Aclaración terminológica
Antes de comenzar cabe una aclaración: “trata de personas” y “tráfico de personas” son conceptos parecidos pero no exactamente iguales. El que se dedica a la trata de personas es aquel que utiliza a las personas en provecho propio y de modo abusivo, es decir un tratador de personas es quien se caracteriza por captar (mediante amenazas, raptos, fraudes, etc.), trasladar y/o acoger a otra persona con el fin de someterla a una humillante explotación. Ahora bien, el que se dedica al tráfico de personas, en cambio, es aquel que se ocupa de facilitarle la entrada de manera clandestina y/o ilegal a una persona en un Estado del cual dicha persona no es oriunda ni residente.
Vía Bolivia
La trata de personas en la Argentina es una realidad tristísima. La prensa suele darla a conocer muy a menudo. Cuando se intentó desacreditar al diputado salteño Alfredo Olmedo, se lo denunció por explotar a los peones en sus campos; del mismo modo, cada vez que un gobierno provincial necesita de un golpe efectista para demostrar que está luchando contra la inseguridad o cada vez que es preciso agitar a la opinión pública para publicitar la agenda feminista, entonces cae la policía sobre un prostíbulo (lo que antes eran las “redadas a los burdeles”, hoy en día en los diarios se las llama “desbaratamiento de redes de tratas”, y lo que antes eran las “detenciones por el ejercicio de la prostitución”, en la actualidad, hipócritamente, reciben el nombre de “rescate de mujeres vulnerables de las garras de la explotación sexual”). También la trata de personas está presente en talleres textiles clandestinos, en campamentos gitanos, y, a través del servicio doméstico, en casas de familia. En la mayoría de los casos la explotación tiene bastante de consentimiento: una persona, sabiendo cuáles y cómo serán las condiciones de trabajo, opta por la explotación. Quien se la ofrece suele ser, la mayor parte de las veces, algún vecino, algún amigo y hasta algún familiar. Así mujeres de Palpalá terminan como mucamas cama adentro en Neuquén, jóvenes de Orán se movilizan hasta Santa Cruz para trabajar en los cabarets, y chicas de Taco Ralo se afincan en el Conurbano bonaerense para dedicarse a la confección de ropa.
La trata de personas, entonces, es un delito que debe ser combatido desde, al menos, dos flancos: persiguiendo a los empleadores que ejecutan la explotación, y creando empleo digno para que personas de escasos recursos no vean salidas laborales en donde sólo hay oficios con condiciones esclavistas.
Junto a la trata de personas –y muchas veces superpuesta a ella– está la otra actividad delictiva que nos interesa aquí: el tráfico de personas. Argentina es un país que la sufre en los dos sentidos posibles, pues así como existen numerosos extranjeros que son traficados a nuestro país, así también hay muchos compatriotas que son llevados clandestinamente más allá de los límites nacionales.
La frontera Norte –es decir Paraguay y, especialmente, Bolivia– es la principal vía de tráfico humano del país. El movimiento de personas en las fronteras es todos los días enorme. Hay muchos que, legalmente, llegan a la Argentina desde Bolivia (y desde otras partes del continente) con la intención de buscar trabajo en áreas rurales o urbanas, recibir atención médica gratuita en nuestros hospitales públicos, o visitar a sus familiares arraigados en territorio nacional. Muchos de ellos, junto a su equipaje, cargan paquetes que contienen sustancias ilegales. Argentina a muy pocos les objeta su visita.
Un mundo de muchos colores
La gente que ingresa a la Argentina desde Bolivia no son necesariamente siempre bolivianos. Los hay de todas las nacionalidades del continente americano, desde canadienses y estadounidenses hasta chilenos y uruguayos, pasando por brasileños, venezolanos y cubanos. También, a través de Bolivia, ingresan al país personas nacidas en Europa, África o Asia. Muchas de ellas son meros turistas, pero hay un gran número que no cae dentro de esa categoría. ¿Cómo es posible que un chino, un senegalés o un rumano con documentos poco convincentes pise Jujuy o Salta y luego se pierda en la inmensidad de la nación del Plata? ¿De dónde provienen?
Ecuador nos puede dar una clave. En efecto, desde que Rafael Correa se sentó en el sillón presidencial de Quito, Ecuador ha experimentado un importante flujo de inmigrantes provenientes desde todas las latitudes del mundo, que llegan sólo con la intención de hacer pie en el nuevo continente y desparramarse luego hacia el Cono Sur, Brasil, México y, por supuesto, EEUU. La Bolivia de Evo Morales, “plurinacional” y “multicultural”, también ha alentado fuertemente al ingreso (aunque no a la permanencia) de extranjeros.
