El perseguido
Sergio Leavy es uno de los políticos más controversiales de
Salta. Su relación con Ernesto Aparicio –un antiguo diputado provincial
pejotista acusado de haber tejido estrechos vínculos con el narcotráfico– lo
convirtió en un individuo sospechoso desde sus primeros días como Intendente de Tartagal. Con
los años Leavy ha ido acumulando toda clase de denuncias por ineficiencia y corrupción,
convirtiéndose en una triste celebridad nacional durante 2009, después de que se
comprobó que había desviado hacia su bolsillo mucha de la ayuda que había
llegado para paliar el desastre que ocasionó un alud sobre Tartagal.
Pues bien ahora resulta que Leavy está en boca de todos, pero
no por ser culpable de algo sino por haberse declarado víctima. En efecto, su sorpresivo anuncio de que se mudará al cuartel que alberga al Regimiento de
Infantería de Monte Nº 28 “Generala Juana Azurduy de Padilla” tras haber
recibido amenazas de muerte generó revuelo en la provincia, sobre todo en la
zona Norte.
En noviembre del año pasado, Leavy también declaró sentirse perseguido, pero no por matones como ahora sino por la prensa que se encargó de difundir las fotos que él y su comitiva se tomaron en cabarets de jineteras y playas
paradisíacas de Cuba durante un supuesto viaje diplomático. En aquella ocasión, el Intendente de Tartagal sostuvo que
su estadía en la isla roja se debió a que encabezó una misión empresarial para intercambiar porotos por medicamentos, y que el que opinaba algo diferente era un malicioso.
Lo que el cambio de domicilio del jefe comunal deja al
descubierto es la atroz inseguridad que se palpita en Tartagal. El camporista Germán Voss le pidió al “Oso” que desdramatice la situación, ya que más de uno puede
suponer que, como en las épocas del Proceso de Reorganización Nacional, el
Intendente está avalando –tácitamente– la idea de que es necesario militarizar al
país para enfrentarse a quienes atentan en contra de la paz social. Sin embargo
Leavy lo interpreta como un hecho aislado y, por supuesto, niega que la
delincuencia haya tomado las calles de su ciudad, pese a que muchos vecinos opinen lo contrario.
La industria sin chimeneas
Leavy ha señalado que las amenazas contra su persona y sus
seres queridos provienen de un grupo de violentos piqueteros. Darío Valenzuela,
un diputado provincial del Partido Renovador Salteño, sostuvo que, en realidad,
el atrincheramiento del Intendente en un recinto militar se debe a que son
narcotraficantes los que han puesto en vilo a su vida.
Más allá de que los amenazadores sean narcotraficantes o
piqueteros, creo que tanto Leavy como Valenzuela han señalado algo importante: día a día los narcotraficantes consolidan su poder en la región, moviéndose con
una gran libertad ante Fuerzas de Seguridad que -por órdenes provenientes desde
Buenos Aires- son limitadas en su accionar en contra de estos personajes; y junto a ellos están los piqueteros contribuyendo al caos.
Que no se malentienda: no estoy poniendo al mismo nivel a los
narcotraficantes con los piqueteros, lo que estoy diciendo es que la ausencia
de un proyecto de desarrollo en el Norte de Salta genera un clima de tanta
tensión social que cualquier tipo de expresiones radicalizadas encuentran un
oído para ser escuchadas, pues la gente de esa región conciben como vías válidas
de escape de la pobreza a muchas de las prácticas que, al mismo tiempo, juzgan
como repudiables. Tartagal está repleto de personas que alternan la militancia
en organizaciones piqueteras con actividades delictivas como la venta de droga
al menudeo, y ello sucede no porque esa gente sea intrínsecamente malvada, sino
porque al estar el aparato productivo en crisis desde hace varios años los
postergados apuestan a cualquier cosa para salvarse. Si se quiere poner un freno a tanta locura contra quienes hay que apuntar
es contra los cabecillas de las narcobandas y de las pandillas piqueteras, pues son
éstos el verdadero cáncer que afecta a Salta (cáncer que, ciertamente, es expandido
gracias a la colaboración de muchísimos de los políticos locales).
Los piqueteros más peligrosos del área de Tartagal son los
miembros del Movimiento Patriótico Revolucionario “Quebracho”, fuerza que ha
logrado poner en marcha una “industria del apriete”, la cual incluye corte de calles
y rutas, ocupación de terrenos, bloqueo de empresas y edificios públicos, tomas
de fábricas y extorsión a personas para conseguir sus propios objetivos.
