Mariana Vargas: una entusiasta promotora jujeña del genocidio

Mariana Vargas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo inédito, sentó jurisprudencia para la solución de futuros casos de embarazos productos de una violación y recomendó que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales instrumenten los procedimientos necesarios para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para la prestación de este servicio.

En ese sentido, la Dra. Mariana Vargas, de la Multisectorial de la Mujer, consideró como “un paso muy importante” la decisión de la Suprema Corte, porque “veníamos con mucho debate en distintas provincias en relación a como se abordaban estos temas, con demoras injustificadas que posponían con algunos recursos, la realización de los abortos no punibles”.

Con esta medida, aseguró la letrada que desde esta entidad, se está elevando al Gobierno de la provincia un documento, en virtud de lo que dijo el fallo, exigiéndole se arbitren las medidas necesarias ante la existencia de una mujer violada con embarazo. “Queremos que se lleven a cabo los procedimientos en las instituciones públicas para resolver la interrupción. Eso lo estamos planteando hoy desde esta multisectorial y nos parece que es el momento oportuno para avanzar en estas cuestiones” afirmó.

“Veníamos planteando el tema para que se realice un protocolo de abortos no punibles, e inclusive sin existir los protocolos esa interrupción del embarazo se hiciera en las instituciones públicas, después teníamos la negativa por ejemplo en el hospital Paterson de San Pedro” consideró Vargas.

Este fallo, servirá  para exigir al estado provincial que garantice las condiciones para la práctica de abortos no punibles en los distintos centros asistenciales de salud. "De no ser así, vamos a tener mujeres que van a caer en la red de abortos clandestinos y cuando no se tiene plata se termina en situaciones muy gravosas para las mujeres” dijo la abogada.

Al ser consultada sobre la opinión de Iglesia Católica de no permitir estas prácticas, Mariana Vargas consideró que  “La verdad, la iglesia tiene que revisar su posición. En realidad lo que tiene que dedicarse es ver qué hacen con los curas pedófilos que es un gran problema en todo el mundo. Me parece que el problema aquí no es qué opina uno u otro. No importa en estas cuestiones las ideas de cada uno, que obviamente son respetables y la podemos debatir, pero aquí se trata de un derecho que es el derecho de una mujer que ha sido violada a interrumpir un embarazo. Por lo tanto se oponga o no se oponga la Iglesia, ese derecho tiene que ser garantizado para su ejercicio por el estado”.

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Marihuaneros al ataque: intentaron incendiar la casa de un policía en el barrio 25 de Mayo

Varios miembros de la patota Los Juniors intentaron incendiar la casa del cabo de Policía Sergio Rojas, en el barrio 25 de Mayo, ubicado en la zona sudoeste del macrocentro, el pasado martes durante la madrugada.

El uniformado habló con El Tribuno sobre lo sucedido. “Vivo en este barrio hace tres años; cuando llegué vi que este grupito se juntaba siempre fuera de mi casa, a fumar porros y a tomar. De buena manera les pedí que no lo hicieran allí, porque todo el olor se mete por mi ventana. Desde ese día comenzaron las agresiones constantes, los insultos y las amenazas de muerte”, relató.

“El martes, a las 23, escuché que las chicas que viven debajo de mi casa estaban gritando. Cuando les pregunté qué les pasaba me dijeron que un tal Fatín, miembro de la patota Los Juniors, comenzó a masturbarse frente a ellas, mientras conversaban. Cuando se dieron cuenta de lo que hacía el sujeto, entraron corriendo y este tipo se quiso meter en la vivienda pateando la puerta”, explicó.

Rojas continuó con su narración: “Cuando salí comenzó a insultarme: 'Cana p..., te voy a cagar matando y también te voy a quemar la casa'. Lo perseguí y en la esquina nos agarramos a golpes, pero se me escapó”, agregó. “Después, alrededor de las 2.30, me despertó un ruido y cuando miré por la ventana vi a un sujeto que tenía la misma ropa que Fatín y que se iba corriendo. Simultáneamente, vi una enorme llamarada. Era un colchón que ardía y que esa persona había dejado en la puerta de mi casa. Automáticamente, salí y apagué el fuego, con ayuda de todos los vecinos de la cuadra, quienes habían llamado al 911 y a la comisaría 2, ellos lo buscaron pero no lo hallaron”.

