“Que no te agarre el INADI” o “Te
voy a denunciar al INADI” son frases cotidianas en la Argentina de hoy. Desde
hace una década a los argentinos se nos viene adoctrinando para percibir al
INADI como la policía del pensamiento, la cual existe para imponer la
corrección política amordazando al librepensamiento. Sin embargo, hasta ahora,
el INADI no es más que un organismo que sólo se dedica a promover propaganda sin
preocuparse demasiado por los resultados de sus propias campañas (o sea el
INADI es lo que en criollo se dice “un nido de ñoquis”). Al analizar la
actuación de sus miembros, se hace evidente que su disolución es urgente.
Un poco de memoria
El INADI nació en 1995, luego del
atentado contra la AMIA. Por
esa época circulaba entre la sociedad argentina un tenue sentimiento
antisionista, ya que muchos cuestionaban que Israel transportase a nuestro país
los problemas de Medio Oriente. Como la versión oficial del atentado sostenía
que los israelíes debían ser desvinculados del trágico episodio, asesores
norteamericanos sugirieron crear un organismo especial para generar propaganda
estatal que vendiese la idea de que la bomba había explotado en la calle
Pasteur por mero antisemitismo. Sin embargo, como ese proyecto era por demás
polémico, a los menemistas se les ocurrió darle mayor legitimidad al organismo
que habían inventado incluyendo a gente de la Federación de Entidades
Argentino-Arabes (FEARAB), lo que evitó que el INADI feneciese en sus primeros
años de existencia.
Víctor Ramos, un judío hijo del
dirigente trotskista Jorge Abelardo Ramos, fue el primer titular del INADI. Desde
su puesto, Ramos comenzó a operar a favor del sionismo con el desarrollo de
campañas propagandísticas poco influyentes. Pero su gestión comenzó a tomar
relevancia cuando desde el organismo que supuestamente promocionaba el
entendimiento, la concordia y la paz entre ciudadanos comenzó a patrocinar
denuncias que, antaño, sólo eran patrocinadas por la DAIA u organizaciones
similares. El caso más recordado de esta política impulsada por Ramos fue la
absurda persecución judicial que se desencadenó a principios del siglo XXI en contra
del poeta Ricardo Iorio.
La oportunidad perdida
En el 2005 el INADI cayó en manos
del kirchnerismo, el cual lo convirtió en una pieza clave de penetración sinárquica
(especialmente de los lobbies feministas y elegebetistas). Se instaló así en
nuestro país esa curiosa percepción que la mayoría tiene del INADI: el
organismo vendría a ser una suerte de ojo vigilante que está abierto a la
recepción de denuncias, por más imbéciles que éstas suenen. Es decir, el
kirchnerismo consiguió “democratizar” al INADI, banalizando la lucha contra la
discriminación.
Por supuesto que el crecimiento
del INADI no fue sólo simbólico: también se abrieron oficinas en todo el país y
comenzaron a manejar un presupuesto absurdamente abultado. El escándalo que
enfrentó a Claudio Morgado contra María Rachid en el 2011 debió haber culminado
con la disolución del INADI, pero hubo un arreglo entre las partes en conflicto
para que todo se diluyese en la impunidad. Con ello el gobierno kirchnerista
evitó el papelón de tener que admitir que el INADI no sólo está lleno de gente
que poco hace, sino que además los que están son unos incompetentes.
Más “bettysta” que Betty
El choque entre Morgado y Rachid
dejó en claro que el INADI no es más que una oficina partidaria que sólo sirve para
acomodar militantes en la estructura estatal. Los casos más recientes en
Tucumán y Salta lo demuestran.
