Azul manchado, el color de moda

El enemigo en casa

Después de la crisis social y política que desató la huelga policial de diciembre pasado, el kirchnerismo ha optado por acorralar a los uniformados para vengarse por el trauma que les hicieron sufrir.

Desde un principio el aparato propagandístico del régimen impuso la consigna de que la protesta policial era un acto de intolerable extorsión, como si los oficiales estuviesen reteniendo de rehén a la paz social para negociar una suba en sus salarios. Los fabricantes de relato kirchnerista no tardaron en sostener que el caos era una maniobra perfectamente calculada por una conspiración de enemigos que incluía a los policías mafiosos, a los políticos opositores, a los sindicalistas independientes y a la prensa malvada.  

Un rebaño de puras ovejas negras

Como es sabido, Córdoba fue el punto de partida desde donde se desencadenó la crisis social que acompañó a las protestas policiales. Tomás Méndez, un periodista cordobés, explicó en su momento que los policías de su provincia fueron al paro exigiendo un aumento salarial “desmedido” [sic] porque, tras la revelación de las conexiones entre la fuerza de seguridad y los narcos que él había denunciado mediáticamente en los meses anteriores, el gobierno de De la Sota suspendió todas las actividades ilícitas de los uniformados. Así, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que significaba para la policía el fin del delito organizado desde las comisarías, estallaron las protestas para solicitar mejores sueldos.

La versión de Méndez, sin duda, es calumniante. Semejante hipótesis sobre el conflicto policial deja entrever que este sujeto no es más que un cagatintas, cuyos logros como periodista fueron el mero producto de una interna policial para la cual él oficio de vocero. A su vez, la tontería enunciada por Méndez es ingenua o maliciosamente ideológica, pues lo que él sostiene es algo así como que todo el delito –o, al menos, la mayor parte de los actos delictivos– ocurren por obra y gracia de la policía. Es una posición típica de la ultraizquierda más oligofrénica: la policía no es más que un cuerpo de guardianes de la propiedad, cuya labor consiste en reprimir a quienes se atreven a violarla; y como casi todos los policías provienen de los sector pobres de la sociedad, entonces, de tanto cuidar la propiedad ajena y acongojados por no poseer la propia, se entregan al delito que debían combatir. Bajo esta perspectiva el ciento por ciento de los policías son corruptos, pues son simples oprimidos que usan sus armas para prolongar esa opresión, en lugar de usarlas para liberar a sus hermanos que padecen de las inequidades del sistema.

Si se elimina la idea de que la propiedad es el crimen, entonces se puede apreciar a la policía de un modo más realista: no caben dudas que, como en todos los ámbitos sociales, hay “ovejas negras” en las filas del cuerpo policial, sin embargo éstos lejos están de constituir la totalidad de la fuerza, o siquiera una mayoría. Es probable que la institución policial precise de nuevos mecanismos para controlar y castigar a sus miembros, pero ello no implica realizar un total reseteo para recomenzar de cero (como piden muchos exaltados que, pese a haber estudiado sociología y/o antropología, entienden muy poco acerca de la naturaleza humana y del funcionamiento de una sociedad).

La paja en el ojo ajeno

  

En medio del ojo del huracán del mes pasado, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación hicieron una conferencia de prensa para señalar que un tal Salvador Baratta, un antiguo policía convertido en concejal de Lanús por el massismo, era uno de los autores intelectuales de los saqueos que sufría el país a lo largo y ancho de su geografía. Por supuesto que, después de eso, no faltaron los escribas del kirchnerismo que declararon que, tras la extinción del poderío del Ejército, la Armada y la Fuerza Área en la Argentina (al igual que en casi toda Hispanoamérica), es la policía el cuerpo armado disponible para que los “grupos económicos monopólicos” financien el derrocamiento de las “democracias progresistas” de la región. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, pese a también contar con armas, no fueron señalados en esta ocasión como golpistas por los kirchneristas (en 2012, empero, esas otras fuerzas del orden debieron tolerar ser tildadas de “desestabilizadoras” sólo por reclamar por sus salarios). 

Gente que no tuvo que entregar un examen psicofísico, que no concursó el cargo que ocupa, cuyo desempeño no fue evaluado para ser ascendido en su carrera administrativa y que por amistad, parentesco, lealtad hacia el jefe o simple suerte está donde está, tiene los bríos de acusar por traición a la patria a los policías psicofísicamente aptos, cuyos puestos laborales fueron conseguidos gracias a la superación de cursos de capacitación y gracias a haber obtenido el visto bueno de una junta calificadora. Es indignante. Y más indignante aún es que mientras los que dan las órdenes hacen desmanes todo el tiempo y acusan a sus críticos de estar realizando operaciones de prensa, quienes ejecutan esas órdenes no pueden equivocarse ni una vez sin el temor a perder sus empleos.

