber visto que los derechos de los acusados fueron respetados, y pidiéndole al Estado argentino que ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres y que trabaje para que se eviten los apremios ilegales a los imputados. Mientras tanto, en Argentina, más de uno aprovechó el episodio para forzar algunas conclusiones. El sociólogo Pedro Marcelo Ibarra es ejemplar en ese aspecto: consultado por el diario tucumano La Gaceta, Ibarra indicó que la actitud estoica de Bouvier provocó cierta empatía en la sociedad salteña y que ello es positivo, pues a partir de ahora muchos estarán dispuestos a reclamar justicia con la misma entereza y templanza que el francés, ya que además el juicio –al no caer en lo de condenar a los perejiles sólo para contentar al público– habría demostrado que en Salta es posible gozar de los derechos elementales por más poder superior que se vea afectado a causa ello. O sea, para Ibarra, lo bueno de todo esto es que la mancha sobre la imagen internacional de Salta que Urtubey trató velozmente de limpiar sigue estando. Y como si regocijarse de ello fuese poco, Ibarra aprovechó para empujar su propia agenda: aseguró que en Salta es ridículamente amplio el contraste entre el escenario turístico y el escenario cotidiano, y que mientras esa brecha no se reduzca (mejorando, claro, las condiciones de vida de la población salteña) entonces se está en peligro de brotes de racismo y machismo que serían un resabio colonial.

Lo de Ibarra parece oportunismo ideológico ante una tragedia impune. En este sentido lo suyo es similar a, por ejemplo, la reflexión que las12, el suplemento hembrista del pasquín Página/12, publicó después de conocida la sentencia del juicio. Allí se pinta a Lasi como un producto del patriarcado falocrático que atacó a dos mujeres que caminaban por la quebrada de San Lorenzo porque, simplemente, entendió que puede hacerlo. Es decir, para las12 –como para las hembristas en general– no hubo un doble homicidio sino un doble feminicidio: dos mujeres fueron violadas y asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres y de haberse cruzado con viles machistas que fueron programados culturalmente para atacar a toda mujer que se vea indefensa. Es tan absurda esa conclusión (sobre todo porque el propio texto sugiere que todo indica que Lasi no las atacó en donde se dice que fueron atacadas) que terminan mezclando el caso con crímenes pasionales recogidos en un libro de Selva Almada que en nada se parecen a lo que sucedió en Salta.

Quien usa la ficción de un modo más acertado es Sergio Olguín. Olguín es un autor que escribió Las extranjeras, una novela que trata de una periodista que investiga el doble homicidio de unas turistas foráneas en Tucumán. Olguín, astutamente, relaciona el hecho a casos como el de María Soledad Morales o Paulina Lebbos, vale decir a casos de asesinatos en el marco de fiestas protagonizadas por miembros de las familias poderosas de la región.

Personalmente, si yo tuviera que elaborar una ficción a partir de este caso, emplearía a personajes pertenecientes a la fauna progresista como asesinos. Suena más creíble.

Ángela Micaela Palomo

Postales de la narcolonización del NOA

A la espera de resultados

A Pastor Humberto Maurín lo detuvo la policía a principios de enero de este año por comercializar paco en Villa Juanita, un barrio marginal de la ciudad de Salta. El lunes pasado Maurín –conocido popularmente por el apodo de “Vaca Mala” que obtuvo en sus años como boxeador profesional– fue juzgado y condenado a pasar los próximos cuatro años en prisión. Lo destacable de este caso es que se trató de la primera causa por narcocomercio que resolvió la Justicia de la provincia de Salta, ya que dicha atribución correspondía anteriormente a los juzgados federales.

Salta adhirió a la Ley 26.052 en julio de 2013. Dicha ley modifica a la 23.737 –otra famosa norma conocida como la Ley Nacional de Estupefacientes– estableciendo que los cuerpos judiciales provinciales pueden emitir sentencia en los casos de “narcomenudeo”, o sea en los casos en que una persona le entrega droga a otra en una dosis destinada directamente para el consumo. En su momento, tras ser aprobada la adhesión, el Diputado Provincial Javier David del Frente Salteño se mostró escéptico ante los supuestos beneficios que promueve la ley, señalando que la provincia no contaba con la infraestructura necesaria para combatir al microtráfico de drogas. Sin embargo, varios meses después, el Juez Federal Raúl Reynoso elogió la nueva medida adoptada, asegurando que ello generará un gran alivio en su tarea (la actitud de Reynoso quizás se explique recordando que el año pasado fue duramente criticado tras haber liberado a una treintena de microtraficantes para no ser acusado después de haber negado los recursos de habeas corpus).