Por otro lado Rojas dijo: “Tengo problemas con esta gente desde hace mucho porque pedí más patrullaje, iluminación y seguridad en la zona. Hace unos meses escribieron en todo el frente de mi casa: 'Te vamos a matar'. Yo hice la denuncia y vinieron los de Criminalística, pero la causa quedó archivada por falta de mérito. Los vecinos tienen miedo y se quedan siempre callados”.

“Este Fatín tiene muchos antecedentes por robo calificado. Hace unas semanas, con un cuchillo, asaltó a un remisero y estuvo preso por homicidio. Es muy violento y fácil de reconocer porque está lleno de tatuajes y tiene una lágrima impresa en el ojo izquierdo”, agregó.

“Estoy pensando seriamente en cambiarme de casa. Temo por la seguridad de mis hijos y de mi esposa. Todos me tienen identificado y las amenazas no paran”, finalizó.

Por otra parte, periodistas de El Tribuno intentaron dialogar con los vecinos, pero estos se negaron a hablar sobre la violenta patota Los Junior, por miedo a represalias.

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Tucumán: la escandalosa impunidad que no escandaliza al poder

Tres casos sintetizan qué significa la impunidad en Tucumán: el secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002, el asesinato de Paulina Lebbos en 2006 y las muertes de María Silvia de Marchese y Domingo Marchese (h) producto de una coalición automovilística causada por Gustavo Jiménez, hijo del Ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez. En cada uno de ellos, las imbricaciones entre el poder y la impunidad han sido profundas. 

 

Aunque no es un problema que se circunscribe al universo alperovichista, también lo incluye. Y con gran énfasis. Pero también se amplía para traer a la escena al ex gobernador, Julio Miranda y envuelve a diversos funcionarios judiciales, policiales y del poder político.

Alberto Lebbos, padre de Paulina y referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, contó a el periódico que cuando su nieta le pregunta por qué la causa de su madre no avanza, él le explica que es por la impunidad. “¿Cómo le explica qué es eso?”, se le consultó. “La impunidad es obra de gente muy malvada, gente que tiene intereses por otros lados, particulares y que no hacen las cosas que tienen el poder de hacer. Los que están en el poder, los que detentan el poder, tienen el poder de hacer. Ellos deciden si hacen bien o mal las cosas. La impunidad es hacer el mal y no tener sanción”, definió.

El poder se pone al servicio de la impunidad. La comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad ha recogido en 6 años más de 200 casos que no encuentran resolución ni respuestas en la justicia. La policía, sospechada. Funcionarios judiciales, sospechados.

José Alperovich, gobernador de la provincia, titiritero de los tres poderes, es apuntado como el principal responsable de esta situación. Además de sus reuniones con fiscales y sus supuestos llamados a jueces y policías, no ha reglamentado aún la ley de protección al testigo. La norma fue promulgada en 2006.

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Cayó una narcoprofesora junto a otros delincuentes: investigan si la docente vendía la droga en las instituciones en las que trabajaba

Una investigación de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán (Digedrop) permitió concretar en la mañana de este miércoles un operativo en una casa de avenida Mitre y Mendoza que culminó con marihuana incautada y seis personas demoradas.

 

La pesquisa se inició por la denuncia de un vecino hace unas semanas. Desde ese momento, la vivienda, en Mendoza 1.395, comenzó a ser vigilada y este miércoles la fuerza sorprendió a sus ocupantes. Alrededor de las 7, tocaron el timbre y, ante la demora en abrir, los efectivos derribaron la puerta y subieron a la terraza. Allí se dieron con dos personas que, ya en vano, intentaban esconder varios botes que contenían unos 300 gramos de marihuana.

 

Además, la Digedrop secuestró 11 plantas de la droga de más de un metro cada una ubicadas en macetas, plantines y alrededor de 300 semillas, según informó la policía.

 

Por este hecho, fueron demoradas seis personas, de las cuales tres alquilan la propiedad. Son tres estudiantes (de Bioquímica, Fotografía y Comunicación Social, en la UNT), dos amigas y el novio de una de ellas, según publicó Lagaceta.com.

 

De acuerdo a fuentes policiales, una de las demoradas sería profesora de Historia, con cargos en establecimientos de San Pablo, Lules y Yerba Buena. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Justicia, que en las próximas horas decidirá su situación.

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