Lustraré tu negro cuerpo con tesón cada mañana.
Ambos nos compensaremos, yo evitaré que envejezcas.
Tú atesorarás recuerdos, para que nunca perezcan.
Noemí Aignasse de Vargas
El pozo durante el pozo
Corría el año 2002. El país sufría los efectos de la crisis que había estallado en diciembre del año anterior. El clima social en la Argentina era muy extraño: los clubes de trueque proliferaban, las calles se llenaban de cartoneros y los televisores informaban permanentemente sobre una ola de secuestros extorsivos que azotaba a Buenos Aires. Todas señales de malos tiempos. En esa época Tucumán era gobernada por una gavilla de pejotistas, encabezada por el gobernador Julio Miranda y organizada por el ex-ministro de economía José Alperovich. La gente de la provincia había participado del grito nacional “que se vayan todos”, y a esa altura estaba ya bastante fastidiada con sus dirigentes.
En ese escenario, la familia Bussi emergía como el liderazgo que el pueblo reclamaba. Cuentan que, cuando Ricardo Bussi perdió la elección en 1999 y denunció el fraude que había sufrido, un alto dirigente pejotista dijo “tenemos que aprovechar los próximos cuatro años, para la próxima no vamos a poder dibujarla así, porque Tucumán ya es de los Bussi y se nos vienen décadas de mirarla desde afuera… nos vamos a transformar en una Neuquén”. El vaticinio, para suerte de estos rufianes, no se cumplió, porque en 2003 la oposición promovió dos candidatos para hacerle frente a José Alperovich (el ex-fiscal anticorrupción Esteban Jerez –que representó a una coalición que reunía a radicales y a otras fuerzas menores– y Ricardo Bussi), lo que dividió el voto castigo de la gente entre una cara nueva que prometía transparencia y voluntad y una cara vieja que vendía orden y experiencia. Finalmente una cuarta parte del electorado tucumano se volcó del lado de la imaginada renovación, lo que facilitó que el oficialismo, a través de un aparato clientelar muy eficiente y con unas cuantas fotos de Alperovich junto al presidente Duhalde, dejara tercero al bussismo y retuviera la gobernación. Bussi salió derrotado una vez más. Era un momento un tanto alucinado, en donde el hartazgo y la indignación que sentía la mayor parte de la ciudadanía del país hacia la corporación política había llegado a su techo, generándose gracias a ello una movida solidaria con los excluidos de los relatos políticos oficiales, la cual, por ejemplo, hizo que los planteos de las Madres de Plaza de Mayo comenzasen a dejar de ser ignorados u omitidos por los dueños del poder (sólo en los años posteriores nos enteraríamos que esa ONG era un pestilente
nido de delincuentes y
psicópatas y una escuela de miserables).
Hay que comprender cual era la situación. En ese entonces se miraba al pasado desgraciado para explicar el caótico presente. El máximo criticado era
Menem, pero el repudio a la clase política se deslizaba mucho más atrás en el tiempo (fueron unos años en los que la UCR se había encogido hasta invisibilizarse en varias provincias y los jóvenes Kirchner hablaban de “transversalidad” como la solución para superar al bipartidismo en el país). De Bussi se sabía que sus cuentas bancarias en Suiza lo incomodaban, pero no se podía decir lo mismo acerca de su participación en la aniquilación a la subversión durante la década de 1970. En efecto, cuando la gente votó en 1995 al General para que asumiese como gobernador de la provincia, nadie desconocía de qué lo imputaban las organizaciones que vindicaban a los muertos y desaparecidos de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional. Y aún así había triunfado. Pero 2002 no era 1995, ya que, como señalé antes, un gran número de la gente estaba tan encabronada con la corporación política que hasta estaba dispuesta a prestarle el oído a lo que hasta ese momento se había pasado por alto.
Aquí es donde entra el Pozo de Vargas. Enrique Romero, un funcionario menor del gobierno de Miranda, tenía un gran interés por conseguir la nominación como candidato a gobernador por el PJ para 2003. Fue por ello, entonces, que Romero decidió armar su estrategia un año antes: si el candidato a vencer era Bussi, y la gente comenzaba a sensibilizarse cada día más con los derrotados de la historia reciente, no resultaba una mala idea ensuciar al viejo caudillo. El Pozo de Vargas era perfecto para tal fin.
