La devastación de lo femenino

La marcha y el viento  

El 3 de junio pasado miles de personas en todo el país se pusieron de acuerdo para cortar calles y obstaculizar el tránsito de muchos vehículos. La mayoría de esas personas eran mujeres. La iniciativa de la convocatoria nació a partir de un caso policial: en Rufino, provincia de Santa Fe, una adolescente de 14 años apareció muerta y enterrada en la vivienda de su noviecito; la prensa, horrorizada por el macabro suceso, no tardó en cacarear “femicidio”, y, “desde las redes sociales”, emergió la idea de hacer una gran marcha nacional “en contra de la violencia de género”. Así mucha gente a lo largo y ancho del país (y ni Jujuy, ni Salta, ni Tucumán fueron las excepciones) se concentró en diversas plazas, mientras que la prensa se dedicó a fogonear el asunto -más que simplemente a limitarse a reportarlo.

Lo inquietante de esta iniciativa es su origen obscuro, similar al de los cacerolazos de 2012. Quiero decir, más allá de lo legítimas que fueron esas manifestaciones de descontento popular, las mismas no nacieron por generación espontánea, sino que fueron diseñadas y promovidas por individuos concretos, que tenían intereses específicos. Con la marcha de las violentadas de género sucedió igual.

Lo que caracterizó al #NiUnaMenos fue la corrección política. Oficialismo y oposición, moderados y extremistas, derechas e izquierdas: todos enfilaron hacia donde sopla el viento y se sacaron la foto con el cartelito, sólo faltaba el odontólogo Barreda para completar el panorama. De ese modo la movida fue presentada como el pedido de un sector de la sociedad para que aquellos que maltratan a las mujeres cesen de hacerlo –como si un golpeador, al ver a miles de personas en la calle pidiéndole que renuncie a la violencia, se tuviese que conmover con ese evento y decidiese a partir de allí no levantarle nunca más la mano a una mujer.  

Empero la sensación que dejó la marcha multitudinaria contra la violencia doméstica y los crímenes pasionales es la misma sensación que deja cualquier marcha multitudinaria en la Argentina de hoy: sólo sirve para concederle un momento de catarsis a la gente que se siente impotente ante una realidad que se hunde en la decadencia. No nos olvidemos del Caso Nisman: miles de personas salieron a protestar contra el gobierno kirchnerista, pero al día de hoy no se sabe si al Fiscal lo mataron o lo suicidaron. Y lo mismo pasó con el maricanomio en el año 2010: miles de personas le exigieron a los legisladores que detengan esa abominación, pero al día de hoy los aberrosexuales se casan y se divorcian con la misma facilidad con la que lo hace una pareja normal. La gente en las calles pone nervioso al gobierno por un tiempo, pero no generan absolutamente nada a nivel institucional después. Y ello sucede porque el gobierno se ha enquistado en el poder. En la actualidad el gobierno es más poderoso que el pueblo que lo puso allí, y, lamentablemente, ya no existe un mecanismo cívico-político-militar para que nos libre de sus atropellos y violaciones como ocurría antaño.

Nos penetró el hembrismo

Para la fauna hembrista, la marcha de las violentadas de género sirvió para “visibilizar” la subordinación de la mujer al hombre y denunciar la cultura “macho-patriarcalista” que impera en la Argentina. Para el resto de la gente, en cambio, el #NiUnaMenos fue más inútil que un chupetín con gusto a pene. Claro que el último grupo, a diferencia del primero, se maneja con el sentido común: miles de mujeres pidiendo que los novios, amantes o maridos no les peguen más es infinitamente menos efectivo que una buena denuncia penal contra el golpeador.

Sin embargo el hembrismo interpreta que la movida le sirvió para demostrar su fuerza. Y de dicha demostración de fuerza depende el poder que esa sinarquía tiene para impulsar su agenda. Para explicarlo brevemente: la agenda hembrista consiste en darle el poder absoluto a las mujeres, ubicándolas en la cima de la sociedad y haciéndolas inmunes a todo tipo de crítica o cuestionamiento. En la metafísica del hembrismo, la mujer es el único ser sobre la faz de la tierra que jamás se equivoca, ni jamás se excede, ni jamás se desborda, por tanto no existe criatura mejor para ejercer el poder en una sociedad. La mujer –según esta lógica– es garantía de justicia, mientras que el hombre es sinónimo de injusticia.

La agenda hembrista, hoy por hoy, tiene nueve objetivos claros, porque son los más superficiales, ya que han sido los más promocionados (no hay que olvidar que, como toda buena sinarquía, el hembrismo trabaja sin poner en evidencia los motivos profundos de sus acciones, los cuales, pese a todo, no dejan de ser evidentes para cualquiera cuyo cerebro no sea una masa babeante): (1) instrumentar la nefasta Ley 26.485 y poner en marcha el irracional Plan Nacional que allí se establece, (2) recopilar estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres para convertir a ese asunto en una cuestión de Estado, (3) crear juzgados especiales en todas las provincias para tratar exclusivamente casos de violencia doméstica, (4) hostigar a través del monitoreo permanente a todos los hombres acusados de haber ofendido o atacado a una mujer, (5) ampliar la asesoría gratuita para las mujeres que denuncian la violencia en sus hogares, (6) eliminar a todos los funcionarios judiciales que osen no beneficiar automáticamente a toda mujer que llega a un juzgado denunciando haber sido víctima de algún tipo de violencia, (7) crear hogares para acoger a las víctimas de la violencia doméstica que estén controlados y superpoblados por un equipo “interdisciplinario de especialistas”, (8) adoctrinar de modo forzoso en la anti-masculinidad a todo empleado estatal (policías, jueces, maestros, etc.), y, por supuesto, (9) facilitar la colonización hembrista de todo el sistema educativo.

La Ley 26.485 no es más que un delirio sólo practicable si se quiere vivir en el más perverso de los mundos posibles (un artículo, por ejemplo, estipula que la mujer no necesita probar que ha sido víctima de la violencia doméstica para que un juez falle a su favor, lo que significa que con sólo hacer una denuncia, sea real o ficticia, el hombre acusado ya es culpable de lo que se le imputa y debe pagar por ello). Pedir estadísticas en un país en donde no hay un solo papel propiedad del gobierno en el que se reflejen correctamente los datos objetivos de la realidad es también un delirio. Lo de modificar al poder judicial para acelerar los castigos no deja de ser, en realidad, un pedido de ampliación del aparato burocrático argentino, que sólo sirve para alimentar generosamente a quienes allí trabajan y para casi nada más. Los refugios llenos de psicólogas, médicas, abogadas, trabajadoras sociales y demás empleadillas públicas son ridículamente inútiles desde el momento en que un solo cura puede hacer el mismo trabajo y de un modo más humano y efectivo.

Educación para no morir

Todo lo hasta aquí señalado está directamente vinculado a una cuestión monetaria. En efecto, todo eso que las hembristas señalan como urgente en su agenda requiere de dinero para funcionar. Y el dinero requerido tiene el detalle de no ser poco. ¿Cómo una mujer refugiada podrá dormir en una cama prestada si no tiene una almohada que valga mil pesos? El Estado, o, mejor dicho, nosotros tenemos que donar nuestro dinero que tanto nos cuesta conseguir para que las víctimas de sus parejas (y toda la galaxia parasitaria que lucra a partir de ellas) se de la buena vida para compensar el mal sufrido.   

Que no se entienda mal: yo no estoy culpando a la víctima por haber hecho una mala elección, estoy tratando de señalar que hay muchos –demasiados– que quieren hacerse ricos con esa situación. El hembrismo no es más que un movimiento internacionalizado que se basa en la idea de que mientras existan las víctimas, existirá una fuente de ingresos que les permita sobrevivir orondamente sin tener que aportarle nada útil a la sociedad. Es por ello que crearon un discurso en donde la mujer SIEMPRE es víctima. Y es por ello también que apuestan tanto por desplegar un sistema punitivo que refleje sus posiciones y rechazan de plano todo intento por perfeccionar la prevención de la violencia doméstica.

Un pilar del hembrismo es la necesidad de adoctrinar en sus puntos de vista a todos los hombres, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. De allí que donde haya una hembrista hay una mujer ansiosa por realizar un taller de “pensamiento anti-patriarcal” o de “prevención del bullying” o de alguna fruslería por el estilo. Su razonamiento es perversamente adecuado a sus fines: si se educa a una persona de modo completamente equivocado, esa persona seguirá cometiendo errores, por lo que la presencia del hembrismo será siempre necesario.

Para reducir la violencia en un hombre lo único que debe hacerse es enseñarle a ser hombre. Es decir, en lugar de un “taller de antipatriarcalidad”, el niño debe participar de un taller de patriarcalidad. El verdadero hombre, el verdadero macho, el verdadero patriarca, tiene incorporado como un código inviolable la idea de que no puede golpear a una mujer. Sólo los falsos hombres, los falsos machos y los falsos patriarcas agreden físicamente a su contraparte femenina. Si se restituye la virilidad en los hombres argentinos (en lugar de buscar castrársela como sucede ahora), las mujeres estarán a salvo, lo femenino, ya devastado por tanto hembrismo, renacerá como la flor que es.  

