Mucho juicio y poca justicia

El circo que odia a los niños

Cuando era niño amaba ir al circo. Cada vez que se largaba la temporada circense en mi ciudad, mi abuelo me llevaba a presenciar todas las funciones que podía, puesto que él amaba el circo tanto como yo (en rigor fue mi abuelo quien me contagió el gusto por los circos). Me fascinaban los equilibristas, los trapecistas, las contorsionistas, los malabaristas y los tragafuegos. Me maravillaban los magos y me divertían los payasos. Y, por supuesto, me deslumbraban los animales: mis ojos brillaban de alegría al ver a los tigres, a los leones, a los canguros, a los osos y a los elefantes. Mi aprecio por los animales era tan profundo, que más de una vez fantaseé con escapar de la escuela y pasar todo el día conviviendo con ellos, viéndolos comer, dormir o ensayar para sus actos.

Cuando mi abuelo murió, mi relación con los circos se congeló. El circo llegaba a mi ciudad, pero mi ausencia se notaba en sus gradas.

Un día, tras quince años de faltar sistemáticamente a todas las funciones brindadas, decidí volver a pisar el interior de un circo. El espectáculo, como era de esperarse, me defraudó un poco, pero fue más que nada por el contraste entre la realidad y las imágenes de la niñez que uno atesora (es como leer con pasión El principito o El lobo estepario cuando se tiene 12 o 13 años, y volver a hacerlo veinte años después: la experiencia de los textos es completamente diferente, puesto que la apreciación de los mismos cambia según la experiencia de vida que uno tenga consigo). De todos modos me llamó la atención que, al momento de entrar a presenciar el espectáculo, frente a la enorme carpa se podía divisar a una docena de personas vociferando en contra de los dueños del circo. Exigían el cese de los actos en los que estaban involucrados animales, y pedían que a esas creaturas las enviasen a zoológicos o a reservas naturales para que dejasen de sufrir en sus pequeñas jaulas.

Visitando San Salvador de Jujuy el jueves pasado, tuve la mala suerte de caminar por la avenida Senador Pérez. Una horda de buitres de diversas edades habían tomado las calles para, simplemente, hacer acto de presencia. Por alguna razón me vino a la mente el tema de los circos y recordé esa escena que vivencié frente a los protectores de animales. Sin embargo habían sutiles diferencias. A saber: mientras que los proteccionistas buscaban la liberación de los animales para darles así un trato “más humano”, los revanchistas, en cambio, piden el encierro de los seres humanos en las celdas más deplorables que posea el sistema carcelario de la nación, para atenderlos como bestias; mientras que los proteccionistas se manifestaban en contra de lo que pasaba dentro de la carpa, los revanchistas expresan completo apoyo a lo que sucede en el interior del Juzgado; mientras que en los proteccionistas primaba el altruismo de buscar un mundo mejor para todos los seres vivos, en los revanchistas sólo existe la intención egoísta de maximizar sus ganancias.  

Lo más lamentable de todo ese evento no fue la tonelada de basura que dejaron los revanchistas, o el caos vehicular que esos personajes provocaron (y que significó que a miles de jujeños les absorban el tiempo para retornar a sus hogares sin un motivo válido); lo más triste de todo fue comprobar que un buen número de escuelas iniciales y medias, tanto públicas como privadas, decidieron suspender sus actividades. Claro que se puede aducir que esa decisión provino del oportunismo de docentes sin vocación que optan por no dar clases cada vez que se les presenta la oportunidad, pero también es plenamente justificable la inactividad: si la escuela existe para que los jóvenes aprendan a distinguir la verdad de la falsedad, ¿qué tipo de mensaje se le estaría dando a una persona que, tras haber aprendido sobre la importancia de que las cosas se adecuen al entendimiento y de que el entendimiento se adecue a las cosas, sale a la calle y observa a la mentira, a la falsificación y a la tergiversación reinando en el palacio donde se imparte la justicia?