Infancias vendidas
Algo muy preocupante en la frontera Norte es el alto número de niños y niñas que entran y salen del país. En muchos casos son los padres de los menores quienes, de alguna forma, arreglan con los “pasadores” para que sus hijos ingresen a la Argentina con algún propósito particular (recibir atención médica, visitar familiares, etc). Suele pasar que un gran número de esos niños nunca regresan a su hogar en Bolivia.
Frente a esos padres que, engañados, entregan a sus hijos a traficantes con el objetivo de proporcionales una mejor calidad de vida, también están los que, simplemente, venden a su prole por dinero. Comprar un niño en Bolivia, aunque suene aberrante, es bastante sencillo: el precio oscila entre los 3 y los 10 dólares. El mes pasado se detuvo a una pareja jujeña que se dedicaba al negocio de compra y venta de menores de edad, adquiriéndolos cuando atravesaban la frontera boliviana para luego ubicarlos en diversas partes del país (o, en algunas ocasiones, también en el extranjero).
Pero hay que tener en cuenta que el movimiento contrario también acontece, es decir, aunque sea un hecho poco aceptado, también sucede que muchos niños argentinos –con pocos o ningún vínculo familiar con gente residente en el resto del continente– atraviesan ilegalmente los límites de nuestra república y desaparecen. Puesto que Argentina es un país económicamente más estable que Bolivia o que otros de sus pares continentales, y dado que las políticas sociales implementadas aquí son más abarcativas y profundas que en otros países, es más normal que los menores argentinos traficados sean adquiridos no a través de negociaciones con sus progenitores sino más bien con el empleo de la violencia.
A los menores de edad traficados se los usa –como si fueran cosas y no personas– para toda clase de actividades ilícitas: se los explota laboralmente, se los explota sexualmente, se los utiliza para introducir drogas, se los incorpora a la “industria” del mendigaje o del delito y se los somete a extracciones de órganos.
Llegando las maras
Al lado de la problemática de la entrada y salida de personas vulnerables, se encuentra otra problemática igual de preocupante: la entrada y salida de personas peligrosas. Desde hace por lo menos 5 años que la prensa argentina instaló el tema de la penetración de las maras en nuestro país. Tal apreciación es correcta pero no del todo exacta, puesto que pone bajo la etiqueta de “mara” a todo lo criminal que provenga desde más allá del límite norte del país.
Las maras, puntualmente, son organizaciones delictivas de origen norteamericano, que desde hace 30 años vienen expandiéndose por fuera de aquel país. Se trata de individuos nucleados en pandillas que se dedican al asalto, a la extorsión, al sicariato, al secuestro extorsivo, al proxenetismo, al robo de automóviles e inmuebles, al tráfico y a la trata de personas, y, en menor medida, a la venta ilegal de armas. No son como las clásicas pandillas o patotas de barrio, porque, si bien comparten con ellas ciertas características estructurales y ciertos rasgos estéticos, su nivel de organización y expansión es mucho más amplio. A diferencia de las pandillas, las maras tienden a tejer lazos de complicidad muy profundos con los poderes públicos.
La relación entre maras y narcotraficantes es compleja. Para que la droga que alguien produce llegue hasta el consumidor, ésta debe ser primero cultivada, luego procesada, después distribuida, y finalmente vendida. Los miembros de las maras –gente que ejerce el dominio territorial de un área urbana en algún punto del continente americano– suelen participar en las últimas dos etapas de ese proceso, pero no es tan común que lo hagan en las primeras. De esa manera una alianza entre narcotraficantes y maras pareciera ser el movimiento natural en el mundo del crimen, de no ser porque a los narcotraficantes no les agrada recurrir a las maras y compartir el poder que poseen (y las ganancias que consiguen). Así que es por ello que, en muchas ocasiones, se producen enfrentamientos entre los miembros de las diversas facciones criminales. De hecho, se sabe que, por ejemplo, algunos narcotraficantes mexicanos que poseen ejércitos clandestinos propios (liderados por antiguos oficiales desertores de ejércitos legítimos que fuesen entrenados por la CIA o la DEA para combatir los peligros regionales) se encuentran en medio de un abierto y salvaje enfrentamiento contra maras y otras organizaciones pandilleras contratadas por narcotraficantes rivales.
