Tucumán se indignó al conocer la
noticia: una niña de apenas 11 años había dado a luz a un bebé en la ciudad de La
Cocha. La madre de la criatura ultrajada,
una mujer muy humilde, hizo la denuncia y consiguió que dos sospechosos de 22 y
24 años fuesen detenidos e imputados por el delito de violación. A su vez la
señora rechazó un acuerdo económico ofrecido por los victimarios para que retirara la denuncia. Ahora se esperan los resultados de una prueba de ADN para
determinar quien fue el responsable del embarazo.
Sin embargo no todos se
conformaron con el final relativamente feliz: no faltaron las infames hembristas
que señalaron que ese niño debió de haber sido violentamente abortado según lo
estipula la jurisprudencia sentada por el Fallo FAL, y que su madre –precisamente
por no haber podido abortar– vivirá traumada de por vida y jamás podrá volver a
ser feliz.
Ahora la noticia resurge en la
prensa tucumana. Pero esta vez la madre de la víctima denuncia el desamparo:
desde que el asunto se hizo público, su familia no recibió ni ayuda social, ni
ayuda legal, ni mucho menos ayuda psicológica. La vida de la señora se ha
convertido en un penoso peregrinar entre juzgados y hospitales.
La pregunta que todos nos hacemos
es obvia: ¿dónde están las hembristas? ¿Acaso la abogada Soledad Deza del
Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo-T o la psicóloga Rosa
Alastuey del Movimiento Libres del Sur –dos opinólogas que hablaron públicamente
sobre el caso– no tienen tiempo para asistir a la víctima? ¿O es su actitud una
forma de represalia contra la madre de la niña violada porque ella eligió que
su nieto viviera en lugar del homicidio que le ofrecían?
Antonella Díaz