¿Sinarquía o anomia?
Después
de diez días de agitación social producida por los saqueos que se
desencadenaron al unísono de las huelgas policiales, la presidente Cristina Fernández de Kirchner finalmente habló vía Twitter sobre el tema. Por supuesto que no fue
–como si hubiese sido en muchas otras partes del mundo occidental– para asumir
su responsabilidad, pedirle disculpas al pueblo argentino y presentar su
renuncia indeclinable, pues, como es sabido, el nuestro es un país con una
institucionalidad alterada. En su lugar, la presidente se encargó de señalar a
quienes serían los culpables del caos que padeció la Argentina.
En su
relato, Cristina Fernández de Kirchner apuntó esencialmente en contra de los
cuerpos de policía, y deslizó por detrás un montón de conjeturas conspirativas.
Al parecer miles de policías a lo largo y ancho del país respondieron a la
convocatoria de unas cuantas decenas de cabecillas que sólo querían crear una
situación de tensión, por lo que no sólo promovieron el acuartelamiento sino que
también organizaron junto a varios hampones unos cuantos robos en banda en
contra de ciertos comercios para tentar a los humildes que el Estado se ha ocupado
de “incluir” a que se comporten como unos desaforados. Lo que se buscaba era
demostrar que la policía es indispensable en la Argentina de hoy y que
por ello no se puede no concederle lo que demanda. Esos policías “extorsionadores”
y “desestabilizadores” contaron en el relato kirchnerista, claro, con el apoyo directo
de gremialistas, políticos y hasta de narcotraficantes, y con el apoyo
indirecto del Grupo Clarín, es decir ellos fueron parte del “Eje del Mal”.
Dos escenarios
Si se
analiza la situación que vivió Tucumán a la luz de la explicación kirchnerista,
es probable que se adhiera a esa versión. Es que en esa provincia la policía
suspendió sus tareas habituales, allanándole el camino a la delincuencia para
que avance con su actividad expropiadora y destructiva. Durante dos días se vivió
en el terror, debido a que nadie del gobierno provincial se hizo cargo de la
crisis mientras estaba estallando (y tampoco hicieron ello después de que
culminó). La gente, como era de esperarse, reaccionó con un gran malestar ante los policías, a quienes aprovecharon para increparlos en la vía pública o para
denostarlos a través de las redes sociales. En una tienda llegaron a colocar un
cartel en el que anunciaban que a los miembros de la fuerza policial les iban a
cobrar los productos que venden con un grosero sobreprecio, en clara actitud de desquite por los efectos colaterales que ocasionó su huelga.
La
contracara de Tucumán fue, sin dudas, Salta. En Salta también hubo acuartelamiento por parte de los policías provinciales. Sin embargo éstos no
estuvieron acompañados por saqueos, ya que, justamente, cuando hubo intentos de
rapiñar en los comercios locales, fueron los policías los que pusieron el cuerpo y detuvieron a la horda que iba detrás de lo ajeno, minimizando de ese
modo los daños provocados. Después de anulado el peligro, muchos oficiales
comenzaron a sumarse al paro, pidiendo una suba salarial. La gendarmería
nacional entró en escena para suplantar a los policías voluntariamente fuera de
servicio, y los únicos inconvenientes y encontronazos que se registraron fueron
entre miembros del gobierno y representantes de las fuerzas del orden.
La
reacción de los salteños ante su policía fue diametralmente opuesta a la de los
tucumanos: en lugar de negarles la atención o cobrarles tarifas especiales, los
comerciantes de Salta decidieron agradecerle a sus guardianes ofreciéndoles generosos descuentos en sus locales por lo que resta de diciembre.
El
clima popular ante los policías es hoy en día muy distinto en una y otra
provincia. La gente de Tucumán acusa de codiciosos a los oficiales y les echa
en cara que sus aumentos están manchados por la sangre de los comprovincianos
que murieron durante los saqueos; la gente de Salta, en cambio, ha sido
informada que el aumento salarial de los policías se financiará a través de un
incremento en los impuestos, hecho que no ha puesto a los afectados en contra
de los uniformados sino antes bien en contra de los políticos.
Esto
también se percibe a nivel político. En Tucumán, el massismo local (un bloque
parlamentario integrado en la Legislatura
Provincial
La realidad como límite
Ciertamente
la policía de Tucumán y la de Salta no difieren demasiado. En ambos cuerpos hay
numerosos elementos corruptos que, por acción u omisión, son productores de
delitos. Y no hablo únicamente de coimas, sino que me refiero a la constitución
de bandas delictivas integradas por uniformados. Quizás habría que ir a los
archivos y cuantificar el número de policías involucrados en estos repudiables
episodios durante la última década, para constatar si es mayor el número de
malos elementos en Salta o en Tucumán, o si es parejo de uno y otro lado de la
frontera. De cualquier manera no son sólo las tristes excepciones las que
contribuyen a perjudicar la percepción social de la policía, sino que también ello
lo logran a través de ciertos excesos en sus funciones: me refiero, claro, a
las denuncias por apremios ilegales, abuso de autoridad y ese tipo de cosas.
Todo
eso contribuye a que la policía funcione como un buen chivo expiatorio. En
Tucumán, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ordenaron detener a nueve perejiles a los que se les imputa la autoría mediata de los
saqueos, los homicidios y otros delitos. Quieren culpabilizar a trabajadores de
mala traza para que la opinión pública focalice su bronca en contra de ellos y no en contra del resto de los políticos oficialistas, lo que se dice “buscar tapar el
sol con la mano”.
Es que
en Tucumán, siguiendo el libreto conspirativo propuesto por el kirchnerismo, no
tienen a nadie más contra quien apuntar: el gremialismo moyanista prácticamente
no existe en la provincia, del mismo modo en que el massismo se resume en un
puñado de dirigentes de poca influencia; Alperovich disparó contra la UCR y La Bancaria , pero nadie, ni
el más fanático de los suyos, cree capaz a esa gente de armar algo tan escabroso como fueron
los saqueos. Por tanto el gobernador tucumano no tiene más opción que
endilgarle toda la culpa a unos cuantos policías a los que, obviamente, no se
los acusará de tener vínculos con redes de narcotraficantes (como si se acusa normalmente a
la policía de Córdoba y Santa Fe), sino que, cuanto mucho, se les señalará
algún contacto con el hampa local a exclusivo título personal.
En
Salta, empero, la estrategia defensiva kirchnerista se estrella contra la
realidad. Allí si hay un massismo y un moyanismo poderoso (el encabezado por
Juan Carlos Romero y sus aliados), y la narcopolicía es una realidad desvelada
desde hace algunos años. Sin embargo, aunque a los kirchneristas les pese, debido
a lo acontecido y atestiguado por todos no se puede sugerir que en Salta las
bandas saqueadoras hayan sido amparadas ni motivadas por la policía –una
policía que, por cierto, no se privó de manifestar el mismo descontento que
manifestaron sus colegas en el resto del país. ¿Entonces? ¿Cómo explicar el caos
sin recurrir a la invocación de fuerzas golpistas? Creo que asumiendo el
fracaso, aceptando que el problema no es que la policía sea buena en un lugar y
mala en otra, sino que el problema es que en nuestro país la policía resulta
ser la delgada línea azul que divide a la civilización del salvajismo, porque
el trabajo, la educación y la justicia están gravemente ausentes, pese a que se
nos quiera hacer creer que se ha “ganado la década”.
Pablo
Ulises Soria