Uno de esos peleles cuyo salario no es más que un ingreso que destina para las vacaciones –pues tiene tantos negocios de diversa índole en marcha que se olvidó de lo que es sufrir pensando en llegar a fin de mes– embiste contra un asalariado que cumple con sus horarios y aprovecha su tiempo libre para sumar adicionales como seguridad privada, al mismo tiempo que se da maña para agarrar changas de albañil, mecánico o de lo que pueda. El político fiel al régimen actual acusa de sedicioso e insurrecto al policía, y alguno va más allá reprochándole de que sean coimeros, olvidando, claro, que los “malditos policías” les financian las campañas electorales, aún en contra de su voluntad.

A treinta años de finalizada la última dictadura militar no falta el kirchnerista que sostiene que la estructura y los mecanismos de poder autoritario de las fuerzas de seguridad se mantienen intactos desde aquella época, a pesar de que hoy en día las cabezas visibles de la policía son gente que ingresó a la fuerza en los años en que Alfonsín, Menem, Duhalde y Kirchner fueron presidentes, vale decir en los años en que la institución policial sufrió el proceso de acondicionamiento presupuestario al nuevo escenario social y político. La acusación no deja de ser ilusa, ya que ve en un trabajador que con un salario entre promedio y bajo debe lidiar con la inflación a un émulo de la policía golpista de los setenta, que cobraba en aquel entonces una cifra tan alta que resultaba envidiable para el resto del mercado laboral.

Negociando con la pistola sobre la mesa

En la Argentina a los policías se le exige que estén disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada rincón del país. Se les pide que no sean corruptos, que nos protejan, que nos traten amablemente y que estén siempre dispuestos a enfrentar el peligro aun cuando estén de franco, todo ello a cambio de un sueldo nada extraordinario y de los beneficios de una obra social. Al mismo tiempo se les impide reclamar, por lo que se les prohíbe agremiarse. ¿Cómo se pretende que consigan una mejora en sus condiciones de trabajo? ¿Enviándoles cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos?

Lo que diciembre trajo es la vieja discusión sobre la conveniencia o la inconveniencia de la sindicalización de la policía. Nadie duda de que la aparición de uno o varios sindicatos policiales equivale a una jugosa caja de recaudaciones, que le vendrían más que bien a cualquier jerarca gremial. Los políticos kirchneristas, pese a que hablan pestes de los policías y les demandan todo el tiempo que se “democraticen” (cosa que ellos, que sistemáticamente se niegan a competir en internas partidarias, tampoco han hecho), se niegan a permitir la agremiación. Los opositores al régimen, en cambio, ya han presentado varios proyectos en ese sentido. ¿Cómo es posible que a la iniciativa progresista en este asunto la tomen los adversarios del gobierno que se jacta de ser el más progresista de la historia nacional? El tema no está oficialmente aclarado aún, pero probablemente pase por algún lugar vinculado a un equilibrio de dinero legal e ilegal que los pingüinos no quieren romper.  

Para paliar la situación, gente del kirchnerismo ha propuesto alternativas como la creación de un Defensor de la Policía (tal y como lo sostuvo el jujeño Daniel Almirón, entre varios otros). Pero desde la propia fuerza policial rechazan eso, ya que aunque aprueban la idea desconfían de su aplicación.

La excusa más a mano de los kirchernistas para anular todo intento de agrupamiento de la policía es que los uniformados no pueden organizar huelgas, porque las consecuencias de ellos son nefastas, según lo atestiguan los muertos y los robos. Entonces están condenados a permanecer al margen de la ley, sin poder gozar del derecho que la Constitución Nacional les garantiza.

Lo que sucede en realidad es que pensar en los sindicatos como instituciones que sólo existen para declarar el paro de actividades es trivializar la auténtica función de los mismos, evitando con ello que estas organizaciones se adapten a la tarea de diseñar a la sociedad actual. De todos modos no hay que negar que el punto de oposición es bastante fuerte: si la policía se sindicaliza, es obligatorio que se le quite el derecho a huelga. Y aquí está lo más problemático de todo, puesto que un sindicato sin derecho a huelga es como un matrimonio sin hijos. Si se permite un gremio policial que no pueda suspender sus actividades, habría que revisar las leyes de agremiación para darle un estatuto similar a otros gremios (como el de los docentes, el de los trabajadores de la salud, el de los transportistas de pasajeros y hasta el de los bancarios). De más está decir que eso levantaría la ira de muchos trabajadores en el país.  

