Esperar o desesperarse

La sangre derramada

Una mujer de 26 años espera el colectivo temprano a la mañana en una parada de la avenida Alem. Un malviviente de 23 años la divisa, se le acerca y trata de quitarle la cartera. Sin embargo la mujer se resiste al atraco y golpea al ladrón. Alertada por los ruidos, la madre de la joven sale a la calle y ve la trifulca. Acto seguido le arroja al delincuente algunos objetos contundentes para asistir a su hija en la lucha por su vida. Finalmente el hombre de 23 años desiste y se aleja, dejando caer un cuchillo mientras lo hace. Unas horas después, este energúmeno regresa al vecindario y le profiere amenazas tanto a la mujer que intentó asaltar, como a su familia que buscó defenderla. Las víctimas hacen la denuncia en la comisaría, pero los policías no hacen más que dejar constancia en un papel de que el episodio ha ocurrido.

Cuatro días después, la mujer regresa a su casa en compañía de una prima. Es domingo y no hay casi nadie en la calle, salvo los que retornan de las fiestas y los que salen temprano a trabajar. El malviviente, ahora con un cómplice, reaparece. Apartan violentamente a una de las mujeres –a la prima de la víctima del intento de robo–, y le propinan cinco puñaladas a la otra mujer –a la que había recibido las amenazas.

La mujer es hospitalizada y los familiares retornan a la comisaría. Ellos saben perfectamente quien fue el que intentó asaltar y asesinar a la mujer. Entonces la familia de la víctima, junto a muchos vecinos preocupados, queman gomas y exigen enardecidos la captura del criminal.

La policía sale a buscarlo, pero se demora. Los días corren y no hay noticias del malviviente. Mientras tanto, la mujer internada empeora su situación, y día a día se enfrenta a una lucha encarnizada contra su cuerpo herido por no morir. La familia de la víctima, obviamente, vive sumergida en la inquietud.

El padre de la mujer apuñalada va hasta la Terminal de Colectivos. Mientras espera su transporte, cree divisar al cretino que atacó a su hija. Sin meditar demasiado, extrae un cuchillo de entre sus ropas, se abalanza contra el hombre y le asesta una puñalada en el abdomen. La gente entra en pánico y un grupo de guardias de seguridad del lugar logran controlar y calmar al hombre mientras los policías llegan para detenerlo.

La historia que relaté sería algo así como una historia de venganza (o de justicia por mano propia) si no fuese por el hecho de que el apuñalado no era el mismo que había atacado a la mujer. Ese sujeto, por el contrario, se encontraba refugiado en la vivienda de un familiar, en una zona rural de Tucumán. La policía lo capturará recién unos días después de que el padre de la víctima, convertido ahora en criminal, ingresase a una celda para enfrentarse contra el sistema judicial argentino.

El padre de Jésica, el padre de Paulina

¿Qué debemos pensar sobre estos sucesos? Cualquier padre está dispuesto a sacrificarse por sus hijos, incluso al punto de ejecutar la venganza. Lo del hombre, el padre de Jésica Alderete, no es reprochable. Su historia es la historia de una persona que, desoyendo a su razón, actuó cegada por sus sentimientos. ¿Pero acaso el señor Alderete es un ser poco racional que ha olvidado los principios elementales de la civilización occidental o, por el contrario, es alguien que gracias a que entiende cómo funcionan las cosas en este país hizo lo más lógico que se podía hacer para que se produzca aquello que llamamos “justicia”?

Yo lo entiendo al señor Alderete. Su desesperación es producto de la desesperanza en la que vivimos los argentinos. En un país donde reina la impunidad, ¿acaso es insólito que un hombre quiera tomar él mismo las represalias contra aquellos que le quitaron lo que más quería? Me asombra, de hecho, que en la actualidad haya tan poca gente que obra como el señor Alderete, prueba de que los argentinos aún tenemos más tolerancia de la que deberíamos tener.

El penoso Caso Alderete ocurrió justo cuando la Justicia de Tucumán aseguró que ni el Clan Alperovich, ni nadie cercano a ellos, está involucrado en el Caso Lebbos. Hace nueve años murió Paulina Lebbos, una mujer de una edad parecida a la de Jésica Alderete y que, como ella, también era madre de una nena. Al día de hoy no se sabe cómo murió exactamente ni por qué su cadáver apareció mutilado dos semanas después de que desapareció. Lo que se sabe es que hubo encubrimiento por parte de la Justicia, de la policía y del gobierno de Tucumán. ¿Todos los involucrados entorpecieron el esclarecimiento del crimen para que no reciba un castigo alguien que no está vinculado al Clan Alperovich? Suena absurdo. Y es indignante que siquiera lo planteen. Pero es lo que se sostiene oficialmente.

Imagino que el señor Lebbos debe haber sentido la misma desesperación que el señor Alderete. Pero al hombre lo mueve la esperanza. Esa que los tiranos intentaron quebrarle cientos de veces. Lo admirable en ese hombre es eso: que no sucumbió a la desesperanza, pese a que bien podría haberlo hecho.

Pablo Ulises Soria

Sobre la supervivencia en el Jardín de la República

Un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación develó que el promedio de homicidios en Tucumán está por encima del promedio nacional, signo innegable de que la inseguridad ganó las calles en el Jardín de la República. El problema es que las autoridades provinciales no toman medidas serias para aplacar el flagelo, pues los poderes del Estado conspiran contra un cuerpo de policía que se ha vuelto impopular y lo hacen responsable de las situaciones caóticas que ellos generan. Por ello se ha creado una consciencia entre la ciudadanía tucumana de que la seguridad es un asunto personal, ya que la supervivencia de las familias ante una delincuencia cada vez más violenta parece ser una cuestión que ya no involucra al Estado.

Los buenos samaritanos

Sábado, 17 horas, ruta 38 al sur de Concepción. A la vera del camino, debajo de un Pacará, hay una motocicleta estacionada. Sus dos tripulantes esperan que alguien pase. Cuando otro motociclista finalmente se acerca, los hombres de la banquina lo interceptan. Rápidamente uno de ellos se baja con un arma en la mano. “¡Dame la moto hijo de puta!”, grita el malviviente. El hombre atacado se defiende. Entonces el ladrón hace un par de disparos, uno de los cuales le lastima la mano a la víctima.

Mientras el forcejeo continúa y la violencia desplegada por los delincuentes crece, una mujer grita desde una casa cercana: “¡Ya llamé a la policía! ¡Ya llamé a la policía!”. Los miserables, sabiendo que han perdido mucho tiempo para realizar el atraco, deciden emprender la huída. Suben a su moto y arrancan en dirección a Concepción. Sin embargo, mientras intentan acelerar, otro motociclista que ha presenciado el intento de homicidio en situación de robo a unos 30 metros de distancia saca un arma desde sus ropas, apunta contra los delincuentes y les hace unos cuantos disparos. Tres de esas balas impactan contra el conductor de la moto de los criminales, y el hombre cae abatido, llevando a su vehículo hacia el suelo. El otro ladrón que sobrevive a los balazos justicieros, intenta arrancar la moto, pero no puede. Por ello decide huir a pie a través de los matorrales. Unas horas después este sujeto será detenido. El justiciero anónimo –un policía o ex-policía según se sospecha–, afortunadamente, no ha sido identificado aún. 