Identificado en 2001 por unos ex-guerrilleros que habían investigado por sus propios medios, el sitio se presentaba como la oportunidad perfecta para demostrar que votar a Bussi era votar a un violento (o, más bien, a uno de los demonios que había contribuido a crear la situación que atravesaba el país). Así fue que Romero hizo la denuncia, salió a hablar ante la prensa, y apoyó a los que querían ponerse a cavar. Empero, tras las primeras paladas no se encontró nada de lo que se esperaba, pues el éxito de la empresa requería de un tiempo mayor para poder concretarse. La jugada política no le sirvió para nada a Romero, y con los meses fueron los dedehachehachistas los que terminaron por controlar al pozo.
La ceguera de los pozos
El Pozo de Vargas es un pozo de agua tapado con escombros, ubicado en una finca de limones (antigua tierra de caña de azúcar) a la altura del 4500 de la avenida Francisco de Aguirre, en el oeste de San Miguel de Tucumán, no muy lejos de la localidad de Tafí Viejo. A unos 50 metros de aquel pozo está la vía de lo que sería el Ferrocarril General Belgrano. Recibe el nombre “Pozo de Vargas” (como aquel sitio en donde se desarrolló una famosa batalla entre federales y unitarios en La Rioja y que inspiró a la primera zamba nacional) pues el dueño de la finca era un español apellidado Vargas.
Las excavaciones en el Pozo de Vargas comenzaron, como ya apunté, en 2002. En todo este tiempo siempre sobrevolaron dos cuestiones curiosas con respecto al tema: el deseo manifiesto de los escarbadores de que ningún miembro de las fuerzas de seguridad se acercase al lugar en donde ellos trabajaban y la hambrienta búsqueda de financiamiento para realizar las obras que pretendían realizar. En torno a lo primero hubo una larga lista de denuncias de Laura Figueroa –una abogada que representa a los familiares de los desaparecidos– en las que dio a conocer una serie de robos que sufrió, lo que la llevó a sostener que miembros de “bandas mafiosas fascistas” que operaban en el interior de la policía y de la gendarmería le estaban haciendo una “guerra psicológica” para obligarla a desistir; sus extravíos de objetos personales de poco valor y sus airadas acusaciones a las fuerzas de seguridad le generaron pocas pérdidas materiales pero una gran publicidad para su causa en compensación. Figueroa se declaró acosada y no cambió de argumentos ni aún cuando se atrapó a un delincuente (un asaltante bien prontuariado)
que tenía sus pertenencias en su poder.
Ahora bien, la cuestión de los fondos es un asunto aparte. Si bien es cierto que cavar un pozo de entre 20 y 100 metros de profundidad enfrentando a una napa freática no es una tarea para nada sencilla ni barata, el apetito insaciable de dinero de los escarbadores llamó siempre la atención. Mucho dinero –dinero público– se invirtió en mover tierra y escombros, realizar obras hídricas para drenar la zona y vigilar el lugar durante todo el año. En su momento hasta hubo disputas muy álgidas entre el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) –que realizaba los trabajos de investigación– y el juez Felipe Terán –responsable de la causa–
acusándose de mejicaneo.
En 2004 el calmoso trabajo por fin dio sus frutos: un conjunto de huesos, presuntamente humanos, fueron hallados. A partir de allí comenzaron a realizarse estudios (que resultaron poco concluyentes) para determinar si esos restos óseos llegaron al pozo durante la década de 1970 o antes. Al pozo, originalmente, se lo usaba para abastecer de agua a las locomotoras que pasaban llevando caña de azúcar. La gran profundidad del mismo, obra de un ingeniero inglés durante el siglo XIX, asombraba a la paisanada, que mucho antes del ERP, de los Montoneros y demás calaña subversiva solían decir que El Familiar perseguía a los revoltosos por los cañaverales para hacerlos caer ahí y devorarlos luego antes de regresar al inframundo. Eso fue lo que el dirigente bussista
Pablo Calvetti sostuvo en aquel momento, y agregó que había que comprobar si esos huesos estuvieron siempre allí o si, por el contrario, habían llegado sigilosamente (por esas fechas también se llevó a cabo un operativo para escarbar una fosa común en cementerio Norte, fosa que, dicho sea de paso, contenía restos de muchos NN tucumanos, es decir linyeras y demás lúmpenes).
