A propósito del Centenario de la UNT

Identidad

A la institución hoy conocida como “Universidad Nacional de Tucumán” la fundaron en el mes de mayo de 1914. En estos últimos 100 años, la Casa de Altos Estudios tucumana ha vivido una historia muy similar a la de otras universidades del país creadas antes de la década de 1990, una historia plagada de avances y retrocesos, de ordenamientos y desarticulaciones, de éxitos y fracasos, de orgullos y vergüenzas. 

A diferencia de la UNJU en Jujuy, de la UNSA en Salta, de la UNSE en Santiago del Estero y de la UNCA en Catamarca, la UNT, por su edad, ejerce una enorme influencia en la sociedad tucumana. Sus competidoras (hablo de la católica Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la progresista Universidad San Pablo-T y de la insistente Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional), si bien han penetrado felizmente en la provincia, no han podido lograr lo que la UNT logró: que la gente las considere parte de la identidad tucumana.

En efecto, debido a que la UNT albergó en sus aulas a un número inmenso de tucumanos, y gracias a que ella le permitió el acceso a un título universitario a otros tantos, el ciudadano tucumano no concibe a su provincia sin ella (hay que reconocer que parte de ese éxito lo generó también la actividad de extensión). En las otras provincias del NOA a sus universidades vernáculas se las aprecia y respeta, pero no se les presta el gigantesco nivel de atención que los tucumanos –a veces exageradamente– le dedican a la UNT.

En Tucumán existe la palabra “gacetero” para designar a lo que en otras provincias llaman “diariero”. El término proviene de La Gaceta, un diario local que, para el tucumano, es el diario por antonomasia. Me extraña entonces que no existan términos como “uenetista” o “uenetero”, aunque supongo que esto es así no tanto porque dichas palabras no encajen en el habla de los tucumanos, sino más bien por lo horrísonos que resultan. 

Nepotismo

Tucumán es una provincia poco productiva, por lo que no resulta un destino atractivo para los inmigrantes. Sin embargo que haya un buen número de jujeños, salteños, santiagueños y catamarqueños radicados en Tucumán se lo debemos fundamentalmente a la UNT, institución que les abre las puertas de la experiencia universitaria a muchos jóvenes no tucumanos y después los termina incorporando a sus estructuras. Esos jóvenes, normalmente, son gente que al sufrir el desarraigo optan por duplicar sus esfuerzos para ganarse un lugar en el mundo. El resto de los que integran la UNT son tucumanos, muchos de ellos meros miembros de familias que desde hace años trabajan en algún espacio de la universidad.

Junto a ese nepotismo “natural” en el que, por ejemplo, un padre que trabaja de burócrata le facilita el ingreso sin concurso a un puesto similar a sus hijos porque su sindicato tiene un contrato colectivo de trabajo que permite semejante situación, está el nepotismo “oportunista”, el cual le abre las ventanas a toda clase de individuos sin capacitación ni idoneidad para que oficien de empleados administrativos, servicio técnico, bibliotecarios, guardaespaldas y todas las variaciones que existen de la fauna no docente, a la cual, tranquilamente, se la podría reducir a su mínima expresión si se informatizara y mecanizara debidamente a la vida universitaria.

El último gobierno de la UNT, el del Contador Juan Cerisola, fue generosísimo a la hora de contratar a los famosos “no docentes” para que pueblen pasillos y se acomoden en las muchas oficinas que tiene la universidad. El número total de estos personajes, según dicen, ha llegado a ser hoy en día escandaloso.

Corrupción

Quien ejerce el poder en la UNT no es el cuerpo de burócratas o los graduados que con mayor o menor profundidad se interesan en el destino de su alma máter, sino que esa tarea la desempeñan los docentes y los estudiantes. Es decir si hay que señalar a un culpable de que a la universidad pública de Tucumán la esté devorando la corrupción entonces hay que buscar en las aulas. Los famosos “votos origami” y la reticencia a sufragar de manera nominal en la última asamblea universitaria en la que se eligió al Rector es prueba más que evidente de que hubo una indigna compra de voluntades.

¿Cómo una persona tan distinguida y ejemplar como un universitario puede caer tan bajo? La realidad es que la universidad argentina ha perdido su histórico prestigio en los últimos 25 años al tecnocratizarse, por lo que no es de extrañar que la UNT esté llena de sabandijas. No es un hecho fortuito, es parte del proceso de destrucción educativa que ha debido imponerse al calor de los cambios económicos de las últimas décadas.

En la UNT, en concreto, la partidocracia, con todas sus vilezas, copó el poder desde la gestión del Rector Rodolfo Campero, y a partir de allí todo ha ido pauperizándose a ritmo lento pero sostenido. No es cierto que antes de Campero la UNT no haya estado intoxicada por la política (en 1918 y a lo largo de la década de 1920 hubo una permanente guerra entre los partidarios de la Reforma Universitaria y sus detractores, del mismo modo que Horacio Descole desató un tremendo enfrentamiento entre sectores universitarios cuando se convirtió en Rector durante el primer gobierno de Perón), pero antaño los mecanismos de promoción de la meritocracia funcionaban mejor que ahora, por lo que, más allá de quien pilotease el barco, se contaba con la presencia de gente capaz y sobresaliente para evitar que la corrupción cultural se propagase. Aún se sentía vergüenza por no haber llegado a ser un sabio. Hoy en día todo eso se perdió. Da lo mismo un burro que un gran profesor.    