En el Jardín de la República, la Senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich denigró violentamente a un trabajador, el cual había sufrido las
inundaciones que se produjeron en la provincia por la ausencia de infraestructura
para evitarlas. El episodio tuvo repercusión nacional y desató una catarata de
críticas contra la esposa del Gobernador José Alperovich. Gustavo Díaz
Fernández, el máximo responsable de la sucursal tucumana del INADI, defendió a la Senadora desde su cuenta en Facebook. Según Díaz Fernández -un militante elegebetista que pertenece al
Ateneo de la Militancia, la agrupación pejotista que dirige Sara Alperovich- el video que muestra a
Rojkés de Alperovich insultando a una víctima del mal clima y la corrupción
gubernamental está editado maliciosamente. Y, como si fuese poco, la
incontinencia verbal de la
Senadora –que es juzgada por todos como un defecto– es
considerada una virtud por este papanatas. “Betty es así y eso nos gusta de
ella”, dijo el funcionario.
No es la primera vez que Díaz
Fernández defiende lo indefendible. Cuando en agosto de 2014 la Senadora publicó en su Facebook un texto que decía que los palestinos obligan a los israelíes a matar niños, un ciudadano tucumano se acercó hasta la sede local para realizar una
denuncia. Según los códigos de procedimiento de la institución -códigos que
ellos mismos crearon-, lo que correspondía hacer en ese caso era tomar la
denuncia, investigar, y luego, si había motivos suficientes, emitir un dictamen
que sirviese para invitar a Rojkés de Alperovich a que revea su postura. Sin
embargo la empleada de mesa de entrada se encargó de rechazar la denuncia, no
por estar mal realizada o porque el INADI no tuviese competencia para tomarla,
sino porque ella misma juzgó que no había discriminación. El caso generó
indignación en las redes sociales, pero Díaz Fernández no pronunció palabra
alguna.
Otro momento de infame silencio
de Díaz Fernández fue cuando la Senadora tildó de “borracha” a la madre de Mercedes Figueroa,
una niña violada y asesinada a los seis años. Pero, para compensar tanto desinterés, el INADI tucumano si se movilizó cuando el portal de noticias Contexto publicó un artículo en el que
comparaba a Alperovich con Joseph Goebbels.
Unos si y otros no
En Salta la situación del INADI
local es muy similar a lo que sucede en Tucumán cuando llega la hora de
reconocer que los políticos argentinos son tan culpables de actos y dichos
discriminatorios como cualquier otra persona. Nicolás Hirtz, el máximo
responsable de la sucursal salteña del organismo antidiscriminación, lo prueba.
A diferencia de su par tucumano,
Hirtz si atacó a una funcionaria del gobierno que pronunció palabras polémicas.
Sin embargo en este caso fue todo un malentendido, que el propio Hirtz se
encargó de enturbiar dándole un ultimátum de diez días a la funcionaria para
que aclare algo que ella no tiene que aclarar (y que fue generado
maliciosamente a través de Twitter por un aberrosexual ocioso que trabaja en la Municipalidad de
Salta).
El episodio sirvió para pegarle a
Hirtz: mientras él se preocupaba por lo que una funcionaria menor había dicho
acerca de la violencia doméstica, nada dijo en contra de la actitud de abandono
del gobierno hacia los niños que, debido a la pobreza, mueren por desnutrición.
Cuando Cristina Lobo, una funcionaria del área de Salud del gobierno provincial
de Salta, dijo que los casos de desnutrición debían ser tratados como cifras estadísticas y no como dramas personales incurrió en la negación de identidad y
en una suerte de acto de discriminación hacia la gente de escasos ingresos. El
INADI, por supuesto, nada dijo sobre el asunto, pese a que a ellos les encanta
opinar sobre cómo debe hablar la gente.
¿Qué hacer entonces frente a estas arbitrariedades de funcionarios acomodaticios? ¿Es necesario profesionalizar al INADI expulsando a todos los militantes políticos de su estructura? Creo que no. El INADI ha cumplido con su misión -si es que alguna vez la tuvo-, por lo que los argentinos merecemos verlo disolverse.
Francisco Vergalito