Pareciera ser que nadie en la Argentina de hoy está
dispuesto a recibir un balazo por otro, pero la evidencia lo desmiente: el 7 de
octubre un quincuagenario fue asesinado a sangre fría en San Miguel de Tucumán
porque intentó detener con su escopeta el atraco a una casa vecina. Ese crimen
es la consecuencia natural de un escenario en el que la violencia delincuencial
se ha incrementado y la seguridad ciudadana ha disminuido (porque el policía no
está presente para actuar, y cuando finalmente actúa se lo critica incansablemente hasta hacerlo perder su empleo).
Tres delincuentes trataron de ingresar al
domicilio del periodista opositor Ramiro Garrocho, cuando un vecino observó la
escena desde su residencia. Consciente de que estaba presenciando un tremendo
acto de agresión, el hombre decidió asistir a la víctima, así que tomó una
escopeta y, mientras hacia un disparo al aire, les gritó a los malvivientes
exigiéndoles que se alejaran. Los criminales abrieron fuego mientras se
retiraban, dejando un muerto como saldo.
Un ciudadano común harto de vivir con
miedo opta por defender a los suyos y termina fulminado. ¿No es hora de que
toda esa iniciativa vecinal se formalice? Cada barrio, sea pobre o rico, debería
tener sus vecinos policías, pues –al menos en Tucumán– es bastante obvio que las patrullas civiles ya son reales. Y si resulta imposible distribuir a los
policías en todos los rincones que pueden llegar a convertirse en blancos de la
delincuencia, ¿por qué no capacitar a gente como el vecino asesinado para que
se constituya como un cuerpo civil armado coordinado y supervisado por la
policía y por los propios ciudadanos?
Ante un Estado que poco hace por prevenir
el crimen, no suena descabellado que la misma gente que lo sufre busque modos
de combatirlo por sus propios medios. El peligro de ello, claro, radica en que
no resulta sencillo enfrentarse al hampa de nuestro país, el cual parece tener
cada vez menos límites para despojar a las personas de sus bienes. De allí que
si alguien está dispuesto a manipular un arma para ejercer su derecho a la
legítima defensa, entonces debe saber manipularla correctamente para no herirse
a si mismo y para no caer abatido por delincuentes dispuestos a todo. Y aquí es
donde debe entrar en escena el Estado: si quienes gobiernan no creen
conveniente hacer todo lo necesario para acabar con el delito, al menos éstos deberían
dar mayor asistencia y capacitación a las personas que quieran garantizar su
protección y la de sus familias.
En este escenario que planteo el Ejército
Argentino, por ejemplo, podría volver a conectarse con la identidad nacional
organizando cursos gratuitos de adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo y
disparo con armas de fuego. Porque miles de familias tucumanas –después de la
huelga policial de 2013– ya se encuentran armadas, por tanto la apuesta
gubernamental debería ser contribuir con esas personas que no quieren
convertirse en víctimas obligadas de la delincuencia. No hacerlo es incubar un
conflicto.
Ciertamente darle poder de fuego a la
ciudadanía puede llegar a convertirse en un problema, pero tomando las
precauciones adecuadas puede tornarse muy beneficioso para las posibles víctimas del delito, siempre y cuando se considere a su acción antidelictiva
como un complemento y no suplemento en materia de seguridad. Las armas ya están
siendo usadas por el pueblo, lo más óptimo sería que su uso no sea testimonial
sino realmente disuasivo y hasta directamente represivo en ciertos casos.
Pablo Ulises Soria
