El
Caso D’Auria es turbio por donde se lo mire. La información que en un principio
transmitió la prensa estaba plagada de errores: se dijo que al Diputado
Provincial lo detuvieron en el peaje de Aunor luego de haber eludido el de
Cabeza de Buey, y que transportaba 50 kilogramos de
cocaína en una camioneta oficial, o sea en uno de esos vehículos a los que ni
policías ni gendarmes habitualmente los detienen. Luego se supo que los hechos
fueron diferentes: aparentemente Gendarmería Nacional había requisado la
camioneta (que no era oficial sino que pertenecía a una empresa de transportes
de Tucumán) en los peajes de Cabeza de Buey y Aunor, y posteriormente en el
predio de Chachapoyas, en donde le fueron hallados unos envoltorios que contenían
60 gramos
de cocaína y casi 70 de marihuana.
En
el tiempo que tardó la segunda versión en tapar a la primera, una mujer
apareció para denunciar que una adolescente se había suicidado en el interior
de una vivienda propiedad de D’Auria. Lo que la mujer agregó es que no hubo
autopsia sobre el cadáver, por lo que es muy grande la sospecha de que la nena haya
muerto por una sobredosis, posiblemente en el marco de una orgía.
Y
como si eso fuese poco, el mismísimo Horacio Thomas –un antiguo Diputado Provincial
pejotista proveniente de la misma Metán que D’Auria– dijo que el sospechado de
narcotráfico es un paracaidistas que llegó desde Tucumán a ganarse una banca
legislativa, invirtiendo cantidades abultadas de dinero propio para ejercer el
clientelismo, y tratándose de ganar el favor tanto de quienes esperan una cosa
de los políticos como de quienes esperan lo contrario. El rumor adicional es
que el tal D’Auria poseería vínculos con el Clan Ale de Tucumán, y su presencia
en la provincia tendría por propósito allanarle el camino a esos personajes
para que se instalen en Salta.
D’Auria,
como no podía ser de otra manera, se desentendió de toda responsabilidad sobre
el asunto. Sostuvo que un sector del Partido Justicialista de Metán se complotó con Gendarmería Nacional para perjudicarlo, y presentó su renuncia a la Cámara de Diputados de
Salta para que sus privilegios como representante del pueblo no obstaculicen a la Justicia Federal
Resumiendo,
se puede señalar que en el Caso D’Auria caben tres posibilidades: o el
personaje sería un narcopolítico más (como Ernesto Aparicio, Luís Arturo Cifre,
Ulises Durán, Federico Parra y tantos otros), o un adicto en un puesto de poder (60 gramos de cocaína es
una cantidad obscena, que, por ejemplo, podría satisfacer el ansia de consumo
de 30 a
40 consumidores ocasionales en una fiesta), o una víctima. Cualquier opción que
se elija es no sólo bochornosa sino también indignante: la narcopolítica es –o
al menos debería ser– uno de los delitos de lesa humanidad del presente; el
político adicto es otra plaga que trastorna y degrada al sentido del poder
político, pues cambia la idea de servicio por la de abuso; y los complots son
la manera más vil y despreciable de resolver disputas personales.
Si
yo fuera D’Auria, haría dos cosas: demostrar que no soy un adicto (realizándome
y publicitando los resultados de una rinoscopia) y demostrar que la
narcopolítica que está detrás de mi no tiene el poder para derribarme (ya que
no denunciar con nombre y apellido a esos supuestos conspiradores que armaron
una escena en contra de uno es lo mismo que ser cómplice de ellos). De no hacer
esas cosas, la gente honesta sospecharía que hay algo que está siendo ocultado.
Francisco
Vergalito
