El titular del Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, contador Domingo Amaya, entregó al juez Eugenio Zaffaroni una
copia del decreto que lo declara Visitante Ilustre, y le obsequió un
poncho tucumano como símbolo de la cultura local.
“El municipio distingue hoy no tan solo al excelente profesional que nos
enorgullece a nivel mundial, sino también al gran ser humano, que lucha
con sus palabras y pensamiento por la democracia, la libertad y el
derecho de las personas”, destacó el Intendente Amaya. El Jefe Comunal
valoró “la humildad y sencillez con que el juez ilumina y enriquece
especialmente a las nuevas generaciones que aprenden de su
conocimiento”.
Hoy, las revelaciones que colocan a
Eugenio Zaffaroni como poseedor de departamentos en los que funciona o
ha funcionado una red de prostíbulos indican que, en las entrañas del
poder, prostitución, drogas e impunidad son parientes inseparables.
Cabe aquí recordar que Zaffaroni, ministro de la Corte,
cuando en el país se discutía fervorosamente la despenalización del
consumo de marihuana, no tuvo reparos en señalar que “una plantita se
puede tener”. Este nuevo escándalo del progresismo despenalizante,
abolicionista del estado de derecho, estalló a partir de una publicación
de Perfil, que lo sindicaba a Zaffaroni como habitante de un lujoso
caserón de Caballito. Y que además, en el 2000 había adquirido un
monoambiente en la exclusiva zona de Recoleta, que hoy está rentado a
unos inquilinos que no pasan desapercibidos, ya que allí trabajan tres
mujeres que se dedican a la prostitución.
Zaffaroni, imbuido de la retorcida idea que expresan algunos colegas suyos de estar protegidos por el amplio paraguas de los derechos humanos, creyó que conversando con Víctor Hugo Morales podría zafar de la situación que hoy lo expone frente a la opinión pública. Así que, graciosamente, disparó: “este escándalo me evita el desalojo”. Pero esta historia en caída libre recién comienza, y se une a la que ha arrasado con la santidad de Hebe de Bonafini, defendida por el abogado “por los derechos humanos” Raúl Barcesat por la modesta suma de $1.080.000.
A la denuncia de la ONG La Alameda ante la Procuración General de la Nación, se suma la del abogado Ricardo Monner Sanz, quien demanda la inmediata renuncia de Zaffaroni. Arguye Monner Sanz que el magistrado dueño de los departamentos en los que se desarrollan o desarrollaban los negocios prostibularios no puede integrar un órgano del Estado del que también es miembro Carmen Argibay, que ha hecho de la lucha contra la trata “su lucha”.
