La destrucción de la
psiquiatría
En noviembre de 2010 se aprobó la Ley 26.657 que modifica la
actividad de los psiquiatras en nuestro país, introduciendo la doctrina de los
Derechos Humanos como principio ordenador, perjudicando así el desarrollo de la
práctica científica para facilitar el control ideológico de la salud mental.
En Tucumán, el gobierno local –después
de una fuerte campaña de presión por parte de la sucursal provincial del Inadi–
promovió la adhesión a la ley y sumergió así a los psiquiatras en un mar de
problemas. Mientras la Senadora Nacional
El cambio más profundo que la ley
genera es que prácticamente les quita a los profesionales de la salud la
posibilidad de internar a un enfermo que puede dañarse a sí mismo o a los
demás. La intención de quienes promovieron la reforma es erradicar los
hospitales psiquiátricos y reemplazarlos por la medicación adecuada. El
fundamento para esto proviene de la obra de autores como Michel Foucault,
Franco Basaglia y Thomas Szasz, quienes –por motivos políticos– equipararon a
los hospitales psiquiátricos con las cárceles, y repudiaron la existencia de
ambas instituciones.
Desde esta perspectiva toda
internación equivale a una privación ilegítima de la libertad. Por tanto se busca
que los pacientes psiquiátricos circulen libremente, justo igual a cualquier
otro ciudadano. Es la familia del enfermo quien deberá hacerse cargo a partir
de ahora de esa persona.
Como los hospitales psiquiátricos
tienden a reducirse, a los pacientes con problemas mentales se los envía cada
vez con más frecuencia a los hospitales civiles. Allí se supone que recibirán
atención por parte de un equipo multidisciplinario, pero, claro, esto rara vez
ocurre (sobre todo en Tucumán), por el simple hecho de que los mentados equipos
no existen. Es decir en la actualidad hay mucha gente de diversas profesiones
(psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales, abogados,
etc.) que pululan por algunos hospitales, cobran sus sueldos, pero poco saben
acerca de cómo trabajar de modo coordinado, haciendo cada uno aquello que le
parece lo más correcto sin la necesidad de buscar la coincidencia de opinión.
Los resultados son pocos satisfactorios, y muchas veces hasta contradictorios.
El paciente psiquiátrico en un
hospital civil muchas veces incomoda a los otros pacientes, y otras veces los
pone en peligro. Ante un paciente desbordado los médicos poco pueden hacer sin
riesgo a ser denunciados después. Un psiquiatra me comentó que cuando uno de
sus colegas decide retener a un enfermo, normalmente trata de adivinar si tiene
o no parientes que lo puedan denunciar más tarde (en Tucumán ya empezaron a
aparecer abogados “caranchos” que merodean los hospitales para anoticiarse
sobre esas situaciones y convencer a los familiares de los enfermos de hacer la
denuncia con el fin de obtener un resarcimiento económico).
Corrupción e hipocresía
Puesto que muchos pacientes
psiquiátricos mantienen un vínculo muy frágil con sus familias (o directamente
no tienen ningún tipo de relación con ellas), al deshopitalizarse uno de ellos
termina deambulando sin ningún tipo de contención por las calles. Para resolver
esa situación, el área de salud del gobierno tucumano ha puesto en marcha algo
que llama “residencias tutelares”. ¿Qué son estas instituciones? Pues nada más
y nada menos que manicomios en pequeña escala, destinados a albergar a toda
aquella gente que por no tener una familia quedan flotando en las calles.
Refuncionalizan los hospitales psiquiátricos sólo para reducirlos y enviarlos a
diversos barrios, en tanto que venden públicamente que han dedehachehachizado a
la psiquiatría haciéndola “más inclusiva y menos estigmatizante”. Absoluta hipocresía.
El Hospital de Salud Mental
“Nuestra Señora del Carmen” viene siendo transformado desde el año 2007.
