En Jujuy no se trabaja por la inclusión más necesaria

Comenzando por los principales edificios públicos, Casa de Gobierno, Municipalidad, legislatura de la Provincia, Palacio de Tribunales, los museos, las salas de espectáculos, los colegios, las escuelas, etc. etc. etc. no tienen accesos previstos para los discapacitados. No hay en esos edificios baños adecuados para ellos. Salvo la honrosa y magnífica excepción de las nuevas oficinas del Instituto de Seguros de Jujuy, quienes deben realizar trámites dependen de la voluntad de quienes los ayuden. Las simpáticas dársenas que la Municipalidad creó en el centro, mas las no menos simpáticas mesitas que las confiterías acomodan en esas veredas, son una tortura para los discapacitados. Los nuevos colectivos que se siguen incorporando a las líneas urbanas entre fotos de funcionarios en campaña, también son simpáticos pero dejan fuera de la posibilidad de viajar a quienes tienen esos impedimentos físicos a que hacemos referencias. No existen en Jujuy colectivos urbanos de piso de bajo.

Todo esto lleva a una definición alarmante: a nosotros, los jujeños, parece importarnos un pito que haya hermanos nuestros que quedan excluidos de su derecho a movilizarse, hacer trámites, divertirse, o simplemente transitar de un sitio a otro. Organismos oficiales, empresas constructoras, de transporte, etc. y muchas veces, nosotros mismos, los habitantes comunes y corrientes, nos rasgamos las vestiduras, concurrimos a actos, aparentamos solidaridad y nos condolemos de quienes sufren de alguna discapacidad, pero en la práctica, les faltamos el respeto de una manera brutal, insensible y agraviante.  

¿Haría falta que se movilicen, que quemen gomas, que rompan vidrieras, para que el resto de la sociedad se dé cuenta de su obligación de ser más razonable e inclusiva? Seguramente no lo harán, porque son personas habituadas al olvido y al abandono que sus prójimos les dedicamos, y simplemente transitan por la vida realizando un doble esfuerzo a cada paso. Pero nosotros, los jujeños, deberíamos volver a pensar más en el otro, algo que vamos perdiendo, lamentablemente.

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Mientras la provincia sufre la inseguridad, se amplía el negociado de la videovigilancia en Tucumán

Las cámaras proliferan en la provincia

Las cámaras de seguridad parecen haber dado buenos resultados a las autoridades de Seguridad de la provincia. Por ello, a partir de ahora, a los sistemas que ya funcionan en Capital y Yerba Buena, se suman algunos municipios del interior, como Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Las Talitas, Concepción y Aguilares.

Según el diario El Siglo, la información fue confirmada por el jefe de la Policía de Tucumán, Jorge Racedo, quien precisó que el plan se lanzará próximamente en las ciudades mencionadas. El titular de la fuerza explicó que la puesta en marcha de las cámaras de seguridad dependerá de la instalación de las bases de monitoreo en cada municipio. 

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La improvisación y la cosmética

Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si esta inversión millonaria en cámaras de vigilancia hubiese sido el producto de la propuesta de una comisión de especialistas en materia de seguridad que trabajasen para reducir la criminalidad en Tucumán, entonces no habría nada que objetar. Pero, lamentablemente, no lo es. Es decir, el gasto millonario se hizo tanto en Tucumán como en otras provincias (San Juan, San Luís, Corrientes, próximamente Catamarca y Misiones) sin plantear nunca un plan integral previo cuyo objeto fuese garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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En Clarín citan un ejemplo europeo: Londres, la ciudad más televigilada del mundo, sigue teniendo una tasa lamentablemente elevada de criminalidad. Y junto a esa información recurren a la opinión de dos expertos en el área de seguridad y criminología (Carlos Beraldi, un profesor de la UBA, y Lucía Dammert, una investigadora de FLACSO) que sostienen lo mismo que nosotros: sin un plan de seguridad integral bien diseñado, sin un trabajo serio entre las fuerzas del orden, las cámaras terminan siendo juguetes al servicio del gobierno de turno y no verdaderos instrumentos del Estado para garantizar la paz ciudadana, se convierten en ojos que atestiguan en lugar de ser ojos que vigilen. 

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Gasto millonario y discrecional

Lo que nos sorprende del tema es que Alperovich dijo que para que la videovigilancia tucumana funcione plenamente, es necesario duplicar la inversión original. Sabemos que detrás de este asunto está el pulpo monopólico de Telefónica SA, empresa que no sólo domina en el ámbito de las telecomunicaciones, sino que además pretende encabezar el control sobre los medios masivos de comunicación a nivel mundial (la batalla del kirchnerismo contra el Grupo Clarín cuenta con pleno respaldo de Telefónica, del mismo modo que la batalla que el gobierno de México dibuja actualmente contra Televisa y TV Azteca tiene al mismo aliado). 

Además de la empresa de telecomunicaciones, en Tucumán son las firmas GPSAT, Discar S.C. y Aspen SRL quienes van a recaudar millonariamente ante esta maniobra para conseguir frenar la sensación de inseguridad, pero sin lograr disminuir verdaderamente el delito.

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