A más de diez días de la muerte de la niña de 13 años por un aborto provocado, hecho que no sólo conmocionó a los salteños por la presunta mala praxis de una profesional y la responsabilidad de una clínica privada en el hecho sino también reavivó el debate en torno a la despenalización de esta práctica, el juez penal 8, Federico Diez, a cargo del caso, confirmó que tiene detenida a la madre de la menor desde el viernes pasado por su supuesta intervención en el ilícito.
Como ya se mencionó, la niña llegó a una clínica privada de la ciudad de Salta el 7 de noviembre pasado, acompañada por su madre. La menor fue atendida por una médica y después de realizados unos estudios de rigor, como una ecografía, fue derivada al hospital Materno Infantil, después de 16 horas de la primera consulta médica en la clínica, ya en un estado crítico.
Posteriormente, y pese al esfuerzo de los profesionales del nosocomio público, la niña murió el 8 de noviembre a raíz de una infección que ya había avanzado sobre los órganos vitales de la niña, sin que hasta el día de hoy se haya podido determinar si la niña contó a alguien lo que realmente le sucedió.
El caso, y es aquí donde comienzan los cuestionamiento, iba destinado a engrosar el registro de muerte por abortos, cuya estadísticas brindaron y explicaron los funcionarios del hospital sin reparar casi en lo terrible de este flagelo. No fue sino por una denuncia anónima que la justicia pudo intervenir, de una manera lamentable por cierto, ya que tuvieron que interrumpir el velatorio para poder hacer una autopsia reveladora.
Así, cumpliéndose con aquel dicho de que los muertos hablan por los rastros dejados en sus cuerpos, se pudo establecer detalles inesperados sobre la vida de esta menor, quien muy posiblemente ni siquiera sabía que era un embarazo. Como será que su novio, un adolescente, al declarar dijo que tampoco sabía que la menor estaba embarazada, lo que profundizó otro debate que aún está pendiente: la educación sexual entre los niños y adolescente en los establecimientos educativos.
Fue gracias a aquella denuncia al 911 que la muerte de esta niña se conoció, hecho que no sólo reavivo el debate por la despenalización del aborto, sino que también encendió la luz en torno al manejo de los médicos con respecto a este tipo de casos, ya que se esperaba que fuera alguno de ellos los que deberían haber hecho la denuncia por la muerte, al menor, irregular de la menor.
En una de esas vueltas, y gracias a los oficios de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el juez pudo saber qué tipo de fármaco fue el que llevó a la muerte a la menor. Este dato no fue menor, puesto que reveló otro detalle clave: se trata de una droga que sólo es vendida a mayores de edad y con una receta médica.
Para sacarse la incógnita, el juez citó a la madre de la niña a declarar, pero ésta no acudió al primero llamado, por lo que la citación se reiteró y el viernes pasado, ya entrada la noche, el juez y la madre se vieron las caras en el último piso de la ciudad judicial.
Allí, la madre comenzó a esbozar una historia poco clara y, por supuesto ajena de toda culpa. La estrategia, en cambio, se derrumbó cuando el magistrado le hizo ver que el fármaco que había causado la muerte de su hija sólo podía haber llegado a las manos de la niña, paradójicamente, de las manos de un mayor. En esos momentos, según fuentes judiciales,
la madre incurrió en contradicciones y ante la falta de respuestas claras, el juez decidió su detención, la cual hasta el miércoles seguía firme. Lo que ahora trata de establecer el juez es si la droga fue adquirida mediante receta, y de ser así qué médico/a firmó el pedido, por lo que el caso, como ya mencionamos, todavía esta en sus albores.