En la Argentina las maras se plantearon el objetivo de instalarse localmente, pero al hacerlo encontraron competencia. Actualmente existen en el territorio nacional varias bandas vernáculas que se dedican a la actividad delictiva, pero que no cuentan ni con tanta ni tan laboriosa organización, ni tampoco reciben tanta publicidad por parte de la prensa ya que no han desarrollado una imagen demasiado elaborada como la de las maras. Su número y su capacidad de coordinación, además, no es tan alarmante como el de sus pares de otras áreas continentales.
Pero lo que la presencia de las maras en la Argentina indica es una paulatina naturalización de mayores niveles de violencia criminal. En Colombia las zonas rurales son terreno de disputa entre los narcotraficantes (organizados como guerrillas de izquierda o como grupos paramilitares), mientras que las urbanas son campo de acción para las pandillas, de las cuales sólo una pequeña fracción se inscribe dentro del movimiento mara. La cultura violenta de Colombia hace que la contratación de contrafuego privado por parte de los vecinos para liquidar a los pandilleros o expulsarlos fuera de las ciudades sea una práctica habitual. Algo similar sucede en Brasil, donde gente de barrios lujosos sustenta económicamente a fuerzas privadas de seguridad que garantizan que la criminalidad de las favelas no piense en acercarse a donde será duramente reprimida. En la Argentina todo esto que acontece en otras partes resulta extraño, puesto que el poder de fuego de las bandas delictivas, por ahora, no es muy grande.
¿Cuán porosa es la frontera Norte?
La proliferación de las maras no es estrictamente un problema de control fronterizo, sino que está relacionado más bien a asuntos de política inmigratoria. La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por ser una década de grandes movimientos migratorios en todo el mundo. Probablemente las próximas también lo sean. En ese contexto, muchos Estados optaron, sabiamente, por actualizar sus normas migratorias. Sin embargo Argentina no está entre ellos, pues, aparentemente, aquí no hay voluntad política para modificar la situación (y hasta se especula que, debido al grado de beneficio obtenido por el poco control inmigratorio, habría una voluntad política dispuesta a impugnar todo intento de transformación de las normas vigentes). Ello permite que los extranjeros ingresen y se arraiguen en el país sin demasiadas restricciones.
En Europa los problemas de inseguridad están vinculados a la presencia de inmigrantes que, atascados en la pobreza, optan por la vida delictiva. No todos los extranjeros allá son delincuentes, y no todos los delincuentes son extranjeros, pero si uno recorre una cárcel de Francia, Italia o Suiza encontrará un número demasiado alto de no europeos o de sus descendientes detrás de los barrotes.
Aquí en la Argentina los artífices de la inseguridad son mayormente argentinos, por lo que resulta incómodo que además haya una creciente oleada de extranjeros que vienen a delinquir. Analicemos un caso en este sentido: los crímenes cometidos por ciudadanos colombianos en el último año.
Recientemente se difundió una estadística policial que indica que, en lo que va del año, 130 colombianos fueron detenidos en Buenos Aires acusados de cometer robos contra casas, apropiamiento ilegal de autos, salideras bancarias y/o secuestros expresos (que son aquellos en donde una persona es interceptada y luego es obligada a ir a cajeros automáticos o lugares en donde tenga bienes y dinero para entregárselos a sus secuestradores y recuperar así su libertad). También hace poco se supo que un colombiano fue detenido en Perico, provincia de Jujuy, por asaltar a una mujer, y otros dos colombianos cayeron en Salta por realizar estafas. Los tres detenidos en el NOA eran hombres jóvenes y con historial de vida delictiva adolescente.
¿Por qué la lacra social de Colombia está instalada en nuestro país? Dos causas: primero porque es demasiado fácil entrar (legal o ilegalmente) y arraigarse en la Argentina, y segundo porque la “mano blanda legal”, es decir el garantismo, hace de nuestro país un paraíso para el delincuente comparado con otros países de la región en donde las penas por los actos delictivos y la vida carcelaria son muchísimo más densas.
Es tan tentadora la Argentina para los delincuentes hechos y derechos que eso atrajo hasta a miembros de las FARC, quienes el año pasado fueron atrapados efectuando sus clásicas fechorías.
Gente de diversas edades y nacionalidades que entra y sale del país para ser explotada de todas las maneras posibles, y pandilleros, narcotraficantes y terroristas a los que no sólo no se los rechaza sino que se los premia con condenas blandas y con la posibilidad de llevar sus escuelas de crimen a las cárceles argentinas, disparan un interrogante: ¿cuán porosa es realmente la frontera Norte? Y la respuesta no se hace esperar: demasiado.
Ángela Micaela Palomo