Argentina sufre de la cultura piquetera desde hace más de una década. Como la protesta dejó de “criminalizarse” con los Kirchner, la aplicación de la ley se detuvo. Porque una cosa es reprimir a trabajadores, estudiantes y otros actores sociales (como los gobiernos de los últimos 30 años vienen haciendo permanentemente), y otra cosa es usar la fuerza legítimamente para poner fin a lo “aprietes”: para distinguir lo uno de lo otro basta con diferenciar a quien ataca de aquel que se defiende. Cuando Néstor Kirchner mandó a los ambientalistas a bloquear los puentes de Gualeguaychú, implícitamente estaba homologando los acuartelamientos policiales. Entonces la salida que le queda al país es retornar al orden, erradicar los malos hábitos. Es eso, o maquillar el asunto con un ombudsman policial y volver a lo mismo.

La realidad distorsionada

En la mente del kirchnerista promedio, los medios masivos de comunicación se ocupan de mostrar sólo lo malo que acontece en el país, pues ello sirve para desestabilizar al gobierno que les ha puesto en jaque su negocio. El kirchnerista ilustrado –un sujeto de más difícil avistamiento– sabe que eso es cháchara, porque en la época de las redes sociales y de los miles de canales alternativos que contiene la Internet los viejos comunicadores han perdido un terreno más que significativo.

Es imposible negar que hay medios que defienden lo indefendible, como también que hay medios que atacan por atacar, pues ambos están entrenados para eso. Muchos otros, en cambio, van hacia donde sopla el viento. Tal es el caso de, por ejemplo, La Gaceta de Tucumán. El gran diario del Jardín de la República hizo una cobertura digna del caos que fue la provincia entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013, y también acompañó discretamente la indignación en contra del Gobernador Alperovich que se vivió en las semanas subsiguientes. Pero, como esa era la opinión instaurada (además de ser la menos dañina), también apuntó contra la policía. Está de moda en Tucumán hablar mal de las fuerzas de seguridad, algo que en Salta, por ejemplo, sería ofensivo. Así fue que Juan Manuel Montero, otro mercenario cagatintas de alto salario, publicó un violento artículo titulado “Maldita Policía Tucumana”.   

En su texto, Montero defenestra a la policía de su provincia, tildándola de caótica. Sugiere que la verticalidad se ha perdido, y por ello una banda de pistoleros hace de las suyas en la provincia, apoyados espiritualmente por los oficiales pasados a retiro.

De cualquier modo se entiende que este periodista se exceda: su escrito es una suerte de replica a quienes amenazaron de muerte a Alberto Lebbos, a los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, al funcionario del Ministerio de Seguridad Paul Hofer, y al periodista –y jefe de Montero– Roberto Delgado. Aparentemente fueron policías quienes llamaron por teléfono a esas personas para amedrentarlos. Pero el episodio en si mismo no resulta verosímil.

Que no se malentienda: no estoy negando que las llamadas hayan existido, lo que digo es que todo parece un burdo montaje. Tras siete años de congelamiento, finalmente en estos últimos meses ha comenzado a avanzar la Causa Lebbos para esclarecer el homicidio de la joven Paulina. La Justicia apuntó en contra de varios policías que habrían encubierto el crimen, demorando con ello la investigación sobre los culpables de haberle quitado la vida a la mujer. En ese escenario, lo de los policías parece tener sentido. Pero donde todo se vuelve suprarrealista es en el hecho de que entre los amenazados esté Hofer. Hofer es la cara del gobierno de Alperovich en materia de seguridad ciudadana, por lo que una amenaza contra él es como una amenaza contra su jefe. ¿Por qué los policías buscarían atentar contra un hombre que cuenta con una enorme protección personal, si le causan más daño filtrando información sobre los asesinos de Paulina Lebbos? Por esa razón todo suena a una autoamenaza, suena al gobierno provincial ensuciando a los policías para conseguirse una excusa. ¿Excusa para qué? Pues supongo que para dar marcha atrás con el aumento, como ya lo hicieron los gobernadores de Chaco, Entre Ríos y Misiones que se niegan a reajustar sus presupuestos y a inventar impuestos para pagarle a los uniformados. El propio Hofer dijo que eso no pasaría en Tucumán (como dijo también que no habría acuartelamiento ni saqueos en diciembre), pero de gente como él poco se puede creer.

