Eternos sospechosos
contra infortunadas víctimas
La policía existe para proteger a
la comunidad. Su función es doble: esclarecer los ilícitos que se hubiesen
cometido por un lado, y prevenir la comisión de delitos futuros por el otro.
Como guardianes de la legalidad, los policías deben operar mirando lo
acontecido y vislumbrando lo que acontecerá. Esta particularidad genera toda
una serie de discusiones que giran en torno a los límites del poder policial:
¿hasta donde puede actuar la policía para detener a alguien que ha roto las
leyes?, ¿hasta donde puede actuar la policía para evitar que alguien rompa una
ley en el futuro? La respuesta más aceptada por estos días es: “hasta donde no
se vean afectadas las garantías individuales”. El problema es que no todos
coinciden en definir exactamente lo que son dichas garantías, por lo que
constantemente nos encontramos con la dicotomía que enfrenta a la “seguridad
colectiva” en contra de la “libertad individual”.
La dicotomía genera dos partidos
antagónicos: uno que privilegia a la policía y otro que la menoscaba. A partir
de estas coordenadas puede, por ejemplo, leerse la polémica sobre la reforma
del Código Contravencional de Tucumán.
En 2004 un joven fue detenido en
San Miguel de Tucumán por estar alterando la tranquilidad en la vía pública. Como
la Ley Provincialla ONG dedehachehachista Andhes,
aprovecharon la oportunidad para apelar la resolución, argumentando que el Jefe
de Policía no puede obrar imparcialmente como lo haría un juez (y por ello no
debe emitir sentencia), y que el detenido no tiene posibilidad de defenderse
debidamente en una comisaría, por lo que, según su opinión, el Código
Contravencional tucumano es inconstitucional. El proceso judicial se dilató en
el tiempo, hasta que en 2010 la Corte
Supremala Nación –en un fallo que no sorprende dada la ideología de sus miembros– ratificó lo de la inconstitucionalidad y les sugirió a las
autoridades tucumanas que deroguen la vieja reglamentación y elaboren una
nueva.
La propuesta de la Corte Supremala Nación estimuló el debate y
así se llegó al presente, época de numerosos proyectos pero de escasas
concreciones. Ricardo Bussi, Legislador Provincial por Fuerza Republicana,
señaló que el nuevo Código Contravencional debe ser un instrumento que le
facilite a la policía su tarea de prevención de delitos. Tal opinión fue
aplaudida por la propia Policía Provincial de Tucumán, quienes, a través de sus
asesores, elaboraron un anteproyecto de Código Contravencional en el que se le
quitan algunas atribuciones judiciales a los oficiales, pero se les permite
operar en las calles con amplia libertad en contra de todo aquello que
consideren un foco problemático.
En las antípodas de la idea de
que el Código Contravencional debe funcionar como un elemento para combatir la
delincuencia se encuentra la posición del camporista Jesús Salim. Este colega
parlamentario de Bussi señaló que el mentado código tiene por fin promover el
orden en la convivencia social. La diferencia de perspectivas quizás parezca
superficial, pero lejos está de serlo: con la mirada preventivista cada policía
está obligado a identificar a los ciudadanos que estén próximos a degenerarse
en sujetos socialmente peligrosos, mientras que con la mirada
convivencionalista el ciudadano es visto por el policía como un individuo que
puede ponerse en riesgo mediante sus acciones. Así, una mirada trata al
delincuente como un enemigo del ciudadano honesto al que se lo debe combatir
para garantizar la paz social, en tanto que la otra lo trata como un simple
descarriado al que hay que persuadir para que no se desvíe del recto camino. De
más está decir que el nivel de tolerancia hacia el contraventor varía
enormemente de un punto de vista a otro: para el preventivista el contraventor
debe ser castigado impiadosamente por introducir el desorden en un ámbito
ordenado, en tanto que para el convivencionalista el contraventor debe ser
considerado compasivamente como una víctima de alguna injusticia social que a
raíz de ello se rebela ante el orden establecido.
De todos modos entre ambos polos
se encuentran las posiciones menos principalistas y más pragmatistas. Como
representantes de las mismas aparecen los también legisladores provinciales
pejotistas Marcelo Caponio y Gerónimo Vargas Aignasse. Este último –consciente de
que la inseguridad es un problema creciente en Tucumán y especulando con su
combate para alimentar su futuro político, pero sabiendo que hay que ser
prudentes para no generar conflictos en el interior de su partido– coincidió
con Salim sobre los propósitos del Código Contravencional, pero dejó la puerta
abierta para que a la policía se le confiera el poder suficiente como para enfrentar
frontalmente a los delincuentes.