Así a la UNT la terminó privatizando Minera La Alumbrera. Porque lo que sucedió fue eso: a la UNT cerisolista no la copó La Cámpora, sino que Franja Morada se la vendió a La Alumbrera. Al recibir en los últimos años las generosas inyecciones de dinero de La Alumbrera a cambio del silencio cómplice ante la destrucción ambiental que ocasiona la megaminería en Catamarca, todo se desmadró en la institución fundada por Juan B. Terán. Abel Peirano debe estar revolcándose en su tumba.  

Porvenir

En 2008 la UNT organizó un concurso de lema y logo para los Bicentenarios de la nación y el Centenario de la universidad. El lema ganador, en aquella ocasión, fue “100 años con los pies en esta tierra, 200 años con la mirada en el cielo”, una deformación del “Pedes in terra ad sidera visus”, el lema oficial de la UNT. El lema en sí mismo es un tanto absurdo, porque resulta irrespetuoso con todos aquellos argentinos que vivieron aquí entre 1810 y 1910 (¿acaso Manuel Belgrano, que donó dinero para fundar escuelas en lo que ahora es el NOA y Tarija, no tuvo los pies en esta tierra?). Los otros dos finalistas fueron uno que rezaba “Evocando la historia, convocando el porvenir” y otro que decía “Celebrando la historia, escribiendo el futuro”. Un cagatintas del sitio web TucumánHoy señala, sin la más mínima idea de lo básico de la paremiología, que esos lemas “parecen escritos por la misma persona, rápidamente y sin mucha creatividad”. El tercer lema (“Celebrando la historia, escribiendo el futuro”) tiene evidentes defectos semánticos: a la historia no se la celebra, pues la historia está compuesta tanto por los momentos felices como por los momentos penosos, a los cuales no conviene “celebrar” –a menos, claro, que a uno le guste bailar sobre los cadáveres de los demás–; del mismo modo, debido a la imprecisión del verbo, tampoco suena acertado lo de “escribir” el futuro, ¿se trata de escribir “el futuro” como quien escribe una ley, un plan, una novela, una profecía o qué exactamente?

Es obvio que de los tres lemas finalista el mejor es el segundo (“Evocando la historia, convocando al porvenir”), porque es el más meditado: al pasado se lo evoca, como se evocan a los espíritus de los muertos para que se muestren así nos hablan ellos mientras los demás escuchamos sin condenarlos, y al porvenir se lo convoca, es decir se lo llama para que nos reciba.

Sea como sea, la UNT descartó los tres lemas premiados, y optó por otro: “100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro”. Este lema, sin lugar a dudas, es peor que los otros dos a los que les señalé sus fallas. Al hablar de “iluminar” y “proyectar”, el lema sugiere que la universidad estuvo, está y estará llena de luminarias que, por sólo trabajar en sus claustros, arrojan luz sobre lo que los otros hicieron y que, a su vez, marcan el rumbo a seguir. Nada más alejado de la realidad.

Si bien en los últimos 100 años la UNT ha gozado entre sus muros de la presencia de excelentes profesores e investigadores de fama nacional e internacional, la institución ha estado también infectada de gente que apenas satisfacen los requisitos académicos mínimos para estar en la universidad (y algunos que ni siquiera de ello pueden jactarse). Este último grupo se ha ido multiplicando en las pasadas décadas, lo que se refleja claramente en la vergonzosa posición que la UNT –junto a las demás universidades argentinas– tiene en los rankings internacionales.

Por tanto el mejor regalo que se puede hacer la UNT en este centenario, algo que es mucho más digno de preservar para el futuro que todo lo que colocaron en la cápsula del tiempo destinada al 2114, es una sana y profunda reforma interna.

¿En qué consiste esta reforma de la que hablo? Veamos. En primer lugar, quizás para honrar a Peirano, la UNT debería transferirle YMAD a la UNCA, y, acto seguido, ponerse a disposición de la provincia de Catamarca para asistir a su población por todo el daño que la megaminería causó en estos años.

En segundo lugar la UNT merece una auditoría histórica, una suerte de CONADEP de la corrupción, para que revise los desfalcos financieros realizados por sus funcionarios y reordene los presupuestos, haciendo pagar, claro, a todos aquellos profesores que se llenaron los bolsillos de la noche a la mañana.

Finalmente, en tercer lugar, es preciso que la UNT sacuda su anquilosada estructura para ingresar al siglo XXI. Para ello sería bueno que se haga una suerte de “reseteo”, es decir sería importante que todos y cada uno de los actuales docentes e investigadores se someta a una rigurosa evaluación externa, para probar que merecen ocupar esos puestos que ocupan, del mismo modo que se deberían poner pruebas de suficiencia en todas las facultades y escuelas universitarias para que funcionen como exámenes de ingreso estudiantiles. Aquellos que no superen la evaluación, si son estudiantes, deberán prepararse mejor retornando a la escuela esta vez para aprender y no para conseguir un título, y, si son profesores, deberán concursar nuevamente su cargo, en concursos abiertos, públicos y obligatoriamente videograbados. Si ADIUNT, el gremio de docentes e investigadores, se opone, haría falta entonces que la sociedad tucumana que tanto amor siente por la universidad obre a favor de la institución pidiendo la disolución de ese gremio en particular, que lo único que hace es atentar contra la calidad educativa al equiparar a un académico con un portero, un barrendero o un taxista. 