La confirmación de que los huesos eran humanos vino en 2005 (se llegó a decir que hasta algunos de los restos pertenecían a niños). Conocido eso, el fiscal federal Emilio Ferrer comenzó una campaña personal para promover el juicio a Bussi, Albornoz, el finquero Vargas y otras personas vinculadas al tema por los dedehachehachistas. Este funcionario de la justicia manifestó repetidamente su deseo de que la verdad saliese a la luz. No obstante ni a Terán ni al GIAAT, por algún motivo,
les cayeron simpáticas las acciones de Ferrer.
Los trabajos en el Pozo de Vargas siguieron desarrollándose a paso de tortuga mientras que los boletines oficiales anunciaban cada tanto que una nueva inyección de dinero iba a parar al proyecto, y los dedehachehachistas salían a pelearse con los jueces por problemas de efectivo. En 2008, para variar, ocurrió algo interesante: Antonio Domingo Bussi, junto al General Luciano Benjamín Menéndez, fue a juicio, acusado de ser el responsable de la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. A los imputados se los condenó por homicidio, violando el sentido común que exige ver el cuerpo de un muerto para confirmar que ha habido un homicidio (se sabe que para que haya justicia la evidencia es ineludible, pero para que la venganza sea posible sólo hace falta el deseo de vengar). En aquella ocasión, un hermano de Vargas Aignasse
dijo que, de buena fuente, él sabía que a su hermano lo habían asesinado estando encarcelado y que habían arrojado su cuerpo en el interior del dique El Cadillal. Bussi, replicándole al hermano del desaparecido, aseguró que el Ejército Argentino no era responsable de la muerte de Vargas Aignasse, ya que éste había sido liberado y, posteriormente, ejecutado y desaparecido por sus propios camaradas montoneros, tras haberlo acusado de traidor.
El show del horror
Esta semana, unos días después de que Cristina Fernádez de Kirchner asumiese la presidencia de la nación por segunda vez y sus partidarios copasen las dos cámaras del Congreso de la Nación,
unas fotos de unos cadáveres irrumpieron en la prensa argentina. Como si alguien se hubiese empeñado en rememorar a esos viejos frescos que en la Edad Media los llamaban “
Danza de la Muerte”, las imágenes muestran a una serie de esqueletos colocados cercanamente entre si. El impacto de lo abyecto.
Este hecho, como era de esperarse, tuvo gran repercusión. Unos meses antes, poco después que el Equipo Argentino de Antropología Forense (una ONG que opera internacionalmente y que recibe financiación de organizaciones como la
Fundación Ford y
similares) se sumase a las tareas de investigación, se había anunciado el hallazgo de los restos óseos, pero la confirmación de las identidades era algo que, según dijeron, iba a tomar su tiempo. Este año se efectuaron varios juicios a veteranos de la guerra contra el terrorismo en Tucumán, pero,
pese a toda la campaña de promoción realizada, ninguno consiguió asemejarse ni un poco en materia de eco social a aquel juicio ya citado de 2008 (quizás ello se deba a que se sabe de antemano cuál es el fin de la película). Las fotos de los esqueletos, muertos –según confirmaron los estudios técnicos no auditados– hacia fines de la década de 1970, no pasaron en cambio desapercibidas: llegaron justo en tiempo de anuncios de maniobras políticas incómodas para afrontar el 2012.
El asombro por lo viejo o las aguas estancadas del pasado
Al legislador provincial Ricardo Bussi
le llamó poderosamente la atención que a unas pocas semanas de
la muerte de su padre se reconociese justamente a Vargas Aignasse entre los esqueletos del Pozo de Vargas. A la viuda del senador provincial pejotista, la señora Marta Cárdenas,
también le asombró que el cuerpo de su marido apareciera justamente allí, ya que toda la información que su familia manejaba apuntaba en otra dirección.
El gobernador José Alperovich fue enfático al señalar que con la identificación del cuerpo de Vargas Aignasse “
se está comprobando el genocidio que se hizo en Tucumán”. Y sus acólitos salieron a despacharse con expresiones similares. Aquí cabe la pregunta: ¿alguien en la Argentina de hoy duda de los desaparecidos? Que las FFAA investigaron, capturaron, interrogaron, castigaron y ejecutaron a mucha gente durante los años en que el país fue gobernado por Isabel Perón primero y por un equipo de militares después es algo que nadie puede (ni debe) negar.
