El Salvaje Oeste y el Barbárico Norte
San Miguel de Tucumán, al igual
que muchas otras ciudades del país, está infestada de motochorros. Pero en la capital
tucumana también hay delincuentes que operan a caballo, justo igual que
aquellos viejos bandidos rurales a los que se los creía extintos.
Hace unos días en el Barrio
Miguel Lillo la policía se tiroteo con dos ladrones que montaban a caballo, y
logró capturar a uno de los malvivientes después de que éste protagonizara una
violenta escena similar a la histórica balacera del O.K. Corral.
En esta oportunidad el
delincuente abatido tuvo la suerte de caer en manos de la policía, ya que los
vecinos no llegaron a acercársele. De haberlo hecho, seguramente le hubiesen dado
una buena golpiza.
Donde si hubo un intento de
linchamiento fue en la esquina de Laprida y Manuel Estrada: dos delincuentes
asaltaron una despensa y se dieron a la fuga; los propietarios del lugar hicieron
sonar una alarma barrial y los vecinos corrieron en su auxilio; un comisario
que vive en la zona disparó contra los delincuentes, logrando herir a uno de
ellos en el pie; la gente se abalanzó contra el caído, llegando a propinarle
algunos golpes, pero el comisario y otro oficial vecino detuvieron a la turba
enardecida.
Mientras la indignación popular
no dejaba de crecer por la intervención de la policía a favor del delincuente
(acción correcta por cierto), se conoció que otro ladrón fue linchado en el Barrio Lincoln, luego de que el malviviente tratara de quitarle el bolso a una
mujer. Las fotos del golpeado circularon por las redes sociales a gran
velocidad y luego, sin ningún pudor, fueron reproducidas por muchos medios de
prensa.
Todo esto ocurrió apenas un par
semanas después de que se conociese un video en el que un policía trataba inapropiadamente a un delincuente detenido. Los periodistas armaron un gran
escándalo por las imágenes, mientras que la gente, en su gran mayoría, se puso
del lado de los oficiales: el argumento era que, de estar frente a un
delincuente, ellos reaccionarían de igual o peor modo; y, al parecer, la gente
no mentía.
Del consejo a la acción
Justo a tres cuadras de Laprida y
Manuel Estrada asesinaron a Iván Senneke en el año 2011. El muchacho de 19 años
volvía de trabajar cuando fue abordado por dos motochorros que, no conformes
con quitarle su mochila, lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. Senneke había
intentado resistirse al asalto.
El Comisario Mario Rojas, Subjefe
de la Policía
de Tucumán, sostuvo que afortunadamente
no se repitió el Caso Senneke, porque esta vez los delincuentes optaron por no
usar sus armas. Y aconsejó que ante un asalto en el que el malhechor esté
armado, el ciudadano víctima debe evitar resistirse. Según él, los delincuentes
de hoy en día son impredeciblemente violentos, pues los efectos de las drogas
y/o su pasado delictivo los vuelve altamente peligrosos (ya que no miden las
consecuencias al actuar).
Esas declaraciones dispararon una
catarata de réplicas de la ciudadanía: hay cientos de casos en donde la víctima
no se resiste y, sin embargo, termina herida o muerta. ¿Entonces como
distinguir al ladrón con códigos del ladrón sin códigos? Eso no es algo que le
corresponda hacer al ciudadano.
La policía no puede darle
consejos a una víctima sobre como obrar en una situación de vida o muerte, pues
en todo caso terminaría teniendo algo de responsabilidad por esos episodios en
donde los delincuentes ejecutan a sangre fría a gente que hasta incluso
colaboró con ellos por temor a no perder la vida.
Lo que la policía debe hacer es
capacitar a la gente para que aprendan a obrar del modo más adecuado posible
cuando sufren un delito o cuando le sucede a alguien más. Hoy en día en Tucumán
reparten alarmas barriales, las cuales suelen ser activadas por los vecinos
cuando se encuentran en peligro. ¿Y qué sucede? No mucho: los vecinos salen a
la calle a ver qué sucedió, y a veces realizan un arresto ciudadano, mientras
que otras veces sólo terminan por convertirse en testigos del crimen.
