Descentralizar y desentenderse
Juan Manuel Urtubey busca presentar a su gestión gubernamental como ejemplo de orden y eficiencia, pero los hechos, en muchas ocasiones, lo han contrariado. Así si bien es justo reconocer que lo realizado por su equipo en el área de turismo ha sido loable, no se puede decir lo mismo en lo concerniente a la seguridad ciudadana. Del mismo modo, no es errado sostener que todo lo bueno que el gobierno de Salta hizo en materia de obras públicas está muy lejos de todo lo malo que ha hecho en el campo de la salud.
Una estrategia implementada por Urtubey para distanciarse de las manchas obscuras de su gestión ha sido la de transferirles algunas de sus responsabilidades a los intendentes. El concepto que ha empleado para poner en práctica dicha estrategia ha sido el de “
descentralización”.
La propuesta de descentralizar las decisiones, a primera vista, no tenía nada de reprochable; sin embargo fue la ejecución de la descentralización lo que puso a Urtubey en un lugar incómodo. En efecto, algunos episodios crónicos como la muerte de niños a causa de la desnutrición o los pobres manejos de las crisis acaecidas en las diversas ciudades inundadas (inundaciones vinculadas a los voraces desmontes) han golpeado duramente sobre el gobernador de Salta, quien por estas épocas anhela ser presidente de la nación en 2015.
En 2010, hostigado por la prensa provincial opositora que se complacía en magnificar sus errores, Urtubey decidió reformular lo que había planteado como “descentralización” y –
con la excusa de entrar en una “segunda etapa”– promovió el fortalecimiento de las auditorías a los municipios. Algún iluso pudo llegar a suponer que el gesto significaba un viraje meritocrático en la política, alentando a la eficiencia en lugar de la lealtad; pero lo cierto es que lo que hizo Urtubey en aquella oportunidad fue avisarles a los intendentes oficialistas que ya no precisaba de ellos, puesto que, considerando la cultura política de la Argentina contemporánea, el mando se ha vuelto tan vertical que toda pirámide de poder queda invertida, haciendo que uno sólo (el que mayor poder concentra) pueda controlar los destinos de los demás.
Los nuevos códigos impulsados por Urtubey, entonces, son claros: o los intendentes hacen las cosas correctamente o correrán el riesgo de ser castigados. Es decir, al gobernador no le interesa hacer una purga entre sus partidarios, ni crear escuelas de dirigentes, ni renovar a la corporación política, ni diseñar mecanismos de selección de candidatos que premien la capacidad de trabajo de los postulantes por sobre sus arreglos y pactos ni nada de eso, sino que lo que el máximo líder provincial pretende es, simplemente, advertirles a los que ya están (y, en muchos casos, desde hace décadas) que si no aprenden a proyectar otra imagen pagarán las consecuencias por ello.
Fin de un ciclo
Las auditorias municipales comenzaron a dar sus frutos una vez pasadas las elecciones de abril. Por ese motivo ahora, promediando diciembre, cualquiera puede conocer en detalle la brutal corrupción de la que muchos de los jefes comunales son culpables. Sin embargo hombres claves que rodean a Urtubey han tratado de
bajar los decibeles de las denuncias, intentando ocultar los delitos debajo de la alfombra. Se intenta preservar el decoro: una especie de política que no hable ni de vencedores ni de vencidos.
El más complicado de los intendentes es, sin lugar a dudas,
Atta Gerala. Todo lo que este intendente hizo u omitió hacer en los últimos dos años alcanzaría como excusa para fusilarlo si se viviese en
un régimen como el que está vigente en China. Rivadavia Banda Norte, su municipio, es uno de los más pobres del país, pese a que en estos últimos tiempos manejó un presupuesto que, bien empleado, podría haber ayudado a comenzar a revertir una situación de pobreza que lleva demasiadas décadas de flagelo. Tras dieciséis años de gestión, Gerala se convirtió en el hazmerreír del pejotismo clientelista al perder la elección municipal frente a la candidata de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), quien se valió de la estructura del Partido de la Victoria para tal fin. Sucede que los miembros de la citada ONG organizaron a la comunidad wichi para que no fuesen manipulados por los punteros de Gerala durante el día de las elecciones. De esa manera el oficialismo perdió una importante suma de votos, y por una diferencia muy acotada terminó cediendo la intendencia a manos de la oposición que supo aprovecharse del voto wichi.