Antonella Díaz

El simulacro malvinero

El pasado 2 de Abril la Municipalidad de San Miguel de Tucumán empapeló las carteleras de la ciudad con un afiche que pretendía homenajear a los participantes argentinos de la guerra de 1982. El detalle que indignó a muchos es que se veía una imagen de unos soldados con uniformes de tropa estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, la cual había sido extraída de una serie de televisión norteamericana.

Hubo mucha gente que no comprendió la ofensa que algún genio del diseño gráfico elaboró con el aval de la Municipalidad de la capital tucuman. Eran mayormente peronistas que, por razones políticas, defendieron a Domingo Amaya y compañía. Para esa gente lo que importa es la intención, por lo que usar una imagen “genérica” de unos soldados de ficción sirve para homenajear a soldados reales. Yo me pregunto: ¿qué pensaría esa gente si para un homenaje a Eva Perón en lugar de usar una foto de la esposa de Juan Perón usaran una de Nacha Guevara o una de Esther Goris caracterizada como ella? ¿O si para homenajear a Cristina Fernández de Kirchner emplearan la imagen de Fátima Florez disfrazada como la presidente?

No existe el homenaje “genérico”. Cada guerra es un acontecimiento, es decir es un evento que ocurre una sola vez y de una forma determinada, y en el que mucha gente entrega su vida. Lo que hicieron en Tucumán, por tanto, es sumamente vergonzoso.

El Intendente de la ciudad debería pedir disculpas públicamente, y realizar un segundo homenaje a los caídos y los veteranos de Malvinas, el cual bien puede ocurrir en cualquier época del año. Malvinas aparece para los políticos de este país el 2 de Abril –y a veces también el 10 de Junio–, y el resto del año es una sombra que constituye un buen material escolar abordado pésimamente o una excusa para el chauvinismo y nada más. Eso es la “desmalvinización”.

La desmalvinización es el desagradable fruto de la desmilitarización de la política argentina. En efecto, el Ejército Argentino fue un factor de poder autónomo a partir de 1930, gracias a José Félix Uriburu. En su seno se desarrolló el nacionalismo católico, aunque también hubo una corriente liberal-conservadora muy poderosa. Con Menem, el Ejército Argentino fue desarticulado hasta convertirse en la entidad mutilada e inutilizada que es hoy (la cual sólo existe para dedicarse a la guerra sucia del espionaje intrafronterizo).

Lo irónico con Malvinas es que, al ser recordada la gesta heroica el día 2 de Abril, viene a cerrar el “Novenario de la Vergüenza Nacional”, el cual es abierto el 24 de Marzo con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (fecha que, con tantos recitales marihuaneros organizados por el gobierno, debería llamarse más bien “Fiesta de la Subversión”). Y como la Guerra de Malvinas fue una derrota contra una de las potencias internacionales más grandes del mundo, ello sólo contribuye a que los argentinos inculpemos a los miembros de la Fuerzas Armadas de nuestras desgracias, dándole más legitimidad a una casta política infestada de corruptos.

Las Malvinas son argentinas, lo que significa que no son peronistas, ni radicales, ni macristas, ni kirchneristas. Tampoco son una derrota antigua de los militares y un triunfo futuro de la política: son una cuestión de identidad nacional, en la que cada argentino debe contribuir a su modo para acabar con su simulación y convertirlas en un hecho real. Ciertamente se puede estar en contra de Malvinas, pero eso lo vuelve a uno automáticamente en algo diferente a un argentino –algo que puede ser bueno o malo para una persona.

La sangre derramada en Malvinas no fue un simulacro, una actuación para la televisión, un eslogan, un afiche en una pared o una proclama en un acto. La sangre derramada es la argentinidad misma, un hecho heroico que –a diferencia del pañuelo blanco– si merece ser un símbolo patrio.

Zaín el-Din Caballero

Hay que disolver al INADI

“Que no te agarre el INADI” o “Te voy a denunciar al INADI” son frases cotidianas en la Argentina de hoy. Desde hace una década a los argentinos se nos viene adoctrinando para percibir al INADI como la policía del pensamiento, la cual existe para imponer la corrección política amordazando al librepensamiento. Sin embargo, hasta ahora, el INADI no es más que un organismo que sólo se dedica a promover propaganda sin preocuparse demasiado por los resultados de sus propias campañas (o sea el INADI es lo que en criollo se dice “un nido de ñoquis”). Al analizar la actuación de sus miembros, se hace evidente que su disolución es urgente.

Un poco de memoria

El INADI nació en 1995, luego del atentado contra la AMIA. Por esa época circulaba entre la sociedad argentina un tenue sentimiento antisionista, ya que muchos cuestionaban que Israel transportase a nuestro país los problemas de Medio Oriente. Como la versión oficial del atentado sostenía que los israelíes debían ser desvinculados del trágico episodio, asesores norteamericanos sugirieron crear un organismo especial para generar propaganda estatal que vendiese la idea de que la bomba había explotado en la calle Pasteur por mero antisemitismo. Sin embargo, como ese proyecto era por demás polémico, a los menemistas se les ocurrió darle mayor legitimidad al organismo que habían inventado incluyendo a gente de la Federación de Entidades Argentino-Arabes (FEARAB), lo que evitó que el INADI feneciese en sus primeros años de existencia.

Víctor Ramos, un judío hijo del dirigente trotskista Jorge Abelardo Ramos, fue el primer titular del INADI. Desde su puesto, Ramos comenzó a operar a favor del sionismo con el desarrollo de campañas propagandísticas poco influyentes. Pero su gestión comenzó a tomar relevancia cuando desde el organismo que supuestamente promocionaba el entendimiento, la concordia y la paz entre ciudadanos comenzó a patrocinar denuncias que, antaño, sólo eran patrocinadas por la DAIA u organizaciones similares. El caso más recordado de esta política impulsada por Ramos fue la absurda persecución judicial que se desencadenó a principios del siglo XXI en contra del poeta Ricardo Iorio.

La oportunidad perdida  

En el 2005 el INADI cayó en manos del kirchnerismo, el cual lo convirtió en una pieza clave de penetración sinárquica (especialmente de los lobbies feministas y elegebetistas). Se instaló así en nuestro país esa curiosa percepción que la mayoría tiene del INADI: el organismo vendría a ser una suerte de ojo vigilante que está abierto a la recepción de denuncias, por más imbéciles que éstas suenen. Es decir, el kirchnerismo consiguió “democratizar” al INADI, banalizando la lucha contra la discriminación.

Por supuesto que el crecimiento del INADI no fue sólo simbólico: también se abrieron oficinas en todo el país y comenzaron a manejar un presupuesto absurdamente abultado. El escándalo que enfrentó a Claudio Morgado contra María Rachid en el 2011 debió haber culminado con la disolución del INADI, pero hubo un arreglo entre las partes en conflicto para que todo se diluyese en la impunidad. Con ello el gobierno kirchnerista evitó el papelón de tener que admitir que el INADI no sólo está lleno de gente que poco hace, sino que además los que están son unos incompetentes.  

Más “bettysta” que Betty

El choque entre Morgado y Rachid dejó en claro que el INADI no es más que una oficina partidaria que sólo sirve para acomodar militantes en la estructura estatal. Los casos más recientes en Tucumán y Salta lo demuestran.

En el Jardín de la República, la Senadora Beatriz Rojkés de Alperovich denigró violentamente a un trabajador, el cual había sufrido las inundaciones que se produjeron en la provincia por la ausencia de infraestructura para evitarlas. El episodio tuvo repercusión nacional y desató una catarata de críticas contra la esposa del Gobernador José Alperovich. Gustavo Díaz Fernández, el máximo responsable de la sucursal tucumana del INADI, defendió a la Senadora desde su cuenta en Facebook. Según Díaz Fernández -un militante elegebetista que pertenece al Ateneo de la Militancia, la agrupación pejotista que dirige Sara Alperovich- el video que muestra a Rojkés de Alperovich insultando a una víctima del mal clima y la corrupción gubernamental está editado maliciosamente. Y, como si fuese poco, la incontinencia verbal de la Senadora –que es juzgada por todos como un defecto– es considerada una virtud por este papanatas. “Betty es así y eso nos gusta de ella”, dijo el funcionario.

No es la primera vez que Díaz Fernández defiende lo indefendible. Cuando en agosto de 2014 la Senadora publicó en su Facebook un texto que decía que los palestinos obligan a los israelíes a matar niños, un ciudadano tucumano se acercó hasta la sede local para realizar una denuncia. Según los códigos de procedimiento de la institución -códigos que ellos mismos crearon-, lo que correspondía hacer en ese caso era tomar la denuncia, investigar, y luego, si había motivos suficientes, emitir un dictamen que sirviese para invitar a Rojkés de Alperovich a que revea su postura. Sin embargo la empleada de mesa de entrada se encargó de rechazar la denuncia, no por estar mal realizada o porque el INADI no tuviese competencia para tomarla, sino porque ella misma juzgó que no había discriminación. El caso generó indignación en las redes sociales, pero Díaz Fernández no pronunció palabra alguna.

