El gobierno venía intentando reacomodar el mapa político nacional con
el recurso de la causa Malvinas. ¿Qué hay más popular en Argentina que
hablar, al mismo tiempo, contra el colonialismo inglés, la dictadura y
su desastrosa conducción de la guerra? CFK logró una maniobra envolvente
sobre la postrada oposición y consiguió que Moyano acudiera a un acto
presidencial que denunció la militarización del Atlántico Sur.
Transformando el viejo informe Rattenbach que condena a la Junta Militar
de Galtieri en documento de Estado y lanzando una iniciativa
diplomática para que Gran Bretaña se siente a negociar el reclamo de la
soberanía de las islas, el kirchnerismo sacó una bandera histórica que
había quedado en el prontuario de la odiada dictadura militar, para
convertirla en una plataforma propia. De esta forma, además, trata de
tirar “un manto de neblina” sobre la pulseada salarial de las paritarias
y las malas noticias del aumento de tarifas y transporte.
Pero en el mismo momento que el gobierno se hace gárgaras con la
“causa nacional” estallaron los reclamos contra las empresas mineras,
muchas de ellas inglesas. Desde la presidenta hasta los gobiernos
provinciales salieron en su defensa, no sólo con discursos sino enviando
a sus policías contra los manifestantes e iniciando procesos judiciales
amparados en la nueva Ley Antiterrorista votada con el auspicio de la
embajada norteamericana. En este marco, el ministro De Vido reunió a las
provincias mineras para acordar una política común con el gobernador
Beder Herrera de La Rioja, Corpacci de Catamarca, Fellner de
Jujuy, Urtubey de Salta, Pérez de Mendoza;, Weretilneck de Río Negro, Gioja de San Juan, Sapag de
Neuquén y Buzzi de Chubut. Crearon la Organización Federal de Estados Mineros
(OFEM) que, como señaló Fellner “incentivará a que se creen sociedades
públicas para intervenir en la actividad”, es decir crear algún tipo de
ente estatal para hacerse de una tajada de esa renta como socios menores
con los monopolios mineros. De la
misma manera el Ejecutivo acuerda con las provincias petroleras para
presionar en conjunto sobre las multinacionales de hidrocarburos ante la
crisis desatada por la falta de inversión y fuga de divisas: “El
Gobierno no tiene una vocación estatizante, pero apoyará de manera
abierta, política y económicamente, cualquier decisión de una provincia
de rescindir la concesión de un pozo si una petrolera no cumple con la
inversión comprometida”, dicen los funcionarios K.
En el mismo discurso presidencial que se agitaba la causa Malvinas,
dejaron en claro que no se afectarán los negocios de las “empresas del
Reino Unido que trabajan en Argentina como la British Petroleum, la
Royal, la Easy, ex Duperial, todas las mineras, como Río Tinto,
Alexander Mins, Patagonia Gold, HSBC, Standar Gold, Glaxo, Unilever,
British Telecom” según las enumeró CFK. Ha quedado al descubierto con la
represión y la defensa de los negocios de megaminería de las empresas
extranjeras que la “soberanía nacional” de la que habla CFK es un
recurso para compartir negocios. No es casual, está en la marca de
origen de la camarilla kirchnerista que gobernó Santa Cruz abriendo los
negocios a las ramas del capitalismo extractivo de las multinacionales
pesqueras, mineras y petroleras.