Junto con Quebracho se ubican otros personajes venidos del
sur: Raúl Castells y Sergio Schoklender. Ambos avanzaron de un modo más moderado
que su par, proponiendo proyectos educativos y de desarrollo social auspiciados
por el gobierno. Claro que Schoklender –tras el develamiento de la vil estructura
de corrupción que ocultaban las Madres de Plaza de Mayo– se ha retirado de la
región, pero sus acólitos siguen agrupados y dispuestos a disputar contra el propio Leavy el control de sus emprendimientos.
Sobre Castells he hablado hace unos meses. Señalé en ese
entonces que el viejo caudillo piquetero había llegado a Salta para construir
poder y negociar pacíficamente el arrendamiento de dicho poder a las
autoridades legítimas. No creo haberme equivocado: hace unos días el propio Castells denunció que quienes amenazaron a Leavy son gente vinculada a
Schoklender, ya que los suyos serían incapaces de enemistarse con un líder
gubernamental que tan bien los ha tratado.
Sobre el Fondo de
Defraudación Histórica
Este penoso escenario de narcotraficantes y piqueteros es el
producto de la relegación económica de una de las zonas más potencialmente
ricas de la Argentina. El
El Gobernador Juan Manuel Urtubey, para tratar de revertir la
situación en el norte provincial, implementó el Fondo de Reparación Histórica,
y puso a su hermano al frente del mismo para que su imagen pública crezca de
cara a las elecciones para Senadores Nacionales del año próximo. Este organismo
tiene por función realizar una enorme cantidad de grandes y pequeñas obras de
infraestructura. Hoy en día aún es difícil evaluar el grado de éxito o de
fracaso de este proyecto; no obstante ya es posible señalar algunas cuestiones
que anticipan un panorama de logros escasos. La más importante de ellas está
ligada al tema de la fiscalización: si bien hay una comisión bicameral legislativa (formada en un 85% por oficialistas) encargada de controlar la
transparencia del Fondo de Reparación Histórica, lo que no hay es un equipo de
auditores revisando que el dinero se gaste en las obras públicas prometidas y no en pago de
haberes, compra de equipamiento, viajes al exterior o campañas electorales. Sin
la adecuada fiscalización, la iniciativa de Urtubey anticipa ser menos de lo que
se anuncia.
Conociendo a la
Argentina me animo a anticipar un conflicto puntual que el
Fondo de Reparación Histórica generará en los próximos meses: trabajo en negro.
En efecto, desconozco el impacto que este hecho tendrá, pero estoy más que
seguro que –con o sin complicidad de la UOCRA – algo que habrá de caracterizar al Fondo de
Reparación Histórica es el empleo no debidamente registrado. Y esto que digo no
es un detalle menor sino algo sintomático de nuestro país: el Norte de Salta
necesita de una urgente reactivación industrial que motive el crecimiento del
sector privado, pero en su lugar sólo se le da obra pública (que equivale a
grotescas sobrefacturaciones, coimas para ganar licitaciones y todo ese tipo de
cosas tan propias de lugares gobernados por la peor calaña de la sociedad);
entonces la cultura del trabajo sigue siendo sistemáticamente obturada.
¿Quiénes administran los
Municipios?
¿Acaso el Norte de Salta está condenado a los Leavy, los
Aparicio y los Castells? Sinceramente espero que no. El Norte de Salta merece
muchísimo más de lo que actualmente tiene.
Evidentemente el gran problema de la región más septentrional
de La Linda es
la porosidad de la frontera. Revertir esa situación requiere del trabajo
conjunto entre los Municipios, la
Provincia y la
Nación. Sin una decisión unánime, sin un compromiso
tripartito, el narcotráfico seguirá avanzando, desmoralizando a la gente
decente y brutalizando al resto.
La narcopolítica es un tema muy serio sobre el que se habla
poco. Luís Arturo Cifre, el Concejal de Joaquín V. González que integraba una
red transnacional de narcotraficantes, es un ejemplo clarísimo de esto. Yo,
personalmente, dudo de que se trate de un caso aislado, como también dudo de
que sea casual la relación entre el impresionante aumento de la circulación de
drogas ilegales en nuestro país y la presencia de una reconocida terrorista
como Nilda Garré (perteneciente a las huestes de Horacio Verbitsky) en el
Ministerio de Seguridad. Y además dudo de que la narcopolítica se circunscriba
a una única expresión ideológica, porque todos en Salta saben que el Senador
Nacional Juan Carlos Romero es dueño de aviones y hangares que más de una
sospecha generan.
Y, si la idea es devolverle la dignidad al Norte de Salta, a
la par del combate en contra de la narcopolítica es preciso reformar las
prácticas de gestión pública que están vigentes. No es aceptable que el bienestar
de miles de personas quede en manos de personajes como Sergio Leavy o Marcelo
Lara Gros, líderes comunales que además de ser buenos para el ejercicio de la prepotencia
han demostrado ser buenos para fracasar a la hora de ser eficientes y
transparentes.