Otro momento de infame silencio de Díaz Fernández fue cuando la Senadora tildó de “borracha” a la madre de Mercedes Figueroa, una niña violada y asesinada a los seis años. Pero, para compensar tanto desinterés, el INADI tucumano si se movilizó cuando el portal de noticias Contexto publicó un artículo en el que comparaba a Alperovich con Joseph Goebbels.

Unos si y otros no

En Salta la situación del INADI local es muy similar a lo que sucede en Tucumán cuando llega la hora de reconocer que los políticos argentinos son tan culpables de actos y dichos discriminatorios como cualquier otra persona. Nicolás Hirtz, el máximo responsable de la sucursal salteña del organismo antidiscriminación, lo prueba.

A diferencia de su par tucumano, Hirtz si atacó a una funcionaria del gobierno que pronunció palabras polémicas. Sin embargo en este caso fue todo un malentendido, que el propio Hirtz se encargó de enturbiar dándole un ultimátum de diez días a la funcionaria para que aclare algo que ella no tiene que aclarar (y que fue generado maliciosamente a través de Twitter por un aberrosexual ocioso que trabaja en la Municipalidad de Salta).

El episodio sirvió para pegarle a Hirtz: mientras él se preocupaba por lo que una funcionaria menor había dicho acerca de la violencia doméstica, nada dijo en contra de la actitud de abandono del gobierno hacia los niños que, debido a la pobreza, mueren por desnutrición. Cuando Cristina Lobo, una funcionaria del área de Salud del gobierno provincial de Salta, dijo que los casos de desnutrición debían ser tratados como cifras estadísticas y no como dramas personales incurrió en la negación de identidad y en una suerte de acto de discriminación hacia la gente de escasos ingresos. El INADI, por supuesto, nada dijo sobre el asunto, pese a que a ellos les encanta opinar sobre cómo debe hablar la gente.

¿Qué hacer entonces frente a estas arbitrariedades de funcionarios acomodaticios? ¿Es necesario profesionalizar al INADI expulsando a todos los militantes políticos de su estructura? Creo que no. El INADI ha cumplido con su misión -si es que alguna vez la tuvo-, por lo que los argentinos merecemos verlo disolverse. 

Francisco Vergalito 

El absurdo linchamiento a Mercedes Junco

Mercedes Junco hizo algo políticamente incorrecto: decir la verdad. “Muchas veces la violencia [doméstica] es culpa de las mujeres” fue la frase que pronunció en un programa de televisión.

Descontextualizadas, las palabras de Junco suenan raras, más considerando que ella es una funcionaria del gobierno salteño que trabaja en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Sin embargo lo que dijo es coherente, y no sólo eso: también es perfectamente consistente con el discurso oficial del progresismo contemporáneo. En efecto, Junco sostuvo que las madres deben adquirir el hábito de distribuir las tareas hogareñas entre todos sus hijos (mujeres y varones), ya que la costumbre actual entre las mujeres con las que trata a diario -mujeres provenientes de los sectores más carenciados- es la de inculcarle a las hijas mujeres las tradiciones hogareñas y evitarles a los hijos varones el aprendizaje de las mismas. Esto, según Junco, genera una relación conflictiva entre hombres y mujeres, porque el sistema laboral actual obliga a que las mujeres dejen la seguridad del hogar para ir a buscar el sustento material junto a los maridos (si es que los tienen), entonces ya no se puede criar a los hijos según ese patrón de comportamiento en el que ellas permanecían en casa y ellos andaban afuera. Las mujeres mismas, según esta perspectiva, estarían perpetuando el modelo de la mujer sumisa y el hombre autoritario, y por ello vendrían a ser culpables de la violencia que después sufren.

El discurso de Junco es perfectamente realista. En lo personal creo que el Estado debería hacer más por mantener vigente el modelo tradicional de familia y las prácticas sociales que de él emanan, pero se comprende que Junco, desde su posición en Derechos Humanos, hace y dice lo que juzga como lo más provechoso en el escenario actual.

Ahora bien, el problema es que Rodrigo “Victoria” Liendro, otro funcionario, ignoró (¿a propósito?) todo lo que Junco dijo, y sólo se quedó con la frase de que a la culpa de la violencia doméstica la tienen en ocasiones las mujeres. Desde su cuenta de Twitter, este muchacho no vaciló en repudiar a Junco. Y, por supuesto, la prensa a la que le encantan los pleitos recogió las tonterías de este inepto de Liendro y desató una jornada de linchamiento contra Junco.

Liendro, más allá de cobrar un abultado salario como funcionario municipal salteño, no ha hecho nada por Salta más que, desde su posición, generar disputas y conflictos. El sujeto no está en el gobierno para sumar, no pretende mejorar la vida de los salteños, sólo le interesa impulsar su agenda: el elegebetismo. Pero el verdadero problema no es él, es aquel que se lo permite, es, en este caso, Miguel Isa, actual Intendente de Salta, y ladero de Urtubey en las próximas elecciones. 

FUENTE:

Esperar o desesperarse

La sangre derramada

Una mujer de 26 años espera el colectivo temprano a la mañana en una parada de la avenida Alem. Un malviviente de 23 años la divisa, se le acerca y trata de quitarle la cartera. Sin embargo la mujer se resiste al atraco y golpea al ladrón. Alertada por los ruidos, la madre de la joven sale a la calle y ve la trifulca. Acto seguido le arroja al delincuente algunos objetos contundentes para asistir a su hija en la lucha por su vida. Finalmente el hombre de 23 años desiste y se aleja, dejando caer un cuchillo mientras lo hace. Unas horas después, este energúmeno regresa al vecindario y le profiere amenazas tanto a la mujer que intentó asaltar, como a su familia que buscó defenderla. Las víctimas hacen la denuncia en la comisaría, pero los policías no hacen más que dejar constancia en un papel de que el episodio ha ocurrido.

Cuatro días después, la mujer regresa a su casa en compañía de una prima. Es domingo y no hay casi nadie en la calle, salvo los que retornan de las fiestas y los que salen temprano a trabajar. El malviviente, ahora con un cómplice, reaparece. Apartan violentamente a una de las mujeres –a la prima de la víctima del intento de robo–, y le propinan cinco puñaladas a la otra mujer –a la que había recibido las amenazas.

La mujer es hospitalizada y los familiares retornan a la comisaría. Ellos saben perfectamente quien fue el que intentó asaltar y asesinar a la mujer. Entonces la familia de la víctima, junto a muchos vecinos preocupados, queman gomas y exigen enardecidos la captura del criminal.

La policía sale a buscarlo, pero se demora. Los días corren y no hay noticias del malviviente. Mientras tanto, la mujer internada empeora su situación, y día a día se enfrenta a una lucha encarnizada contra su cuerpo herido por no morir. La familia de la víctima, obviamente, vive sumergida en la inquietud.

El padre de la mujer apuñalada va hasta la Terminal de Colectivos. Mientras espera su transporte, cree divisar al cretino que atacó a su hija. Sin meditar demasiado, extrae un cuchillo de entre sus ropas, se abalanza contra el hombre y le asesta una puñalada en el abdomen. La gente entra en pánico y un grupo de guardias de seguridad del lugar logran controlar y calmar al hombre mientras los policías llegan para detenerlo.

La historia que relaté sería algo así como una historia de venganza (o de justicia por mano propia) si no fuese por el hecho de que el apuñalado no era el mismo que había atacado a la mujer. Ese sujeto, por el contrario, se encontraba refugiado en la vivienda de un familiar, en una zona rural de Tucumán. La policía lo capturará recién unos días después de que el padre de la víctima, convertido ahora en criminal, ingresase a una celda para enfrentarse contra el sistema judicial argentino.

El padre de Jésica, el padre de Paulina

¿Qué debemos pensar sobre estos sucesos? Cualquier padre está dispuesto a sacrificarse por sus hijos, incluso al punto de ejecutar la venganza. Lo del hombre, el padre de Jésica Alderete, no es reprochable. Su historia es la historia de una persona que, desoyendo a su razón, actuó cegada por sus sentimientos. ¿Pero acaso el señor Alderete es un ser poco racional que ha olvidado los principios elementales de la civilización occidental o, por el contrario, es alguien que gracias a que entiende cómo funcionan las cosas en este país hizo lo más lógico que se podía hacer para que se produzca aquello que llamamos “justicia”?

Yo lo entiendo al señor Alderete. Su desesperación es producto de la desesperanza en la que vivimos los argentinos. En un país donde reina la impunidad, ¿acaso es insólito que un hombre quiera tomar él mismo las represalias contra aquellos que le quitaron lo que más quería? Me asombra, de hecho, que en la actualidad haya tan poca gente que obra como el señor Alderete, prueba de que los argentinos aún tenemos más tolerancia de la que deberíamos tener.

