La vocación de paz y la legítima defensa
Agosto fue particularmente
violento en Tucumán. Dos casos policiales resonaron bastante: en uno, un hombre
baleó a un asaltante que pretendía despojar de su cartera a su esposa; en el otro,
un comerciante le disparó a un ladrón que ingresó en su propiedad a robar en
medio de la noche. Rápidamente se impuso la figura de la legítima defensa para
ambos casos, aunque fue más fácil probarla en el primero que en el segundo de ellos.
Junto con estos episodios, la Justicia tucumana informó
que durante el mes se registró más de una decena de denuncias de delincuentes
que acusaban a sus captores de haberlos maltratado. Lo destacable aquí es que
esos supuestos maltratadores no eran policías, sino ciudadanos comunes. Así el
fantasma de los linchamientos (algo que hace unos pocos meses atrás fue tema de discusión nacional) revivió en Tucumán.
Todo esto generó inquietud en
las autoridades provinciales. Paul Hofer, el Secretario de Seguridad de la
provincia, pidió que ante un delito flagrante la gente “por favor no intervenga, sino que acuda a la Policía y que llame al 911
para denunciar cualquier tipo de amenaza o sospecha que tengan”.
¿Pero que esperar de una
población que perdió la confianza en el cuerpo de policía? El recuerdo de la huelga policial y de los saqueos de 2013 todavía está muy vivo entre los tucumanos: la gente se alteró
tanto en aquella oportunidad, que entre diciembre y enero pasado la venta de
armas legales a particulares se disparó hasta alcanzar cifras extraordinarias en
la provincia. Y si a eso se le suma que hay un Legislador Provincial que
recorre la capital entregando alarmas para que los vecinos de un barrio asistan
a otros vecinos cuando estos se vean amenazados por algún peligro, entonces es
sorprendente que la gente no haya liquidado a un número aún mayor de
delincuentes. Si hoy escasean los cadáveres de maleantes abatidos es porque el
pueblo tucumano manifiesta un gran deseo de vivir pacíficamente, pese a que los
gobernantes provinciales y municipales poco hagan para satisfacer esta demanda.
La declaración de guerra
Pero no es sólo el ciudadano
tucumano honesto quien se ha radicalizado en relación a la defensa de su vida y
de sus bienes, también la policía local siguió ese camino. Lo ilustra el tiroteo en el paraje El Jardín: una banda de asaltantes que operaba en Tucumán
y Santiago del Estero fue emboscada en su escondite, por lo que, al parecer,
los maleantes habrían abierto fuego y la policía habría contestado las balas
hasta conseguir ejecutar a los pistoleros.
Sebastián Herrera Prieto, un
criminólogo y docente universitario, señaló que el operativo “fue una clara demostración de la incapacidad
e inoperancia de nuestras llamadas ‘fuerzas de seguridad’ para conjurar hechos
delictivos”. Según este teórico, la violenta manera de resolver el asunto y
la homologación de dicho procedimiento hecha posteriormente por el Secretario
Hofer es contraria a la doctrina de los Derechos Humanos.
Al difundirse la noticia,
Hofer, temiendo que alguien pudiera criticar la acción policial, se congratuló
por lo que hicieron los uniformados, pues, según él, éstos “desmembraron una banda muy peligrosa,
integrada por gente absolutamente despiadada, sin ningún tipo de freno ante la
vida”; y para rematar agregó que el hampa debe interpretar los hechos como
“un mensaje: que la Policía va a hacer todo lo
que sea necesario, dentro del marco del Estado de Derecho, para no permitir que
los delincuentes ganen la calle”.
A Herrera Prieto las
declaraciones de Hofer le sonaron como competencia: el funcionario, al tildar a
los delincuentes muertos de ser gente “absolutamente despiadada”, es como que
transformó al tiroteo en la condena de un juez que previamente había ponderado
la evidencia y dictado sentencia en base a ella.
Hofer desestimó la acusación
invocando la legítima defensa que le recomendó no ejercer a los ciudadanos de
la provincia: “La Policía hizo el trabajo conforme lo establece la
ley. Respondió a un nivel de agresión brutal donde estos delincuentes
dispararon con armas de grueso calibre con punta de teflón, lo cual significa
que pone en peligro la vida de los peatones y del personal policial”. Y fue
más allá hasta declararle la guerra al crimen organizado, pues desde su
perspectiva los derechos humanos de las víctimas deben ser protegidos a toda
costa, incluso atropellando los derechos humanos de los victimarios.
El verdadero enemigo
Hofer usa un lenguaje bélico. Se
considera comandante en jefe de un ejército y su enemigo, al parecer, es el
crimen organizado. Su plan es simple: quiere destruir a estos personajes. ¿Pero
qué entiende Hofer por “crimen organizado”?
A primera vista, pareciera ser que
la idea de “crimen organizado” de Hofer se circunscribe a esas bandas de
asaltantes y secuestradores formadas por delincuentes de carrera y policías
corruptos. Sin embargo el concepto de “crimen organizado” excede esa realidad:
normalmente por “crimen organizado” se entiende a una asociación ilícita de
delincuentes que tienen los elementos suficientes como para no ser perseguidos
o castigados por su actividad criminal. A raíz de ello el combate contra el
crimen organizado es altamente complejo, puesto que los maleantes cuentan con
complicidades de las autoridades, pantallas legales y todo tipo de artilugios para
delinquir sin encontrar demasiados obstáculos.
Por el contexto, creo que
Hofer le declaró la guerra a las organizaciones criminales y no al crimen
organizado, es decir el Secretario de Seguridad de Tucumán pretende ser
impiadoso contra todos aquellos que operan desde las sombras sin procurar
fabricarse estructuras que le den seguridad cotidiana. Esto parece una medida
saludable, pero el crimen que más daño causa en Tucumán es el organizado, el
cual, hoy en día, se nuclea en torno al narcotráfico y al comercio clandestino de armas. En efecto, los narcos alimentan por igual a ricos y pobres, generando
desorden en todos los ámbitos y contribuyendo (junto al mercado negro de armas)
al incremento de la violencia social. La acción gubernamental en contra de esta
realidad no parece gozar del empuje que Hofer prometió aplicar en contra de las
organizaciones criminales.
Al mal del narcotráfico y de
la venta ilegal de armas hay que sumarle en Tucumán a la atroz impunidad. La Comisión de Familiares de Víctimas de la Inseguridad
(CFVI)
Entonces, con un gobierno
pasivo ante el ascenso de la cultura del narcotráfico, y con una Justicia que
no funciona, no es de extrañar que el pacto de protección entre ciudadanos y
policías se haya roto, y que la gente no tema enfrentarse mano a mano ante los
delincuentes, pues existe la sensación de que si ellos no aplican un castigo nadie más lo hará.
La pena de muerte para
aquellos delincuentes peligrosos que propone Hofer parece ser una buena idea, pero hay que
considerar dos cosas: (1) Este tipo de castigo debe ser aplicado por la Justicia , pues es fácil
para un policía corrupto ejecutar a alguien, endilgarle crímenes que él
cometió, y volver al ruedo en sus actividades delictivas. (2) Así como las
bandas criminales o los narcotraficantes pueden llegar a merecer la muerte a
manos del Estado, también los corruptos que arruinan el funcionamiento de las
instituciones deben correr con igual suerte, pues así como las organizaciones
criminales son nefastas para el ciudadano trabajador, también lo son aquellos que
hacen funcionar al crimen organizado.
Pablo Ulises Soria