De las instituciones educativas de la zona, sólo el Centro Educativo Germán Abdala –un centro de adoctrinamiento financiado por la Organización Barrial Tupac Amaru– prosiguió con sus actividades normalmente, instando a que su estudiantado se acople a las columnas que hacían una vigilia en la esquina de Senador Pérez y Belgrano.

Juicios sin justicia

Jujuy es una de las últimas provincias en prestarse a la venganza del dedehachehachismo. En casi todo el país, la farsa ya tuvo lugar. No hace falta ser adivino para saber como terminará este asunto: prisión para todos los imputados. Es la consecuencia lógica de un juicio en donde se viola el principio de igualdad ante la ley, en donde se obliga al acusado a probar su inocencia (cuando en realidad son los acusadores los que tienen que demostrar la culpabilidad), en donde se invoca a la neblinosa “costumbre internacional” para justificar la existencia de los procesamientos, y en donde se niega el beneficio de la excarcelación durante el proceso sin proveer ningún tipo de argumento válido, como así también se impiden los arrestos domiciliarios para las personas mayores de 70 años.

Un delincuente común –digamos un homicida– recibe un trato completamente distinto por parte de la Justicia en nuestro país. En primer lugar, para alguien así si rige la prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido, pues los jueces consideran que el paso de los años puede alterar la veracidad de los testimonios; para un acusado de delitos de lesa humanidad, en cambio, tal cosa directamente no existe, y se lo juzga en base a lo que pasó hace más de treinta años, sobre lo que un grupo de supuestos testigos sostienen.

En segundo lugar está el hecho de que a un delincuente común no lo juzgan con figuras legales inventadas e implementadas después de que su delito fuese cometido, por el hecho de que las leyes penales no son retroactivas (supongamos que el homicida del ejemplo mató a un anciano y que un par de años después de consumado su crimen el Congreso de la Nación modifica el Código Penal para aplicarle la pena de muerte a todo asesino de ancianos, pues bien como el “gerontocidio” fue cometido antes de la modificación, el homicida se salva de la inyección letal, el fusilamiento o la horca); al supuesto delincuente de lesa humanidad le cabe la calificación de “genocida”, pese a que ésta entró en vigencia en nuestro país recién en 1994, cuando, por culpa de la nueva Constitución Nacional, Argentina se convierte en un Estado soberano que adhiere automáticamente a una serie de Pactos y Tratados internacionales totalmente criticables.  

En tercer lugar está el tema del encierro. A un delincuente común lo encarcelan durante el proceso si y sólo si existe riesgo por parte del mismo de entorpecer el desarrollo de la investigación o de profugarse; si esas posibilidades no son reales, entonces el delincuente común puede retornar a la vida que llevaba antes de ser imputado (tomando el ejemplo del hipotético gerontocida del que venimos hablando, de alguien que mató a un anciano para quedarse con su casa, lo más probable es que un juez argentino lo deje en libertad mientras es procesado). En el caso de que se trate de un acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad tal beneficio –como no podía ser de otra manera en un país que glorifica la venganza como el nuestro– no existe.

Finalmente no hay que perder de vista la jerga legal. Cuando un delincuente común es condenado, se lo envía a la cárcel con fines de “resocialización”. La Justicia argentina lo ve como a un inadaptado, y por ello decide subvencionarlo durante el tiempo que dure su pena para que retorne al mundo civil convertido en una persona de bien. Al acusado de delitos de lesa humanidad, por el contrario, no se lo desea ver reinsertado sino, simplemente, castigado del modo más brutal posible por los crímenes de los que se lo acusa de haber cometido allá lejos y hace tiempo.

La juventud oportunista

La razón por la que los juicios contra la gente acusada de haber cometido delitos de lesa humanidad en Argentina son tremendas mamarrachadas jurídicas es, básicamente, porque no hubo tales delitos. En la década de 1970 lo que hubo fue una guerra. Y esa guerra dejó, por un lado, a un bando ganador y, por el otro, a un bando perdedor. El bando ganador, por supuesto, fue mucho más numeroso que el perdedor, puesto que el mismo incluía a los millones de argentinos que no tenían ninguna intención de vivir bajo el yugo del que a la postre constituiría el bando que terminó siendo derrotado.