El penoso Caso Alderete ocurrió justo cuando la Justicia de Tucumán aseguró que ni el Clan Alperovich, ni nadie cercano a ellos, está involucrado en el Caso Lebbos. Hace nueve años murió Paulina Lebbos, una mujer de una edad parecida a la de Jésica Alderete y que, como ella, también era madre de una nena. Al día de hoy no se sabe cómo murió exactamente ni por qué su cadáver apareció mutilado dos semanas después de que desapareció. Lo que se sabe es que hubo encubrimiento por parte de la Justicia, de la policía y del gobierno de Tucumán. ¿Todos los involucrados entorpecieron el esclarecimiento del crimen para que no reciba un castigo alguien que no está vinculado al Clan Alperovich? Suena absurdo. Y es indignante que siquiera lo planteen. Pero es lo que se sostiene oficialmente.

Imagino que el señor Lebbos debe haber sentido la misma desesperación que el señor Alderete. Pero al hombre lo mueve la esperanza. Esa que los tiranos intentaron quebrarle cientos de veces. Lo admirable en ese hombre es eso: que no sucumbió a la desesperanza, pese a que bien podría haberlo hecho.

Pablo Ulises Soria

Misterios terroristas sin resolver

El Caso Nisman evidenció dos cosas: que el gobierno argentino está desesperado para garantizar su impunidad y que el terrorismo islámico ya ha penetrado lo suficiente en nuestro país como para convertirse en una amenaza.

Un poco de memoria

Para entender lo de Nisman hay que partir desde el principio: fueron los israelitas los que hicieron el atentado en contra de la AMIA. Adrián Salbuchi, entre muchos otros, lo ha probado. No hubo coche bomba (los explosivos se detonaron en el interior del edificio). Lo que si hubo fue una voluntad enorme de encubrir a los verdaderos culpables, y por ello se multiplicaron las pistas falsas que, como era de esperarse, no llevaron a ningún lugar.

En el año 2004 los sionistas negociaron con el Presidente Néstor Kirchner: le darían su apoyo si, a cambio, permitía que un fiscal propuesto por ellos se hiciera cargo de la Causa AMIA (en esa época había un clima de venganza en contra del menemismo, y los sionistas temían que la ola revisionista se los llevase consigo). Así apareció Alberto Nisman, quien, a partir de 2006, decidió procesar a un grupo de iraníes tras acusarlos de haber realizado el atentado. Algunos de esos hombres eran integrantes del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, un líder iraní hostil a Israel y sus aliados. Evidentemente lo que el Fiscal quería hacer era elaborar otra pista falsa que, de paso, sirviera para beneficiar a Israel en sus luchas internacionales de poder.

En 2013, cuando se firmó el Memorándum de Entendimiento Argentino-Iraní, los sionistas reaccionaron con preocupación por ello. Desesperados por paliar la crisis energética, los kirchneristas optaron por negociar su antisionismo a cambio de petróleo. Hasta Beatriz Rojkés de Alperovich tuvo que salpicar de sucio oro al Tanaj y votar a favor de los iraníes, pese a que los sionistas le exigían que no lo hiciese. Al final toda la operación quedó truncada porque se procedió por otros medios para bloquear a Irán, pero ello no evitó que el sionismo identificase a Cristina Kirchner como una enemiga y comenzase una campaña para presionarla y castigarla.

Así Nisman, alentado por fondos buitres y otros enemigos del gobierno, comenzó a preparar la venganza sionista en contra de Kirchner, y aquel que alguna vez fuese un aliado de ellos devino un enemigo letal. La muerte del Fiscal, entonces, resultó ser una maniobra torpe para evitar el escándalo o una jugada perversa para generar presión.

La interna K

El discurso del oficialismo acerca de la muerte de Nisman es patético y poco serio. Falta que digan que al Fiscal lo mató Héctor Magnetto –quien para la ocasión se habría puesto un bigote falso, se habría hecho pasar por un asistente del funcionario judicial, y le habría acercado una pistola en lugar de un secador de pelo–, o falta que digan que Nisman se disparó a sí mismo mientras imitaba frente al espejo al personaje que interpreta Robert De Niro en la película Taxi Driver –ese que dice “¿me hablás a mi?” mientras manipula una pistola. Para mí, en cambio, es obvio que los kirchneristas mataron a Nisman, lo que hay que averiguar es cual facción de la interna K es la responsable.

Elisa Carrió sugiere que fue César Milani el que montó la operación para asesinar a Nisman. Eso convertiría, a primera vista, a la Presidente y su entorno más cercano en los autores intelectuales del crimen.

Sin embargo también podría ser el caso que Milani esté trabajando para otro grupo, pues, al fin y al cabo, el General ascendió dentro de la estructura kirchnerista gracias a sus vínculos con Horacio Verbitsky y Nilda Garré, personajes hoy en día distanciados del núcleo cristinista. Es decir, Milani, en representación de los organismos de Derechos Humanos más radicalizados (el CELS, las Madres de Plaza de Mayo, los montoneros agazapados en la Secretaría de DDHH, etc.), bien pudo haber organizado el asesinato de Nisman para generar conmoción y presionar a la Presidente. ¿O acaso ellos no son de los que más van a perder una vez que el actual gobierno de paso al próximo? En diciembre pasado Sergio Massa y Mauricio Macri anunciaron que, con ellos en el poder, se les acababa el curro a los dedehachehachistas. Y, dado que los dedehachehachistas no pueden pasarse al sector privado porque lo que ellos venden sólo lo puede comprar el Estado, no es descabellado pensar que podrían estar detrás de la muerte de Nisman: le tiraron un cadáver a la Presidente para que los tome en serio. Sería algo así como terrorismo de Estado.    

Ya están entre nosotros

El otro grupo kirchnerista capaz de asesinar a Nisman son los embajadores del fundamentalismo islámico en la Argentina, es decir Luís D’Elia y los otros chavistas. Las escuchas que se publicaron dejaron más que claro que el gordito bardero que cada tanto se propasa verbalmente en Twitter es, en realidad, un sujeto de lo más peligroso para la sociedad argentina.

Hay muchos que perciben con cierta simpatía a D’Elia, pues es uno de los pocos miembros de la fauna política nacional que se atreve a decir la verdad acerca de Israel. Sin embargo lo hace utilizando un discurso orientalista y no uno occidentalista. Traducido: es peor el remedio que la enfermedad.

Quisiera recordar tres episodios recientes que recibieron escasa difusión:

(1) En abril de 2011 la policía detuvo a un aparente argelino en Villa Jardín de Reyes, una ciudad jujeña cercana a la capital provincial. Al momento de la captura, el hombre estaba en posesión de un arsenal en su casa, que incluía explosivos plásticos y armas de guerra. Los uniformados llegaron hasta allí por una casualidad: los vecinos denunciaron que el hombre estaba maltratando a su esposa argentina, y por ello llamaron a la policía. Nunca quedó claro si el sujeto era un yihadista salafista vinculado a Al Qaeda o si era un yihadista chíita más próximo a los iraníes, lo cierto es que el tema –que debió haber sido un escándalo nacional y apenas fue recogido por la prensa de Buenos Aires– fue sepultado por la Justicia, y no se supo cual fue el destino de ese siniestro personaje.

(2) Unos meses después, en noviembre de 2011, un grupo de matacos hizo explotar en el noreste de Salta a una cisterna que contenía 6.000 litros de gasoil y que pertenecía al empresario Franco Brunetti. Para ejecutar el atentado habrían usado gelamón, un explosivo plástico usado con frecuencia en la demolición de edificios y la minería por su alta capacidad para destrozar rocas. En el arsenal confiscado en Jujuy habían varios cartuchos de gelamón.

(3) A fines de septiembre de 2012 explotaron ocho bancos de cemento en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, a unos 50 metros de la Casa de Gobierno. Mucha de la gente que estuvo en el lugar percibió un olor a amoníaco, o sea gelamón. Los peritos tucumanos dijeron que se trataba de gas butano que se había calentado, generando por ello la explosión. Sin embargo otros expertos en explosivos cuestionaron esa hipótesis, ya que difícilmente habría el suficiente gas butano como para hacer volar por los aires a ocho bancos de cemento al mismo tiempo. Alperovich guardó un silencio absoluto sobre el tema.

Los tres episodios que referí nunca fueron debidamente aclarados. Se habló en su momento de la presencia de Quebracho, agrupación que tendría vínculos con el argelino detenido, con los indios salteños y con la persona que habría colocado el artefacto explosivo en la capital tucumana, empero ese dato no terminó de confirmarse. Quebracho no es liderado por D’Elia, pero si es parte del conglomerado de organizaciones influenciadas por los iraníes y otros extremistas islámicos.

Por un nuevo proceso de reorganización nacional

A estas alturas es evidente que nadie está seguro en la Argentina: el que está en la disputa por el poder está inmerso en una red de podredumbre donde no faltan las explosiones y los asesinatos, y el que vive su vida alejado de ello corre un enorme riesgo de ser víctima de los muchos delincuentes comunes que habitan en el país.

