El imperio de lo trucho

La frontera salteña-tarijeña es un auténtico problema nacional. Sin embargo el país le da la espalda al tema. Es que el norte de Salta, en el imaginario popular argentino, es el lugar en donde la patria termina, y no donde comienza: estamos adoctrinados para ver a esa parte del país como un rincón olvidado del patio, y no como el pórtico de entrada a nuestro hogar. Incluso los propios salteños ven las cosas de ese modo. La ausencia de federalismo hace posible esta interpretación tan penosa de la realidad nacional.

La consecuencia directa de esa indiferencia y de ese desprecio hacia el norte salteño es su invasión. Y no es sólo el espíritu expansionista del gobierno boliviano el que invade Salta a diario, es también el imperio de lo trucho el que toma posesión de lo argentino.

En efecto, se suele hablar sobre cómo la droga y las armas penetran permanentemente en la Argentina a través de Bolivia, pero no es mucho lo que se discute acerca de la mercadería que es contrabandeada por los innumerables agujeros fronterizos que el gobierno argentino permite que existan. Ropa, calzado, sábanas y toallas, juguetes, artículos de cocina, marroquinería y hasta productos electrónicos provenientes de Asia (especialmente de China) fluyen a través de la porosa frontera norte, inundando al país de truchadas.

La Salada es la meca de lo trucho, pero lo cierto es que el país está flagelado a lo largo y ancho de las provincias por las numerosas ferias y galerías que venden todo lo que cruza la frontera de manera ilegal. ¿Y cómo combate el gobierno nacional este problema? Con mera pirotecnia. Lo más lógico sería clausurar todos los comercios que ofrecen mercadería de origen dudoso, pero eso requeriría de un sistema de control que el Estado no tiene, y generaría además un tremendo conflicto con la gente que lucra con ello, debido a que se leería todo como un cercenamiento del derecho a trabajar (los municipios y las provincias que han decidido obrar siguiendo este lineamiento se han vistos obligados a chocar contra los sindicatos que agrupan a quienes venden lo contrabandeado). Al ser tan delicada la situación, el gobierno tiene otra posibilidad para actuar: controlar el ingreso de lo trucho al país. Sin embargo, dado que parece ser que las fronteras argentinas fueron hechas para ser violadas, ello rara vez sucede.

En estos últimos años el gobierno nacional se ha dedicado a perseguir a las famosas “caravanas de compras”, desarrollando operativos sorpresivos que sólo apuntan a disuadir a los delincuentes pero no a eliminar realmente el problema. Es decir de tanto en tanto la AFIP, junto a la gendarmería nacional o a la policía de seguridad aeroportuaria, detiene a camiones o colectivos que se desplazan repletos de mercadería e incauta todo lo que llevan consigo por haber sido ingresado de modo ilegal al país. Esto no genera desaliento en las prácticas contrabandistas, sino un reordenamiento de sus estrategias. Así la mercadería trucha sigue penetrando en la Argentina en enormes cantidades, y son autos particulares los que trasladan todo el contrabando desde el norte de Salta a otras localidades de la misma provincia, y también de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, desde donde parten los camiones y colectivos que transportan la carga hacia Buenos Aires y otros destinos.

En la base de la pirámide de lo trucho están los famosos “bagayeros” o “pasadores”, que no son más que desempleados que se ganan el pan diario cargando mercadería desde Bolivia para llevarla hacia la Argentina, y viceversa (especialmente ahora que el peso boliviano vale más que el argentino). Los gendarmes observan pasivamente ese movimiento en que las chalanas atraviesan parsimoniosamente el río Bermejo cargadas de cajas y otros bultos. Esa desidia no es el resultado de amenazas o coimas contra los uniformados, sino una directiva un tanto vergonzosa de no proceder en contra de los precarios trabajadores. Ocasionalmente gendarmería detiene a los bagayeros en el marco de operativos anti-narcotráfico, pero el negocio de estos personajes consiste en, justamente, abstenerse de colaborar con los mercaderes de la muerte a cambio de que les permitan contrabandear artículos domésticos.

Antonio Hucena, un diputado provincial salteño perteneciente al PJ, ha denunciado en los últimos meses que la Municipalidad de Orán ha estado colaborando con los bagayeros al permitirles usar espacios propios para que ellos organicen la distribución de mercadería que ingresa contrabandeada al país. La sospecha es que el contrabando no es independiente del narcotráfico, ni del lavado de dinero, ni del tráfico de divisas, ni tampoco del tráfico de personas. AFIP ha realizado operativos en los que, junto a productos de contrabando, encontró droga, dólares y hasta inmigrantes asiáticos y africanos flojos de papeles.

Es una creencia popular que en cuanto aparezcan los alambrados y las murallas en las fronteras, el caos de lo delictivo dejará de azotar al norte salteño. Sin embargo la salvación del país requiere más que eso, requiere de empleo legítimo, cultura del trabajo, reconstrucción social, y, sobre todo, de desprecio por lo trucho, algo poco probable en la Argentina de hoy.

Ángela Micaela Palomo