La escena descripta, aunque parezca tremebunda, es una escena cotidiana en el Tucumán actual. En una provincia azotada por la inseguridad, los propios vecinos han decidido autodefenderse. Por ello el número de delincuentes arrestados por la ciudadanía se ha incrementado considerablemente este último año. Como es común en nuestro país, no hay estadísticas oficiales sobre el asunto, pero si hay un montón de videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales que, de tanto en tanto, dejan constancia de que un malviviente fue capturado por gente sin placa, arma o uniforme.

Y mientras el fenómeno del combate directo de la ciudadanía contra la delincuencia se vuelve algo cada vez más cotidiano en Tucumán, también la delincuencia crece y se vuelve más peligrosa. En efecto, los hospitales tucumanos sostienen que cada vez es más frecuente recibir en la sala de urgencias a personas con heridas producidas por armas blancas o armas de fuego. Un médico del Centro de Salud señaló que los casos de ese tipo aumentaron un 300% en relación al año pasado. Obviamente los heridos pertenecientes a familias trabajadoras llegan casi siempre como víctimas de robos, en tanto que los heridos pertenecientes a familias planeras son frecuentemente hospitalizados como víctimas de narcoajustes, disputas intrafamiliares mal resueltas, intentos violentos de cobro de deudas y, claro, duelos criollos en contextos urbanos.    

Esa violencia que es producida por individuos que viven sumergidos en la falta de educación, la pobreza y una vida sin un horizonte de sentido ni valores positivos, se ha contagiado a otras personas en Tucumán. Son los violentos los que hacen que gente pacífica reaccione de modo violento. El buen samaritano tucumano normalmente está dispuesto a ayudar a su prójimo en peligro, aun si ello implica poner en riesgo la propia vida.

Cuero tiene el ganado

La reacción de los gobernantes tucumanos ante semejante escenario social ha sido motivo de indignación. El Gobernador José Alperovich, insólitamente, declaró: “La verdad es que hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara. Hay que estar en el cuero de la gente”.

Esas palabras llenas de demagogia fueron rebatidas por el Diputado Nacional José Cano: “Alperovich lleva más de una década con funcionarios que no saben nada de seguridad. Fomentó la impunidad. Toleró el vale todo de las fuerzas de seguridad y de muchos de los dirigentes políticos que lo acompañan con fuertes vínculos con los narcos y los ladrones. Ahora, irresponsablemente, dice que hay que ponerse en el cuero de la gente para entender porqué toman justicia por mano propia cuando ocurren robos sin que ningún policía haga nada. Populismo barato para un inoperante de la más alta escuela”.

Jorge Gassenbauer, actual Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Tucumán, repudió los ajusticiamientos realizados sin intervención policial o judicial, y les advirtió a los ciudadanos que “cuando [desde el gobierno] veamos estas situaciones no las vamos a permitir.” De ese modo este sujeto amenazó a la ciudadanía que ha decidido defenderse: el gobierno está más interesado en perseguir a las víctimas que a los victimarios.

Al tener los conceptos invertidos, no es extraño que Alperovich y compañía hayan concebido un ominoso plan para evitar el caos en el diciembre consumista: sobornar a los posibles saqueadores para que se abstengan de tomar las calles. Lo que se dice un pacto entre delincuentes.

Policías en Inacción

En Tucumán es muy común culpabilizar a la policía por la inseguridad. Se les reprocha estar ausentes de las calles. De todos modos lo cierto es que si hay patrullaje policial permanente, pero, claro, éste no cubre la totalidad del territorio durante la totalidad del tiempo. Entonces los delincuentes procuran encontrar esos intervalos sin vigilancia para efectuar sus fechorías.

Cualquiera es una víctima potencial en el Jardín de la República. En la madrugada del lunes 24 de noviembre una pareja de jóvenes fue asaltada en la calle Crisóstomo Álvarez al 4.400, el vecindario en el cual vive el Gobernador Alperovich. Los custodios del mandatario, al presenciar el asalto, dispararon en contra de los malvivientes, quienes escaparon y fueron finalmente detenidos –con otro tiroteo en el medio– por un oficial de policía a unas cuarenta cuadras de distancia.

Afortunadamente ese extraño episodio terminó con una muestra de la capacidad policial para frenar el delito, pero bien podría haber culminado de otra manera. ¿Qué hubiese sucedido si la bala de uno de los custodios de Alperovich hería o mataba a alguno de los jóvenes que fueron víctimas del asalto? ¿Saldría a la luz que se trata de antiguos agentes de la Mossad contratados irregularmente por el gobierno provincial? ¿O dirían que el que disparó es un policía que estaba haciendo un adicional?

La policía de Tucumán es un perfecto chivo expiatorio: despreciada por la gente (debido al caos que estalló durante las huelgas de uniformados del año 2013) y explotada por los gobernantes (quienes se aprovechan de que no tienen un sindicato que la defienda), la policía suele ser perseguida y amordazada, quitándole de ese modo la autoridad que requiere para cumplir correctamente con su trabajo.

Para ilustrarlo mejor citaré dos casos. Uno es el llamado Caso Núñez y el otro es el Caso Verduguez.  

Pamela Núñez era una mujer de Famaillá, novia de Fabio Abregú, un oficial perteneciente a la Policía Federal. Una noche de noviembre de 2010 la pareja volvía a su hogar después de haber estado en una discoteca. Los acompañaban dos amigos y la hermana de Abregú. En un momento, Núñez abrió la guantera del auto para sacar un CD. Abregú recordó que su pistola estaba allí (la cual se encontraba cargada y sin seguro) y le pidió que se la alcanzase. Al hacerlo, aparentemente hubo un inesperado movimiento brusco del oficial o de su novia que provocó un disparo. La bala impactó contra Pamela Núñez, dejándola en agonía. Los dos hombres (que luego testificarían validando la versión) se bajaron del auto, y los hermanos Abregú decidieron llevar a Núñez al hospital. Alterado por la situación, el conductor del auto perdió el control del vehículo y quedó empantanado. Desesperado porque todo se le iba de las manos –y víctima de la presión que normalmente padecen quienes combaten al crimen–, Abregú se disparó a sí mismo. Su hermana, en un estado de histeria, imitaría su decisión funesta. Finalmente Fabio Abregú sobrevivió a su intento de suicidio y, por ello, fue a juicio.

