Un fallo insólito: ¿un
juez masón?
En junio de 2010 una ONG llamada
“Asociación por los Derechos Civiles” patrocinó a un grupúsculo de salteños en
la presentación ante la justicia provincial de un amparo que cuestionaba el
hecho de que en las escuelas de educación primaria de gestión pública se
obligase a los niños a rezar y asistir a clases de religión. A fines de febrero
de este año, el juez Marcelo Domínguez emitió un fallo referido a este asunto.
En el mismo, básicamente, se establece que el Estado salteño a partir de ahora
deberá adoptar las medidas necesarias para que las escuelas públicas de la
provincia suspendan la imposición de prácticas católicas a sus alumnos, y
también dispone que la enseñanza religiosa que se imparta a futuro deberá
realizarse de manera neutral, imparcial y objetiva, respetando la libertad de
conciencia de los estudiantes sin que necesariamente éstos se vean obligados a
revelar sus creencias religiosas.
La medida causó revuelo. Una
coalición de descarriados y cristofóbicos salió a festejarla como un paso más
para la implementación de su particular agenda sociocultural. Al mismo tiempo,
representantes de la
Iglesia Católica y Apostólica de Roma emitieron un documento
en donde manifestaron su desagrado ante las acciones impulsadas por Domínguez.
Ramiro Simón Padrós, el Fiscal de Estado, intervino en nombre del gobierno
provincial promoviendo un pedido de aclaratoria, con el propósito de que el
juez Domínguez especifique según su interpretación qué es exactamente aquello
católico que debe ser erradicado de los centros educativos que dependen
directamente del Estado salteño.
Algunas aclaraciones
Muchos católicos aprovecharon la
oportunidad para opinar públicamente acerca de este asunto. El Padre Jimeno,
sabiamente, dijo que si el estado de catolicidad del pueblo salteño está
actualmente en un periodo crítico, una medida como la sugerida por el juez
Domínguez sólo serviría para agudizar la decadencia en la que vive toda una
sociedad que, influenciada por poderes siniestros, le da la espalda a Dios y
cierra sus corazones ante Cristo.
Por su parte el Padre Méndez
advirtió que Domínguez –un profesor de la carrera de Derecho en la Universidad Católica
de Salta– estaría incurriendo en una suerte de curioso vedetismo al generarles
prensa a los provocadores que trabajan por la abolición de la búsqueda de la
virtud individual y de la justicia social. Concretamente este sacerdote
católico diferenció entre “prácticas religiosas” y “prácticas de culto”,
señalando que si bien no hay obligación de que las últimas tengan espacio en
las escuelas, es algo que está tolerado en la costumbre y en la tradición, y no
afectan a los terceros ya que éstos están habilitados para omitirlas sin correr
el riesgo de recibir algún tipo sanción. Textualmente el Padre Méndez dijo: “el
fallo del juez no modifica nada, solamente genera una confusión entre las
prácticas religiosas y las de culto y no queda claro a qué tipos de prácticas
se refiere, pero la legislación sigue siendo muy clara y es la que estaba”. Con
ello dio a entender que, desde su posición de juez, Domínguez está tomando
decisiones equivocadas e incitando el conflicto entre católicos y
cristofóbicos.
La propia ONG Asociación por los
Derechos Civiles avaló parcialmente al Padre Méndez tras manifestar que el
pedido realizado por ellos (que consistía en el requerimiento de cese inmediato
de las clases de religión y la eliminación definitiva de la materia de los
currículos educativos) no fue considerado por Domínguez tal y como ellos lo
habían planteado.
Entonces es obvio que nos
encontramos aquí ante el caso de un juez que quiere quedar bien con Dios y con
el Diablo, y termina fallándole a ambos por optar permanecer gravitando sobre
la zona gris de la indecisión disfrazada de neutralidad. Tomando en cuenta
esto, se podría afirmar que para Domínguez la justicia no se trata de que cada
uno reciba lo que merece, sino más bien de que nadie reciba nada.
Laicidad o Muerte
Quienes festejaron con bombos y
platillos el polémico fallo fueron los representantes de la colectividad judía sionista de la provincia de Salta. Al igual que los judíos sionistas de Tucumán
que presionaron incansablemente para que la imagen de la Cruz y la imagen de la Virgen María fuesen suprimidas del pabellón provincial, los judíos sionistas de Salta –junto a la
masonería local y a sinarquías semejantes– habían convertido a la eliminación
del catolicismo de las escuelas públicas en una causa inclaudicable.