La tremenda excusa que se pone para justificar a Leavy, Lara
Gros y demás nefastos es que ellos fueron elegidos a través del voto popular y por tanto
no pueden ser removidos de sus cargos, pese a que hayan hecho los méritos
suficientes para ello (a Sergio Leavy, de hecho, el Concejo Deliberante de
Tartagal lo destituyó de su puesto en 2009, pero en 2010 la Justicia salteña anuló el
procedimiento utilizando tecnicismos legales e ignorando todos los actos de
abuso de autoridad y las acciones fraudulentas de las que el Intendente fue
culpable).
¿Qué hacer entonces ante estos patéticos tiranuelos del Norte
de Salta? Una propuesta posible es la intervención de los municipios, pero ello
sería imponer desde arriba una solución que tendría que aparecer desde abajo.
La otra propuesta, la que proviene desde abajo, sería la de ganarles a estos
profesionales de la politiquería en las urnas, sin embargo nada asegura que los
que los suplanten sean realmente mejores que los que están ahora. Yo propongo,
en cambio, una tercera alternativa, una que no venga desde arriba ni desde
abajo, que no sea enteramente partidocrática ni enteramente populista: los
Administradores Municipales. En efecto, un Administrador
Municipal es un hombre capacitado técnicamente para gestionar asuntos
municipales, un hombre versado en el manejo estratégico de recursos y el uso
inteligente de las capacidades humanas, un hombre experto en el arte de hacer
que las cosas funcionen.
La
figura que describo existe desde hace muchos años en los EEUU y se trata de una
manera de desdoblar el trabajo de la Intendencia , poniendo,
de un lado, a un hombre a trabajar en la resolución de los problemas urbanos y,
del otro lado, a otro hombre a arbitrar disputas sociales y a asumir los roles
ceremoniales. Un hombre para urbanizar (sin convertirse en Schoklender) y un
hombre para realizar el trabajo social (sin convertirse en Castells), es decir
dos hombres diferentes para hacer el trabajo que Leavy debería hacer pero que no
hace a raíz de que su afición por la corrupción es amparada por un sistema político
defectuoso.
El
Administrador Municipal, ciertamente, debería ser electo por concurso de
oposición y antecedentes (ante un jurado compuesto por el Intendente, una
comisión de concejales y otros actores municipales relevantes), por un plazo de
dos años y bajo la condición de asumir el compromiso de no candidatearse para
un cargo público por lo menos en los siguientes dos años.
Un Administrador
Municipal significaría así el fin de la discrecionalidad, algo que parece utópico
en un país como el nuestro. El poder piramidal de la Intendencia pasaría a pluralizarse, lo que no
significaría el debilitamiento del gobierno sino su fortalecimiento, agregando
instancias de toma de decisión y de control de las gestiones.
No se
trataría, por supuesto, de una avanzada tecnocrática, ya que no se trataría de
darle forma de empresa privada a una oficina pública, pues el objetivo no sería
el de reorientar el presupuesto de los Municipios del Norte de Salta para
aumentar sus recaudaciones, sino el de construir comunidad allí donde no la hay
o donde se está resquebrajando.
Orán, ciudad capital
Finalmente algo sin lugar a dudas interesante para el futuro
del Norte de Salta sería el convertir a Orán en capital provincial. Lo que
planteo no es descabellado: países como Chile, Bolivia y Malasia tienen en la
actualidad dos capitales, ¡y Sudáfrica hasta tiene tres! Bien podría entonces
ser Salta la primera provincia argentina con dos capitales.
La
capitalización de Orán es la verdadera reparación histórica que la zona
necesita. San Ramón de la Nueva Orán existe
desde 1794, fue activa partícipe de las Guerras de Independencia y poderosa barrera
de contención de las amenazas chaqueñas en los años ulteriores. Un espacio de
gloriosa argentinidad en medio de la selva. En el primer lustro de la década de
1880 Orán estuvo a punto de convertirse en capital de una nueva provincia
argentina, pero ello nunca sucedió debido a la negativa del gobierno salteño a
desprenderse del territorio.
Es hora ya de cambiar eso. El traslado del Poder Legislativo
a una nueva sede en Orán obligaría a que ocho decenas de políticos salteños (los
de la Cámara
de Diputados Provinciales y los de la de Senadores Provinciales) se vean
obligados a permanecer en el Norte de Salta, atestiguando con sus propios ojos el
penoso estado socioeconómico de la región. Eso tendría que servir como estímulo
inicial para comenzar a cambiar las cosas.
Francisco Vergalito