Y junto con la desaparición de ADIUNT, sería necesario también que la propia UNT proceda a su fragmentación: al reunir a 13 facultades, 2 escuelas universitarias y 7 escuelas experimentales (además de varios otros organismos como el EPAM, Canal 10, etc.) es evidente que la UNT se ha convertido en un gigante, un gigante que es alimentado anualmente con 1.400 millones de pesos, un gigante que tiene numerosas propiedades diseminadas a lo largo y ancho de Tucumán, un gigante administrado por una pequeña oligarquía. De allí que la UNT, tranquilamente, podría convertirse en cuatro universidades distintas: la UNT I “Juan B. Terán” destinada a los estudios sociales, la UNT II “Juan Bautista Alberdi” que se perfilaría como un espacio industrial-empresarial (tal y como le hubiese gustado al propio Alberdi, al que los abogados tucumanos lo han secuestrado para dignificar un poco su poco digna profesión), la UNT III “Lola Mora” que concentraría a las artes y al diseño, y la UNT IV “Tiburcio Padilla”, la cual sería, obviamente, una universidad de ciencias de la salud, quizás con proyección regional (ya que no es un secreto que la UNSA y la UNJU están intentando crear sus propias facultades de medicinas: ¿para qué fragmentar en un tema tan fundamental como la salud si se puede unificar esfuerzos con los gobiernos provinciales y asegurar el acceso al bienestar físico y mental a toda la población del NOA?). En un lapso de diez años se podría producir el reordenamiento que propongo, repartiendo presupuestos y propiedades y reubicando a quien necesite reubicarse, al mismo tiempo en que se promovería una revisión integral de todos los planes de estudio y carreras vigentes para actualizarlas. Después de 100 años, la UNT merece una limpieza total para convertirse en la flor más hermosa del Jardín de la República.

Francisco Vergalito 

En el nombre de Él

Sobre tumbas y héroes

El 27 de octubre de 2010 fue el día que se escogió para realizar el último Censo Nacional en nuestro país. Promediando la mañana de aquel miércoles, comenzó a circular la noticia de que Néstor Kirchner, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y antiguo presidente de la República, había fallecido en su estancia en Santa Cruz. Con la desaparición física de este hombrecillo, Argentina había perdido a su segundo presidente en dos años, puesto que durante el año anterior había sido Raúl Alfonsín quien había iniciado el viaje sin retorno. La muerte de ambos presidentes fue oportuna: sus herederos recibieron una bendición inesperada (la muerte de Alfonsín sirvió para que la sociedad argentina recordase que el Partido Justicialista no era la única fuerza política del país, en tanto que la muerte de Kirchner sirvió para que esa misma sociedad olvidase lo que acaba de recordar).

Ciertamente lo que provocó la canonización de esos hombres y su ingreso inmediato al panteón cívico nacional fueron las tremendas campañas comunicacionales, que, de la noche a la mañana, transformaron a esos dos de guante blanco en héroes poseedores de un corazón de oro que sólo los movía a buscar el bien y de una lengua de plata que sólo les permitía hablar honestamente. En 2009 el gobierno, astutamente, trató de extirparle filiación gregaria a Alfonsín para convertirlo en un ilustre argentino, en un “valiente demócrata” cuya habilidad para endeudar al país y fertilizarle el terreno al neocolonialismo debe ser olvidada porque él tuvo el coraje de “frenar” a los militares. En 2010, en cambio, Kirchner fue coronado como el rey del pueblo que –con la valija de Antonini Wilson y los cuadros de Videla y Bignone usurpados del Colegio Militar de la Nación– se atrevió ya no sólo a defender la democracia sino a reformularla en beneficio de la humanidad "oprimida". Por tanto en la historia oficial (escrita, por lo pronto, con tinta kirchnerista) Alfonsín debe figurar como el defensor de un fuerte, en tanto que sólo a Kirchner le cabe el puesto de líder de la vanguardia.

El nombre sin cuerpo

Algo curioso de la muerte de Kirchner fue que el féretro en el que lo velaron estuvo todo el tiempo con la tapa cerrada. Nadie vio al presidente convertido en cadáver. A raíz de ello se tejieron todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente había sucedido, es decir hubo mucha gente que puso en duda el modo en que murió Kirchner (se sugirió que en lugar de un paro cardíaco su muerte se pareció más a la de Carlos Soria, un Gobernador que, como Miguel Ragone, fue asesinado en democracia) y hasta no faltaron los que indicaron que el presidente ni siquiera había fallecido. Todo esto no evitó que, en Santa Cruz, se construyese un descomunal mausoleo, del cual al principio se sospechó que se tratase de un templo masónico pero del que ahora se cree que es una gigantesca caja fuerte –nada de ello es extraño en un país como el nuestro, acostumbrado, después de una década de juicios “por la memoria y la verdad”, a condenar gente por homicidio sin que hayan aparecido los cuerpos que constatan las muertes y le dan algo de sentido a esas sentencias.

