La violencia es parte constitutiva
de la política argentina. Y cuando digo “violencia” no me refiero solamente a
las constantes agresiones verbales entre partidócratas, sino también a las
agresiones físicas: cuando fallan los contubernios, las prácticas gangsteriles se
multiplican. Jujuy, por ejemplo, es una provincia modelo en relación a ese fenómeno.
Allí, en lo que va del año, se
registraron varios episodios vergonzosos: en febrero varias sedes de la UCR fueron empapeladas con imágenes
en las que Gerardo Morales aparecía junto a Alberto Nisman anunciándole al
candidato jujeño un destino similar si no renunciaba a sus aspiraciones políticas;
poco después, a principios de marzo, el auto del Diputado Provincial ultrakirchnerista
Germán Noro fue dañado con una piedra; y la semana pasada la casa de Oscar
Jayat, un Concejal de Libertador San Martín, fue atacada con una bomba de gas tóxico.
Ciertamente en todos los casos
revolotea la idea de los autoatentados realizados para ganar publicidad
gratuita, ¿pero qué pasa si no fue así?
En junio dos hombres atacaron con saña a Orlando Gutiérrez, un vocal de la comisión municipal de Pampa Blanca, provocándole
la muerte. Luego de ello ingresaron al domicilio de su víctima y se llevaron
dinero en efectivo y otros bienes que había en el lugar. El gobierno provincial
rápidamente desestimó el asunto anunciando que todo se había debido a un penoso
acto de robo. Los familiares de Gutiérrez descreen de esa hipótesis y señalan que el hombre fue víctima de la violencia política.
El Caso Gutiérrez tuvo una escasísima
repercusión a nivel nacional. La prensa hizo más escándalo por las fotos de Juan Mazzone semidesnudo que por este crimen aberrante. Creo que cada vez que
muere un político el tema debe ser investigado hasta las últimas consecuencias,
debido a que, aún si se tratase de un hombre perteneciente a un municipio
pequeño y perdido en medio de los valles jujeños, el caso puede ser la punta de
un ovillo, pues, en definitiva, los homicidios gratuitos son acontecimientos raros.
Creo yo que el motivo por el que la
violencia está tan arraigada en la cultura política de Jujuy es porque ella es
una sincera manifestación de la pésima calidad de los hombres y las mujeres que
se desempeñan como políticos. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a la
lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria local: en primer
término está Guillermo Snopek, alias “Quico”, un hombre proveniente de una
dinastía de políticos, cuya última trapisonda consiste en intentar colocar a su esposa como jueza antes de que se produzca el recambio político en la provincia; en segundo término aparece Carolina Moisés, alias “Botellita”, una morocha
sampedreña, hija de un viejo caudillo, que, aún con sus ínfulas de embajadora, no
puede dejar de provocar vergüenza al no poder dejar de jugar a los autitos
chocadores en las rutas y calles de la provincia; y el tercer lugar de la lista
es para Cristian Arnau, alias “Nabo”, hijito de uno de esos bárbaros que
politizan las universidades nacionales, referente vernáculo de La Cámpora y promotor desde el PAMI del genocidio de nuestros ancianos. Mientras esta lacra, mientras esta clase de seres infames sean la
norma y no la excepción de la política, a Jujuy no le queda más que sentirse
condenada.
Francisco Vergalito