Fundado en 1920, la institución fue un casa de alienados de gran importancia
que, a partir de 1982, reformuló sus principios para convertirse en un hospital
modelo en materia de salud mental en el NOA. Pero desde 2007 la infame Minera La Alumbrera comenzó a
inyectarle dinero para remodelar sus instalaciones. En unos pocos años todo
cambió adentro del hospital, disminuyendo el número de pacientes internados
pero multiplicando el número no sólo de trabajadores de la salud (psiquiatras y
enfermeros principalmente, pero también psicólogos, neurólogos, ginecólogos, nutricionistas,
dentistas, oculistas, y un largo etcétera), sino también de abogados,
trabajadores sociales y educadores de todo tipo que organizan talleres
“terapéuticos”, los cuales incluyen actividades como la jardinería, el bordado,
algo llamado “expresión corporal” y muchas otras cosas similares que parecen
escapadas del catálogo de intereses de Utilísima. Se comenta que el número de
profesionales que trabajan allí superan ampliamente al número de gente que
atienden, levantando dudas sobre si realmente están haciendo algo por la salud
de la comunidad o si algunos pocos sólo coparon una institución pública para
acomodar en el universo del empleo estatal a hijos y entenados con títulos
universitario.
Las drogas ganan
Día a día crece en nuestro país
la venta de psicolépticos. Como los psiquiatras no pueden desarrollar terapias
sin el consentimiento expreso por parte del paciente, cada vez más sostienen su
práctica sobre la medicación. Esto, claro, ha generado que la circulación de
psicolépticos haya aumentado, aumentando también el mercado negro que alimenta
a aquellas personas que usan estas drogas de modo recreativo.
Pero los verdaderos beneficiados
con esta ley son los narcotraficantes. El psiquiatra Eduardo Kalina ha denunciado valientemente a este hecho. Según Kalina, como la despenalización
del consumo de drogas ilegales en nuestro país es efectiva (ningún juez del
país tiene las agallas para penalizar con la cárcel a un consumidor de
estupefacientes), queda en mano de los psiquiatras proteger a la sociedad
ayudando al mismo tiempo a los individuos que se autoagreden a través de las
drogas. Empero la nueva ley le ata las manos a los psiquiatras de un modo casi
ridículo: si, por ejemplo, hay un adicto con un brote psicótico o en estado
paranoico portando un arma (sea blanca o de fuego), un psiquiatra no puede
actuar para medicarlo o internarlo, o si quiera reducirlo, ya que ello iría en
contra de la voluntad del enfermo y sería lo mismo que un secuestro. Al
psiquiatra sólo le queda conversar con el individuo alterado y tratar de
hacerlo entrar en razón. Permítaseme la frase: ¡una locura!
Kalina sostiene que un adicto
sufre un cambio químico en su cerebro, lo que le hace percibir a la realidad de
un modo que sólo corresponde a su mente. La mayoría de estos sujetos provienen
de hogares que padecen una infinidad de problemas y van a parar a comunidades
terapéuticas que trabajan con más voluntad que capacidad. Por tanto lo más
lógico sería que el psiquiatra pueda tomar el control de la situación para
beneficiar al consumidor, pero ello ya no se puede hacer.
Hay una burocratización espantosa
en la nueva ley, que obliga a que antes de ayudar a un enfermo el equipo
multidisciplinario delibere sobre la conveniencia o inconveniencia del caso.
Entonces si una persona llega a un hospital bajo los efectos de la marihuana o
de la cocaína, el psiquiatra no puede ordenar la retención del paciente como ha
hecho siempre, sino que ahora tiene que convocar a los miembros del comité,
limpiándole así al drogado el camino para volver a la vía pública con todos los
peligros que ello implica. El que consume drogas ahora ya no sólo no es un
delincuente, sino que tampoco es un enfermo: se trata simplemente de un
consumidor que desea gastar su dinero como le place, por más que ello genere un
grave daño contra él y contra todos los que lo rodean o lo cruzan. La
monstruosidad más absoluta del individualismo.
Pablo Ulises Soria