Lo que la Argentina necesita, por tanto, es establecer una Doctrina de Seguridad Nacional que detenga la penetración terrorista a nuestro país y controle la violencia que la delincuencia genera día a día en las calles. Y junto con ello quizás sería bueno también que se creen comisiones especiales para investigar el pasado reciente y poner al descubierto el costado sucio de la Democracia 83. Vale decir lo que nos merecemos los argentinos es un proceso de reorganización nacional que saque de circulación para siempre a cada corrupto que se enriqueció de modo ilícito, a cada tirano que permitió que frente a sus ojos se delinquiese impunemente, a cada miserable que prostituyó sus ideales, y le permita a cada familia del país recuperar la tranquilidad en su cotidianeidad, o sea los argentinos nos merecemos de una vez por todas ver que se vayan todos.  

Francisco Vergalito 

La República Evomoralista de Argenchina

Durante el siglo XIX y una parte del XX, Argentina estuvo bajo la nefasta influencia del Reino Unido. Luego fue EEUU quien nos convirtió en una suerte de colonia suya, y ahora, al parecer, es China quien adquirió el permiso para esclavizarnos.

Después del viaje de la Presidente a Asia, por fin la prensa masiva se hace eco de esta nefasta situación. La venta del país a los chinos va con una porción de la Patagonia de regalo, la cual, según han afirmado los orientales, se usará con fines científicos. Como compensación por tan generosa oferta, los chinos pusieron una estatua de San Martín en una ciudad de ellos. Seguramente en unos años serán tan amables de devolvernos las Malvinas, sólo que incluirán un contrato de explotación petrolera que las hará virtualmente suyas hasta que ya no quede nada que extraer del suelo.

En lo personal no me asombra que los kirchneristas hagan esto. Después del episodio en el que dejaron que Bolivia hostigue y desplace a varias familias argentinas en el área fronteriza, y después de dejar que empresas multinacionales destruyan nuestro territorio y saqueen nuestros recursos naturales, los creo capaces de cualquier cosa.

Lo que más me preocupa es lo obvio: los chinos no llegaron a donde llegaron siendo unos imbéciles; si ellos están dispuestos a entregarle dinero al kirchnerismo y a planificar sus inversiones para ser desarrolladas en los próximos años, es porque saben que tienen las condiciones garantizadas para ello, lo que significa o bien que los kirchneristas harán alguna maniobra extraña para conservar el poder o bien que el próximo gobierno, tenga el color político que tenga, aceptará el sometimiento. Cualquiera sea la verdad, parece ser un futuro obscuro el nuestro.

Hernán Solifrano (h)   

El reino del revés

Que una mujer conciba un hijo junto con un hombre es algo muy usual. Lo que no es usual es que esa mujer se avergüence de su condición y aún así quiera continuar con la experiencia de la maternidad (o, al menos, con la del parto). Es decir las feministas aborteras odian haber nacido mujeres, por lo que, llegado el momento de ejercer la maternidad, gozan asesinando a sus hijos, pues creen que de ese modo asesinan su feminidad. Sin embargo hay mujeres mucho más mentalmente alteradas que las aborteras: son las que dan a luz asegurando ser “varones”.

En Salta uno de esos casos cobró notoriedad recientemente. Una mujer que luce y pretende comportarse como hombre engendró una hija junto a un hombre que luce y pretende comportarse como mujer, o sea dos travestidos (una mujer que juega a ser hombre y un hombre que juega a ser mujer) fueron padres. Este evento fue noticia porque esta pareja de gente con un aparente desequilibrio mental consiguió que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) les otorgase el subsidio conocido como “Asignación Universal por Hijo” (AUH), después de habérselos negado en una primera instancia.

Personalmente no estoy en contra de que la gente perciba la AUH, pero si considero que traer un hijo al mundo sólo para tener una fuente de ingresos es un hecho espeluznante, que ninguna persona en este país debería considerar como una posibilidad siquiera. De todos modos pienso que el Estado argentino no debe retirarle apoyo a esta pareja de salteños, sino todo lo contrario: en lugar de otorgarles una AUH, lo que debería recibir esa gente (y de manera urgente) es un buen tratamiento psicoterapéutico para que comprendan la dimensión de lo que están haciendo, ya que un hijo no es una mascota o un juguete, sino un ser humano.

Lo más lamentable del caso fue ver a los directivos de la ANSES vanagloriarse de que, gracias a los travestidos salteños, ahora en este país pueden recibir dinero hasta las mujeres que consiguieron que se les altere la partida de nacimiento y el DNI en una sede del registro civil. La ANSES celebra su demagogia regalando dinero a diestra y siniestra, mientras procura abandonar y humillar a quienes más debería apoyar: los jubilados argentinos.

Antonella Díaz 

El imperio de lo trucho

La frontera salteña-tarijeña es un auténtico problema nacional. Sin embargo el país le da la espalda al tema. Es que el norte de Salta, en el imaginario popular argentino, es el lugar en donde la patria termina, y no donde comienza: estamos adoctrinados para ver a esa parte del país como un rincón olvidado del patio, y no como el pórtico de entrada a nuestro hogar. Incluso los propios salteños ven las cosas de ese modo. La ausencia de federalismo hace posible esta interpretación tan penosa de la realidad nacional.

La consecuencia directa de esa indiferencia y de ese desprecio hacia el norte salteño es su invasión. Y no es sólo el espíritu expansionista del gobierno boliviano el que invade Salta a diario, es también el imperio de lo trucho el que toma posesión de lo argentino.

En efecto, se suele hablar sobre cómo la droga y las armas penetran permanentemente en la Argentina a través de Bolivia, pero no es mucho lo que se discute acerca de la mercadería que es contrabandeada por los innumerables agujeros fronterizos que el gobierno argentino permite que existan. Ropa, calzado, sábanas y toallas, juguetes, artículos de cocina, marroquinería y hasta productos electrónicos provenientes de Asia (especialmente de China) fluyen a través de la porosa frontera norte, inundando al país de truchadas.

La Salada es la meca de lo trucho, pero lo cierto es que el país está flagelado a lo largo y ancho de las provincias por las numerosas ferias y galerías que venden todo lo que cruza la frontera de manera ilegal. ¿Y cómo combate el gobierno nacional este problema? Con mera pirotecnia. Lo más lógico sería clausurar todos los comercios que ofrecen mercadería de origen dudoso, pero eso requeriría de un sistema de control que el Estado no tiene, y generaría además un tremendo conflicto con la gente que lucra con ello, debido a que se leería todo como un cercenamiento del derecho a trabajar (los municipios y las provincias que han decidido obrar siguiendo este lineamiento se han vistos obligados a chocar contra los sindicatos que agrupan a quienes venden lo contrabandeado). Al ser tan delicada la situación, el gobierno tiene otra posibilidad para actuar: controlar el ingreso de lo trucho al país. Sin embargo, dado que parece ser que las fronteras argentinas fueron hechas para ser violadas, ello rara vez sucede.

En estos últimos años el gobierno nacional se ha dedicado a perseguir a las famosas “caravanas de compras”, desarrollando operativos sorpresivos que sólo apuntan a disuadir a los delincuentes pero no a eliminar realmente el problema. Es decir de tanto en tanto la AFIP, junto a la gendarmería nacional o a la policía de seguridad aeroportuaria, detiene a camiones o colectivos que se desplazan repletos de mercadería e incauta todo lo que llevan consigo por haber sido ingresado de modo ilegal al país. Esto no genera desaliento en las prácticas contrabandistas, sino un reordenamiento de sus estrategias. Así la mercadería trucha sigue penetrando en la Argentina en enormes cantidades, y son autos particulares los que trasladan todo el contrabando desde el norte de Salta a otras localidades de la misma provincia, y también de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, desde donde parten los camiones y colectivos que transportan la carga hacia Buenos Aires y otros destinos.

En la base de la pirámide de lo trucho están los famosos “bagayeros” o “pasadores”, que no son más que desempleados que se ganan el pan diario cargando mercadería desde Bolivia para llevarla hacia la Argentina, y viceversa (especialmente ahora que el peso boliviano vale más que el argentino). Los gendarmes observan pasivamente ese movimiento en que las chalanas atraviesan parsimoniosamente el río Bermejo cargadas de cajas y otros bultos. Esa desidia no es el resultado de amenazas o coimas contra los uniformados, sino una directiva un tanto vergonzosa de no proceder en contra de los precarios trabajadores. Ocasionalmente gendarmería detiene a los bagayeros en el marco de operativos anti-narcotráfico, pero el negocio de estos personajes consiste en, justamente, abstenerse de colaborar con los mercaderes de la muerte a cambio de que les permitan contrabandear artículos domésticos.

Antonio Hucena, un diputado provincial salteño perteneciente al PJ, ha denunciado en los últimos meses que la Municipalidad de Orán ha estado colaborando con los bagayeros al permitirles usar espacios propios para que ellos organicen la distribución de mercadería que ingresa contrabandeada al país. La sospecha es que el contrabando no es independiente del narcotráfico, ni del lavado de dinero, ni del tráfico de divisas, ni tampoco del tráfico de personas. AFIP ha realizado operativos en los que, junto a productos de contrabando, encontró droga, dólares y hasta inmigrantes asiáticos y africanos flojos de papeles.