Eduardo Sylvester y Pamela Calletti, ministros de Gobierno y de Justicia de Salta respectivamente, manifestaron su satisfacción ante la condena de Maurín, sugiriendo que ella es la primera de muchas. No obstante suena un tanto ridículo que un par de funcionarios festejen que un puntero vaya a prisión por orden de la Justicia provincial cuando es muy probable que, de haber caído en la órbita de la Justicia federal, al delincuente le hubiese sucedido lo mismo. Encarcelar gente es la última acción en la lucha contra el narcotráfico; ante lo que los funcionarios de una provincia limítrofe deberían celebrar es en el haber conseguido que el gobierno nacional tape los enormes agujeros fronterizos que el delito utiliza para crecer.

Ahora bien, mientras la provincia de Salta ya puso en marcha lo que la Ley 26.052 dispone, la provincia de Tucumán recién este mes ha decidido adherir a dicha norma. La movida ha generado numerosas críticas. Quien mejor las expone es el periodista Álvaro Aurane de La Gaceta: según este escriba, los políticos tucumanos han acatado la ley pero no han planificado absolutamente nada sobre cómo hacerla operativa. Es decir, hoy en día, la Justicia tucumana padece de una escasez de fiscales, lo que hace que sólo el 10% de las causas penales promovidas anualmente sean resueltas; a eso se le suma que la provincia carece de un equipo policial destinado a combatir el narcotráfico y tampoco posee centros de rehabilitación para atender a los consumidores detenidos. Aun así los legisladores provinciales han optado por obligar al Estado tucumano a emprender una lucha intensa y desgastante.

Aurane subraya además que no son claros los motivos del Gobernador Alperovich para ordenarle a su tropa parlamentaria que marque este nuevo rumbo. En principio se supone que la adhesión a la Ley 26.052 inyectaría importantes cantidades de dinero de la Nación en la provincia para financiar la infraestructura policial, judicial y penitenciara que debe de crearse (y no hay que olvidar que, junto a la insuficiencia judicial y a la insolvencia policial, el actual déficit penitenciario tucumano es gigantesco); empero otros distritos que ya transitaron el camino de Tucumán han asegurado que el gobierno nacional lo que menos ha hecho ha sido girar fondos para atender ese asunto. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo? Según Aurane todo se trata de obsecuencia: la Casa Rosada quiere compartir el penoso fracaso en su lucha contra el crecimiento del narcotráfico y contra el avance de la cultura de las drogas, por lo que deposita un problema en las provincias leales que, en realidad, es enteramente su responsabilidad.

Los miembros del Poder Judicial tucumano reaccionaron de manera distinta ante la nueva iniciativa contra el narcotráfico. El Camarista Federal Ricardo Sanjuán manifestó su apoyo a la idea ya que supone que ello ayudará a descomprimir su labor, en tanto que el Fiscal Federal Gustavo Gómez sostuvo que se está creando un problema muy grave al divorciar la tarea nacional de la provincial a la hora de combatir al tráfico de drogas (cabe aclarar que Sanjuán y Gómez son algo así como rivales, debido a que uno y otro han demostrado cultivar posiciones muy divergentes a la hora de abordar asuntos judiciales relacionados al daño del medio ambiente).

Ante las críticas, José Alperovich indicó que la nueva normativa se encuentra en periodo de pruebas, y agregó que tras analizar la evolución de su efectivización durante el año (léase tras medir cuánto rédito político puede llegar a obtener él al dar la sensación de estar combatiendo a los narcos mientras se cierran kioscos y se encierra a punteros) decidirá aplicarla en 2015 o prorrogarla hasta quien sabe cuando.  