Aun con Néstor Kirchner encerrado en el ataúd de Schrödinger, los homenajes a este hombre con mirada estrábica y problemas del habla se multiplicaron. Fue el modo que el gobierno tuvo de imponer el luto obligatorio que, debido a los artículos 15 y 16 de la Constitución Nacional, no se puede imponer legalmente. Así todo tipo de espacios públicos comenzaron a ser bautizados y rebautizados con el nombre “Néstor Kirchner”.

En medio de esa “revolución renombradora”, el Gobernador de Jujuy, el impresentable Walter Barrionuevo, no vaciló en anunciar que la nueva Estación Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy iba a llevar el nombre del polémico político. La idea era que, para el año 2011, la obra estuviese concretada, y todo aquel que por vía terrestre visitase la provincia para asistir a los partidos de la Copa América (como lo hicieron las bacrims colombianas y las maras costarricenses) desembarcase en un lugar llamado “Néstor Kirchner”, lo que sería algo así como decirle al mundo que en la puerta de entrada de Jujuy está el sospechado presidente como guardián y anfitrión de la gente.

La obra, por esas “aventuras” presupuestarias que son tan comunes en nuestro país, se demoró más de lo previsto, y terminó inaugurándose recién ahora, en 2014. Mucha gente, harta ya del kirchnerismo, del luto obligatorio (que ni la Presidente Cristina Fernández cumple), y del culto a la personalidad, se opuso a que el sitio llevase el nombre del desaparecido, por lo que comenzaron una campaña para rebautizar el sitio, buscando sustituirlo con el nombre de alguna personalidad local relevante e ilustre. Entre la casta partidocrática vernácula –que incluye a los uceristas que ganaron las elecciones el año pasado– se impuso el silencio, con algunas pocas excepciones, como la de la concejal capitalina Alejandra Mollón de LYDER, quien adhirió a la iniciativa ciudadana que propone expulsar de Jujuy al viejo Néstor Kirchner.    

Canallas al poder

Apenas un par de semanas después de que Jujuy contribuyese a alimentar el mito de grandeza del kirchnerismo, sus gobernantes produjeron otro gesto que resulta mucho más sutil y mucho más dañino para afianzar el legado nefasto de la banda de criminales santacruceños que asaltó el país en 2003. Me refiero, claro, a la canallesca derogación de la ordenanza que convertía a San Salvador de Jujuy en un “Municipio Pro Vida”.

Gracias a la gestión del concejal pejotista Guillermo López Salgado, el Concejo Deliberante de la capital jujeña había demostrado su capacidad de virtuosismo al promover políticas que buscan bloquear el genocidio abortista que festeja la muerte de seres humanos indefensos e inocentes como un triunfo del género femenino y del Progreso Universal. Sin embargo, una vez renovada la constitución del órgano legislativo, los nuevos concejales votaron a favor de derogar la norma.

Esta canallada de borrar con el codo lo que fue escrito con la mano fue celebrada especialmente por los miembros de la nefasta Tupac Amaru, quienes, al asumir por vez primera sus escaños en el Poder Legislativo, impulsaron la derogación como una cruzada urgente.

Lo que sucede es que entre sindicalistas e indigenistas, en la comparsa del frente Unidos y Organizados se agazapan los novordistas que pasaron sin escalas de las oficinas del parasitario INADI a los órganos de gobierno del Estado jujeño. Estos personajes infames, desde su cuartel general en Buenos Aires, promovieron el genocidio con la burda excusa de que para que unas cuantas mujeres (mujeres a las que consideran pobres, tontas y cobardes) puedan ser salvadas de si mismas, es necesario que se legalice la carnicería humana.  

    

De cualquier modo hay que recordar que la derogación de la prohibición de la masacre en Jujuy no fue obra exclusiva de Unidos y Organizados (quienes celebraron el triunfo con un desfile de hombres vestidos de mujer frente a la Iglesia Catedral). Quien más defendió ante la opinión pública la destrucción de la vida con aval estatal fue Lisandro Aguiar, un concejal perteneciente a la Unión Cívica Radical, el mismo partido al cual pertenece el intendente de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Raúl Jorge. 

Jorge mantuvo un silencio atroz ante lo que hicieron los concejales uceristas, y todo ello habiendo sido el mismo que decretó que el sector de la ruta 9 que va desde Los Alisos a la Estación Terminal de Ómnibus “Presidente Néstor Carlos Kirchner” se llame “Papa Francisco”. 

¿Acaso el título de “arquitecto” que tiene Jorge tiene más de un significado? Posiblemente así sea, pero más allá de eso el problema es que Jorge, como la mayoría de los partidócratas argentinos, es un gran demagogo. Y si no es así, ¿para qué homenajea a un hombre con el que no está de acuerdo ni comparte sus valores? ¿Lo hace porque es la moda? ¿Lo hace porque también él es un canalla?

Zaín el-Din Caballero

El combate contra los monstruos

La incorrecta verdad

Nuestra sociedad considera a los pedófilos como escoria humana. Tal caracterización no parece ser exagerada. Si el Estado no garantizara los derechos de todos sus ciudadanos, probablemente estos individuos (sobre todo los pedófilos hombres) terminarían sus días linchados por una multitud indignada. Para el común de la gente ello es lo menos que merecen.