El problema de la APPCHS es que en la misma participan personajes como Marcelo Troxler, Rebeca Russo y Raúl Marinconz, gente que prefiere ver flamear a la wiphala antes que a la celeste y blanca (igual que los miembros de
Qullamarka en Iruya o los del
Movimiento Comunitario Pluricultural de Humahuaca, convertidos todos actualmente en importantes actores políticos de sus regiones). En ese sentido, un corrupto infame como Gerala no sólo es culpable de todo el sufrimiento al que sometió a su pueblo durante los últimos tres lustros, sino que también es culpable de haberle permitido el acceso al poder y darle mayor legitimación a un grupúsculo como el de la APPCHS.
Sergio Leavy y los 40 afiliados
Gerala no es un caso aislado. Si uno realiza un safari político por los departamentos de Salta se encontrará con una fauna tan espeluznante que se sentirá tentado a consultar a un teratólogo para entender su funcionamiento.
La lista de intendentes salteños impresentables es larga y realizar un informe exhaustivo nos llevaría demasiado tiempo. Así que sólo señalaremos aquí a los especímenes más representantes de este grupo, los que compiten cabeza a cabeza para ver quien de ellos encarna al biotipo.
Frente a Leavy los demás intendentes de Salta parecen pigmeos en materia de ineptitud, corrupción y exhibición obscena del poder, pero ello no es más que una ilusión óptica provocada por la falta de difusión de sus actos. Un digno émulo de Leavy es Raúl Romano, intendente pejotista de Chicoana. En las últimas elecciones, Romano perdió contra el renovador Esteban Ivetich. La auditoría realizada sobre su gestión arrojó muchas turbiedades, las cuales, curiosamente, no encontraron eco en el concejo deliberante. Se dice que los vecinos de la zona no quieren denunciarlo, para ahorrarse toda complicación que pueda generarse a partir de ese tipo de acción. A raíz de ello
algunos diputados provinciales se han visto obligados a tomar las medidas pertinentes para ajusticiar a Romano.
Alguien cercano a Romano es Miguel Ángel Alemán, el popular “Piculín”, intendente pejotista de Vaqueros, e integrante junto a aquel de una gavilla autodenominada “Grupo Chicoana”. En las elecciones de abril perdió contra el olmedista Daniel Moreno y, para completar su mal año,
la auditoría destapó numerosas irregularidades presupuestarias de las que es responsable. Otro pejotista que sufrió exactamente la misma suerte que Alemán (derrota ante un olmedista y exposición de sus prácticas corruptas) fue Nicanor Sosa, el jefe comunal de Hipólito Yrigoyen. En su caso,
tras conocerse el informe de la auditoría, el concejo deliberante de su ciudad no tardó en hacerle fuertes planteamientos pero, lamentablemente, no logró destituirlo como pretendía.
A Dardo Quiroga, intendente de Colonia Santa Rosa, también quiso destituirlo un grupo de concejales. La excusa fue la falta de idoneidad para ejercer el cargo, argumentando que el mandatario municipal reelecto es un alcohólico irrecuperable. Su auditoría no lo favoreció en nada tampoco, pero a la fecha no se puede informar que este polémico pejotista haya dejado el cargo sino todo lo contrario.
Seguro brindará por ello.
El caso de Miguel Calabró fue particular. El intendente pejotista de La Caldera decidió, en 2010, retirarse de la política después de una larga gestión al frente de la oficina municipal, pero en abril reapareció sorpresivamente
como candidato a diputado provincial, cargo que obtuvo gracias al arrastre de Urtubey. Al parecer Calabró se dio cuenta que sin los fueros,
y conocidos los descalabros de su gobierno gracias a la auditoría, correría riesgo su libertad, por lo que negoció con las autoridades provinciales del PJ para rapiñar una banca legislativa y convertirse en un burócrata más de la política pero esta vez desde la capital salteña.
Los clásicos renovadores
Hay que reconocer que la infamia en Salta no es sólo pejotista (hablo de “pejotistas” porque de “justicialistas”, es decir de conocimiento y compromiso doctrinal, estos personajes no tienen nada). El Partido Renovador, aliado por esas cuestiones tenebrosas de la partidocracia con el Frente para la Victoria, ha justificado ampliamente también la realización de las auditorías.
La prueba más fehaciente de esto que señalamos proviene desde El Bordo, localidad gobernada por Fausto Valdiviezo, un renovador de pura cepa. En abril, este infausto intendente perdió las elecciones contra el ex-diputado provincial Juan Rosario Mazzone, un justicialista que se presentó encabezando una agrupación de alcance solamente comunal.
Los empleados municipales despidieron a Valdiviezo con una pueblada.