La guerra contra la Hidra

En Jujuy, a diferencia de Salta y Tucumán, la adhesión a la Ley 26.052 todavía es un proyecto en ciernes. Lo curioso de esa provincia es que las propuestas para imitar a sus vecinas provienen no del oficialismo, sino de la oposición, ya que ha sido el Diputado Provincial Pablo Baca de la UCR quien más ha presionado para que Jujuy asuma su rol judicial y policial en la lucha contra el narcomenudeo.

Baca, por supuesto, busca que el Poder Judicial se amplíe y que la Policía Provincial se especialice, para que de ese modo la persecución contra los criminales sea eficaz. De todos modos las buenas intenciones de individuos como el citado parlamentario poco pueden hacer contra las duras críticas que han emitido algunos expertos en la lucha contra el delito.

Básicamente lo que muchos hacen es recordar que la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir a la Ley 26.052 y desde entonces el narcotráfico no ha parado de crecer en aquel territorio. Al principio, la Policía bonaerense se lucía deteniendo a los punteros, pero ello sólo logró que el narcokiosco fuese sustituido por el narcodelivery. Así, hoy en día se ven ir y venir a cientos de jóvenes en motocicletas a toda hora; cuando se los detiene, debido a la escasa cantidad de droga que llevan consigo, son candidatos ideales para que los jueces los califiquen de “consumidores” y en cuestión de semanas estén nuevamente en las calles. Por ello querer combatir al narcotráfico de ese modo es como querer derrotar a la Hidra cortándole las cabezas.

La evidencia que muchos se resisten a ver

Más allá de las críticas de los expertos, es comprensible que los gobiernos de Salta o Tucumán busquen dar algún tipo de respuesta a una tragedia que cada día se vuelve más visible. Porque el consumo de drogas no para de crecer en la Argentina, afectando tanto a los ricos como a los pobres, destruyendo familias e incrementando los niveles de violencia cotidiana. Hay barrios donde todo el mundo puede señalar quienes son los que venden droga y a quienes se la venden, pero poco se hace en contra de esos personajes.

Salta es un buen ejemplo de lo que es la narcolonización contemporánea. Recientemente el Fiscal Federal José Luís Bruno estimó que cerca del 80% de las causas por narcotráfico en Salta están radicadas en el norte provincial, lo que ilustra lo terrorífica y decadente que es el área fronteriza en nuestro país. Sin embargo esa situación no es exclusiva del olvidado norte salteño: en el sureste de la mismísima ciudad de Salta, concretamente en los barrios Ceferino y 20 de Junio, una ONG alertó que 8 de cada 10 menores de edad están peligrosamente vinculados a la droga. De allí que el caso de un adolescente en Metán detenido con una gran cantidad de cigarros de marihuana listos para vender en la escuela a la que asiste no resulte tan escandaloso como debiera de serlo.

Una de las cosas más tristes de este asunto, es que los responsables más visibles de este escenario no tienen ni un gramo de vergüenza. Un ejemplo de ello es Claudia Román Ru, la actual Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia de Salta. A su repartición, la Sindicatura General de la Provincia le hizo una auditoría que resultó lapidaria: varios millones de pesos llegan anualmente a la Secretaría, pero es notoria la ausencia de acciones estratégicas destinadas a ayudar a las personas adictas, ya que la falta de protocolos específicos y la pobrísima gestión de la información recabada sobre el tema hace que quede en evidencia la grotesca improvisación que debe tolerar una persona a la que la droga le está consumiendo la vida en Salta. Gustavo Farquharson, el antecesor de Román Ru en el puesto de Secretario, sostuvo que el creciente caos en materia de recuperación de adictos es culpa de la incompetencia de la actual responsable en el área. Román Ru –la aludida por Farquharson– prefirió contestar a las críticas que le hicieron desviando la discusión hacia otro lado, destacando que es urgente que Argentina avance hacia la legalización de la marihuana para desestigmatizar a las víctimas de la adicción y colocarse a la par de los países más “progresistas” de la región.

