Una investigación de Radio2 y Jujuy al Momento, determinó que la
compra de tierras en el marco del Programa “Un lote para cada familia
jujeña que lo necesite”, empezó a mostrar los primeros signos de
corrupción y debilitamiento de un gobierno provincial que sigue
encaminado en una línea trazada hace más de 20 años, sacar beneficios de
la necesidad ajena.
En este
caso y tras las muertes ocurridas en Libertador General San Martín al
reprimirse a familias que estaban asentadas en una fracción de tierras
del Ingenio Ledesma, el gobierno de la provincia, con aprobación de la
Cámara de Diputados de la Provincia, puso en vigencia el Plan de
Emergencia “Un lote para cada familia…..” y se autorizó la compra de
tierras necesarias para brindar cobertura a las familias inscriptas en
ese marco.
La emergencia y la necesidad de la gente, dejó abierta
una importante brecha para que se generen negocios inmobiliarios de
magnitudes millonarias, que no solo involucran a funcionarios del
partido gobernante, el Justicialismo, sino también de la Unión Cívica
Radical y Jueces que actualmente están en ejercicio de sus funciones.
Amén
de ello, se descubrió cómo funciona perfectamente aceitado los
organismos de control, cuando tienen que fallar a favor del gobierno y
se activan todos los mecanismos para hacer aparecer un acto corrupto,
como el negocio más beneficioso para el gobierno y los jujeños.
Con fecha 1° de enero del 2012 ingresa al Tribunal de Cuentas de la
Provincia un pedido de informe para que se preste acuerdo para
modificar una partida presupuestaria destinado a la adquisición de un
inmueble ubicado en Alto Comedero de aproximadamente 150 hectáreas
destinados a 3.000 familias jujeñas inscriptas en el plan “Un lote para
cada ….”
El inmueble en cuestión es individualizado con el Padrón
A-98566, matrícula A 74301 y entre los titulares se encuentran un grupo
de ex diputados provinciales que tuvieron función en el año 1992 en la
Cámara, Mario Ramón Puig, actual juez de Cámara, Miguel Ángel Giubergia,
Carlos Alberto Toconas, Pedro Teófilo Lozano, Hugo Daniel Zamar, Raúl
García Goyena, Luis de la Zerda, Martín Durbal Jorge y Daniel Almirón.
También figuran como titulares, Teresa Sadir, esposa de Facundo René
Giubergia, y René Jesús El Jadue.
Hasta allí la operación, si se
tratara de una compra venta entre particulares, estaría todo bien. Pero
resulta que el comprado es el Estado Provincial, y según el Art. 64 de
la Constitución de la Provincia “Queda prohibido a todo agente público
recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos,
concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el
Estado. Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse,
administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o
jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean
proveedores o contratistas de la administración del Estado”.-
En
síntesis, al ser varios de los nombrados actualmente funcionarios de la
provincia y del municipio no pueden realizar ningún tipo de operación
con el Estado.
Previa a la adquisición del inmueble, Fiscalía de
Estado hace la observación correspondiente y deniega a los vendedores la
posibilidad de realizar la operación. En ese informe, el Vocal Contable
del Tribunal de Cuentas, el C.P.N. René Barrionuevo, en la Resolución
N° 301-S/II-2012, también se observa dicha situación anómala y no
aprueba la venta.
Pero igual posición no la tiene la Vocal
Letrada del Tribunal de Cuenta, Dra, Mariana Bernal (hermana de la
Diputado Nacional del PJ María E. Bernal), interpreta el referido
Artículo de la Constitución a favor de los vendedores, aduciendo que las
personas en cuestión, son titulares con mucha antelación a la situación
de emergencia; que el Artículo constitucional refiere a la palabra
“beneficio”, y supuestamente en esta caso no hay beneficio porque el
inmueble fue tasado en 240 mil pesos la hectárea y el estado compra por
200 mil la hectárea, con lo cual “no hay beneficio”, supuestamente.
La
Vocal no entra en razón, porque el inmueble en cuestión fue escriturado
con fecha 15 de febrero del 2011, mediante Escritura Pública N° 26,
autorizada por el Escribano C.R. Frías, mucho después de aprobarse la
Emergencia habitacional. Los titulares antes nombrados y según consta en
dicha escritura adquirieron el inmueble por $ 727.540 y la venta al
estado provincial se realiza por un monto total de 30 millones de pesos,
una diferencia bastante considerable y donde todos los vendedores sacan
un importante “beneficio” a costas del dinero de todos los jujeños y
sobre todo destinados a los más humildes.
En el mismo informe, la
abogada Bernal, advierte “la necesidad de la regularización formal de
las modificaciones presupuestarias pertinentes al momento de los pagos
en cuotas previstos”. O sea que la funcionaria sabe que se cometen
irregularidades en las partidas presupuestarias para la adquisición del
inmueble, y sin embargo en vez de desaprobar el pedido, únicamente hace
una “observación” y le dice al estado que regularice esta situación y
con la “advertencia aludida”, toma razón del Decreto.
Con el voto
en contra de Barrionuevo y el voto a favor de Bernal, no podía salir la
aprobación de este organismo para que se haga la compra de este
terreno. Entonces interviene con su voto a favor la Presidenta del
Tribunal de Cuentas, la Dra. Nora Millone Junco, aduciendo que “no surge
a su criterio la incompatibilidad en la que presuntamente incurrirían
sus propietarios y ello toda la aplicación del Art. 64 de la
Constitución no resulta de aplicación en estos obrados”. De esta manera
avala todo lo dicho por Bernal y la “dudosa” venta de un inmueble.
La adquisición del inmueble
en cuestión está viciada y es notoria la falta de control en los
organismos que deben ejercer esta función. El Tribunal de Cuentas es hoy
uno de los órganos del estado que menos autonomía tiene, con
funcionarios ligados al poder, presupuestos recortados, personal sin
independencia y atados a un cargo, etc.