Caponio, por su parte, se puso
del lado de Bussi, proponiendo que se castigue a merodeadores y falsos
mendigos, pero mostrando una cuestionable actitud frente a la prostitución (a
la que condena cuando se desarrolla en la vía pública pero a la que, a su vez,
le facilita su existencia en ambientes privados controlados).
El ojo armado
A Caponio los dedehachehachistas
lo acusaron de estar proponiendo la constitución de un Estado policial en el que se criminalice la pobreza. Los mismos sujetos, a su vez, presionan para que los travestidos, los drogadictos y demás escorias sociales dejen de sufrir el hostigamiento que la policía suele ejercer contra ellos para prevenir delitos. Aquí
la defensa de las libertades individuales mezcla a la protección en contra del
abuso del más débil con el ejercicio del libertinaje, o sea que mixtura al
pensamiento social de izquierda socialista con el pensamiento cultural de
derecha libertariana. El debate, por tanto, se desvirtúa, y deja de ser una
cuestión criminológica para volverse política.
De todos modos, dejando de lado
esta tergiversación, resulta importante discutir sobre la efectividad de lo
propuesto. El actual Código Contravencional de Tucumán es juzgado por algunos
como draconiano, ya que aplica sanciones severas para faltas menores, pues se
sustenta en la idea de que con ello logrará desalentar el desarrollo de
conductas desviadas y la creación de malos hábitos, que vendrían a ser el caldo
de cultivo de la delincuencia. Dicho de otro modo la idea detrás del actual
Código Contravencional de Tucumán (artilugio jurídico sancionado en 1980) es
que para evitar la aparición de delincuentes peligrosos es necesario
disciplinar a quienes transgreden las normas más implícitas, ya que se supone
que si uno rompe una barrera moral interiorizada y no sufre las consecuencias de
ello, luego podrá seguir rompiendo otras barreras de la misma índole hasta
devenir un peligro social: al no recibir castigo por hacer algo malo, entonces
alguien puede sentirse seducido por el mal. Esto es la base conceptual de lo
que se conoce como “teoría de la cero tolerancia al delito”. El problema es que
si bien la letra del código promueve la nula tolerancia ante el desorden y el
delito, en la práctica los policías tucumanos no actúan sobre las
contravenciones con mano dura, pues por lo general no están presentes cuando se
producen, dado que su disposición para el patrullaje no contempla el combate
contra los infractores de este tipo (cuando la policía tucumana aplica el
Código Contravencional provincial lo hace porque se topa contra la falta no
porque la salga a cazar).
Roberto Delgado, un periodista de
La Gaceta que suele opinar sobre el cuerpo
policial con gran displicencia pidiendo siempre una absurda “democratización”
de la fuerza, repudió al actual Código Contravencional sosteniendo que “tras
décadas de aplicación de este método no estamos en un mundo más seguro”. Ese
argumento se llama “falacia ad ignorantiam”, puesto que sostiene que
como la delincuencia crece entonces las leyes actuales son inservibles. Lo que
Delgado se cuida de señalar es que nada asegura que con leyes menos rígidas el
delito descienda, ya que el sentido común sugiere lo contrario (si ahora, con
las leyes estrictas actuales, la criminalidad es preocupante, es muy probable
que con leyes más permisivas el escenario sea aún peor).
La mayoría de los que abordan el
problema de la inseguridad desde una perspectiva criminológica y no desde una
perspectiva política coinciden en que el problema no son las leyes y normas
sino su aplicación: el delito es tan común porque faltan policías. Intentando
subsanar este déficit, algunos políticos han realizado propuestas. Así el
Concejal Germán Alfaro reflotó la idea de crear un cuerpo de policía que dependa directamente del Municipio de San Miguel de Tucumán. Los alperovichistas, negándose a reconocer que la inseguridad flagela a la
provincia ante un gobierno pasivo y negligente, rechazaron la iniciativa
sosteniendo que, según nuestra Constitución Nacional, un municipio no puede
atribuirse la facultad de crea una policía propia; los bussistas, por su parte,
también descartaron la idea de Alfaro, señalando que darle una policía a un
intendente inepto como Domingo Amaya podría ser peligroso tanto para los
hipotéticos uniformados como para la sociedad misma; los radicales, en cambio,
estuvieron de acuerdo con la propuesta, pero destacando que consideran
necesario no darle poder represivo a los futuros policías.