Cuando era obvio que a Abregú lo iban a condenar a tres años de prisión por el homicidio culposo de Pamela Núñez, los jueces decidieron aprovechar la ocasión para hacer un poco de circo judicial, ya que, por suerte para ellos, se trataba de un “odiado” policía. Invocando la nefasta Convención de Belem do Pará, los magistrados aprovecharon para sumar unos puntos en el ranking de la corrección política condenando a Abregú por “violencia de género”, destinándolo así a vivir en prisión por los próximos 12 años. Para ellos es obvio: un policía torpe y descuidado lleva la violencia en el vientre, y las mujeres indefensas son sus víctimas predilectas. Sólo el camarista José Alfredo Garzia tuvo la valentía de hacer respetar el derecho, evitando aprovechar la oportunidad para que la colonización ideológica del Poder Judicial tuviera un nuevo avance. Por ese motivo este juez señaló que lo de Abregú fue una muestra de conducta irresponsable en el manejo de su arma de fuego reglamentaria y que, ni siquiera forzando el concepto, podía considerar a la situación como dolosa. Su opinión, como no podía ser de otro modo en la Argentina de hoy, fue categóricamente ignorada.

El Caso Verduguez, por su parte, es un ejemplo aún más claro de la persecución contra policías. Una tarde de octubre de 2006 dos patotas de adolescentes habían tomado la vereda del Colegio María Auxiliadora para convertirla en escenario de una batalla campal. Se trataba de las nefastas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón”, dos grupos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media y alta que pasaban sus días consumiendo drogas, robándole a los transeúntes y peleándose con quienes ellos identificaran como enemigos. El oficial Jorge Verduguez, al enterarse del enfrentamiento patotero, intervino para acabar con la trifulca.

Debido a que se trataba de una situación desigual (un policía contra una treintena de jóvenes descontrolados), el oficial quiso amedrentar a los jóvenes mostrándoles su arma. Cuando uno de los cabecillas de la “Banda del Kiosquito” se escapaba, Verduguez lo persiguió con tanta mala suerte que tropezó y emitió un disparo accidental. La bala alcanzó a un joven que estaba presenciando un partido de fútbol intercolegial en el Complejo Avellaneda y lo mató. Por ese homicidio evidentemente culposo, los jueces tucumanos condenaron a Verduguez a 10 años de prisión efectiva.

El padrastro de la víctima, durante el juicio, le reprochó a Verduguez que el oficial les “debía un hijo” a su familia. Pero lo cierto es que quien le debe un hijo a esa familia son los miembros de las patotas juveniles. El episodio del María Auxiliadora sirvió para ponerle un freno a los “nenes” patoteros: el revuelo que causó el crimen hizo que los padres de los jóvenes, finalmente, se hicieran cargo de los energúmenos que habían criado y se pusieran en campaña para sacarlos de las drogas y convertirlos en gente decente. Sin embargo se ve que ello no ha dado frutos, puesto que si los integrantes de las extintas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón” fuesen realmente hombres dignos, durante el juicio hubiesen perdido perdón y hubiesen realizado algún gesto de compensación (como la creación de un fondo indemnizatorio) hacia la familia del joven muerto. Pero en el Tucumán de hoy es más fácil culpar de todos los males a la policía, incluso si es evidente que los oficiales intentan hacer lo que las familias disfuncionales no hacen.

La burbuja judicial

A los policías tucumanos no sólo no se les permite cometer errores, también se los castiga exageradamente por los mismos. Los jueces, por otra parte, trabajan sometidos a un sistema que se ha vuelto cada vez más garantista. Y ciertamente son muy pocos los magistrados que se atreven a nadar en contra de la corriente, temerosos ante la posibilidad de perder su empleo. Es decir dado que el Poder Judicial tiene una organización piramidal, si se coloca en la cima de esa pirámide a jueces garantistas, entonces los jueces legalistas del resto de la pirámide deberán obrar de un modo que no enfurezca a los máximos referentes judiciales, o de lo contrario éstos corren con el riesgo de perder su puesto por contradecir la interpretación de la ley dominante.

Y lo más grave es cuando estos leguleyos togados se niegan a salir de su zona de comodidad. El ejemplo tucumano que ilustra esto que señalo es el rechazo que los académicos del derecho hicieron del proyecto destinado a eliminar la excarcelación de todos aquellos que incurran en el delito de robo en la vía pública. Dicho de otro modo los legisladores tucumanos –atentos por una vez a las necesidades de la gente– quieren que cuando se atrape a un delincuente que ha intentado robar, éste no deje la comisaría antes de lo que la deja la víctima del delito que va a hacer la denuncia, que es lo que normalmente sucede ahora.

Muchos ilustres leguleyos tucumanos han criticado la iniciativa. Sebastián Herrera Prieto y Gilda Pedicone de Valls repudiaron la idea sosteniendo que la prisión preventiva para un arrebatador equivale a una condena anticipada (la cual además, por algún motivo que sólo existe en la mente de los juristas, no serviría para combatir al delito) y desarmoniza el sistema punitivo ya que encierra a alguien por una falta de un tipo y deja libre a otras personas con otro tipo de faltas que vendrían a ser, según su criterio, más graves.

Así, mientras políticos y jueces le ponen trabas absurdas a la policía, los ciudadanos tucumanos dependen cada vez más de si mismos para sobrevivir a la violencia que ha convertido al Jardín de la República en un terreno de hostilidades en el que la paz social se encuentra a punto de colapsar.  

Pablo Ulises Soria

Ley 26.657 o la nefasta reforma en materia de salud mental

La destrucción de la psiquiatría

En noviembre de 2010 se aprobó la Ley 26.657 que modifica la actividad de los psiquiatras en nuestro país, introduciendo la doctrina de los Derechos Humanos como principio ordenador, perjudicando así el desarrollo de la práctica científica para facilitar el control ideológico de la salud mental.

En Tucumán, el gobierno local –después de una fuerte campaña de presión por parte de la sucursal provincial del Inadi– promovió la adhesión a la ley y sumergió así a los psiquiatras en un mar de problemas. Mientras la Senadora Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich se jacta de ser una de las mayores impulsoras del proyecto, cientos de psiquiatras manifiestan en voz baja su preocupación por las modificaciones que deben introducir en sus prácticas laborales.

El cambio más profundo que la ley genera es que prácticamente les quita a los profesionales de la salud la posibilidad de internar a un enfermo que puede dañarse a sí mismo o a los demás. La intención de quienes promovieron la reforma es erradicar los hospitales psiquiátricos y reemplazarlos por la medicación adecuada. El fundamento para esto proviene de la obra de autores como Michel Foucault, Franco Basaglia y Thomas Szasz, quienes –por motivos políticos– equipararon a los hospitales psiquiátricos con las cárceles, y repudiaron la existencia de ambas instituciones.

Desde esta perspectiva toda internación equivale a una privación ilegítima de la libertad. Por tanto se busca que los pacientes psiquiátricos circulen libremente, justo igual a cualquier otro ciudadano. Es la familia del enfermo quien deberá hacerse cargo a partir de ahora de esa persona.