Es una creencia popular que en cuanto aparezcan los alambrados y las murallas en las fronteras, el caos de lo delictivo dejará de azotar al norte salteño. Sin embargo la salvación del país requiere más que eso, requiere de empleo legítimo, cultura del trabajo, reconstrucción social, y, sobre todo, de desprecio por lo trucho, algo poco probable en la Argentina de hoy.

Ángela Micaela Palomo 

Nuestros nuevos amos

La patria subsidiada

En Perú existe la controversia histórica sobre cómo fue la homosexualidad en la época de los Incas. Básicamente hay dos grupos de historiadores: los que sostienen que los Incas repudiaron, persiguieron y castigaron a la abominación sodomita, y los que afirman que, por el contrario, durante aquellos años existió cierta tolerancia hacia lo antinatural que normalizó a la homosexualidad, especialmente en las áreas alejadas a Cuzco.  

Los neoindigenistas, curiosamente, apoyan casi unánimemente a la segunda postura. Entre estos personajes se encuentra la jujeña Milagro Sala, lideresa de la infame Organización Barrial Tupac Amaru y actual Diputada Provincial. Para ella la bandera del arco iris de los aberrosexuales y la bandera del arco iris de los indios son idénticas. Por ese motivo este año Sala organizó en Jujuy un Encuentro Nacional del elegebetismo, que culminó con un grotesco desfile de invertidos que parodiaba a la Fiesta Nacional de los Estudiantes con sus carros alegóricos y sus mil “reinas de belleza”.

La Marcha del Orgullo Gay estuvo dedicada en esta ocasión a Jorge Chambi, un travestido que desde hacía unos años había conseguido que en su documento figure el nombre de “Ailén”. Chambi era algo así como el cacique de los travestis jujeños, que cobraba un sueldo por trabajar en el Inadi y por andar por la vida presionando a instituciones públicas (el Registro Civil de Jujuy, la UNJU, etc.) para que lo dejaran de tratar como hombre y lo empezaran a tratar como mujer. Pero parece que el depilado se olvidó de lo básico: nunca hizo el trámite para cambiar de nombre en el registro que llevaba la funeraria a la cual era adherente. Por ello, en el pasado mes octubre, cuando este travestido de 42 años murió en su casa en vaya uno a saber qué circunstancias, la empresa de sepelios le señaló a la familia Chambi que quien había contratado el servicio era Jorge y no Ailén, por lo que ellos se negaban a brindarle las prestaciones acordadas. Esa precaución empresarial para evitar fraudes fue considerada un acto de discriminación, y no sólo hubo una denuncia judicial sino también un escrache social. Parece que evitar los desquicios que genera la libre y legal falsificación de documentos públicos con aval del Estado es un crimen en nuestro país.

Si Chambi hubiese sobrevivido, hubiese podido hacerse acreedor del bochornoso subsidio destinado a compensar generosamente a travestidos mayores de 40 por la supuesta discriminación que sufrieron a lo largo de su vida. (En rigor de la verdad esta aberración promovida por Diana Conti en el Congreso de la Nación no ha sido oficialmente sancionada aún, ¿pero cuánto falta para que suceda?)

Esteban Paulón, uno de los elegebetistas más influyentes del país, trató de rebatir las razones para oponerse al subsidio para travestidos. Así, de los creadores de “no importa si los desaparecidos son treinta mil, ocho mil o cualquier otro número porque que haya uno sólo en esa condición es una aberración”, llega el “los travestis mayores de 40 son sólo un puñado que es casi imposible avistarlos, por lo que la cantidad aquí si importa”. El reducido número de hombres maduros fingiendo ser mujeres se debe, según Paulón, a que su expectativa de vida es de 40 años. Semejante dato suena a mito urbano: a simple vista pareciera ser que es tanta la marginación que padecen estos hombres, que la falta de alimentos y las enfermedades se los llevan en la flor de la vida; sin embargo lo cierto es que muchos travestis mueren jóvenes a causa de la violencia criminal en la que participan (es incontable la cantidad de casos de estos sujetos vinculados a la industria de las drogas), a otros los consumen las adicciones, en tanto que un buen número de ellos simplemente abandona el travestismo al cumplir los 40, conscientes de que un hombre que ingresa en la andropausia se ve doblemente ridículo vestido de mujer.

Otra cosa que sostiene Paulón es que la homosexualidad no se elige: las personas nacen homosexuales. Esto es todo una revelación, ya que los elegebetistas se niegan sistemáticamente a explicar el origen y la causa del gusto por la sodomía. La homosexualidad, para Paulón, sería igual que la diabetes o la calvicie, cosas que se producen en el cuerpo sin que uno las desee. La diferencia es que mientras a la diabetes y a la calvicie se les está intentando encontrar una cura científica, nadie hace lo mismo con respecto a la homosexualidad.

Algo adicional que se deriva de la idea de que la homosexualidad no se elige es que, de ser cierta esta mirada, es evidente que el gobierno estaría privilegiando a gente por ser quienes son y no por haber hecho algo por el país. Que se le den privilegios a un veterano de la Guerra de Malvinas de 1982 o de las Guerras contra la Subversión de la década de 1970 no me parece escandaloso, puesto que se trata de gente que puso en riesgo su vida para la grandeza de la patria y la tranquilidad de la población argentina. Pero que se le de dinero a alguien sólo porque nació homosexual es lo mismo a que se le de dinero a alguien porque nació obeso, delgado, rubio, etc., es decir es un subsidio por existir, el único requisito sería el no haberse suicidado. Si esa es la idea, que los elegebetistas cabildeen a favor de una renta básica universal y dejen de buscar el promover a los suyos en detrimento de los demás. Pero, claro, ella no es su idea: estos sujetos lo único que pretenden es vivir como minoría a expensas de la mayoría, porque no quieren ser la mayoría, sólo quieren usufructuar sus beneficios de un modo gratuito; si ello no sucede es porque, para su interpretación de las cosas, la mayoría constituye una masa malvada, opresora y pestilente que debe ser salvada de sí misma.

Paulón, como buen mentecato que es, niega que los subsidios selectivos sean una promoción de la vagancia y una escandalosa recompensa a alguien que no ha aportado nada útil para su sociedad. Y, por supuesto, se enfada con la idea de que cualquier mayor de 40 se ponga una peluca y se anote para cobrar el subsidio, idea, por cierto, que ellos mismos alentaron a través del diseño de la catastrófica Ley de Identidad de Género (la misma que le causó problemas al finado Chambi y a tantos otros en situaciones similares).

Para rematar Paulón afirma que quienes más se quejan del posible subsidio a travestis son la gente perteneciente al sector socioeconómico ABC1. Le atribuye esa posición al odio conservador de esas gentes a todo lo que sea “inclusivo”, olvidando el hecho de que esas personas producen riqueza, por lo que no suelen estar muy contentas con que un Estado cada día más totalitario se las extraiga y se las entregue a alguien a quien le encanta “trabajar” acostado. 

El broche de oro de Paulón es su crítica a la religión, aunque más precisamente embiste en contra del catolicismo. Este aberrosexual acusa al Estado argentino de financiar a la Iglesia Católica, cosa que considera intolerable. Empero este sujeto omite decir que el mismo Estado subsidia generosamente a los elegebetistas (la FALGBT, la ONG que encabeza, recibe dinero del gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales). Con la misma lógica de Paulón, yo podría decir que nadie debe entregarle un centavo a los homosexuales. ¿Por qué? Porque no me agradan. De todos modos, más allá de los gustos personales que Paulón o yo podamos tener, la principal diferencia entre católicos y aberrosexuales es que los primeros buscan incluir a todos, en tanto que los otros quieren ser un club de privilegiados. Esa discrepancia es clave: los católicos buscan que todo el mundo sea católico para alcanzar la igualdad sustentada en la Verdad y el Amor, mientras que los elegebetistas sólo quieren que todos los admiremos como seres superiores por el hecho de que ellos se dedican a usar el recto de un modo equivocado.    

Mentirle a los jóvenes

Esteban Paulón, más allá de su penosa defensa del “Plan TraVajar” o “Pro.Cre.Tra.Vas”, es, como sugerí, un militante elegebetista muy activo. Paulón es, de hecho, tan apasionado que suele caer en las arbitrariedades más absolutas y en los fanatismos más peligrosos.

Un ejemplo: a principios de noviembre de este año, Paulón hizo circular por Twitter una fotografía de un manual de educación sexual católico con el que se trabaja en el Colegio del Salvador, institución escolar parroquial ubicada en el municipio de Yerba Buena, provincia de Tucumán. En la página capturada por Paulón se lee que, según el autor del manual, es preciso repudiar a los matrimonios entre homosexuales por ser ilegítimos (ya que, como es sabido, el matrimonio es una unión entre hombres y mujeres solamente).