La droga, evidentemente, circula por el NOA con pocas restricciones. Si es cocaína entra a través de Bolivia y si es marihuana lo hace a través de Paraguay (aunque no siempre es así), e inicia su periplo hasta Buenos Aires, dejando rastros en todo el país. Normalmente la droga, al momento de ingresar, ha sido previamente procesada en Bolivia, Perú, Paraguay u otro país, pero en otras ocasiones a las plantas las convierten en el producto listo para el consumo aquí mismo. El Secretario de Seguridad de la Nación, el médico Sergio Berni, generó una polémica al contradecir al Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, quien había declarado que Argentina era un país productor de estupefacientes. Berni, para evitar el blanqueamiento sincericida, señaló que para producir droga es necesario permitir los cultivos de coca, cáñamo u otras plantas que, en nuestro país, están prohibidos. El Juez Reynoso, asombrado ante esas declaraciones, le recordó a Berni que ambos habían visitado hace no mucho un laboratorio clandestino hallado en el Chaco salteño en donde se acopiaba coca y se elaboraba cocaína. El Comisario Marcelo Lami, Jefe de la Policía de Salta, intentó desautorizar a Reynoso, apuntando que él, que es el responsable de controlar el territorio provincial, en todos sus años de servicio jamás había oído sobre la existencia de ese tipo de establecimientos, intentando con ello demostrar que la experiencia personal del propio Juez no sirve para ensuciar al país de la “década ganada”.   

La cruz sobrecargada

El tópico de la narocolonización que sufre la Argentina llegó al debate público hace unas semanas, después de que la violencia propia del mundo de las drogas golpease con todo su horror en los bosques de Palermo. Tuvo que ser asesinado alevosamente un delincuente colombiano en los jardines de la Metrópolis para que la prensa comience a parlotear seriamente acerca de algo que en lugares como Salvador Mazza se vive a diario y desde hace bastante.

La Iglesia Católica había intentado instalar el tema el año pasado. En noviembre último, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que manifestaban su preocupación por el sólido matrimonio que existe entre la corrupción y el narcotráfico, lo que provoca que la muerte impere allí en donde debería de triunfar la vida. El texto generó incomodidad en el gobierno nacional, que, acto seguido, ideó una salida que creyeron brillante: designar a Juan Carlos Molina, un sacerdote católico, al frente del SEDRONAR, un organismo estatal dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de lucha contra la drogadicción.

Unos meses antes, en julio, el propio Papa Francisco había repudiado a los mercaderes de la muerte, dejando en claro que la liberalización de las drogas le parece aberrante. Sin embargo la interpretación del mensaje papal que hicieron los políticos argentinos es diferente: ninguno comenzó una campaña para intentar detener el cabildeo drogón que llevan a cabo Aníbal Fernández, Victoria Donda, Eugenio Zaffaroni y personajes de esa calaña, y si, por el contrario, aprovecharon el asunto para utilizarlo como una oportuna plataforma para intentar llegar hasta el Papa (y hasta la gente que escucha más lo que proviene desde el Vaticano que lo que se dice desde aquí).  

Quien ha explotado oportunistamente a la preocupación de la Iglesia Católica por el combate contra la esclavitud de las drogas ha sido Miguel Isa, actual Intendente de Salta y autoproclamado candidato a gobernador de su provincia para 2015. Isa ha apostado a contratar a José Di Paola, un supuesto “cura villero” de buena relación con el Papa Francisco, para que organice acciones contra el consumo de drogas y el narcotráfico que han demostrado ser tan vistosas como ineficaces.

De cualquier modo hay sacerdotes que no callan lo que es obvio: su rol ante las drogas es limitado, ya que la Iglesia Católica no es una agencia especializada en seguridad y salud; son los políticos, los jueces, los gendarmes y los policías los que deberían presentar la batalla contra los males del mundo.

El Partido Narco

La política argentina parece estar invadida por sujetos peligrosamente cercanos al mundo de las drogas. Salta es pródiga en ejemplos. El caso más reciente es el de Héctor D’Auria, pero antes de él están Federico Parra, Ulises Durán y Arturo Cifre (y el recuento que hago abarca solamente los últimos tres años). A quien se sindica como el pionero de la narcopolítica salteña es a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de la provincia y actual senador nacional en segundo término. La Diputada Nacional Elisa Carrió apuntó contra el caudillo afirmando que el referente salteño de Massa y Macri heredó de su padre el puesto de organizador de una importante red de narcotráfico. 