Como los hospitales psiquiátricos tienden a reducirse, a los pacientes con problemas mentales se los envía cada vez con más frecuencia a los hospitales civiles. Allí se supone que recibirán atención por parte de un equipo multidisciplinario, pero, claro, esto rara vez ocurre (sobre todo en Tucumán), por el simple hecho de que los mentados equipos no existen. Es decir en la actualidad hay mucha gente de diversas profesiones (psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales, abogados, etc.) que pululan por algunos hospitales, cobran sus sueldos, pero poco saben acerca de cómo trabajar de modo coordinado, haciendo cada uno aquello que le parece lo más correcto sin la necesidad de buscar la coincidencia de opinión. Los resultados son pocos satisfactorios, y muchas veces hasta contradictorios.

El paciente psiquiátrico en un hospital civil muchas veces incomoda a los otros pacientes, y otras veces los pone en peligro. Ante un paciente desbordado los médicos poco pueden hacer sin riesgo a ser denunciados después. Un psiquiatra me comentó que cuando uno de sus colegas decide retener a un enfermo, normalmente trata de adivinar si tiene o no parientes que lo puedan denunciar más tarde (en Tucumán ya empezaron a aparecer abogados “caranchos” que merodean los hospitales para anoticiarse sobre esas situaciones y convencer a los familiares de los enfermos de hacer la denuncia con el fin de obtener un resarcimiento económico).

Corrupción e hipocresía

Puesto que muchos pacientes psiquiátricos mantienen un vínculo muy frágil con sus familias (o directamente no tienen ningún tipo de relación con ellas), al deshopitalizarse uno de ellos termina deambulando sin ningún tipo de contención por las calles. Para resolver esa situación, el área de salud del gobierno tucumano ha puesto en marcha algo que llama “residencias tutelares”. ¿Qué son estas instituciones? Pues nada más y nada menos que manicomios en pequeña escala, destinados a albergar a toda aquella gente que por no tener una familia quedan flotando en las calles. Refuncionalizan los hospitales psiquiátricos sólo para reducirlos y enviarlos a diversos barrios, en tanto que venden públicamente que han dedehachehachizado a la psiquiatría haciéndola “más inclusiva y menos estigmatizante”.  Absoluta hipocresía.

El Hospital de Salud Mental “Nuestra Señora del Carmen” viene siendo transformado desde el año 2007. Fundado en 1920, la institución fue un casa de alienados de gran importancia que, a partir de 1982, reformuló sus principios para convertirse en un hospital modelo en materia de salud mental en el NOA. Pero desde 2007 la infame Minera La Alumbrera comenzó a inyectarle dinero para remodelar sus instalaciones. En unos pocos años todo cambió adentro del hospital, disminuyendo el número de pacientes internados pero multiplicando el número no sólo de trabajadores de la salud (psiquiatras y enfermeros principalmente, pero también psicólogos, neurólogos, ginecólogos, nutricionistas, dentistas, oculistas, y un largo etcétera), sino también de abogados, trabajadores sociales y educadores de todo tipo que organizan talleres “terapéuticos”, los cuales incluyen actividades como la jardinería, el bordado, algo llamado “expresión corporal” y muchas otras cosas similares que parecen escapadas del catálogo de intereses de Utilísima. Se comenta que el número de profesionales que trabajan allí superan ampliamente al número de gente que atienden, levantando dudas sobre si realmente están haciendo algo por la salud de la comunidad o si algunos pocos sólo coparon una institución pública para acomodar en el universo del empleo estatal a hijos y entenados con títulos universitario.

Las drogas ganan

La Ley 26.657 es promocionada como una obra maestra de la corrección política. Sin embargo es más que claro que hay una relación directa entre la normativa que regula el abordaje de los problemas de salud mental en la Argentina y quienes se benefician con el comercio (legal e ilegal) de drogas.

Día a día crece en nuestro país la venta de psicolépticos. Como los psiquiatras no pueden desarrollar terapias sin el consentimiento expreso por parte del paciente, cada vez más sostienen su práctica sobre la medicación. Esto, claro, ha generado que la circulación de psicolépticos haya aumentado, aumentando también el mercado negro que alimenta a aquellas personas que usan estas drogas de modo recreativo.

Pero los verdaderos beneficiados con esta ley son los narcotraficantes. El psiquiatra Eduardo Kalina ha denunciado valientemente a este hecho. Según Kalina, como la despenalización del consumo de drogas ilegales en nuestro país es efectiva (ningún juez del país tiene las agallas para penalizar con la cárcel a un consumidor de estupefacientes), queda en mano de los psiquiatras proteger a la sociedad ayudando al mismo tiempo a los individuos que se autoagreden a través de las drogas. Empero la nueva ley le ata las manos a los psiquiatras de un modo casi ridículo: si, por ejemplo, hay un adicto con un brote psicótico o en estado paranoico portando un arma (sea blanca o de fuego), un psiquiatra no puede actuar para medicarlo o internarlo, o si quiera reducirlo, ya que ello iría en contra de la voluntad del enfermo y sería lo mismo que un secuestro. Al psiquiatra sólo le queda conversar con el individuo alterado y tratar de hacerlo entrar en razón. Permítaseme la frase: ¡una locura! 

Kalina sostiene que un adicto sufre un cambio químico en su cerebro, lo que le hace percibir a la realidad de un modo que sólo corresponde a su mente. La mayoría de estos sujetos provienen de hogares que padecen una infinidad de problemas y van a parar a comunidades terapéuticas que trabajan con más voluntad que capacidad. Por tanto lo más lógico sería que el psiquiatra pueda tomar el control de la situación para beneficiar al consumidor, pero ello ya no se puede hacer.

Hay una burocratización espantosa en la nueva ley, que obliga a que antes de ayudar a un enfermo el equipo multidisciplinario delibere sobre la conveniencia o inconveniencia del caso. Entonces si una persona llega a un hospital bajo los efectos de la marihuana o de la cocaína, el psiquiatra no puede ordenar la retención del paciente como ha hecho siempre, sino que ahora tiene que convocar a los miembros del comité, limpiándole así al drogado el camino para volver a la vía pública con todos los peligros que ello implica. El que consume drogas ahora ya no sólo no es un delincuente, sino que tampoco es un enfermo: se trata simplemente de un consumidor que desea gastar su dinero como le place, por más que ello genere un grave daño contra él y contra todos los que lo rodean o lo cruzan. La monstruosidad más absoluta del individualismo.

Pablo Ulises Soria 

El caballito anda suelto

El Salvaje Oeste y el Barbárico Norte

San Miguel de Tucumán, al igual que muchas otras ciudades del país, está infestada de motochorros. Pero en la capital tucumana también hay delincuentes que operan a caballo, justo igual que aquellos viejos bandidos rurales a los que se los creía extintos.

Hace unos días en el Barrio Miguel Lillo la policía se tiroteo con dos ladrones que montaban a caballo, y logró capturar a uno de los malvivientes después de que éste protagonizara una violenta escena similar a la histórica balacera del O.K. Corral.

En esta oportunidad el delincuente abatido tuvo la suerte de caer en manos de la policía, ya que los vecinos no llegaron a acercársele. De haberlo hecho, seguramente le hubiesen dado una buena golpiza.