Otro de los intendentes renovadores que han amontonado
números rojos durante su gestión es Isidro Ruarte de General Mosconi. Este cacique municipal perdió contra Julián Albarracín (un pejotista alineado al diputado nacional Walter Wayar) y salió eyectado de su puesto. Líder de un municipio conflictivo, Ruarte enfrentó con mano dura durante años a los grupos piqueteros y su socialmente perniciosa subcultura. Pero sumergido en la corrupción, su éxito fue sólo parcial y –al igual que Gerala– es culpable de facilitarles el acceso al poder a la peor escoria política de Salta, en este caso en forma de concejales por el Partido Obrero.
La decadencia moral
Expuesto el delito, es lícito esperar que se castigue a los culpables. Pero, lamentablemente, eso no suele suceder en Argentina. En las últimas dos décadas nuestro país se ha ido sumergiendo en la decadencia, especialmente en la decadencia moral. Ello repercute en el ámbito político de la peor manera: se alienta la impunidad.
En efecto no es descabellado esperar de toda aquella persona que asume un cargo público electivo que tenga una conducta intachable. De hecho es lo más recomendable. Pero cuando uno mira los prontuarios de quienes integran la corporación política, lo más probable es que note que la lacra social supera en número a la gente decente. Esto que señalamos no es algo menor, sino que sirve para diagnosticar el estado moral en que la sociedad argentina se encuentra.
Ejemplos sobran, pero para seguir con el hilo del texto hagamos referencia a dos intendentes salteños. Uno de ellos es el pejotista Alfredo Llaya, responsable del poder ejecutivo de la localidad de Embarcación. Hace unos meses Llaya se vio envuelto en un episodio curioso: un joven estudiante lo acusó de haber influido para que le sea anulado el reconocimiento a su desempeño académico
tras haberlo criticado abiertamente durante un acto escolar. En concreto, en un ataque de patético cheguevarismo, el joven –hijo de otro político de la zona– interpeló al mandatario municipal para reprocharle promesas incumplidas de su gestión, lo que le causó gran incomodidad al adulto. A los pocos días el joven se enteró que ya no era más el abanderado de su escuela.
Esta historia quizás no sea escandalosa, pero si permite empezar a sospechar de las actitudes de Llaya.
El otro caso al que queríamos referir involucra al narconcejal kirchnerista Arturo Cifre y al intendente de Joaquín V. González Francisco Orellana. Cuando a Cifre le allanaron sus inmuebles y le encontraron la droga lista para ser exportada, Orellana salió en defensa del delincuente diciendo textualmente que en Argentina “
se castiga el éxito”. Al igual que Llaya, Orellana después dijo que fue todo una confusión y culpó a los medios de comunicación de manejarse con mala fe.
Si bien es cierto que lo de Llaya y Orellana no nos alcanza para imputarlos de nada puntual, al menos ello sirve para llamarnos la atención sobre que clases de dirigentes gobiernan a nuestros pueblos.
¿Auditoría y castigo?
Salta ya tiene antecedentes en procesamientos a intendentes. Hace más de una década, Néstor Corimayo y Sergio Ramos –intendentes pejotistas de Cerrillos y Rosario de Lerma respectivamente– fueron acusados de malversar fondos que debían invertirse en asistencia social. A partir de ahí comenzó una telenovela en la justicia, cargada de idas y vueltas, momentos de amnesia, traiciones, amenazas y toda clase de giros que, hasta el día de hoy,
no ha cesado, es decir que hasta el día de hoy Corimayo y Ramos no recibieron ningún castigo por sus acciones, y ambos mandan actualmente sobre sus municipios como si fuesen pequeños monarcas de cotillón.
Este antecedente nos habilita a pensar que, tristemente, Romano, Alemán, Sosa, Quiroga, Calabró, Valdiviezo, Villalba, Ruarte y hasta Leavy y Gerala van a compartir la suerte de Corimayo y Ramos, vale decir van a poder seguir viviendo como representantes de la decadencia moral argentina sin ningún inconveniente.
¿Pero que hay de Urtubey? ¿Qué pasaría si la auditoría se la hiciesen a él? En las últimas semanas Gonzalo Guzmán Coraita se responsabilizó por un blog titulado “
Salta Transparente!” desde el cual comenzó una suerte de intento de auditoría ciudadana. El blog se ha concentrado particularmente en dar a conocer el reparto de pauta oficial para los medios de comunicación que hace el gobierno, dejando al descubierto que la prensa adicta al gobernador obtiene enormes fortunas concedidas por el poder oficial.
Pero el impudente gasto de dinero público para convertir a Urtubey en el vencedor de una guerra comunicacional es sólo un detalle. Si se indaga con mayor insistencia en Salta (como también en Jujuy y Tucumán) saldrán a la luz miles de irregularidades.
Francisco Vergalito
