Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) al que tuvo acceso Clarín, se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.
El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.
Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006 -2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.
Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.