El problema con estos enfermos mentales, claro, no es el hecho de que padezcan lo que padecen. El problema es cuando llevan a cabo acciones que lesionan a otros para satisfacer sus bajos instintos. En ese sentido son idénticos a los homosexuales, pues, de hecho, el pedófilo, el homosexual, el bestialista y todos los desviados en general no son más que aberrosexuales, es decir no son más que sujetos que han optado por efectuar aberraciones de índole sexual. En lugar de contener sus impulsos antinaturales, estos enfermos –con mayor o menor soltura– intentan desatarlos. Y por ello terminan causando daños en terceros.

Ciertamente, hoy en día, los homosexuales son el grupo de la galaxia aberrosexual que más facilidad tiene para pervertir a los inocentes, puesto que décadas de cabildeo les ha permitido hacer que lo evidente (v. gr. la condena espontánea a la sodomía por ser contraria ésta al orden natural) sea percibido como incorrecto. Sin embargo, no muy lejos de ellos, se encuentran los pedófilos, quienes, siguiendo a sus camaradas aberrosexuales, también han comenzado a cabildear para alterar lo verdadero.

Hay dos tipos de pedófilos: los heterosexuales y los homosexuales. Es difícil saber cual de los dos tipos es más numeroso, pero está clarísimo que ambos son igual de peligrosos e indeseables para una sociedad que pretenda proteger y garantizarle la integridad física y psíquica a sus miembros. Si se revisan los expedientes judiciales, se constatará que el número de pedocriminales homosexuales es menor que el de pedocriminales heterosexuales; de todos modos ello no quiere decir que el abuso sexual entre hombres sea más infrecuente que otro tipo de abuso sexual: lo que quiere decir es que hay menos casos denunciados.

La mala educación

En los últimos meses en el NOA, afortunadamente, algunos de estos lamentables personajes fueron denunciados, y la Justicia avanzó en contra suyo. Así, por un lado, en Salta, un profesor de artes marciales fue detenido después de haber sido acusado de haber abusado sexualmente de, al menos, cinco niñas en las instalaciones del club Colón. Por otro lado, la delegación tucumana de la Policía Federal detuvo a otro profesor –esta vez de educación física– después de que empresas norteamericanas de servicios informáticos le avisaran al FBI que el sujeto, domiciliado en la calle Crisóstomo Álvarez al 1569 de la capital provincial, se encontraba en posesión de material pedopornográfico (el caso, por sus particularidades, despertó la memoria de muchos tucumanos, quienes recordaron que en 2011 las fuerzas del orden allanaron el estudio de un conocido abogado del fuero local y secuestraron espantosas cantidades de pedopornografía).  

Lo más preocupante de estos episodios puntuales es que los criminales operan bajo el disfraz de educadores. En el caso del salteño detenido ello es más que claro, pero el silencio que rodeó a la difusión de la noticia que protagonizó su colega tucumano no permitió aclarar si el material aberrante que este sujeto poseía era de producción ajena o de producción propia.

Una escriba de El Tribuno, Laura Álvarez Chamale, aprovechó el caso del taekwondista salteño para propagandear a esa infame doctrina elegebetista que en las escuelas nacionales circula bajo el rótulo de “Educación Sexual Integral”. Partiendo del hecho de que el pedocriminal fue detenido gracias a que una niña, después de que su madre le leyese un manual de ESI, le comentó a su familia sobre el abuso que había sufrido, Álvarez Chamale elogió perversidades injustificables como que a un niño de la escuela inicial se le enseñe que no hay nada antinatural y anormal en la homosexualidad. La falacia es más que evidente: una cosa muy valiosa es que se ayude a los niños a blindar su inocencia para que se protejan del abuso, y otra cosa muy nociva es deseducarlos para que se conviertan en esos mismos monstruos que se dedican a abusar de los que poco pueden hacer para defenderse, o, dicho de otro modo, una cosa es que se les de una educación ortosexual (explicándoles acerca de la importancia del amor, la familia y la integridad personal para vivir una vida feliz), y otra cosa es que se los adoctrine en el aberrosexualismo (lavándoles el cerebro con conceptos ridículos e ideologizados para permitir la felicidad de las sinarquías).

El idioma de la ideología

La diferencia más notoria entre el pedófilo salteño disfrazado de educador y el pedófilo tucumano disfrazado de educador es que, según lo que informan los diarios, el primero habría atacado sexualmente a menores de edad, en tanto que el segundo sólo se habría limitado a observar como unos menores de edad eran sexualmente atacados por otros (al menos eso es lo que se difundió, ya que lo imputaron por posesión de material pedopornográfico pero no por abuso y corrupción de niños o adolescentes). ¿Tienen el mismo grado de culpabilidad? Obviamente que no: una cosa es ser un monstruo violador, y otra cosa es ser un pervertido que goza con ver a esos monstruos; una cosa es alguien que aprovecha una situación asimétrica para sacar ventaja, y otra cosa es un repugnante individuo que se estimula sexualmente con imágenes que sólo generan asco y bronca en gente bien nacida.