Todos estos sectores se encolumnan
detrás del estandarte del laicismo. El laicismo es un concepto inventado por la
masonería con el fin de atacar a la Iglesia Católica, restarle influencia y allanarse
así el camino al poder aniquilando a sus objetores. En efecto, históricamente liberales
y socialdemócratas han apelado a esta idea para producir lo que se conoce como
“separación de la Iglesia
y el Estado”, especialmente en aquellos países en donde la mayor parte de la
población es católica. Así sucedió en Francia en 1905 y luego en España durante
1931. Ambos eventos, ambas “revoluciones laicas”, no escatimaron en
cristofobia, pues los promotores de la acción se apoyaron en un violento
sentimiento anticlerical que se tradujo en auténticas persecuciones a
cristianos por el solo hecho de profesar su fe. En México incluso se llegaron a
desarrollar las guerras cristeras entre 1926 y 1929, que no fueron otra cosa
más que combates fraticidas motorizados por el odio anticristiano de la élite
que en aquel momento gobernaba al país centroamericano.
En la Argentina la mentada
“separación de la Iglesia
y el Estado” fue un proceso que tuvo lugar a partir de 1880, durante la
presidencia del tucumano Julio Argentino Roca. Aquí la masonería no obró de un
modo tan hostil a como lo había hecho en otras partes del mundo, pero ello no
implicó automáticamente colaboración entre las partes.
En los países de mayoría
protestante la historia fue diferente. La Iglesia de Suecia permaneció adherida al Estado
hasta el año 2000, la Iglesia
de Inglaterra, en cambio, jamás se ha separado. Cabe la pregunta entonces: ¿por
qué sucede esto? Y la respuesta está vinculada al desarrollo del capitalismo.
En la Ética protestante y el espíritu del
capitalismo, el pensador alemán Max Weber demuestra que algo como el
capitalismo sólo podría haber emergido exitosamente en países que defendiesen
los valores protestantes, puesto que los valores inculcados a la gente en los
países católicos difícilmente podrían degenerarse en algo tan perverso como el
sistema capitalista.
El autor francés Alexis de
Tocqueville se hizo célebre luego de haber redactado un informe sociológico
acerca de la sociedad estadounidense de la primera mitad del siglo XIX. Lo que
maravillaba a este hombre era el hecho de que en ese país (de tradiciones
protestantes) la política y la religión tendían siempre a cooperar la una con
la otra, en lugar de oponerse. La fundación de la República en
Norteamérica no incluyó enfrentamientos significativos contra las autoridades
religiosas, como si había sucedido con la fundación de la República en Francia por
culpa de los nefastos eventos de 1789.
De ello se deduce que el motivo
por el que el catolicismo y el capitalismo han chocado está en que el uno no
tolera al otro, puesto que cada uno se construye sobre un conjunto de valores
que, en muchos casos, son antitéticos: mientras el catolicismo quiere la
salvación del hombre, el capitalismo pretende lo contrario. Los
fundamentalistas de la laicidad son los que adoran el carnero de oro más
cercano; ellos sólo constituyen una gran masa de lacayos del Maligno que hacen
voluntariamente el trabajo sucio por él.
El peso de la identidad
El periodista Luis Caro Figueroa
es uno de los tantos saduceos que han felicitado a Domínguez por su decisión de
emitir un fallo confuso que aparenta jaquear al catolicismo en Salta. Sus
argumentos repiten todos los clichés de los desviados que se hacen llamar
“progresistas”. Por ejemplo Caro Figueroa dice:
“De esa sociedad uniforme, casi monolítica, de la que antaño formamos
parte, apenas si quedan rastros. El pluralismo, la diversidad y la fragmentación
son los signos de los tiempos, y por ello ya no es legítimo pensar que el peso
de las minorías en el conjunto -aun el de las más minúsculas- es tan
insignificante como pretenden las mentalidades uniformadoras, por no llamarlas
totalitarias.”
Según esta lectura, el pasado
habría sido una época de homogeneidad y el futuro, en cambio, será una época de
heterogeneidad. El problema de esta postura (que es el caballito de batalla de
los progresistas contemporáneos) es que resulta absurdamente simplista. En
primer lugar porque interpreta al pluralismo y a la fragmentación como algo en
esencia positivo, ocultando que aquí funcionan como sinónimos de algo infausto
como lo es la “atomización”; y, en segundo lugar, porque una mirada como esa legitima
al relativismo, que no es más que un vicio teorético al cual las mentes más
luminosas de la cultura occidental vienen intentando eliminar con el desarrollo
de algo llamado “ciencia”.
Pero lo peor del discurso de Caro
Figueroa (y de aquellos muchos que piensan como él) es este tipo de
expresiones:
“El juez ha honrado su profesión al enseñarnos que las leyes existen
precisamente para gobernar a las costumbres y evitar que éstas, por muy
extendidas y antiguas que sean, se coloquen por encima de los valores de la racionalidad
legal sancionada por la soberanía popular.”