Ahora bien lo que si se puede poner en duda es que todos esos ajusticiamientos merezcan recibir el pomposo nombre de “genocidio”. En 2009 Graciela Fernández Meijide, madre de una erpiano imberbe aniquilado gracias a la lucha patriótica, publicó un libro conmovedor en el que hablaba sobre su experiencia como familiar de desaparecido. La obra levantó polémica pues desmitificaba la cifra embelesada de los treinta mil desaparecidos, apuntando que sólo había hasta ese momento unos 7.954 casos de desaparición forzada de personas formalmente registrados. Ese número, un número oficial que maneja el Ministerio de Justicia de la Nación, incluso corrige el guarismo presentado por el viejo y, en muchos pasajes, fraudulento informe de la CONADEP. A Fernández Meijide sólo le faltó decir que los terroristas subversivos asesinaron a unas
1000 personas (incluyendo 6 niños), pero tampoco se puede esperar más de lo que esta señora puede hacer.
La discusión en esta instancia puede extenderse en muchas direcciones (determinar cuánta culpabilidad o inocencia hay realmente en las fosas comunes, analizar el uso y abuso de la “memoria” como instrumento político, debatir acerca del grado de admisibilidad de la Guerra de guerrillas de Ernesto Guevara y de La Guerre moderne de Roger Trinquier en el mundo contemporáneo, etc), pero aquí sólo me interesa detenerme en una: la supuesta voluntad destructiva de las fuerzas del orden.
Según el relato revanchista, el objetivo de la dictadura de 1976 fue imponer un modelo económico, político y cultural que convirtiese al pueblo argentino en una masa homogénea (algo similar a lo que hacen hoy en día los kirchneristas al intentar manipular los bolsillos, las comunicaciones y las mentes de los argentinos). Esto, hay que reconocerlo, es algo cierto, puesto que todos los gobiernos, sean quienes sean, plantean lo mismo. Sin embargo lo reprochable aquí sería que, para lograrlo, el Proceso de Reorganización Nacional habría recurrido al exterminio físico de sus opositores. Sería negligente no admitir que muchos de esos ocho mil caídos en el marco de la guerra contra la subversión –aún dentro del escenario internacional de Guerra Fría– no representaban un auténtico peligro para la vida republicana ni para la vigencia de la Constitución Nacional. Pero tampoco conviene olvidar que la mayoría de ellos si lo eran, no hay que omitir que casi todos los caídos podían ser cualquier cosa excepto víctimas sin culpabilidad alguna que fueron eliminadas azarosamente, ni eran tampoco inocentes de querer tomar el poder por las armas y establecer una dictadura que organizase al país según sus puntos de vista.
Por eso llama la atención la actitud de, por ejemplo, Luz García Hamilton, una popular periodista partidaria de Bussi. Cuando se conocieron las fotos, esta señora escribió
un insólito artículo en el que hacía una especie de
mea culpa, dando a entender que durante tantos años ella se habría negado a aceptar que, efectivamente, se aplicaron violentos métodos contrainsurgentes para ganarle a los guerrilleros la guerra civil que ellos empezaron. Al perecer García Hamilton, al ver la foto, retornó mentalmente a 1983 y habló con la misma sorpresa y arrepentimiento que Ernesto Sábato expresó cuando aceptó las pruebas que mostraban que el régimen que había restaurado la seguridad ciudadana en el territorio nacional -y al cual había apoyado- lo había logrado sobre la base de la inmisericordia contra el enemigo.
Memoria, Historia, Tergiversación
Ese es el gran problema de haber permitido que la memoria selectiva ocupe todo el espacio que le corresponde a la historia: se pierde la perspectiva de los hechos, y se mide con una vara acorde a las vicisitudes políticas actuales lo que requiere de otra vara.
El revanchismo opera, burdamente a estas alturas, para promover la victimización de quienes ejecutaron el terrorismo homicida. Ellos niegan que haya habido una “guerra”, pero basta leer la bibliografía producida por aquellos años por los propios terroristas (disponible gratuitamente en Internet) para constatar que todo el tiempo usan el término “guerra”, junto a adjetivos como el de “revolucionaria” o “popular”. Si la lucha contra la subversión no fue una guerra, ¿por qué las “víctimas” opinaban distinto? Las palabras de Fidel Castro en la clausura de la Conferencia de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967 son la prueba irrefutable de la existencia de
un llamado a la guerra coordinado desde Cuba. Y la guerra que promovían estos nefastos personajes no era un combate abierto en donde la fuerza y el coraje de los combatientes fuesen medidos, sino que, por el contrario, habían planificado una guerra “sucia”, sin cuarteles, con soldados clandestinos, ataques sorpresivos y anónimos, operaciones de bandera falsa y todas las estrategias más innobles y desleales que se les pudieran ocurrir.