Pero Carrió no se limitó a señalar a Salta como sede del narconegocio en la Argentina, también indicó que Santiago del Estero se ha convertido en un lugar desde donde se facilita el ingreso, la producción y la distribución de drogas. Quizás Carrió aludía a todo lo que rodea a Humberto Salim, el Intendente de Frías sospechado de tener vínculos con los narcotraficantes, pero tal vez lo que la parlamentaria intentaba era golpear un poco más arriba en la jerarquía de poder de esa provincia.

Otra dirigente de peso que alertó sobre la importancia del NOA en la circulación de la droga en la Argentina fue la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. Lo que la lideresa del GEN dijo es que mientras se intenta instalar que Santa Fe es la base de operaciones de los narcos en la Argentina, se olvida de que Tucumán hace una contribución enorme en el asunto. Algo de razón tiene la congresista, ya que si bien en esa provincia no se multiplican los casos de narcofuncionarios como sucede en la vecina Salta, no faltan sospechas sobre lo que realmente hacen los hombre del poder.

Los hermanos Orellana son el blanco predilecto de dichas sospechas. Este mes Sergio Massa visitó el Jardín de la República para iniciar la construcción de una base provincial para el Frente Renovador. Durante su estadía en Tucumán, el Diputado Nacional visitó Famaillá, el feudo gobernado por los Orellana. Antes de concretar la visita, el mismo entorno de Massa le sugirió que no aceptase la invitación, pero el bonaerense no hizo caso. Unos días después al mismo intendente que recibió al líder opositor un grupo de concejales famaillenses lo acusaron de ser la versión local de Pablo Escobar.

Es fácil pensar que la acusación contra los Orellana son meras chicanas politiqueras, pero no hay que olvidar que los hoy convencidos massistas fueron fervientes kirchneristas hasta hace poco, lo que hace pensar que el narcotráfico en Tucumán no está ligado a los opositores únicamente.

Para contrabalancear políticamente la acusación de narcopolíticos que les han hecho a los Orellana, basta con recordar que uno de los hijos de Alperovich, el mes pasado, fue señalado por Juan Suris de ser una suerte de cómplice. Suris es un sujeto acusado no sólo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y tráfico de personas, que saltó a la fama cuando fue detenido en el departamento de su novia, la vedette uruguaya Mónica Farro. Más tarde varias escuchas telefónicas al tal Suris se dieron a conocer, y allí afloró la referencia a uno de los vástagos del gobernador tucumano. Por supuesto que el clan hebreo negó toda relación con el imputado y preparó una coartada tan inverosímil como válida para una Justicia corrupta como la nuestra.

Pero si hay alguien emblemático en lo de multiplicar sospechas en Tucumán por sugerir la existencia de un narcopoder ese es Pedro Hugo Balceda. Balceda es un hombre del PJ que ahora es líder de Cambio Moral, un partido provincial cercano a la UCR. En 2009, mientras oficiaba de legislador provincial por su anterior partido, declaró ante la prensa que había una connivencia entre narcotraficantes y autoridades estatales en Tucumán. Al poco tiempo se desdijo y luego su carrera política se vio trunca. Hoy en día Balceda se ha vuelto un paladín en la lucha contra las drogas, y hasta ha llegado a exigir que tantos los políticos como los policías presenten rinoscopías para que la ciudadanía conozca más sobre sus aficiones e intereses. Su interesante propuesta, pese a tener el positivo antecedente de Chubut, ha sido categóricamente ignorada.   

Ángela Micaela Palomo

Explíquenos Señora Trimarco

Los turbios millones

En los últimos días en Tucumán asistimos a un intercambio de chicanas entre el Legislador Provincial Ricardo Bussi y el abogado “trimarquista” Carlos Garmendia. Todo comenzó cuando se supo que la ONG que regentea Susana Trimarco optó por no recurrir la sentencia que la Sala II de la Cámara Penal había emitido sobre los hermanos María Jesús y Víctor Rivero en 2012. En efecto, en diciembre del año pasado los trimarquistas consiguieron que diez de los trece absueltos en 2012 fuesen finalmente condenados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: entre los tres omitidos se encuentra una proxeneta ya fallecida, y los dos personajes citados, que, según la propia Trimarco, resultan ser nada más y nada menos que los autores materiales del secuestro de su hija.