En la misma veta, los
Legisladores Provinciales pejotistas Fernando Juri, José Teri y el ya
mencionado Marcelo Caponio presentaron el proyecto de una vieja idea que el propio Juri intentó imponer cuando fue funcionario del gobierno provincial en 2004: convertir a los beneficiarios de planes sociales en vigías urbanos. Y si
a Caponio se lo acusó de criminalizar a la pobreza, a Juri se lo acusa de
enfrentar a pobres contra pobres.
Los profesionales
Las propuestas para combatir al
delito en Tucumán parecen apostar por el incremento de la cantidad de policías,
dejando de lado el tema de la calidad de los mismos. Lo de convertir a los
planeros en una guardia barrial parece contraproducente, ya que se pone a un
proletario a proteger la propiedad ajena, que es como poner a un hambriento a
cuidar la heladera. Más lógico sería que los propios vecinos formen patrullas ciudadanas
para proveer de seguridad y mantener el orden en sus sectores. En muchos países
existen actualmente este tipo de organizaciones (en Escandinavia está la Natteravnene , en el
Reino Unido el PubWatch, en EEUU los Guardian Angels, y en Corea del Norte y la URSS existían,
respectivamente, el Inminban y los Escuadrones Populares Voluntarios en los que
prácticamente todos los ciudadanos participaban para contribuir con el Estado
en su tarea de garantizar la seguridad).
Por otro lado la idea de crear una
Policía Municipal es casi lo mismo que organizar patrullas ciudadanas, pero con
el detalle de promover una participación limitada de la ciudadanía: el
Municipio no le acerca capacitación a la gente, sino que contrata a un grupo de
trabajadores para que oficien de vigías. La tentación de armar a estos
trabajadores para desarrollar tareas represivas es altamente peligrosa, ya que
implicaría agregar una nueva fuerza de control territorial en la provincia. Colombia
es un país que alguna vez tuvo cuerpos de policía municipales y la experiencia
fue desastrosa, ya que la falta de coordinación con el resto de las fuerzas de
seguridad llevó a esas organizaciones a permitirle el acceso a un montón de
personajes nefastos, que terminaron más tarde engrosando las filas de los
ejércitos narcos, llevando consigo una preparación técnica y disciplinaria
adquirida legalmente en las calles y al amparo del propio Estado.
El secreto del éxito policial
consiste en conseguir el control territorial. Una vez que una comisaría ha
delimitado su territorio y ha estudiado los potenciales peligros, identificando
a los sujetos peligrosos y reconociendo los posibles blancos de la delincuencia,
puede cantar triunfo. Empero esa situación es también el origen de la
corrupción policial: en Rusia, por ejemplo, existen jefes comunales que tienen
por función recabar información y controlar que todos los delincuentes y
contraventores que se encuentran en su área no reincidan, ahora bien, si estos
personajes se corrompen, entonces el daño que pueden hacer es enorme, ya que
cuentan con un conocimiento profundo de la situación en la que están y pueden pensar
en muchas maneras de ocultar sus acciones incorrectas.
La clave aquí, creo, es combinar la
idea de que la ciudadanía debe intervenir activamente en garantizar su
seguridad con la idea de que no son los aficionados los que deben combatir al
crimen sino los profesionales. Fernando Chaín, un policía tucumano coordinador
del área de inteligencia criminal, señaló en 2007 que “los resultados [de las
pruebas de suficiencia de los aspirantes a ingresar a la Policía de Tucumán] que se
consiguieron son muy pobres. Se los puede considerar catastróficos. No pueden
resolver problemas elementales”. Y esto no es de extrañar: en la Argentina de hoy, donde
el empleo formal es un privilegio y no un derecho, “policía” se ha convertido
en una salida laboral para todos aquellos dispuestos a tolerar jerarquías y
regímenes de trabajo militaroides en diversos contextos en donde puede llegar a
estar en juego la propia vida. En un país como el nuestro que ha abolido el
servicio militar obligatorio, está claro que sólo los verdaderamente
necesitados están a favor de acercarse a las escuelas de policía, por lo que la
fuerza de seguridad azul se ha vuelto una red de contención de gente sin
aspiraciones más que la subsistencia, o sea de personas sin vocación.
Ante el afianzamiento del narcotráfico y otros fenómenos preocupantes, las propuestas de seguridad no
sólo deberían intentar montar estrategias preventivas que involucren
activamente a la ciudadanía, sino que además tendrían que avanzar en un camino
sobre el que no se está avanzando: la creación de cuerpos policiales
militarizados de elite cuya tarea fundamental sea la de dotar de poder bélico a los
Estados provinciales.
Pablo Ulises Soria