A ese terrorismo (Che Guevara), el Estado nacional tuvo que oponer un plan contra-terrorista (Roger Trinquier). En 1975 fue un decreto del Poder Ejecutivo el que puso en marcha las acciones de exterminio de la subversión. Isabel Perón hizo una declaración de guerra totalmente legal. En parte tenía que subsanar el errado indulto que un pusilánime presidente llamado Héctor Cámpora había concedido en 1973, el cual significaba la liberación de numerosos terroristas que, durante los años anteriores, habían sido apresados, juzgados y encarcelados por sus crímenes. Al año siguiente de la puesta en marcha de la guerra, los militares procesistas llegaron al poder mediante un golpe de Estado auspiciado por Washington, un equipo de tecnócratas desplegó una política económica genocida, y muchos patriotas que habían combatido a la subversión civilmente (los miembros de la
CNU o del grupo
Reconquista por ejemplo) fueron perseguidos, encarcelados, obligados a huir al exilio y hasta eliminados porque sus ideas soberanistas atentaban contra la neocolonización financiera que la banca internacional impulsaba.
Nada de esto suele enseñar la memoriología tergiversadora de los que quieren ocultar la verdad histórica. Para ellos las capturas de terroristas reciben el disfemismo de “secuestros de ciudadanos”, los combates en donde se ponía en vilo la vida de todos los partícipes son llamados “escaramuzas” o “tiroteos”, la guarida en donde los terroristas eran física, psíquica y tácticamente preparados para la toma inconstitucional del poder se la nombra como “Cuba”, y a las fuerzas insurgentes y mercenarias se las denomina “civiles inermes”, “militantes populares” o, peor aún, “víctimas”.
Salvo unas cuantas excepciones provocadas por el abuso de poder de algunos corruptos, los que murieron en la década de 1970 a manos de las fuerzas del orden en el marco de la guerra contraterrorista contra la subversión fueron culpables de incitar el combate. El revanchismo quiere hacerles creer a los más jóvenes y a las generaciones futuras que los militares que participaron de esa guerra eran unos sádicos, unos perversos, unos criminales, que disfrutaban asesinando gente a diestra y siniestra porque se creían impunes, porque se jactaban de ubicarse por encima de la sociedad civil y sus leyes y de la moral cristiana y sus normas. Pero no fue así. La dictadura de 1976 tuvo más muertos que las anteriores, pero en esencia no fue muy diferente de aquellas. En 1930, en 1955, en 1963 y en 1966 se propuso la organización del Estado desde códigos corporativistas y nacionalsindicalistas, pero esos proyectos nacionales y populares siempre terminaron por ser truncados por algunos militares gobernantes corrompidos y sus aliados civiles liberales y ultraliberales. Sólo en 1943 se creó algo parecido que terminó después fructiferando en el peronismo, y perdiendo su fuerza orientadora al poco tiempo. El Proceso de Reorganización Nacional representa el vergonzoso último sabotaje al nacionalpopulismo mediante las armas (después de eso, ese sabotaje se ha llevado a cabo a través de las urnas, una y otra vez, desde 1983 hasta la fecha).
Hace no mucho en el diario
La Gaceta de Tucumán
salió publicada una noticia en la que un concejal oficialista de Yerba Buena dijo que “la política al estilo de Elisa Carrió y Gumersindo Parajón ya no va más en nuestra provincia” para ningunear a un par suyo que denunciaba manejos turbios en el Concejo Deliberante de su ciudad. Parajón, un personaje pintoresco de la política tucumana al que se lo podía calificar como un “populista de izquierda”, le contestó a ese profesional de la función pública que era una falta de respeto tratar así a alguien que lleva más de 50 años luchando por la democracia y contra los autoritarismos. Entre los comentarios, un imberbe, evidente producto de la tergiversación histórica contemporánea, aficionado a Paka Paka (o al paco paco), dijo: “si Parajón hubiera sido un caudillo, no estaría vivo, ¿no creen? O por lo menos hubiese sufrido la prisión y la tortura como si les pasó a los compañeros desaparecidos. ¡Por favor basta de falsos caudillos! ¡¿Ahora todos lucharon por la democracia?!” Lo que preocupa de este mentecato es el hecho de que haga tan arrogantemente una ecuación en la que iguala a los “desaparecidos” con quienes “lucharon por la democracia”. Los caídos del bando derrotado en la guerra contra la subversión no fueron mártires de la democracia (no podían serlo ya que operaron en contra de un gobierno democrático y constitucional), sino que eran socialistas totalitarios. Es preocupante que un joven menor de 30 años no pueda ver eso tan obvio.