A mitad de camino entre el abusador de menores y el consumidor de pornopedofilia, está aquel que empieza en un punto y termina en el otro. Un enfermo que encuentra satisfacción sexual en ver como un menor es abusado puede llegar a convertirse en abusador él mismo. No necesariamente una cosa guía a la otra, pero el temor de que ello suceda es muy grande. Sin embargo, por más preocupación que eso nos cause, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es por ello que hay que prestar atención sobre lo que ahora se conoce como “grooming”.

Hoy en día se denomina “grooming” al delito en que una persona utiliza medios electrónicos (como Internet o las redes de comunicación de telefonía celular) para entablar relaciones amistosas con menores de edad y llevar eso al plano sexual mientras las personas aún permanecen en la minoría de edad –es decir el grooming no pena a aquel que se contacta por Facebook o WhatsApp con un menor, se hace amigo del mismo y busca sexualizar la relación una vez que éste entró en la mayoría de edad. El grooming –como el bullying– es un concepto con nombre inglés cuyo significado, para los hispanohablantes, resulta poco o nada conocido, por lo que los políticos lo arrojan con mucha premura al corpus legal argentino y los medios masivos de desinformación lo incorporan en el imaginario social con la intención de introducir de manera imprecisa y flexible a un nuevo instrumento de colonización ideológica. Al nombrar con un término extranjero algo que se puede nombrar con un término en español, lo que se busca es la vaguedad conceptual, es decir se busca que el concepto posea un uso múltiple, alejándose todo lo posible de su misión original. Así sucedió con el bullying: de designar el tan habitual hostigamiento sistemático que un joven efectúa contra otro en contextos escolares, pasó a denominar en el habla popular a cualquier acto en donde se registre un roce mínimamente agresivo entre dos personas, por lo que, hoy en día, criticar a alguien pareciera ser bullying. Quizás no falte mucho para que el grooming se descontextualice, y cualquier mujer que a través de una red social o de un sistema de mensajería instantánea reciba una propuesta sexual de un hombre que no le interesa emocionalmente pueda denunciarlo por haber cometido un crimen.

Los peligros del delincuente imaginario

En el norte de Salta se detuvo a un hombre que le había propuesto un encuentro íntimo a una adolescente por intermedio del WhatsApp. Al sujeto se lo capturó antes de concretar sus intenciones, y se le secuestró una mochila con cámaras filmadoras, pendrives y preservativos. El imputado enfrenta ahora la posibilidad de sufrir duras penas de prisión, ya que se considera a todo el contacto comunicacional previo como elemento de prueba suficiente para endilgarle el estupro, o sea se equipara a la labor de persuasión del hombre hacia las jóvenes con el acto mismo de la violación física.

Aunque suene tentador para muchos imponer castigos basados en las intenciones de los sujetos, esto es abusivo. Es decir se puede condenar a alguien por cometer un delito en el grado de tentativa, pero no se le puede dar la misma pena que se le da a alguien que concreta el acto delictivo de manera efectiva. En nuestra legislación actual existen los delitos de corrupción de menores y estupro: un depredador que usa las redes sociales o la mensajería instantánea probablemente se las arreglaría para cometer sus crímenes aberrantes aunque la tecnología fuese otra. Por este motivo es que se vuelve obvio que el grooming resulta superfluo, y se deja en evidencia que su existencia tiene el obscuro objetivo de amordazar a los usuarios de Internet.

La constante captura de depravados que abusan de criaturas o que acopian pedopornografía no debe hacernos entrar en pánico a los ciudadanos decentes. Un violador de menores, un consumidor de pedopornografía y un corruptor de niños deben ser castigados severamente y estigmatizados socialmente (como al incluirlos en registros públicos de ofensores sexuales) para garantizar la protección de los inocentes; y, como parte de su resocialización, deben ser debidamente castrados, empleando la castración quirúrgica o química, según amerite cada caso. Pero antes de ajusticiarlos es importante constatar que realmente son artífices de delitos aberrantes contra la integridad sexual, ya que en un país en donde se adoctrina en el elegebetismo, el hembrismo y el dedehachehachismo no sería de extrañar que, histéricamente, se multipliquen las denuncias sin fundamentos.  

Antonella Díaz 

Postales de la narcolonización del NOA

A la espera de resultados

A Pastor Humberto Maurín lo detuvo la policía a principios de enero de este año por comercializar paco en Villa Juanita, un barrio marginal de la ciudad de Salta. El lunes pasado Maurín –conocido popularmente por el apodo de “Vaca Mala” que obtuvo en sus años como boxeador profesional– fue juzgado y condenado a pasar los próximos cuatro años en prisión. Lo destacable de este caso es que se trató de la primera causa por narcocomercio que resolvió la Justicia de la provincia de Salta, ya que dicha atribución correspondía anteriormente a los juzgados federales.

Salta adhirió a la Ley 26.052 en julio de 2013. Dicha ley modifica a la 23.737 –otra famosa norma conocida como la Ley Nacional de Estupefacientes– estableciendo que los cuerpos judiciales provinciales pueden emitir sentencia en los casos de “narcomenudeo”, o sea en los casos en que una persona le entrega droga a otra en una dosis destinada directamente para el consumo. En su momento, tras ser aprobada la adhesión, el Diputado Provincial Javier David del Frente Salteño se mostró escéptico ante los supuestos beneficios que promueve la ley, señalando que la provincia no contaba con la infraestructura necesaria para combatir al microtráfico de drogas. Sin embargo, varios meses después, el Juez Federal Raúl Reynoso elogió la nueva medida adoptada, asegurando que ello generará un gran alivio en su tarea (la actitud de Reynoso quizás se explique recordando que el año pasado fue duramente criticado tras haber liberado a una treintena de microtraficantes para no ser acusado después de haber negado los recursos de habeas corpus).

