Una triste
historia con un final feliz
Una mujer invita a su novio a convivir con ella. En la casa
en la que la pareja habita, vive también la hija que la mujer ha tenido con
otro hombre. Se trata de una pequeña, que apenas ha alcanzado la pubertad. El
hombre se aprovecha de la joven, y abusa de ella en reiteradas ocasiones. Pasan
cerca de dos años. Finalmente la adolescente, con 14 años ya, queda embarazada.
Al enterarse de ello, la madre denuncia a su pareja por violador y lleva a su
hija al hospital. Allí exige que asesinen a la criatura que su hija engendró,
ya que quiere deshacerse de todo lo que le remita a ese cretino. Entonces
interviene la Justicia.
Con buen tino, la Asesora de Incapaces le pide a un Juez que no permita
que se lleve adelante ese aborto. El Juez le hace caso (de todos modos, al
parecer, no hay médicos en ese hospital dispuestos a hacerlo). La funcionaria
judicial se reúne con enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales y les
solicita que se movilicen para informarle a la madre y a la hija que están requiriendo
que se cometa un crimen aberrante, y que en la actualidad existen otras
opciones a las de tapar un delito con otro delito. Sin embargo la madre de la
joven no quiere escuchar. Entonces aparecen unas abogadas a las que les encanta
caranchear casos como esos, pues no sienten vergüenza de pertenecer a
sinarquías hembristas y promover su agenda.
El relato que hice tiene por protagonistas a la Asesora de Incapaces
Claudia Flores Larsen, al Juez de Familia Víctor Soria, a las abogadas Graciela
Abutt Carol y Mónica Menini, y a una mujer cuyo nombre no ha trascendido aunque debería de hacerlo (ya que en Salta, a diferencia de otras provincias, los
diarios suelen publicar los nombres de los criminales, junto a sus apodos, sus
edades y hasta sus fotos).
La demonización de Soria o el final feliz arruinado
La demonización de Soria o el final feliz arruinado
El
caso del aborto provocó indignación e ira entre los cultores de la muerte y los
promotores del odio. En su mente no cabía que el homicidio de una persona
inocente e indefensa se viese frustrado por la decisión de un Juez. Así fue que
rápidamente se organizó un linchamiento mediático contra el magistrado.
Soria
es un hombre que, como todo hombre, ha tenido aciertos y errores. Este año la AFIP decidió perseguirlo,
pues el Juez había tomado la “mala” decisión de permitir que los dueños de una
panificadora jujeña ingresen harina desde Bolivia, violando las restricciones a
las importaciones que impuso la
Secretaría de Comercio Interior. Pero donde la prensa se hizo
un festín fue con las denuncias que su mujer le hizo por violencia verbal ejercida contra ella y por violencia física ejercida contra la hija de ambos. La mujer
despechada, además, señaló que Soria es un alcohólico. Todo ello, sumado a su
valiente defensa de la vida del niño por de nacer y de la de su madre, bastó
para que la fauna progresista de Salta y del resto del país pidiese la cabeza
del Juez.
Claro
que nadie dio un argumento coherente para destituir a Soria. El fallo FAL, que
es como un texto sagrado para los genocidas abortistas, fue invocado como si se
tratase de una ley, cuando en realidad no es más que la interpretación perversa
y violenta de los fragmentos más penosos del artículo 86 del Código Penal Argentino. Soria
dictó una resolución impidiendo el aborto, interpretando el caso con un
criterio completamente válido, con amplio sustento doctrinal y jurisprudencial.