Hubo mucha especulación en torno a esta situación curiosa. Ricardo Bussi, sin proponer ninguna teoría, simplemente señaló que resultaba llamativo que una mujer que despotricó numerosas veces en contra de los Rivero decida, de repente, dejar de hacerlo justo cuando podía conseguir la justicia (o la venganza) que tanto anhela.

Carlos Garmendia, el jefe del equipo jurídico de la Fundación María de los Ángeles, no tuvo mejor idea que responderle atacando al mensajero y no al mensaje, así que tildó a Bussi de “injuriador” y sacó a relucir el currículum vitae del padre del político, como si ello tuviera algo que ver con todo este asunto.

Bussi, ante una contestación tan torpe (producto de alguien que no tiene argumentos ni fundamentos), replicó: no sólo recordó que los tucumanos votaron repetidamente a su padre, sino que además volvió sobre su huella indicando que la ONG de Trimarco factura de modo poco transparente grandes fortunas mensuales gracias a la “generosidad” de diversos gobiernos como el Nacional, y los de Capital Federal, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Córdoba, y, por supuesto, Tucumán. No satisfecho con ese golpe tan certero, Bussi agregó que el Caso Lebbos sigue aún impune y que la madre de Marita Verón bien podría contribuir con su resolución si realmente le importase ayudar a alguien que no sea ella misma.

Garmendia, otra vez haciendo gala de su impericia para los intercambios dialécticos, contestó señalando que Bussi lleva 20 años viviendo del Estado –olvidando, claro, que esa pervivencia es producto del voto popular– y que sus chicanas eran producto de “la envidia”.

El ataque de Bussi a la banda de Trimarco no es novedoso: ya en septiembre, por ejemplo, el Legislador aprovechó la oportunidad para criticar a la Fundación María de los Ángeles por no rendir cuentas sobre qué es lo que exactamente hacen con los millonarios subsidios que reciben. En ese momento el hijo del fallecido Gobernador comparó a Susana Trimarco con Hebe de Bonafini y, con buen tino, sostuvo que el dinero que alimenta al engendro trimarquista debería destinarse a las áreas de Seguridad, Salud y Educación.

La película de terror inconclusa

Las críticas de Bussi pegan en el costado más visible de la ONG de Trimarco. Todos en Tucumán han visto a la mentada señora paseándose en costosos vehículos y comprando ropa y accesorios femeninos nada baratos. Por ello la sospecha de que a la Fundación María de los Ángeles le sobra el dinero es algo generalizado en la provincia. Sin embargo poco se dice sobre el costado menos visible: las funciones que cumple y las tareas que realiza. A mi me interesa esto en particular, ya que es un tema escasamente abordado pero no por ello menos irregular que las finanzas de la ONG.

Para ilustrarlo me gustaría hablar sobre el Caso Mariana Yapur. A mediados de enero, una joven de 21 años tomó el colectivo de la línea 5 en la esquina de Don Bosco y Félix Olazábal y luego no se supo de ella por cinco días. Los familiares de Mariana Yapur, la joven en cuestión, recurrieron a la Fundación María de los Ángeles, que rápidamente inició una campaña para difundir la fotografía de la mujer extraviada en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. La histeria creció velozmente y, con los días, hubo hasta un piquete en la Avenida Mate de Luna reclamando la aparición de la joven. Finalmente el 16 de enero Yapur regresó a su hogar, supuestamente tras haber sido arrojada desde una camioneta en las cercanías del Parque Avellaneda.

Lo inquietante del Caso Yapur es que la joven contó que fue secuestrada cuando ayudó a una mujer embarazada a bajarse del colectivo en el que viajaba. Aparentemente esa mujer era cómplice de unos secuestradores, que la introdujeron a un auto con vidrios polarizados y la llevaron a un galpón en donde la tuvieron maniatada durante varios días junto no a una, ni dos, ni tres compañeras de cautiverio, sino con ¡otras ocho mujeres!