La salvación por los mendigos
Una anécdota que involucra a Bussi en la época de su gobierno de facto ilustra cuál fue el poder real de la dictadura setentista. El 9 de julio de 1977 se acercaba, y el General Jorge Rafael Videla, a la sazón presidente de la Argentina, iba a visitar San Miguel de Tucumán para participar de las fiestas cívicas en conmemoración a la Independencia de la Nación. Antes de que el presidente llegase, el General Bussi ordenó que la ciudad fuese hermoseada. A raíz de ello se confeccionó en la municipalidad capitalina una lista de tareas para cumplir. Una de las mismas consistía en recoger a 25 mendigos que deambulaban sin rumbo por la ciudad, y enviarlos a algún lugar en donde su presencia no molestase visualmente. Así fue que estos personajes fueron subidos a un camión que luego, por insubordinación de quienes conducían, se detuvo en un descampado en territorio catamarqueño sin llegarse a cumplir la orden de enviarlos a otra ciudad argentina para que pudiesen deambular allí. Los mendigos fueron abandonados, y el camión regresó a donde había partido.
El hecho se conoció en Catamarca, y un diario local –La Unión– lo denunció. Bussi, enterado de lo que sus subordinados habían realizado, mandó un avión para repatriar a los mendigos, los reubicó en hospicios y asilos, y castigó a los responsables. Sin embargo ello no evitó que recibiese numerosas críticas. Todos sus actos de gobierno en la provincia (un ambicioso plan de obras públicas, una ofensiva cultural destinada a honrar a héroes militares –imitando, en este sentido, al General Juan Perón, quien fuese el que inauguró el monumento a Julio A. Roca ubicado en la rotonda del Parque 9 de Julio–, los planes de promoción industrial que llevaron al territorio que gobernaba a la fábrica de Scania, etc) quedaron tinturados de infamia por el maltrato que se le había propinado a unos cuantos mendigos desafortunados. Ello fue lo que aceleró su salida de la gobernación de Tucumán y su nombramiento como autoridad de Gendarmería Nacional (lugar desde donde puso en marcha a la famosa gendarmería infantil, institución que contribuyó a la formación humana de miles de argentinos en muchos rincones del país).
En tiempos recientes, el periodista Tomás Eloy Martínez (hombre de obra de calidad desigual, muy propenso al cagatintismo crónico) reflotó la historia pero cargadas de detalles inexactos e injurias. Eso le costó una retractación.
Por su parte Pablo Calvo, otro cagatintista crónico del inmundo diario Clarín, publicó este año una novela –El tirano y los mendigos– en la que inventa unos personajes cuasi-arltianos y los convierte en protagonistas de la anécdota de 1977. Más allá del desperdicio narrativo que el libro encarna (con esa historia de una nave de los locos moderna se podrían haber hecho cosas muy entretenidas), este rejunte de párrafos de intención descalificadora confirma aquello que yo decía más arriba: la dictadura setentista, hoy calificada de “genocida” –pero no por los actos de sus economistas sino por los de sus guerreros–, no estaba por encima de todo, reconocía límites. Pues, si eran tan sádicos, malignos, tiranos, violentos, crueles y cretinos, ¿por qué simplemente no ejecutaron a esos 25 sin techo y los arrojaron a una fosa común? ¿por qué se privaron de asesinar si, según el relato revanchista, ese era su deporte favorito? ¿para qué se arriesgaron a ser denunciados si podían resolver un problema con sólo recurrir a unas cuantas balas? La respuesta es evidente: porque el inocente muerto por las fuerzas de seguridad era una rara avis y todos los discursos que victimizan a los caídos en el ámbito de las guerras civiles de aquella época se abstienen de decir la verdad.
Mientras los negros cadáveres sigan siendo lustrados a diario para que sus recuerdos marchitos no terminen de perecer, entonces la justicia no llegará nunca a este país. Los cuerpos que no pueden salir del pozo seguirán multiplicándose tristemente.
Franco Zain el-Din Caballero