Donde si hubo un intento de linchamiento fue en la esquina de Laprida y Manuel Estrada: dos delincuentes asaltaron una despensa y se dieron a la fuga; los propietarios del lugar hicieron sonar una alarma barrial y los vecinos corrieron en su auxilio; un comisario que vive en la zona disparó contra los delincuentes, logrando herir a uno de ellos en el pie; la gente se abalanzó contra el caído, llegando a propinarle algunos golpes, pero el comisario y otro oficial vecino detuvieron a la turba enardecida.

Mientras la indignación popular no dejaba de crecer por la intervención de la policía a favor del delincuente (acción correcta por cierto), se conoció que otro ladrón fue linchado en el Barrio Lincoln, luego de que el malviviente tratara de quitarle el bolso a una mujer. Las fotos del golpeado circularon por las redes sociales a gran velocidad y luego, sin ningún pudor, fueron reproducidas por muchos medios de prensa.  

Todo esto ocurrió apenas un par semanas después de que se conociese un video en el que un policía trataba inapropiadamente a un delincuente detenido. Los periodistas armaron un gran escándalo por las imágenes, mientras que la gente, en su gran mayoría, se puso del lado de los oficiales: el argumento era que, de estar frente a un delincuente, ellos reaccionarían de igual o peor modo; y, al parecer, la gente no mentía.

Del consejo a la acción

Justo a tres cuadras de Laprida y Manuel Estrada asesinaron a Iván Senneke en el año 2011. El muchacho de 19 años volvía de trabajar cuando fue abordado por dos motochorros que, no conformes con quitarle su mochila, lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. Senneke había intentado resistirse al asalto.

El Comisario Mario Rojas, Subjefe de la Policía de Tucumán, sostuvo que afortunadamente no se repitió el Caso Senneke, porque esta vez los delincuentes optaron por no usar sus armas. Y aconsejó que ante un asalto en el que el malhechor esté armado, el ciudadano víctima debe evitar resistirse. Según él, los delincuentes de hoy en día son impredeciblemente violentos, pues los efectos de las drogas y/o su pasado delictivo los vuelve altamente peligrosos (ya que no miden las consecuencias al actuar).

Esas declaraciones dispararon una catarata de réplicas de la ciudadanía: hay cientos de casos en donde la víctima no se resiste y, sin embargo, termina herida o muerta. ¿Entonces como distinguir al ladrón con códigos del ladrón sin códigos? Eso no es algo que le corresponda hacer al ciudadano.

La policía no puede darle consejos a una víctima sobre como obrar en una situación de vida o muerte, pues en todo caso terminaría teniendo algo de responsabilidad por esos episodios en donde los delincuentes ejecutan a sangre fría a gente que hasta incluso colaboró con ellos por temor a no perder la vida.

Lo que la policía debe hacer es capacitar a la gente para que aprendan a obrar del modo más adecuado posible cuando sufren un delito o cuando le sucede a alguien más. Hoy en día en Tucumán reparten alarmas barriales, las cuales suelen ser activadas por los vecinos cuando se encuentran en peligro. ¿Y qué sucede? No mucho: los vecinos salen a la calle a ver qué sucedió, y a veces realizan un arresto ciudadano, mientras que otras veces sólo terminan por convertirse en testigos del crimen.   

La idea de que la policía es una caja negra que debe ser transparentada ante la sociedad para que ésta pueda fiscalizarla, es sólo la mitad del camino para reinstaurar el orden de seguridad; lo otro que se precisa es garantizarle a la gente común su derecho a ejercer la legítima defensa de un modo exitoso.

Las nubes gaseosas de los mandarines

Roberto Delgado es una de las plumas más importantes del influyente diario La Gaceta. Este sujeto, apóstol de los DDHH, suele escribir sobre cuestiones vinculadas a la acción policial, normalmente para denigrar a la fuerza usando los paupérrimos argumentos del tipo “la policía argentina fracasa a la hora de relacionarse con la sociedad porque sigue siendo la misma policía de la época de la Dictadura”.

Pues bien, en una columna reciente, Delgado señaló que la sociedad “comienza a considerar que el [problema del aumento de la violencia] involucra otros estamentos del Estado [además de la policía], entre otras cosas porque hay causas sociales profundas, como la exclusión social, tal como planteó el jurista Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal.” El tal Mario Juliano al que cita como autoridad Delgado es uno de los epígonos de Zaffaroni más famosos de la actualidad. Para este personaje (y los miles de imberbes y peleles que comparten sus ideas) la manera más exitosa de disminuir a la violencia es a través de la inclusión social. Suponen que en una sociedad más justa e integradora, la inseguridad no tendrá lugar.

Uno de los bandoleros vivos más famosos de Tucumán es Germán “Mocho” Zamudio, un sujeto que es hijo de Enrique Zamudio, viejo dirigente del PJ que llegó hasta ocupar un cargo de ministro provincial. El “Mocho”, evidentemente, no necesita de la mentada “inclusión”, porque ya está más que incluido; sin embargo este sujeto no para de delinquir. ¿Por qué sucede esto?

Académicos de la Universidad Nacional de Tucumán presentaron recientemente el libro Investigaciones sobre Economía de la Delincuencia en el que se apunta algo interesante: los planes sociales sirven para disminuir los robos sin violencia, como el hurto o el pillaje, pero los delitos más graves, los que incluyen la violencia expropiadora y más preocupación causan entre la población, no están vinculados a tener o no tener un plan social.

Aquel que agarra un arma blanca o un arma de fuego y sale a delinquir no lo hace para sobrevivir, lo hace para gozar de una vida a la que se niega a acceder por el camino del trabajo y del esfuerzo. Es un problema de valores el que genera la delincuencia más brutal.

Leandro Santoro es uno de los últimos radicales K que quedan (pero uno de los muchos uceristas progresistas que día a día se multiplican). Este sujeto, en un programa de televisión, realizó una espeluznante apología de los presidiarios. Según él, un preso liberado sufre del desempleo porque los posibles empleadores se niegan a tomarlo cuando se enteran de sus antecedentes. Entonces eso genera resentimiento, y ello explicaría no sólo el alto índice de reincidencia del hampa argentino, sino también el creciente empleo de la violencia.

Semejante sofisma ignora lo obvio: el delincuente es responsable de su situación, es decir él es culpable de la suerte que le toca. Una persona resentida es una persona orgullosa, o sea una persona que no siente vergüenza. El problema de las cárceles argentinas es que sólo amontonan cuerpos, pero allí no se trabaja sobre las mentalidades de los detenidos. Los presos argentinos, al ingresar a una unidad penitenciaria, buscan afiliarse al Vatayón Militante o a pandillas similares, a través de las cuales pueden convertir a su experiencia carcelaria en un periodo de vacaciones pagas (que incluye, claro, consumo de drogas y prostitutas, y salidas transitorias semiclandestinas). Ciertamente una cárcel así no sólo es inútil, sino que además es perniciosa: actualmente si el delincuente no sale con más ganas de delinquir que antes para proseguir su carrera en donde la dejó, entonces hace los contactos suficientes durante su encierro como para devenir barrabrava, puntero o algo en esa línea.