El librito no miente: el matrimonio entre homosexuales puede ser legal en nuestro país, pero eso no significa que sea legítimo. La legitimidad es un acto social, que depende de la coherencia del pueblo no de los caprichos de los gobernantes. Una ley puede permitir o prohibir cualquier cosa, pero eso no la convierte en deseable para la sociedad.

De más está decir que, en este caso, la brigada tucumana del Inadi defenestró al colegio y le exigió a sus autoridades que le permitieran penetrar en sus aulas para salvar las mentes de los jóvenes del “lavado de cerebro católico” al que algún docente irresponsable, prejuicioso y gorila los estaba sometiendo. Y la acción del Inadi es completamente entendible: después de que se le abrió la puerta al matrimonio entre homosexuales, se le abrió la puerta a la educación gay, al arte gay, a la economía gay, a la política gay, etc. Cuando muchos argentinos decían en 2010 que les daba lo mismo que un homosexual se case con otro ya que cada uno “tiene derecho de hacer con su culo un florero” no se percataban de que al legalizar públicamente algo que sucede en privado estaban llevando la degeneración de las alcobas directo a la lucha por el poder. Los hombres y las mujeres mentalmente sanos de esta generación que simplemente no hicieron nada por combatir la avanzada elegebetista, son culpables de haber permitido que la mentira ingrese y se cuele en las escuelas. Por ello que un manual diga la verdad de un modo tan contundente en Tucumán es motivo de escándalo para el presidente de la FALGBT en Buenos Aires.  

El ómnibus de la vida fácil

Otra manifestación reciente de impostura y prepotencia elegebetista tuvo como escenario Salta. Durante una entrevista radial, el empresario Juan Collado, candidato a gobernador de esa provincia por el PRO, protagonizó un furcio al responder sobre transporte público a la pregunta “¿qué propuesta tiene para el Colectivo LGBT de Salta?” Cabía la posibilidad de que Collado fuese un genio de la ironía, pero, de entrada, todo indicaba que el episodio se trató de un mero error. Ello lo confirmó el propio candidato a la gobernación, pero aún así no pudo evitar que los elegebetistas de la provincia manifestaran su furia contra él: Rodrigo “Victoria” Liendro, un funcionario municipal salteño, lo mandó a “desburrarse”, y Antonio Soria, presidente de la rama local del Partido Socialista, le exigió a Collado que ofrezca una disculpa pública por “ningunear” la “lucha” de estos degenerados.

Es obvio que los aberrosexuales han llegado demasiado lejos cuando una situación cómica se convierte en un intento de linchamiento. “Con la homosexualidad no se jode”. Es una cuestión sagrada. Está solemnización de la práctica de introducir cosas por los orificios diseñados para expulsarlas demuestra cuan serio es el asunto: siempre se pagan las consecuencias de burlarse de un tirano.

Lo que confundió a Collado es que en Salta el viaje en ómnibus es gratuito para estudiantes y jubilados. Por ello creyó que le hablaban del colectivo gratis, y no de la comunidad LGBT. De todos modos en Catamarca sucedió algo curiosamente relacionado a colectivos y aberrosexuales: la Legislatura local sancionó una ley para que todos los enfermos de sida en la provincia puedan viajar gratis en los ómnibus urbanos.

El sida es un elemento esencial de la agenda elegebetista, ya que siguen siendo los hombres homosexuales quienes más padecen de esta enfermedad. ¿Acaso hay pases libres de colectivo para diabéticos o calvos? No, porque ello sería estigmatizador para alguien que, en definitiva, no padece de algo que lo haga muy diferente del resto de las personas. Con el sida, según el discurso mismo de los elegebetistas, debería ser igual. Sin embargo no lo es: ser un sidoso en Catamarca lo convierte a uno en un privilegiado y no en un igual.

Y todo esto es un producto de la perversa esquizofrenia que cultivan en este país nuestros elegebetistas: quieren ser diferentes para gozar de toda clase de privilegios, y, al mismo tiempo, quieren ser iguales para transmitirles al ortosexual una sensación de culpabilidad que les garantice el gozo de esos beneficios completamente inmerecidos. Juegan un doble juego (como ese de traicionar a la naturaleza e intentar naturalizar esa traición) y nos obligan a ser parte de él.

Francisco Vergalito

Sobre la supervivencia en el Jardín de la República

Un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación develó que el promedio de homicidios en Tucumán está por encima del promedio nacional, signo innegable de que la inseguridad ganó las calles en el Jardín de la República. El problema es que las autoridades provinciales no toman medidas serias para aplacar el flagelo, pues los poderes del Estado conspiran contra un cuerpo de policía que se ha vuelto impopular y lo hacen responsable de las situaciones caóticas que ellos generan. Por ello se ha creado una consciencia entre la ciudadanía tucumana de que la seguridad es un asunto personal, ya que la supervivencia de las familias ante una delincuencia cada vez más violenta parece ser una cuestión que ya no involucra al Estado.

Los buenos samaritanos

Sábado, 17 horas, ruta 38 al sur de Concepción. A la vera del camino, debajo de un Pacará, hay una motocicleta estacionada. Sus dos tripulantes esperan que alguien pase. Cuando otro motociclista finalmente se acerca, los hombres de la banquina lo interceptan. Rápidamente uno de ellos se baja con un arma en la mano. “¡Dame la moto hijo de puta!”, grita el malviviente. El hombre atacado se defiende. Entonces el ladrón hace un par de disparos, uno de los cuales le lastima la mano a la víctima.

Mientras el forcejeo continúa y la violencia desplegada por los delincuentes crece, una mujer grita desde una casa cercana: “¡Ya llamé a la policía! ¡Ya llamé a la policía!”. Los miserables, sabiendo que han perdido mucho tiempo para realizar el atraco, deciden emprender la huída. Suben a su moto y arrancan en dirección a Concepción. Sin embargo, mientras intentan acelerar, otro motociclista que ha presenciado el intento de homicidio en situación de robo a unos 30 metros de distancia saca un arma desde sus ropas, apunta contra los delincuentes y les hace unos cuantos disparos. Tres de esas balas impactan contra el conductor de la moto de los criminales, y el hombre cae abatido, llevando a su vehículo hacia el suelo. El otro ladrón que sobrevive a los balazos justicieros, intenta arrancar la moto, pero no puede. Por ello decide huir a pie a través de los matorrales. Unas horas después este sujeto será detenido. El justiciero anónimo –un policía o ex-policía según se sospecha–, afortunadamente, no ha sido identificado aún. 

La escena descripta, aunque parezca tremebunda, es una escena cotidiana en el Tucumán actual. En una provincia azotada por la inseguridad, los propios vecinos han decidido autodefenderse. Por ello el número de delincuentes arrestados por la ciudadanía se ha incrementado considerablemente este último año. Como es común en nuestro país, no hay estadísticas oficiales sobre el asunto, pero si hay un montón de videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales que, de tanto en tanto, dejan constancia de que un malviviente fue capturado por gente sin placa, arma o uniforme.

Y mientras el fenómeno del combate directo de la ciudadanía contra la delincuencia se vuelve algo cada vez más cotidiano en Tucumán, también la delincuencia crece y se vuelve más peligrosa. En efecto, los hospitales tucumanos sostienen que cada vez es más frecuente recibir en la sala de urgencias a personas con heridas producidas por armas blancas o armas de fuego. Un médico del Centro de Salud señaló que los casos de ese tipo aumentaron un 300% en relación al año pasado. Obviamente los heridos pertenecientes a familias trabajadoras llegan casi siempre como víctimas de robos, en tanto que los heridos pertenecientes a familias planeras son frecuentemente hospitalizados como víctimas de narcoajustes, disputas intrafamiliares mal resueltas, intentos violentos de cobro de deudas y, claro, duelos criollos en contextos urbanos.    

Esa violencia que es producida por individuos que viven sumergidos en la falta de educación, la pobreza y una vida sin un horizonte de sentido ni valores positivos, se ha contagiado a otras personas en Tucumán. Son los violentos los que hacen que gente pacífica reaccione de modo violento. El buen samaritano tucumano normalmente está dispuesto a ayudar a su prójimo en peligro, aun si ello implica poner en riesgo la propia vida.

Cuero tiene el ganado

La reacción de los gobernantes tucumanos ante semejante escenario social ha sido motivo de indignación. El Gobernador José Alperovich, insólitamente, declaró: “La verdad es que hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara. Hay que estar en el cuero de la gente”.

Esas palabras llenas de demagogia fueron rebatidas por el Diputado Nacional José Cano: “Alperovich lleva más de una década con funcionarios que no saben nada de seguridad. Fomentó la impunidad. Toleró el vale todo de las fuerzas de seguridad y de muchos de los dirigentes políticos que lo acompañan con fuertes vínculos con los narcos y los ladrones. Ahora, irresponsablemente, dice que hay que ponerse en el cuero de la gente para entender porqué toman justicia por mano propia cuando ocurren robos sin que ningún policía haga nada. Populismo barato para un inoperante de la más alta escuela”.

