Explíquenos Señora Trimarco

Los turbios millones

En los últimos días en Tucumán asistimos a un intercambio de chicanas entre el Legislador Provincial Ricardo Bussi y el abogado “trimarquista” Carlos Garmendia. Todo comenzó cuando se supo que la ONG que regentea Susana Trimarco optó por no recurrir la sentencia que la Sala II de la Cámara Penal había emitido sobre los hermanos María Jesús y Víctor Rivero en 2012. En efecto, en diciembre del año pasado los trimarquistas consiguieron que diez de los trece absueltos en 2012 fuesen finalmente condenados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: entre los tres omitidos se encuentra una proxeneta ya fallecida, y los dos personajes citados, que, según la propia Trimarco, resultan ser nada más y nada menos que los autores materiales del secuestro de su hija.

Hubo mucha especulación en torno a esta situación curiosa. Ricardo Bussi, sin proponer ninguna teoría, simplemente señaló que resultaba llamativo que una mujer que despotricó numerosas veces en contra de los Rivero decida, de repente, dejar de hacerlo justo cuando podía conseguir la justicia (o la venganza) que tanto anhela.

Carlos Garmendia, el jefe del equipo jurídico de la Fundación María de los Ángeles, no tuvo mejor idea que responderle atacando al mensajero y no al mensaje, así que tildó a Bussi de “injuriador” y sacó a relucir el currículum vitae del padre del político, como si ello tuviera algo que ver con todo este asunto.

Bussi, ante una contestación tan torpe (producto de alguien que no tiene argumentos ni fundamentos), replicó: no sólo recordó que los tucumanos votaron repetidamente a su padre, sino que además volvió sobre su huella indicando que la ONG de Trimarco factura de modo poco transparente grandes fortunas mensuales gracias a la “generosidad” de diversos gobiernos como el Nacional, y los de Capital Federal, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Córdoba, y, por supuesto, Tucumán. No satisfecho con ese golpe tan certero, Bussi agregó que el Caso Lebbos sigue aún impune y que la madre de Marita Verón bien podría contribuir con su resolución si realmente le importase ayudar a alguien que no sea ella misma.

Garmendia, otra vez haciendo gala de su impericia para los intercambios dialécticos, contestó señalando que Bussi lleva 20 años viviendo del Estado –olvidando, claro, que esa pervivencia es producto del voto popular– y que sus chicanas eran producto de “la envidia”.

El ataque de Bussi a la banda de Trimarco no es novedoso: ya en septiembre, por ejemplo, el Legislador aprovechó la oportunidad para criticar a la Fundación María de los Ángeles por no rendir cuentas sobre qué es lo que exactamente hacen con los millonarios subsidios que reciben. En ese momento el hijo del fallecido Gobernador comparó a Susana Trimarco con Hebe de Bonafini y, con buen tino, sostuvo que el dinero que alimenta al engendro trimarquista debería destinarse a las áreas de Seguridad, Salud y Educación.

La película de terror inconclusa

Las críticas de Bussi pegan en el costado más visible de la ONG de Trimarco. Todos en Tucumán han visto a la mentada señora paseándose en costosos vehículos y comprando ropa y accesorios femeninos nada baratos. Por ello la sospecha de que a la Fundación María de los Ángeles le sobra el dinero es algo generalizado en la provincia. Sin embargo poco se dice sobre el costado menos visible: las funciones que cumple y las tareas que realiza. A mi me interesa esto en particular, ya que es un tema escasamente abordado pero no por ello menos irregular que las finanzas de la ONG.

Para ilustrarlo me gustaría hablar sobre el Caso Mariana Yapur. A mediados de enero, una joven de 21 años tomó el colectivo de la línea 5 en la esquina de Don Bosco y Félix Olazábal y luego no se supo de ella por cinco días. Los familiares de Mariana Yapur, la joven en cuestión, recurrieron a la Fundación María de los Ángeles, que rápidamente inició una campaña para difundir la fotografía de la mujer extraviada en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. La histeria creció velozmente y, con los días, hubo hasta un piquete en la Avenida Mate de Luna reclamando la aparición de la joven. Finalmente el 16 de enero Yapur regresó a su hogar, supuestamente tras haber sido arrojada desde una camioneta en las cercanías del Parque Avellaneda.

Lo inquietante del Caso Yapur es que la joven contó que fue secuestrada cuando ayudó a una mujer embarazada a bajarse del colectivo en el que viajaba. Aparentemente esa mujer era cómplice de unos secuestradores, que la introdujeron a un auto con vidrios polarizados y la llevaron a un galpón en donde la tuvieron maniatada durante varios días junto no a una, ni dos, ni tres compañeras de cautiverio, sino con ¡otras ocho mujeres!

El relato de Yapur, sin dudas, es espeluznante. Pero tiene un final feliz… o algo así. Sucede que, según su narración, los secuestradores decidieron liberarla, reintegrándole sus dos teléfonos celulares y todas las pertenencias que tenía al momento de salir de su casa, incluyendo su ropa. Yapur llegó a su casa “confundida”, fue asistida por miembros de la Fundación María de los Ángeles, se resistió a realizarse un examen médico, asentó la denuncia en una comisaría y luego, aunque le habían pedido que no lo hiciese, destruyó pruebas.

Con sólo poseer un mínimo de sentido común cualquiera puede darse cuenta de que hay algo por demás extraño en el Caso Yapur. Más allá de la actitud cuestionable de la joven (similar, en cierto sentido, a la famosa jujeña Nuria Nieva Ocampo), su relato nos informa de ocho mujeres –todo un harén– completamente cosificadas. ¿Acaso no es eso terrible? ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que ocho mujeres, ocho personas provenientes de familias trabajadoras como los Yapur, están siendo retenidas en contra de su voluntad quien sabe con qué fin? ¿Es posible tanto machismo y maldad en pleno siglo XXI? ¿No sería conveniente allanar todos y cada uno de los galpones de San Miguel de Tucumán y sus alrededores para liberar a esas víctimas? ¿El vecino tucumano no tendría que entrar en pánico? 

En Jujuy, cuando Nuria Nieva Ocampo se fugó de su hogar, no sólo la Justicia sino también la prensa actuaron como se esperaba que actúen: unos investigando y demoliendo las patrañas inventadas por la aspirante a víctima, y los otros mostrándole a la gente que no existen los secuestradores que salen a cazar jóvenes al azar para alimentar las redes de trata de persona en el NOA. Tucumán, en cambio, cuando tuvo en el Caso Yapur a su propio Caso Nieva Ocampo su Justicia y su prensa hicieron lo contrario: archivamiento de la causa por un lado, y silencio total por el otro.

En Tucumán las cosas suceden y nadie explica nada. Por ello la provincia parece ser escenario de una película de terror, una película de terror de presupuesto multimillonario, dirigida por una mujer a la que el oportunismo y la ambición, tristemente, la han tornado siniestra.  

Ángela Micaela Palomo