La cárcel, el destino final del criminal, debe convertirse en escuela de ciudadanía, no de delito. Y para ello es necesario trabajar con la mentalidad del delincuente quebrándolo psicológicamente para reintroducirle la capacidad de sentir vergüenza y culpa, y luego reconstruir su espíritu con los valores del Evangelio y del Martín Fierro. La idea es que cuando retorne a la sociedad, lo haga arrepentido por haber causado daño y entienda que cualquier cosa es más digna que el crimen.  

Pablo Ulises Soria 

Armas para el pueblo

Pareciera ser que nadie en la Argentina de hoy está dispuesto a recibir un balazo por otro, pero la evidencia lo desmiente: el 7 de octubre un quincuagenario fue asesinado a sangre fría en San Miguel de Tucumán porque intentó detener con su escopeta el atraco a una casa vecina. Ese crimen es la consecuencia natural de un escenario en el que la violencia delincuencial se ha incrementado y la seguridad ciudadana ha disminuido (porque el policía no está presente para actuar, y cuando finalmente actúa se lo critica incansablemente hasta hacerlo perder su empleo).

Tres delincuentes trataron de ingresar al domicilio del periodista opositor Ramiro Garrocho, cuando un vecino observó la escena desde su residencia. Consciente de que estaba presenciando un tremendo acto de agresión, el hombre decidió asistir a la víctima, así que tomó una escopeta y, mientras hacia un disparo al aire, les gritó a los malvivientes exigiéndoles que se alejaran. Los criminales abrieron fuego mientras se retiraban, dejando un muerto como saldo.

Un ciudadano común harto de vivir con miedo opta por defender a los suyos y termina fulminado. ¿No es hora de que toda esa iniciativa vecinal se formalice? Cada barrio, sea pobre o rico, debería tener sus vecinos policías, pues –al menos en Tucumán– es bastante obvio que las patrullas civiles ya son reales. Y si resulta imposible distribuir a los policías en todos los rincones que pueden llegar a convertirse en blancos de la delincuencia, ¿por qué no capacitar a gente como el vecino asesinado para que se constituya como un cuerpo civil armado coordinado y supervisado por la policía y por los propios ciudadanos?

Ante un Estado que poco hace por prevenir el crimen, no suena descabellado que la misma gente que lo sufre busque modos de combatirlo por sus propios medios. El peligro de ello, claro, radica en que no resulta sencillo enfrentarse al hampa de nuestro país, el cual parece tener cada vez menos límites para despojar a las personas de sus bienes. De allí que si alguien está dispuesto a manipular un arma para ejercer su derecho a la legítima defensa, entonces debe saber manipularla correctamente para no herirse a si mismo y para no caer abatido por delincuentes dispuestos a todo. Y aquí es donde debe entrar en escena el Estado: si quienes gobiernan no creen conveniente hacer todo lo necesario para acabar con el delito, al menos éstos deberían dar mayor asistencia y capacitación a las personas que quieran garantizar su protección y la de sus familias.

En este escenario que planteo el Ejército Argentino, por ejemplo, podría volver a conectarse con la identidad nacional organizando cursos gratuitos de adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo y disparo con armas de fuego. Porque miles de familias tucumanas –después de la huelga policial de 2013– ya se encuentran armadas, por tanto la apuesta gubernamental debería ser contribuir con esas personas que no quieren convertirse en víctimas obligadas de la delincuencia. No hacerlo es incubar un conflicto.

Ciertamente darle poder de fuego a la ciudadanía puede llegar a convertirse en un problema, pero tomando las precauciones adecuadas puede tornarse muy beneficioso para las posibles víctimas del delito, siempre y cuando se considere a su acción antidelictiva como un complemento y no suplemento en materia de seguridad. Las armas ya están siendo usadas por el pueblo, lo más óptimo sería que su uso no sea testimonial sino realmente disuasivo y hasta directamente represivo en ciertos casos.

Pablo Ulises Soria

¿Cómo hace el caballito?

El delito y lo inapropiado

El video de un policía tucumano mofándose de un hombre esposado generó polémica. La prensa no vaciló en calificar de “torturas” a la acción policial videograbada una tarde de septiembre, sin embargo al imaginario popular argentino –adoctrinado con sesiones de La noche de los lápices– le cuesta interpretar al episodio como algo relacionado a las torturas. En efecto, para el argentino promedio, gracias a la persistente educación y propaganda dedehachehachista, la tortura es concebida como un acto maligno cuyo destinatario es un inocente, por lo que el espectáculo de un delincuente levemente maltratado lejos está de ser visto como tortura. La imagen que muestra el video es graciosa: el policía no parece escarmentar al malviviente de un modo perverso o malicioso, parece, más bien, un adolescente gastándole una broma a otro, como si fuese alguien ejecutando uno de esos pesados chascarrillos que los muchachos en edad escolar suelen idear sólo para grabarlos y subir luego las imágenes a YouTube.

En su momento el delincuente denunció penalmente a los policías, pero como su cuerpo no retuvo marcas de violencia, la Justicia optó por desestimar el asunto. Es que claramente el policía no intentó ajusticiar él mismo al maleante; de haberlo querido realmente, lo podría haber destrozado. Tampoco parece haber sido el caso de que el uniformado haya buscado aleccionar al ladronzuelo: dudo que el policía crea que, por zarandear un rato a un infeliz acostumbrado a reincidir, éste vaya a cambiar de mentalidad –él trata a diario con cretinos de esa calaña y entiende perfectamente como funciona el mundo de la calle. ¿Entonces?

Calculo no equivocarme al sostener que el policía “boludeó” al ladrón a causa del sentimiento de impotencia que lo acompaña. Seguramente no es la primera vez que el uniformado detiene a un delincuente culpable y ve cómo, en menos de 24 horas, el inservible retorna a las andanzas. De allí el comportamiento inapropiado (exageradamente tildado de “torturas” por los cagatintas de siempre) que el oficial manifiesta.  En 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán divulgó un informe que indicaba que mensualmente en las cárceles y comisarías tucumanas se denuncian un promedio de cuatro casos de tortura. Casi todas esas denuncias no son auténticas torturas sino mero comportamiento inapropiado del hombre de las Fuerzas de Seguridad responsable; esos zamarreos, esa imposición física de la autoridad, poco tienen que ver con esas escenas en las que un policía golpea, picanea o quema a alguien.

En la Argentina el delito de torturas está penado con condenas de ocho a veinticinco años de prisión. Las estadísticas que se registran sobre el tema tienen por protagonistas a policías y carceleros, pero nunca a delincuentes. ¿Acaso cuando un delincuente ingresa al hogar de una persona y la golpea mientras la desvalija no es una tortura? No para la Justicia argentina.

Sea como sea imputar por torturas a los policías por lo que hicieron con el detenido (actualmente la Justicia tucumana identificó a cinco uniformados como responsables) es claramente una absoluta exageración. Como mucho esos hombres merecen una suspensión temporal de funciones –con el correspondiente goce de sueldo–, para que al tiempo fuera de servicio lo empleen en algún tipo de clase o curso destinado a recordarles cómo tratar apropiadamente a un detenido. Un castigo mayor sería abuso de poder.  