El relato de Yapur, sin dudas, es espeluznante. Pero tiene un final feliz… o algo así. Sucede que, según su narración, los secuestradores decidieron liberarla, reintegrándole sus dos teléfonos celulares y todas las pertenencias que tenía al momento de salir de su casa, incluyendo su ropa. Yapur llegó a su casa “confundida”, fue asistida por miembros de la Fundación María de los Ángeles, se resistió a realizarse un examen médico, asentó la denuncia en una comisaría y luego, aunque le habían pedido que no lo hiciese, destruyó pruebas.

Con sólo poseer un mínimo de sentido común cualquiera puede darse cuenta de que hay algo por demás extraño en el Caso Yapur. Más allá de la actitud cuestionable de la joven (similar, en cierto sentido, a la famosa jujeña Nuria Nieva Ocampo), su relato nos informa de ocho mujeres –todo un harén– completamente cosificadas. ¿Acaso no es eso terrible? ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que ocho mujeres, ocho personas provenientes de familias trabajadoras como los Yapur, están siendo retenidas en contra de su voluntad quien sabe con qué fin? ¿Es posible tanto machismo y maldad en pleno siglo XXI? ¿No sería conveniente allanar todos y cada uno de los galpones de San Miguel de Tucumán y sus alrededores para liberar a esas víctimas? ¿El vecino tucumano no tendría que entrar en pánico? 

En Jujuy, cuando Nuria Nieva Ocampo se fugó de su hogar, no sólo la Justicia sino también la prensa actuaron como se esperaba que actúen: unos investigando y demoliendo las patrañas inventadas por la aspirante a víctima, y los otros mostrándole a la gente que no existen los secuestradores que salen a cazar jóvenes al azar para alimentar las redes de trata de persona en el NOA. Tucumán, en cambio, cuando tuvo en el Caso Yapur a su propio Caso Nieva Ocampo su Justicia y su prensa hicieron lo contrario: archivamiento de la causa por un lado, y silencio total por el otro.

En Tucumán las cosas suceden y nadie explica nada. Por ello la provincia parece ser escenario de una película de terror, una película de terror de presupuesto multimillonario, dirigida por una mujer a la que el oportunismo y la ambición, tristemente, la han tornado siniestra.  

Ángela Micaela Palomo

Pánico y locura en Tucumán

El uniforme deshonrado

Si por estos días alguien visita el penal de Villa Urquiza en San Miguel de Tucumán, comprobará una incómoda verdad: la cárcel alberga a varios policías. Y no se trata de oficiales a los que se los acusa de haberse desempeñado de manera irregular –violando algún tipo de procedimiento estandarizado para el combate contra el crimen–, sino de gente sospechada de haber cometido los delitos que se supone que deben evitar.

Los casos son varios: miembros de la Brigada Norte acusados de exigirle una coima de treinta mil pesos a un sospechoso agricultor chaqueño; agentes de la Brigada de Investigaciones acusados de emplear detenidos para realizar robos en countries; un ex-comisario de Lules acusado de tener una camioneta “melliza”; y otro importante funcionario policial acusado de estar involucrado en el asalto al shopping Solar del Cerro.

Esta realidad deja entrever que la Policía de Tucumán está infectada de corruptos que devalúan la imagen de la institución ante la sociedad. Para intentar enmendar ello, se ha establecido en la provincia una línea telefónica anónima, para que los ciudadanos puedan realizar denuncias en contra de los miembros de la fuerza. Ciertamente aún es imposible medir el éxito de esta iniciativa, la cual, por ahora, sólo muestra que el gobierno sabe perfectamente que la situación policial se les ha ido de las manos.

Circo 9 de Julio

En este escenario desfavorable para la política de seguridad del gobierno estalló el Parque 9 de Julio. Fue después de que se difundieran dos rumores de violación. En el primer caso, una estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (situada en el interior del Parque 9 de Julio, junto a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Odontología, en una zona conocida como Centro Prebisch) denunció haber sido raptada en la intercepción de las avenidas Benjamín Aráoz e Irineo Leguizamo, justo frente a la cámara de vigilancia que no captó nada acerca del asunto, pese a haber ocurrido a las tres de la tarde en un día de semana, momento en el que decenas de automóviles y peatones transitan por el lugar. Aparentemente la joven fue obligada a subirse a un auto que llevaba los vidrios polarizados, fue violada en un lugar que no se ha especificado y, concretado el acto, fue llevada por los presuntos agresores hasta la puerta del Centro Prebisch, desde donde la joven atravesó con la ropa rasgada los pasillos de la Facultad hasta entrar en un baño en donde fue hallada llorando.  