La secuencia es fácil de entender: un grupo de subversivos arman unos ejércitos clandestinos para llevar a cabo una serie de campañas terroristas con el objetivo final de tomar el poder del país, las Fuerzas Armadas de la Nación intervienen para aniquilar a esos terroristas, el terror se acaba y la paz retorna a nuestra patria.

Sin embargo lo que no es fácil de entender es todo lo que vino después. Mucho se ha hablado ya de eso y repetirlo es un poco tedioso, fundamentalmente por el hecho de que, a estas alturas, prácticamente todos saben la verdad acerca del asunto. El problema, hay que señalarlo, no es el desconocimiento de la verdad, sino la opción voluntaria por la mentira. Eso es lo realmente grave.

Claro que no se puede culpar a quienes vivieron esa época por escoger la mentira. Seguramente a la madre de un infame terrorista muerto le gusta creer que su hijo era un luchador social y que sus actos demenciales sólo buscaban la creación de un mundo más igualitario, libre y fraterno. A una mujer, por más desventurada y desacertada que haya sido su maternidad, no se le puede negar la facultad de mentirse a si misma y expresar ello públicamente. Pero no se puede decir lo mismo del resto de las personas.

El jueves pasado en Jujuy no sólo estaban los tupaqueros acarreados a la manifestación por un choripán y un vaso de vino, también era preocupantemente grande el grupo de jóvenes enardecidos, los cuales, vestidos con remeras de determinados colores y peculiares estampados, cargaban con banderas y pancartas. Cualquiera se sentiría tentado a ver en esa juventud protestona a los equivalentes actuales de los que en la década de 1970 fueron detenidos y desaparecidos por las fuerzas de defensa y de seguridad en el marco de una guerra civil. Sin embargo, si se considera el hecho de que los de ahora no están allí por la defensa de sus ideales sino por el mero hecho de rapiñar puestos laborales en el Estado, uno podría imaginarlos con más exactitud como una especie de brazo juvenil del loperreguismo. Es decir, de haber vivido hace 36 años atrás, casi la totalidad de esos jóvenes oportunistas que fueron a mostrarse el jueves frente al Juzgado Federal de Jujuy hubieran estado todos festejando el aniquilamiento de aquellos subversivos que hoy en día vindican como si se tratase de héroes. 

Delitos de lesa humanidad: la terrible impunidad

Los dedehachehachistas más sedientos de sangre atribuyen la demora del inicio de los “juicios” en Jujuy a una conspiración de los imputados para eludir su turno en el patíbulo. Acusaban por ello a Carlos Olivera Pastor, el otrora titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, de estar comprado por los acusados para dilatar eternamente la convocatoria a las audiencias judiciales. Tal era lo que sostenía, por ejemplo, Jorge Auat, un funcionario al cual el pueblo argentino le paga mensualmente un abultado salario para que se ocupe únicamente de promover las causas de los supuestos delincuentes de lesa humanidad. 

Pero lo cierto es que Olivera Pastor si trabajaba en torno a las causas de los  dedehachehachistas, y no con la intención de demorarlas. A la par que hacía esto, el antiguo Juez se ocupaba de casos que, a diferencia de los pedidos de venganza por los familiares de los caídos en una guerra que ellos comenzaron, si son de vital importancia para garantizar la paz y la seguridad nacional: el narcotráfico.

La salida de Carlos Olivera Pastor y su reemplazo por Fernando Poviña no sólo ha significado el inicio del circo judicial dedehachehachista en Jujuy, sino que también ha acrecentado el temor de que el trabajo judicial en contra del nefasto narcotráfico vaya a enfriarse considerablemente.

Así, mientras el Poder Judicial se esfuerza en hacer ver a los miembros de un ejército victorioso como delincuentes de lesa humanidad, los verdaderos artífices de los delitos de lesa humanidad, los narcotraficantes, empiezan a respirar aliviados en el Norte argentino.   

Francisco Vergalito