Eduardo Sylvester y Pamela Calletti, ministros de Gobierno y de Justicia de Salta respectivamente, manifestaron su satisfacción ante la condena de Maurín, sugiriendo que ella es la primera de muchas. No obstante suena un tanto ridículo que un par de funcionarios festejen que un puntero vaya a prisión por orden de la Justicia provincial cuando es muy probable que, de haber caído en la órbita de la Justicia federal, al delincuente le hubiese sucedido lo mismo. Encarcelar gente es la última acción en la lucha contra el narcotráfico; ante lo que los funcionarios de una provincia limítrofe deberían celebrar es en el haber conseguido que el gobierno nacional tape los enormes agujeros fronterizos que el delito utiliza para crecer.

Ahora bien, mientras la provincia de Salta ya puso en marcha lo que la Ley 26.052 dispone, la provincia de Tucumán recién este mes ha decidido adherir a dicha norma. La movida ha generado numerosas críticas. Quien mejor las expone es el periodista Álvaro Aurane de La Gaceta: según este escriba, los políticos tucumanos han acatado la ley pero no han planificado absolutamente nada sobre cómo hacerla operativa. Es decir, hoy en día, la Justicia tucumana padece de una escasez de fiscales, lo que hace que sólo el 10% de las causas penales promovidas anualmente sean resueltas; a eso se le suma que la provincia carece de un equipo policial destinado a combatir el narcotráfico y tampoco posee centros de rehabilitación para atender a los consumidores detenidos. Aun así los legisladores provinciales han optado por obligar al Estado tucumano a emprender una lucha intensa y desgastante.

Aurane subraya además que no son claros los motivos del Gobernador Alperovich para ordenarle a su tropa parlamentaria que marque este nuevo rumbo. En principio se supone que la adhesión a la Ley 26.052 inyectaría importantes cantidades de dinero de la Nación en la provincia para financiar la infraestructura policial, judicial y penitenciara que debe de crearse (y no hay que olvidar que, junto a la insuficiencia judicial y a la insolvencia policial, el actual déficit penitenciario tucumano es gigantesco); empero otros distritos que ya transitaron el camino de Tucumán han asegurado que el gobierno nacional lo que menos ha hecho ha sido girar fondos para atender ese asunto. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo? Según Aurane todo se trata de obsecuencia: la Casa Rosada quiere compartir el penoso fracaso en su lucha contra el crecimiento del narcotráfico y contra el avance de la cultura de las drogas, por lo que deposita un problema en las provincias leales que, en realidad, es enteramente su responsabilidad.

Los miembros del Poder Judicial tucumano reaccionaron de manera distinta ante la nueva iniciativa contra el narcotráfico. El Camarista Federal Ricardo Sanjuán manifestó su apoyo a la idea ya que supone que ello ayudará a descomprimir su labor, en tanto que el Fiscal Federal Gustavo Gómez sostuvo que se está creando un problema muy grave al divorciar la tarea nacional de la provincial a la hora de combatir al tráfico de drogas (cabe aclarar que Sanjuán y Gómez son algo así como rivales, debido a que uno y otro han demostrado cultivar posiciones muy divergentes a la hora de abordar asuntos judiciales relacionados al daño del medio ambiente).

Ante las críticas, José Alperovich indicó que la nueva normativa se encuentra en periodo de pruebas, y agregó que tras analizar la evolución de su efectivización durante el año (léase tras medir cuánto rédito político puede llegar a obtener él al dar la sensación de estar combatiendo a los narcos mientras se cierran kioscos y se encierra a punteros) decidirá aplicarla en 2015 o prorrogarla hasta quien sabe cuando.  

La guerra contra la Hidra

En Jujuy, a diferencia de Salta y Tucumán, la adhesión a la Ley 26.052 todavía es un proyecto en ciernes. Lo curioso de esa provincia es que las propuestas para imitar a sus vecinas provienen no del oficialismo, sino de la oposición, ya que ha sido el Diputado Provincial Pablo Baca de la UCR quien más ha presionado para que Jujuy asuma su rol judicial y policial en la lucha contra el narcomenudeo.

Baca, por supuesto, busca que el Poder Judicial se amplíe y que la Policía Provincial se especialice, para que de ese modo la persecución contra los criminales sea eficaz. De todos modos las buenas intenciones de individuos como el citado parlamentario poco pueden hacer contra las duras críticas que han emitido algunos expertos en la lucha contra el delito.

