La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 5 de junio de 2014

Repudio norteño a la Narcorepública

La Liga de la Justicia

En el mes de mayo se realizó un operativo antidrogas en el norte de Salta que terminó con el arresto de dos hombres (ambos gendarmes) y la decomisión de casi 400 kilos de cocaína. La enorme cantidad de droga secuestrada junto a la detención de dos uniformados hubiese resultado un hecho llamativo hace diez años atrás, pero en la Argentina de hoy a nadie sorprende que la frontera sea tan ridículamente porosa y que sus guardianes sean tan grotescamente corruptos como para que con tanta facilidad penetre tanta muerte en polvo a nuestra nación.

Ciertamente es preocupante encontrar tanta indiferencia ante algo tan grave como el narcotráfico. Cada una de las medidas gubernamentales en contra de este problema aparentan ser escasas y tardías. Los dos paladines kirchneristas en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico son Sergio Berni y Juan Carlos Molina, un médico y un trabajador social con respectivo pasado en el Ejército Argentino y la Iglesia Católica. Ambos sujetos reúnen de un modo simbólico los cuatro pilares sobre los que debería estar construida la estrategia en  contra del flagelo de la droga: trabajo social preventivo y contención espiritual para imposibilitar las adicciones, medicina para rescatar a quienes se suicidan dosis a dosis, y acción militar para combatir a la delincuencia. Sin embargo dicho plan, por más elemental que suene, resulta ajeno a la Argentina de hoy.

Es por ello que muchos miembros del Poder Judicial han comenzado una campaña para alertar acerca de la insuficiente acción gubernamental que se observa para combatir al narcotráfico que opera en el país. Un grupo de jueces federales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones ha adquirido notoriedad en los últimos meses tras haberse agrupado para emitir peticiones dirigidas a las autoridades nacionales, solicitándoles que intensifiquen las medidas judiciales para combatir el avance de la narcolonización (en rigor de la verdad, estos magistrados están haciendo lo que cualquier otro juez haría en su lugar: dar pruebas del caos actual para que después, cuando todo se vea desbordado, no los persigan acusándolos de no haber cumplido con sus funciones).

En la última reunión de los magistrados realizada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires el funcionario Julián Álvarez, un camporista prepotente y confrontativo, fue a convencer a los jueces para que acepten que la realidad es maravillosa tal y como la pinta 678, pero tuvo que escaparse del recinto hostigado por la cantidad de quejas que recibió. A diferencia del gobierno, parece que a estos jueces si les interesan los problemas del país y no desean convertirse en integrantes de la Narcorépublica.

Sin mordaza

Para generar algo de respuesta a sus reclamos, los jueces decidieron utilizar los medios masivos de comunicación con la esperanza de que el gobierno actúe ante la preocupación de la opinión pública. Es por ello que el juez salteño Jorge Villada hizo declaraciones explosivas en las últimas semanas.

Villada podía haber hablado sobre el contrabando, el lavado de dinero o el tráfico humano, ya que esos delitos son realidades cotidianas en Salta, sin embargo prefirió abordar otro tema escandaloso: el narcotráfico. Villada dijo que, a raíz de la falta de radares óptimos, es común ver como “llueve” droga desde avionetas en el NOA; también sostuvo que las fuerzas de seguridad de la región están contaminadas de delincuentes, los cuales trabajan infiltrados para hacer funcionar el negocio narco. Pero la más fuerte de sus declaraciones fue el asegurar que en Salta se produce aproximadamente un narcoajuste por semana. Esto causó cierto estupor a nivel nacional. Sin embargo el propio Villada se encargó poco tiempo después de aclarar que eso que había dicho estaba sacado de contexto, ya que él no había cuantificado la cantidad de narcoajustes sino que simplemente había señalado la existencia de los mismos y su multiplicación a lo largo de los años.

De cualquier modo, lo que Villada dice –haya sido o no una mala interpretación periodística– no parece incorrecto. En todo el país se producen homicidios vinculados a cuestiones de droga, pero la prensa no siempre lo relata así. En Tucumán, para poner un ejemplo, el diario La Gaceta constantemente informa acerca de homicidios en barrios marginales de la capital y sus alrededores, pero ellos son siempre presentados como “disputas entre vecinos”, “peleas entre familias” o cosas por el estilo. Empero cuando uno entrevista a quienes habitan en los vecindarios donde vivían las víctimas lo más común es enterarse que los asesinados tenían algún tipo de contacto con el mundo de las drogas. Evidentemente ni víctimas ni victimarios pueden decirle la verdad a los policías y a los jueces, pues ello arruinaría el narconegocio, por lo que todo termina presentado a Tucumán como si fuese una tierra habitada por salvajes que resuelven sus problemas domésticos a los tiros cuando la realidad es otra.

Pero Villada no fue el único que habló. Graciela Fernández Vecino, una camarista federal tucumana, señaló que la presencia de un gran número de migrantes colombianos en territorio argentino es algo que no se puede pasar por alto, y la jueza chaqueña Zunilda Niremperger señaló que la por la frontera norte del país también ingresan armas.

La actitud de estos magistrados ante las promesas vacías del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y las adicciones convoca a la sociedad argentina a prepararse para asistir a la narcolonización del territorio nacional. Los jueces proponen multiplicar juzgados, designar más personal para atender todas las causas penales, y crear mecanismos para que se multipliquen las denuncias contra los mercaderes de la muerte y los denunciantes se sientan protegidos. Son las respuestas que pueden aportar desde su posición, pero a la droga no se la vencerá en nuestro país sin la unión de sus ciudadanos, es decir no se la vencerá mientras continúen en el poder los actuales gobernantes.



Pablo Ulises Soria

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