La idea de que la policía es una
caja negra que debe ser transparentada ante la sociedad para que ésta pueda
fiscalizarla, es sólo la mitad del camino para reinstaurar el orden de
seguridad; lo otro que se precisa es garantizarle a la gente común su derecho a ejercer la legítima defensa de un modo exitoso.
Las nubes gaseosas de los mandarines
Roberto Delgado es una de las
plumas más importantes del influyente diario La Gaceta.
Estela Dictadura ”.
Pues bien, en una columna reciente, Delgado señaló que la sociedad “comienza
a considerar que el [problema del aumento de la violencia] involucra otros
estamentos del Estado [además de la policía], entre otras cosas porque hay
causas sociales profundas, como la exclusión social, tal como planteó el
jurista Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal.” El tal Mario
Juliano al que cita como autoridad Delgado es uno de los epígonos de Zaffaroni más
famosos de la actualidad. Para este personaje (y los miles de imberbes y
peleles que comparten sus ideas) la manera más exitosa de disminuir a la
violencia es a través de la inclusión social. Suponen que en una sociedad más
justa e integradora, la inseguridad no tendrá lugar.
Uno de los bandoleros vivos más famosos
de Tucumán es Germán “Mocho” Zamudio, un sujeto que es hijo de Enrique Zamudio, viejo dirigente del PJ que llegó hasta ocupar un cargo de ministro provincial. El “Mocho”,
evidentemente, no necesita de la mentada “inclusión”, porque ya está más que
incluido; sin embargo este sujeto no para de delinquir. ¿Por qué sucede esto?
Académicos
de la Universidad Nacional
Aquel que agarra un arma blanca o
un arma de fuego y sale a delinquir no lo hace para sobrevivir, lo hace para
gozar de una vida a la que se niega a acceder por el camino del trabajo y del
esfuerzo. Es un problema de valores el que genera la delincuencia más brutal.
Leandro Santoro es uno de los
últimos radicales K que quedan (pero uno de los muchos uceristas progresistas
que día a día se multiplican). Este sujeto, en un programa de televisión,
realizó una espeluznante apología de los presidiarios. Según él, un preso
liberado sufre del desempleo porque los posibles empleadores se niegan a
tomarlo cuando se enteran de sus antecedentes. Entonces eso genera
resentimiento, y ello explicaría no sólo el alto índice de reincidencia del
hampa argentino, sino también el creciente empleo de la violencia.
Semejante sofisma ignora lo
obvio: el delincuente es responsable de su situación, es decir él es culpable
de la suerte que le toca. Una persona resentida es una persona orgullosa, o sea
una persona que no siente vergüenza. El problema de las cárceles argentinas es
que sólo amontonan cuerpos, pero allí no se trabaja sobre las mentalidades de los
detenidos. Los presos argentinos, al ingresar a una unidad penitenciaria, buscan
afiliarse al Vatayón Militante o a pandillas similares, a través de las cuales
pueden convertir a su experiencia carcelaria en un periodo de vacaciones pagas
(que incluye, claro, consumo de drogas y prostitutas, y salidas transitorias
semiclandestinas). Ciertamente una cárcel así no sólo es inútil, sino que además
es perniciosa: actualmente si el delincuente no sale con más ganas de delinquir que antes
para proseguir su carrera en donde la dejó, entonces hace los contactos suficientes
durante su encierro como para devenir barrabrava, puntero o algo en esa línea.
La cárcel, el destino final del
criminal, debe convertirse en escuela de ciudadanía, no de delito. Y para ello es necesario
trabajar con la mentalidad del delincuente quebrándolo psicológicamente para
reintroducirle la capacidad de sentir vergüenza y culpa, y luego reconstruir su
espíritu con los valores del Evangelio y del Martín Fierro. La idea es que cuando retorne a la sociedad, lo haga
arrepentido por haber causado daño y entienda que cualquier cosa es más digna
que el crimen.
Pablo Ulises Soria