Un castigo adecuado

El sistema judicial argentino es acusatorio, lo que significa que a un delincuente se lo imputa y se lo libera para que experimente en libertad el desarrollo del proceso judicial en su contra. Hay excepciones, por supuesto, pero la tendencia mayoritaria de los jueces es la de no retener al acusado, porque prácticamente todos los Códigos de Procesamiento Penal del país indican eso. Esto causa indignación en la gente, quien se convierte en víctima de un delincuente, eleva la denuncia y luego –muchas veces en un lapso muy breve– se encuentra compartiendo nuevamente el espacio público con quien la atacó.

El problema no es sólo que se obligue a la víctima a convivir con el victimario, sino que lo que de verdad preocupa es que los casos delictivos de menor gravedad suelen quedar impunes en la Argentina. Cuando nos enteramos que un juez en Catamarca condena a 16 meses de prisión efectiva a alguien por robar una botella de gaseosa y otra de fernet pareciera que se está aplicando la ley rigurosamente, pero lo cierto es que a ese delincuente le cupo esa condena por amenazar con armas de fuego, no por llevarse dos botellas. Si el sujeto se hubiese limitado solamente a sustraer las bebidas, hoy gozaría de la libertad.

¿Cómo impartir justicia y erradicar ese sentimiento de impotencia y miedo que sufre la gente honesta? La respuesta es tan simple que asusta pensarla: hay que descartar la doctrina de los Derechos Humanos que, desde 1983, rige en nuestro país como dogma de fe. Los DDHH son una doctrina ajena a las tradiciones legales, sociales y culturales argentinas, por ello su imposición en 1983 fue casi tan arbitraria como si se hubiese decidido declarar comunista al país.

Ciertamente la salida de la dictadura de los DDHH tiene que darse paulatinamente. Uno de los modos más productivos sería, por ejemplo, implantar el castigo físico judicial en contra de los delincuentes. Muchos países del Caribe (Barbados, Dominica, Bahamas, Trinidad y Tobago, etc), África (Somalia, Nigeria, Tanzania, Lesotho, etc) y Asia (Irán, Afganistán, Qatar, Singapur, etc) permiten los latigazos, bastonazos u otro tipo de flagelación contra quienes delinquen. En Argentina bien podría comenzar a aplicarse ese sistema, lo que habría que discutir es si conviene que sea complementario o supletorio de otras penas.   

El reflejo de la sociedad

El video de los policías comportándose inapropiadamente ante un detenido disparó una catarata de sesudas opiniones de escaso valor. ¿Por qué esas opiniones no aportan nada? Porque constituyen un mero linchamiento mediático a la policía.

En lo que va de octubre dos personas murieron en Tucumán baleadas por delincuentes, sin embargo la prensa local le dedicó mucho más espacio a la información sobre los policías del video. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo hacerle la guerra a la policía que a la delincuencia: el objetivo es más sencillo de identificar desde la comodidad de un escritorio y las consecuencias negativas de semejante acción son casi nulas. La idea de que los policías torturan porque eso “es una herencia de la Dictadura” se repitió hasta el cansancio, pese al pequeño detalle de que el uniformado que aparece en el video es un hombre de unos 30 años, que fue educado en la escuela y en la academia de policía por “la Democracia”. Álvaro Aurane, un periodista de La Gaceta, no tuvo mejor idea que vincular el acto de exceso policial videograbado con los defectos de la fuerza (concretamente señaló que la policía que se mofaba de un detenido era la misma policía que se había acuartelado en diciembre pasado, o la que contribuyó con la desaparición de Marita Verón o con el encubrimiento del homicidio de Paulina Lebbos). Y luego repudió el hecho de que mucha gente se haya alegrado por ver el suplicio que fue obligado a padecer el delincuente.

La opinión de Aurane es la opinión del típico opinólogo que tiene respuesta para todo pero iniciativa para nada. Vale preguntar: ¿acaso Aurane está dispuesto a contribuir con la seguridad con algo más que el mero parloteo insustancial? ¿Acaso los que se horrorizaron e indignaron con lo que hicieron los policías alguna vez harán algo más que quejarse de los guardianes del Orden?

Ya lo he señalado en otras oportunidades: uno de los mayores problemas de la policía argentina actual es la calidad humana de sus miembros. Lo mismo pasa con las escuelas: antaño, cuando las maestras eran las hijas de las familias más sólidas, la educación nacional era otra historia; hoy en día esas mujeres son abogadas, contadoras, psicólogas, arquitectas, etc., pero no maestras, por ello los niños sufren las consecuencias. Lo mismo pasa con la policía: hoy en día hay una sobreabundancia de abogados, comunicólogos, pedagogos, sociólogos, filósofos, profesores de educación física, etc., que en otra época podrían haber devenido policías.

Y en caso de que se logre formar una policía de mayor calidad humana, la misma necesitaría, a su vez, de una organización interna, una disciplina de cuerpo y una preparación integral distinta a la actual. Muchos charlatanes le exigen “democratizarse” a la policía argentina, cuando lo conveniente sería lo opuesto: este país se ha venido "democratizando" desde 1983 y la decadencia nunca ha sido tan pronunciada, ¿queremos eso para nuestra policía? Evidentemente no: lo urgente es militarizar más al cuerpo de policía, militarizarlo no sólo para darle más capacitación para el combate contra la delincuencia, sino militarizarlo sobre todo para inculcarles el espíritu heroico y la entereza moral de los grandes guerreros argentinos. Si en este país hay muchos dispuestos a dar “la vida por el Modelo” pero llegado el momento no serían capaces ni de recibir un balazo por defender a la Patria, ¿cómo se espera que alguien busque hacer de la riesgosa defensa del Orden su vocación? Hay un asunto educativo íntimamente ligado al problema de la inseguridad que resulta ser una de las puntas del ovillo.

¿Cómo hace el caballito? Seguramente no del mismo modo en que relinchaban los corceles de quienes galopaban a través de los campos de batalla en donde se combatía por la Libertad. Ese es el sonido que la policía argentina debe anhelar oír.  

Pablo Ulises Soria 

Acerca del clima de violencia en Tucumán

La vocación de paz y la legítima defensa

Agosto fue particularmente violento en Tucumán. Dos casos policiales resonaron bastante: en uno, un hombre baleó a un asaltante que pretendía despojar de su cartera a su esposa; en el otro, un comerciante le disparó a un ladrón que ingresó en su propiedad a robar en medio de la noche. Rápidamente se impuso la figura de la legítima defensa para ambos casos, aunque fue más fácil probarla en el primero que en el segundo de ellos.

Junto con estos episodios, la Justicia tucumana informó que durante el mes se registró más de una decena de denuncias de delincuentes que acusaban a sus captores de haberlos maltratado. Lo destacable aquí es que esos supuestos maltratadores no eran policías, sino ciudadanos comunes. Así el fantasma de los linchamientos (algo que hace unos pocos meses atrás fue tema de discusión nacional) revivió en Tucumán.