Las leyes no existen para
gobernar las costumbres. Las leyes existen para que comportamientos indeseables
no se conviertan en costumbres. Cuando una ley apunta a prohibir algo que es
una costumbre ampliamente aceptada entonces se está en presencia de un
totalitarismo (del mismo modo que las leyes que están pensadas no para prohibir
sino para obligar a hacer algo también manifiestan una vocación totalitaria en
quien las emite).
Lo más preocupante de este tipo de
enfoques es que atentan abiertamente en contra de las identidades vigentes, con
el único objetivo de abrir grietas a través de las cuales puedan florecer nuevas
identidades, identidades diseñadas en los últimos cincuenta años para que los
mercados puedan diversificarse y tener mayor alcance. La identidad es, recordémoslo,
la suma de las costumbres más aceptadas y de las tradiciones más sólidas. Costumbres
y tradiciones tienen un fundamento histórico, es decir son fenómenos que llevan
años, décadas o hasta siglos de existencia, por lo que una simple ley nunca es
razón suficiente para que una multitud deje de hacer que determinados rituales,
determinados símbolos y/o determinados conceptos formen parte de sus rutinas.
La ilusión de la igualdad
Uno de los báculos sobre los que
se sustenta el discurso de los fundamentalistas del laicismo es la engañosa
idea de igualdad. Desde su perspectiva, que el catolicismo sea la religión
mayoritaria en la Argentina
es sólo un detalle sin importancia; ellos presionan por un Estado sin religión,
o, en su defecto, un Estado en donde todas las religiones tengan más o menos la
misma dimensión y, por supuesto, un rol secundario e insignificante en la vida
diaria.
El fundamento sobre el que basan sus
ideas es, como ya se ha apuntado, la igualdad. Para los progresistas todas las
religiones son o serían iguales. No importa la incompatibilidad de las
doctrinas, en el fondo todas hablarían de algo así como lo “espiritual” y por
ende todas transmitirían el mismo mensaje. A raíz de ello cada religión (así
sea el catolicismo o el umbandismo, el islamismo o la cienciología) sólo tiene
derecho a ocupar un determinado espacio dentro de la vida pública. El resto
está reservado a la “neutralidad”. El problema más evidente es que esa neutralidad
que postulan los progresistas rompe con la igualdad religiosa, pues mientras
todas las religiones están –según esta manera de pensar– a la misma altura, la
neutralidad es superior a todas ellas. En efecto, en la concepción progresista
del mundo, el laicismo vendría a ser la versión predeterminada de la religión
en toda la población mundial, siendo cada religión particular una desviación
que cada ciudadano del mundo hace a título personal y bajo su propia
responsabilidad.
La igualdad construida desde la
visión de una minoría (la de la minoría laica y progresista) no es más que la
impostura de la ideología de esa minoría sobre el resto de la sociedad. Desde
el punto de vista de estos cuestionables personajes es perfectamente normal
sostener que aquellos padres que quieren una educación con contenidos y valores
religiosos para sus hijos deberían enviar a esos jóvenes a una escuela privada
religiosa, pero es, por el contrario, algo descabellado el sugerirle a aquellos
padres que quieren una educación propiamente laica para sus hijos que envíen a
éstos a una escuela privada laica.
Ellos pregonan la “libertad de religión” pero en realidad apuestan por una sociedad “libre de religión”. A los progresistas no sólo les repugna que se hable de lo religioso, sea en los términos que sea, sino que suponen que impulsando el silencio sobre el tema, entonces la religión habrá de desaparecer. De allí sus esfuerzos por aniquilar todo lo que sepa a religión.
El Ministro de Educación de Salta
Roberto Dib Ashur llamó la atención sobre el hecho de que en la provincia hay
al menos 162 escuelas públicas de educación primaria que han sido bautizadas
con nombres estrechamente relacionados a la religión católica. Si la oración
católica habrá de ser eliminada primero, si la materia religión habrá de ser
depurada para eliminar todo contenido estrictamente católico después, ¿acaso no
se proseguirá eliminando crucifijos y renombrando a las escuelas? Todo ello es
una ofensiva totalmente caprichosa, en donde un grupo de inadaptados sociales
utiliza como arma de ataque aquellos artilugios que la mayoría bondadosa le
confirió para que se defiendan ante un posible atropello.
Las paredes en blanco, el
vaciamiento de símbolos, es una declaración ideológica completamente violenta.
En un país con amplia mayoría cristiana, quitar crucifijos de edificios
públicos equivale a obligar a los ateos a llevar cruces alrededor del cuello.
La consulta popular daría el triunfo a la tradición, pero una decisión
democrática en este ámbito aterra a los profetas del laicismo.
Antonella Díaz