Jorge Gassenbauer, actual Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Tucumán, repudió los ajusticiamientos realizados sin intervención policial o judicial, y les advirtió a los ciudadanos que “cuando [desde el gobierno] veamos estas situaciones no las vamos a permitir.” De ese modo este sujeto amenazó a la ciudadanía que ha decidido defenderse: el gobierno está más interesado en perseguir a las víctimas que a los victimarios.

Al tener los conceptos invertidos, no es extraño que Alperovich y compañía hayan concebido un ominoso plan para evitar el caos en el diciembre consumista: sobornar a los posibles saqueadores para que se abstengan de tomar las calles. Lo que se dice un pacto entre delincuentes.

Policías en Inacción

En Tucumán es muy común culpabilizar a la policía por la inseguridad. Se les reprocha estar ausentes de las calles. De todos modos lo cierto es que si hay patrullaje policial permanente, pero, claro, éste no cubre la totalidad del territorio durante la totalidad del tiempo. Entonces los delincuentes procuran encontrar esos intervalos sin vigilancia para efectuar sus fechorías.

Cualquiera es una víctima potencial en el Jardín de la República. En la madrugada del lunes 24 de noviembre una pareja de jóvenes fue asaltada en la calle Crisóstomo Álvarez al 4.400, el vecindario en el cual vive el Gobernador Alperovich. Los custodios del mandatario, al presenciar el asalto, dispararon en contra de los malvivientes, quienes escaparon y fueron finalmente detenidos –con otro tiroteo en el medio– por un oficial de policía a unas cuarenta cuadras de distancia.

Afortunadamente ese extraño episodio terminó con una muestra de la capacidad policial para frenar el delito, pero bien podría haber culminado de otra manera. ¿Qué hubiese sucedido si la bala de uno de los custodios de Alperovich hería o mataba a alguno de los jóvenes que fueron víctimas del asalto? ¿Saldría a la luz que se trata de antiguos agentes de la Mossad contratados irregularmente por el gobierno provincial? ¿O dirían que el que disparó es un policía que estaba haciendo un adicional?

La policía de Tucumán es un perfecto chivo expiatorio: despreciada por la gente (debido al caos que estalló durante las huelgas de uniformados del año 2013) y explotada por los gobernantes (quienes se aprovechan de que no tienen un sindicato que la defienda), la policía suele ser perseguida y amordazada, quitándole de ese modo la autoridad que requiere para cumplir correctamente con su trabajo.

Para ilustrarlo mejor citaré dos casos. Uno es el llamado Caso Núñez y el otro es el Caso Verduguez.  

Pamela Núñez era una mujer de Famaillá, novia de Fabio Abregú, un oficial perteneciente a la Policía Federal. Una noche de noviembre de 2010 la pareja volvía a su hogar después de haber estado en una discoteca. Los acompañaban dos amigos y la hermana de Abregú. En un momento, Núñez abrió la guantera del auto para sacar un CD. Abregú recordó que su pistola estaba allí (la cual se encontraba cargada y sin seguro) y le pidió que se la alcanzase. Al hacerlo, aparentemente hubo un inesperado movimiento brusco del oficial o de su novia que provocó un disparo. La bala impactó contra Pamela Núñez, dejándola en agonía. Los dos hombres (que luego testificarían validando la versión) se bajaron del auto, y los hermanos Abregú decidieron llevar a Núñez al hospital. Alterado por la situación, el conductor del auto perdió el control del vehículo y quedó empantanado. Desesperado porque todo se le iba de las manos –y víctima de la presión que normalmente padecen quienes combaten al crimen–, Abregú se disparó a sí mismo. Su hermana, en un estado de histeria, imitaría su decisión funesta. Finalmente Fabio Abregú sobrevivió a su intento de suicidio y, por ello, fue a juicio.

Cuando era obvio que a Abregú lo iban a condenar a tres años de prisión por el homicidio culposo de Pamela Núñez, los jueces decidieron aprovechar la ocasión para hacer un poco de circo judicial, ya que, por suerte para ellos, se trataba de un “odiado” policía. Invocando la nefasta Convención de Belem do Pará, los magistrados aprovecharon para sumar unos puntos en el ranking de la corrección política condenando a Abregú por “violencia de género”, destinándolo así a vivir en prisión por los próximos 12 años. Para ellos es obvio: un policía torpe y descuidado lleva la violencia en el vientre, y las mujeres indefensas son sus víctimas predilectas. Sólo el camarista José Alfredo Garzia tuvo la valentía de hacer respetar el derecho, evitando aprovechar la oportunidad para que la colonización ideológica del Poder Judicial tuviera un nuevo avance. Por ese motivo este juez señaló que lo de Abregú fue una muestra de conducta irresponsable en el manejo de su arma de fuego reglamentaria y que, ni siquiera forzando el concepto, podía considerar a la situación como dolosa. Su opinión, como no podía ser de otro modo en la Argentina de hoy, fue categóricamente ignorada.

El Caso Verduguez, por su parte, es un ejemplo aún más claro de la persecución contra policías. Una tarde de octubre de 2006 dos patotas de adolescentes habían tomado la vereda del Colegio María Auxiliadora para convertirla en escenario de una batalla campal. Se trataba de las nefastas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón”, dos grupos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media y alta que pasaban sus días consumiendo drogas, robándole a los transeúntes y peleándose con quienes ellos identificaran como enemigos. El oficial Jorge Verduguez, al enterarse del enfrentamiento patotero, intervino para acabar con la trifulca.

Debido a que se trataba de una situación desigual (un policía contra una treintena de jóvenes descontrolados), el oficial quiso amedrentar a los jóvenes mostrándoles su arma. Cuando uno de los cabecillas de la “Banda del Kiosquito” se escapaba, Verduguez lo persiguió con tanta mala suerte que tropezó y emitió un disparo accidental. La bala alcanzó a un joven que estaba presenciando un partido de fútbol intercolegial en el Complejo Avellaneda y lo mató. Por ese homicidio evidentemente culposo, los jueces tucumanos condenaron a Verduguez a 10 años de prisión efectiva.

El padrastro de la víctima, durante el juicio, le reprochó a Verduguez que el oficial les “debía un hijo” a su familia. Pero lo cierto es que quien le debe un hijo a esa familia son los miembros de las patotas juveniles. El episodio del María Auxiliadora sirvió para ponerle un freno a los “nenes” patoteros: el revuelo que causó el crimen hizo que los padres de los jóvenes, finalmente, se hicieran cargo de los energúmenos que habían criado y se pusieran en campaña para sacarlos de las drogas y convertirlos en gente decente. Sin embargo se ve que ello no ha dado frutos, puesto que si los integrantes de las extintas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón” fuesen realmente hombres dignos, durante el juicio hubiesen perdido perdón y hubiesen realizado algún gesto de compensación (como la creación de un fondo indemnizatorio) hacia la familia del joven muerto. Pero en el Tucumán de hoy es más fácil culpar de todos los males a la policía, incluso si es evidente que los oficiales intentan hacer lo que las familias disfuncionales no hacen.

La burbuja judicial

A los policías tucumanos no sólo no se les permite cometer errores, también se los castiga exageradamente por los mismos. Los jueces, por otra parte, trabajan sometidos a un sistema que se ha vuelto cada vez más garantista. Y ciertamente son muy pocos los magistrados que se atreven a nadar en contra de la corriente, temerosos ante la posibilidad de perder su empleo. Es decir dado que el Poder Judicial tiene una organización piramidal, si se coloca en la cima de esa pirámide a jueces garantistas, entonces los jueces legalistas del resto de la pirámide deberán obrar de un modo que no enfurezca a los máximos referentes judiciales, o de lo contrario éstos corren con el riesgo de perder su puesto por contradecir la interpretación de la ley dominante.

Y lo más grave es cuando estos leguleyos togados se niegan a salir de su zona de comodidad. El ejemplo tucumano que ilustra esto que señalo es el rechazo que los académicos del derecho hicieron del proyecto destinado a eliminar la excarcelación de todos aquellos que incurran en el delito de robo en la vía pública. Dicho de otro modo los legisladores tucumanos –atentos por una vez a las necesidades de la gente– quieren que cuando se atrape a un delincuente que ha intentado robar, éste no deje la comisaría antes de lo que la deja la víctima del delito que va a hacer la denuncia, que es lo que normalmente sucede ahora.

Muchos ilustres leguleyos tucumanos han criticado la iniciativa. Sebastián Herrera Prieto y Gilda Pedicone de Valls repudiaron la idea sosteniendo que la prisión preventiva para un arrebatador equivale a una condena anticipada (la cual además, por algún motivo que sólo existe en la mente de los juristas, no serviría para combatir al delito) y desarmoniza el sistema punitivo ya que encierra a alguien por una falta de un tipo y deja libre a otras personas con otro tipo de faltas que vendrían a ser, según su criterio, más graves.

Así, mientras políticos y jueces le ponen trabas absurdas a la policía, los ciudadanos tucumanos dependen cada vez más de si mismos para sobrevivir a la violencia que ha convertido al Jardín de la República en un terreno de hostilidades en el que la paz social se encuentra a punto de colapsar.  

Pablo Ulises Soria