De cualquier manera, más allá de este tema me gustaría volver sobre la crudeza del texto de Montero. En un párrafo, este sujeto señala que desde hace 15 años (¿por qué 15 años?) “en la Policía no entra quien debe, sino quien quiere”. Acusa a los oficiales actuales de no tener vocación, de ser meros rapiñadores de sueldos, que se vistieron de azul porque son familiares o amigos de dirigentes políticos. Por supuesto que eso no es cierto: en el ingreso a la policía suele haber en muchos casos un componente nepótico, pero la fuerza es bastante receptiva. Y es verdad que falta vocación en los muchachos y las muchachas que se incorporan al cuerpo policial. ¿Pero cómo exigírsela?

La policía, en la Argentina contemporánea, sufre de un descrédito enorme, y es despreciada socialmente por ricos y pobres por igual. Los protegidos de los dirigentes políticos optan por empleos en la tranquilidad de una oficina pública, antes que por ponerse un chaleco antibalas y salir a patrullar una ciudad con una criminalidad bastante alta.

Tal vez no sea una mala idea reconstruir culturalmente la imagen de la policía argentina y despertar así alguna vocación. Para ello es crucial lo que hagan o no hagan los medios de masivos y alternativos de comunicación.

Víctimas de los victimarios

Recuerdo que cuando los saqueos pululaban por todos lados, el periodista ultrakirchnerista Adrián Murano, casi como un filósofo, indicó que “el hiperconsumismo” de diciembre fue uno de los estimulantes del delito. Linda forma de justificar a los bandidos: poseídos por el espíritu malvado del consumo, los humildes, los “incluidos” por la benévola Cristina Kirchner en la “década ganada”, se sumaron sin meditarlo demasiado a la obra destructiva organizada por las fuerzas del mal que promovían el odio y la discordia.

Evidentemente la Argentina padece de anomia. No quiero insistir con esto, pues muchísimo se ha escrito al respecto, y poco se ha hecho para remediarlo. Es que acabar con la anomia implica trastocar el estado de cosas actual, lo que significa confrontar con sectores que tienen todo acomodado para maximizar la ganancia y minimizar el esfuerzo. Ya lo apunté más arriba al hablar de los sindicatos: para que hayan cambios drásticos, deben haber acciones drásticas, lo que necesariamente supone enfrentamientos. En la Argentina de hoy sobra el conflicto, pero no entre las partes que deberían de chocar. No propongo que se produzca una alianza entre los actores en pugna y se avance en contra de otros, propongo que se abran nuevos frentes.

Pero si alguien va a ir a la batalla, no puede hacerlo desarmado. Aquí creo yo que es necesario potenciar lo de la cultura que señalé más arriba. Los cambios estructurales tardan años en lograrse, por ello, por ejemplo, aunque se haya demolido el concepto de Familia en nuestro país, aun así esta institución social sigue siendo muy positivamente considerada por la mayoría de la gente. Lograr que la gente proyecte coherentemente su vida a largo plazo es algo que no se logra en una semana, sino que lleva su tiempo. Erradicar al apriete, recuperar el servicio militar obligatorio, reintroducir la educación en las escuelas, desacostumbrarse al fácil acostumbramiento ante la crisis que tenemos, es algo que demora bastante. Sin embargo nada de ello se consigue si no se hace nada al respecto.

Silvio Manino Leal, un tucumano que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación desde la época en que Nilda Garré mandaba, propuso que hay que cambiar la matriz de pensamiento de la policía, tal y como se hizo con las Fuerzas Armadas. Tan poderoso ha sido el trabajo contra las FFAA de los últimos veinte años, que la mayoría de los argentinos se olvidaron de que existen. A la policía no se le puede hacer lo mismo. En este caso los ajustes internos son mínimos comparados con el trabajo externo que debería de emprenderse.

Concretamente en el caso policial, me gustaría ver más a los uniformados en las escuelas promocionando la institución y multiplicando su presencia en ambientes no-hostiles. Que al policía no sólo se lo invoque ante la aparición de un problema, sino que tome un rol activo y no de mero vigilante en los momentos de calma. No niego que ello sea incómodo para los oficiales, ya que su trabajo no es específicamente ese, pero se está en un punto en el que hace falta flexibilizar la imagen emitida para ganar confianza y credibilidad. Los medios podrían hacer su parte: en EEUU, por ejemplo, el Ejército del país financia la creación de videojuegos para penetrar en el mundo juvenil del cual se nutre; algo similar en estas latitudes no sería mala idea. O tampoco estaría mal que las fuerzas de seguridad administren canales de televisión, equipos deportivos y coproduzcan entretenimiento, estrategias que, justamente, están pensadas para reconstruir la proyección de la institución en el imaginario colectivo. Una inteligente e innovadora campaña mediática de la policía colaboraría en eso de hacer que el azul recupere la dignidad que perdió.

Pablo Ulises Soria