La autotitulada comunidad indígena diaguita cholonka, que usurpó tierras
en Lesser aduciendo que le pertenecen ancestralmente y que fue
protagonista de un feroz ataque a un campesino, a quien le enterraron un cuchillo en la cabeza, sumó una nueva denuncia pública ayer, cuando el
mayor auditor del Comando de la V Brigada de Montaña del Ejército
Argentino, Juan Marcelo Zelaya, manifestó: “Ellos reclaman tierras y sus
pretensiones declaradas en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas) ahora tienen que ver con una fracción de terrenos que por ley
nacional pertenecen a un área de conservación que tiene como autoridad
de aplicación al Ejército Argentino”. Una planilla de relevamiento
poblacional del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas), que
data del 25 de noviembre de 2007, certifica que Eusebia Puca,
autodenominada cacique, pertenecería al grupo étnico diaguita calchaquí y
tendría ocupación como “criadora”.
Lo llamativo es que en tal documentación se registra que la situación dominial del terreno que ocupan se relacionaría con la actividad de pastoreo en el catastro 87.338. Dicho catastro pertenece al Campo General Belgrano, predio del Ejército Argentino con una superficie total de 3.660 hectáreas. “Los cholonkas cruzan sus animales, que son unos 1.500, por la ruta provincial 28, lo cual representa un peligro. Rompen el alambrado, ingresan el ganado e incluso faenan ilegalmente en el predio. Constantemente, hacemos arreos y se lo devolvemos a esta gente porque están destruyendo el área por el sobrepastoreo. Pero ellos vuelven a reincidir. Existe una causa judicial en manos del juez federal Miguel Antonio Medina. Una orden de desalojo fue suspendida en junio de 2011 ”, explicó el oficial Zelaya.
Lo llamativo es que en tal documentación se registra que la situación dominial del terreno que ocupan se relacionaría con la actividad de pastoreo en el catastro 87.338. Dicho catastro pertenece al Campo General Belgrano, predio del Ejército Argentino con una superficie total de 3.660 hectáreas. “Los cholonkas cruzan sus animales, que son unos 1.500, por la ruta provincial 28, lo cual representa un peligro. Rompen el alambrado, ingresan el ganado e incluso faenan ilegalmente en el predio. Constantemente, hacemos arreos y se lo devolvemos a esta gente porque están destruyendo el área por el sobrepastoreo. Pero ellos vuelven a reincidir. Existe una causa judicial en manos del juez federal Miguel Antonio Medina. Una orden de desalojo fue suspendida en junio de 2011 ”, explicó el oficial Zelaya.