Todo esto generó inquietud en las autoridades provinciales. Paul Hofer, el Secretario de Seguridad de la provincia, pidió que ante un delito flagrante la gente “por favor no intervenga, sino que acuda a la Policía y que llame al 911 para denunciar cualquier tipo de amenaza o sospecha que tengan”.

¿Pero que esperar de una población que perdió la confianza en el cuerpo de policía? El recuerdo de la huelga policial y de los saqueos de 2013 todavía está muy vivo entre los tucumanos: la gente se alteró tanto en aquella oportunidad, que entre diciembre y enero pasado la venta de armas legales a particulares se disparó hasta alcanzar cifras extraordinarias en la provincia. Y si a eso se le suma que hay un Legislador Provincial que recorre la capital entregando alarmas para que los vecinos de un barrio asistan a otros vecinos cuando estos se vean amenazados por algún peligro, entonces es sorprendente que la gente no haya liquidado a un número aún mayor de delincuentes. Si hoy escasean los cadáveres de maleantes abatidos es porque el pueblo tucumano manifiesta un gran deseo de vivir pacíficamente, pese a que los gobernantes provinciales y municipales poco hagan para satisfacer esta demanda.

La declaración de guerra

Pero no es sólo el ciudadano tucumano honesto quien se ha radicalizado en relación a la defensa de su vida y de sus bienes, también la policía local siguió ese camino. Lo ilustra el tiroteo en el paraje El Jardín: una banda de asaltantes que operaba en Tucumán y Santiago del Estero fue emboscada en su escondite, por lo que, al parecer, los maleantes habrían abierto fuego y la policía habría contestado las balas hasta conseguir ejecutar a los pistoleros.

Sebastián Herrera Prieto, un criminólogo y docente universitario, señaló que el operativo “fue una clara demostración de la incapacidad e inoperancia de nuestras llamadas ‘fuerzas de seguridad’ para conjurar hechos delictivos”. Según este teórico, la violenta manera de resolver el asunto y la homologación de dicho procedimiento hecha posteriormente por el Secretario Hofer es contraria a la doctrina de los Derechos Humanos.

Al difundirse la noticia, Hofer, temiendo que alguien pudiera criticar la acción policial, se congratuló por lo que hicieron los uniformados, pues, según él, éstos “desmembraron una banda muy peligrosa, integrada por gente absolutamente despiadada, sin ningún tipo de freno ante la vida”; y para rematar agregó que el hampa debe interpretar los hechos como “un mensaje: que la Policía va a hacer todo lo que sea necesario, dentro del marco del Estado de Derecho, para no permitir que los delincuentes ganen la calle”.

A Herrera Prieto las declaraciones de Hofer le sonaron como competencia: el funcionario, al tildar a los delincuentes muertos de ser gente “absolutamente despiadada”, es como que transformó al tiroteo en la condena de un juez que previamente había ponderado la evidencia y dictado sentencia en base a ella.

Hofer desestimó la acusación invocando la legítima defensa que le recomendó no ejercer a los ciudadanos de la provincia: “La Policía hizo el trabajo conforme lo establece la ley. Respondió a un nivel de agresión brutal donde estos delincuentes dispararon con armas de grueso calibre con punta de teflón, lo cual significa que pone en peligro la vida de los peatones y del personal policial”. Y fue más allá hasta declararle la guerra al crimen organizado, pues desde su perspectiva los derechos humanos de las víctimas deben ser protegidos a toda costa, incluso atropellando los derechos humanos de los victimarios. 

El verdadero enemigo

Hofer usa un lenguaje bélico. Se considera comandante en jefe de un ejército y su enemigo, al parecer, es el crimen organizado. Su plan es simple: quiere destruir a estos personajes. ¿Pero qué entiende Hofer por “crimen organizado”?

A primera vista, pareciera ser que la idea de “crimen organizado” de Hofer se circunscribe a esas bandas de asaltantes y secuestradores formadas por delincuentes de carrera y policías corruptos. Sin embargo el concepto de “crimen organizado” excede esa realidad: normalmente por “crimen organizado” se entiende a una asociación ilícita de delincuentes que tienen los elementos suficientes como para no ser perseguidos o castigados por su actividad criminal. A raíz de ello el combate contra el crimen organizado es altamente complejo, puesto que los maleantes cuentan con complicidades de las autoridades, pantallas legales y todo tipo de artilugios para delinquir sin encontrar demasiados obstáculos.

Por el contexto, creo que Hofer le declaró la guerra a las organizaciones criminales y no al crimen organizado, es decir el Secretario de Seguridad de Tucumán pretende ser impiadoso contra todos aquellos que operan desde las sombras sin procurar fabricarse estructuras que le den seguridad cotidiana. Esto parece una medida saludable, pero el crimen que más daño causa en Tucumán es el organizado, el cual, hoy en día, se nuclea en torno al narcotráfico y al comercio clandestino de armas. En efecto, los narcos alimentan por igual a ricos y pobres, generando desorden en todos los ámbitos y contribuyendo (junto al mercado negro de armas) al incremento de la violencia social. La acción gubernamental en contra de esta realidad no parece gozar del empuje que Hofer prometió aplicar en contra de las organizaciones criminales.

Al mal del narcotráfico y de la venta ilegal de armas hay que sumarle en Tucumán a la atroz impunidad. La Comisión de Familiares de Víctimas de la Inseguridad (CFVI) destacó que el mayor problema en la provincia no es la inseguridad, sino la falta de justicia que sufren las víctimas de la misma. El Poder Judicial es percibido por los ciudadanos tucumanos como una caja negra: de la enorme cantidad de denuncias que se reciben a diario, sólo una ínfima parte progresa, mientras que el resto va a parar a los archivos; las víctimas que cuentan con tiempo y demás recursos para presionar a los funcionarios judiciales son las que consiguen mejores resultados, transmitiéndole al resto de los ciudadanos la idea de que sin dinero no hay justicia. 

Entonces, con un gobierno pasivo ante el ascenso de la cultura del narcotráfico, y con una Justicia que no funciona, no es de extrañar que el pacto de protección entre ciudadanos y policías se haya roto, y que la gente no tema enfrentarse mano a mano ante los delincuentes, pues existe la sensación de que si ellos no aplican un castigo nadie más lo hará.

La pena de muerte para aquellos delincuentes peligrosos que propone Hofer parece ser una buena idea, pero hay que considerar dos cosas: (1) Este tipo de castigo debe ser aplicado por la Justicia, pues es fácil para un policía corrupto ejecutar a alguien, endilgarle crímenes que él cometió, y volver al ruedo en sus actividades delictivas. (2) Así como las bandas criminales o los narcotraficantes pueden llegar a merecer la muerte a manos del Estado, también los corruptos que arruinan el funcionamiento de las instituciones deben correr con igual suerte, pues así como las organizaciones criminales son nefastas para el ciudadano trabajador, también lo son aquellos que hacen funcionar al crimen organizado.

Pablo Ulises Soria