No
faltaron los peleles de siempre que salieron a indicar cómo deben obrar los funcionarios judiciales, infiltrando sus visiones enunciadas desde una
ideología miserable. La administración de justicia es una función del Estado que, como todo
lo que proviene de esa institución, debe necesariamente desarrollarse como
servicio, ya que el individuo no está para servir al Estado ni para servirse
del mismo, sino para ser servido por él. El Estado tiene leyes, pero se puede
legislar sobre cualquier cosa, produciendo cualquier zafarrancho. Por tanto los
jueces tienen la tarea de ser más que meros aplicadores de la ley elaborada por
un grupo de insensatos bajo vaya uno a saber cual influencia exterior perversa:
los jueces están para que haya justicia en el mundo, aun a pesar de las leyes
que la niegan. Cuando dos derechos colisionan como en este caso (el derecho a
la vida del feto contra el derecho a la salud de la adolescente violada), los
jueces tienen la dura tarea de ir en contra de la corriente política actual a
la que le importa un bledo la justicia, porque interpreta que al niño por nacer
hay que darle la muerte como aquello que le corresponde.
Soria
obró como se espera que un buen juez lo haga: fue servicial, imparcial y justo. Siguió la ley, la ley más
elemental que sostiene que una persona en el vientre materno no debe enfrentar
la ejecución, puesto que no ha hecho nada que lo amerite, ya que existir no es
un delito (a menos, claro, que se tome una postura genocida y se busque
eliminar a alguien por el simple hecho de ser quien es).
La tragedia de la vida
Lamentablemente,
la Corte de
Justicia Salta dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por el Juez Soria, y autorizó la realización del aborto en la provincia. De todos modos la
adolescente y su madre, ni lentas ni perezosas, aprovecharon el tumulto para salirse
por la puerta trasera y viajar en silencio a Capital Federal para llevar a cabo
el homicidio allí de su familiar, ya que en ese distrito, aparentemente, hay
una amplia oferta de sicarios que estudiaron medicina para trabajar como
verdugos.
Abutt
Carol, la abogada, envió una carta a los medios para victimizar a quienes
resultaron ser victimarias. Textualmente la letrada escribió: “Resulta
contraintuitiva la idea de que el sistema de salud, normalmente orientado a
proteger la salud y la vida de las personas, o el que una Asesora de Menores e
Incapaces, o un Juez de Personas y Familia, sean capaces de imprimir torturas
en una menor indefensa, revictimizándola luego de su tragedia”. En su mente, un grupo de profesionales hablándole a la
joven de lo violento que significa asesinar a una persona y del trauma que
ocasiona ese acto equivale a una sesión de tortura, intolerable en un Estado
democrático como el nuestro. Al mismo tiempo, Abutt Carol no ve (o, peor, no
quiere ver) que todo aborto es un episodio de cruenta tortura, seguido de
horrenda muerte, y que ni siquiera cuenta con un trato digno post-mortem, ya
que a los restos del cadáver los arrojan en una bolsa que va a parar a la
basura o a las manos de alguien que hace quien sabe qué con el cuerpecito
destruido, y la mujer -lo mismo que al haber sido torturada- comienza un proceso de negación y olvido del evento, como
si eso alcanzase para eliminar las pesadillas.
Al mismo tiempo que el debate entre quienes defienden la
vida y los necios que sólo predican la muerte se desarrollaba, en la ciudad de
Orán una mujer embarazada fue atacada por motochorros, que no se conformaron
solamente con robarle, sino que además procuraron lastimarla lo suficiente como
para dejarla al borde de la muerte. Afortunadamente el bebé que llevaba en su
vientre –que nació a través de una cesárea de emergencia– está a salvo, pero su
madre sigue en grave estado. Ante este caso, prácticamente todos los que pedían
a gritos que se apruebe el aborto se horrorizaron: no condenaron al robo en sí,
sino que los enfureció el hecho de que traten con tanto desprecio a una mujer,
sólo porque son víctimas más accesibles que los hombres.
¿Cuál es la diferencia entre el pequeño Baltasar que nació en
medio de la tragedia que sufrió su madre y la criaturita salteña arrojada al
limbo en un hospital porteño? Ninguna. La tragedia de uno estuvo en el momento
de nacimiento, la del otro en el de la concepción, pero eso no hace merecedor
de la muerte a ninguno de los dos. Son víctimas, como sus madres. Quienes deben
pagar, y pagar con todo el peso de la ley son los que les hicieron daño. A las
madres y a los hijos.
Antonella Díaz