Y como si no fuera lo suficientemente inverosímil ese caso, al poco tiempo otra joven aseguró haber sido violada en las inmediaciones del Centro Prebisch a las once de la mañana, luego de ser interceptada por un pervertido mientras iba camino a la Facultad de Odontología a sacar un turno de atención en los consultorios gratuitos del lugar. La diferencia de este episodio con el anterior es que la joven, tras haber hecho la denuncia, le confesó a la policía después que lo suyo no era más que una patraña inventada por ella: todo se habría tratado de una aventura sexual que la joven mantuvo con su novio quien, a su vez, era un completo desconocido para los padres de la falsa víctima, y de allí habría surgido la necesidad de levantar falso testimonio.

Estas pastorcillas mentirosas no fueron un problema, sino que el problema aquí comenzó cuando los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y los de la Facultad de Psicología decidieron tomar los respectivos edificios en donde funcionan esas ramas de la UNT en protesta por la inseguridad que se ven obligados a sufrir. La policía, mientras investigaba los opacos hechos, sugirió que la flagrante falta de pruebas los hacía suponer que todo se trataba de un asunto político interno. Ante esta hipótesis más que plausible, los estudiantes universitarios reaccionaron de la peor manera.

Por supuesto que la toma de las facultades no tardó ni un segundo en desviarse en cualquier dirección posible, sumándole al reclamo de mayor seguridad toda una serie de peticiones que buscan convertir a una universidad pública en una suerte de espacio de lujo y confort totalmente gratuito para quien la frecuenta. Pero más allá de eso, lo interesante es observar toda la histeria que se generó alrededor del asunto: las redes sociales se llenaron de comentarios de hombres sin hombría y de mujeres al borde de un ataque histérico que pedían mayor presencia de policías en el parque, pero también mayor calidad policial.   

La prensa puso su grano de arena a la hora de alimentar la paranoia persecutoria: Miguel Velardez, un experimentado “periodista” de la sección de policiales del diario La Gaceta, escribió que “no fue ningún discurso lo que vivió ayer una joven, de 22 años, en el parque 9 de Julio [se refiere a la muchacha que se desdijo el mismo día en que su artículo salía publicado]. A las 11 transitaba por la avenida Benjamín Aráoz y fue violada en la zona de "El Lago San Miguel". Esa noticia no fue una paranoia de los medios. El hecho existió, la denuncia está escrita, el miedo quedó instalado.”

Quizás lo peor de todo esto es que se cae en la perversa práctica de sexualizar el delito para espectaculizarlo. Es decir, la zona del Parque 9 de Julio registra casos reiterados de vandalismo, prostitución de homosexuales, hurto y venta de droga, pero en lugar de plantear una estrategia para reducir ello (identificando y neutralizando a los delincuentes, que van desde los habitantes del Pacostán, hasta los gitanos y los propios estudiantes universitarios) se propone trabajar en cuidarle la vagina a ciertas mujeres de la agresión de un pene imaginario.

Yerba Brava

En la localidad de Yerba Buena la violencia no es imaginaria como en el parque 9 de Julio, sino que es bien real. Por estos días la sufren especialmente los vecinos que poseen comercios en la zona, ya que se ha desencadenado una ola de asaltos. El acontecimiento es extraño, porque se produce justo después de que se hiciera público el enfrentamiento entre el Gobernador José Alperovich y el Intendente Daniel Toledo, debido al paupérrimo desempeño que en esa localidad tuvo el Frente para la Victoria en las últimas PASO. Circula mucho rumor sobre la intención de Alperovich de que Toledo renuncie a su cargo para poner en su lugar a gente más próxima a su riñón político. 

Sabiendo que entre las filas de la policía provincial hay numerosos corruptos infiltrados, entonces no es una locura pensar que la ola de pánico que sufre Yerba Buena no tiene por origen la sola iniciativa del hampa. 

Ángela Micaela Palomo