Básicamente lo que muchos hacen es recordar que la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir a la Ley 26.052 y desde entonces el narcotráfico no ha parado de crecer en aquel territorio. Al principio, la Policía bonaerense se lucía deteniendo a los punteros, pero ello sólo logró que el narcokiosco fuese sustituido por el narcodelivery. Así, hoy en día se ven ir y venir a cientos de jóvenes en motocicletas a toda hora; cuando se los detiene, debido a la escasa cantidad de droga que llevan consigo, son candidatos ideales para que los jueces los califiquen de “consumidores” y en cuestión de semanas estén nuevamente en las calles. Por ello querer combatir al narcotráfico de ese modo es como querer derrotar a la Hidra cortándole las cabezas.

La evidencia que muchos se resisten a ver

Más allá de las críticas de los expertos, es comprensible que los gobiernos de Salta o Tucumán busquen dar algún tipo de respuesta a una tragedia que cada día se vuelve más visible. Porque el consumo de drogas no para de crecer en la Argentina, afectando tanto a los ricos como a los pobres, destruyendo familias e incrementando los niveles de violencia cotidiana. Hay barrios donde todo el mundo puede señalar quienes son los que venden droga y a quienes se la venden, pero poco se hace en contra de esos personajes.

Salta es un buen ejemplo de lo que es la narcolonización contemporánea. Recientemente el Fiscal Federal José Luís Bruno estimó que cerca del 80% de las causas por narcotráfico en Salta están radicadas en el norte provincial, lo que ilustra lo terrorífica y decadente que es el área fronteriza en nuestro país. Sin embargo esa situación no es exclusiva del olvidado norte salteño: en el sureste de la mismísima ciudad de Salta, concretamente en los barrios Ceferino y 20 de Junio, una ONG alertó que 8 de cada 10 menores de edad están peligrosamente vinculados a la droga. De allí que el caso de un adolescente en Metán detenido con una gran cantidad de cigarros de marihuana listos para vender en la escuela a la que asiste no resulte tan escandaloso como debiera de serlo.

Una de las cosas más tristes de este asunto, es que los responsables más visibles de este escenario no tienen ni un gramo de vergüenza. Un ejemplo de ello es Claudia Román Ru, la actual Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia de Salta. A su repartición, la Sindicatura General de la Provincia le hizo una auditoría que resultó lapidaria: varios millones de pesos llegan anualmente a la Secretaría, pero es notoria la ausencia de acciones estratégicas destinadas a ayudar a las personas adictas, ya que la falta de protocolos específicos y la pobrísima gestión de la información recabada sobre el tema hace que quede en evidencia la grotesca improvisación que debe tolerar una persona a la que la droga le está consumiendo la vida en Salta. Gustavo Farquharson, el antecesor de Román Ru en el puesto de Secretario, sostuvo que el creciente caos en materia de recuperación de adictos es culpa de la incompetencia de la actual responsable en el área. Román Ru –la aludida por Farquharson– prefirió contestar a las críticas que le hicieron desviando la discusión hacia otro lado, destacando que es urgente que Argentina avance hacia la legalización de la marihuana para desestigmatizar a las víctimas de la adicción y colocarse a la par de los países más “progresistas” de la región.

La droga, evidentemente, circula por el NOA con pocas restricciones. Si es cocaína entra a través de Bolivia y si es marihuana lo hace a través de Paraguay (aunque no siempre es así), e inicia su periplo hasta Buenos Aires, dejando rastros en todo el país. Normalmente la droga, al momento de ingresar, ha sido previamente procesada en Bolivia, Perú, Paraguay u otro país, pero en otras ocasiones a las plantas las convierten en el producto listo para el consumo aquí mismo. El Secretario de Seguridad de la Nación, el médico Sergio Berni, generó una polémica al contradecir al Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, quien había declarado que Argentina era un país productor de estupefacientes. Berni, para evitar el blanqueamiento sincericida, señaló que para producir droga es necesario permitir los cultivos de coca, cáñamo u otras plantas que, en nuestro país, están prohibidos. El Juez Reynoso, asombrado ante esas declaraciones, le recordó a Berni que ambos habían visitado hace no mucho un laboratorio clandestino hallado en el Chaco salteño en donde se acopiaba coca y se elaboraba cocaína. El Comisario Marcelo Lami, Jefe de la Policía de Salta, intentó desautorizar a Reynoso, apuntando que él, que es el responsable de controlar el territorio provincial, en todos sus años de servicio jamás había oído sobre la existencia de ese tipo de establecimientos, intentando con ello demostrar que la experiencia personal del propio Juez no sirve para ensuciar al país de la “década ganada”.   

La cruz sobrecargada

El tópico de la narocolonización que sufre la Argentina llegó al debate público hace unas semanas, después de que la violencia propia del mundo de las drogas golpease con todo su horror en los bosques de Palermo. Tuvo que ser asesinado alevosamente un delincuente colombiano en los jardines de la Metrópolis para que la prensa comience a parlotear seriamente acerca de algo que en lugares como Salvador Mazza se vive a diario y desde hace bastante.

La Iglesia Católica había intentado instalar el tema el año pasado. En noviembre último, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que manifestaban su preocupación por el sólido matrimonio que existe entre la corrupción y el narcotráfico, lo que provoca que la muerte impere allí en donde debería de triunfar la vida. El texto generó incomodidad en el gobierno nacional, que, acto seguido, ideó una salida que creyeron brillante: designar a Juan Carlos Molina, un sacerdote católico, al frente del SEDRONAR, un organismo estatal dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de lucha contra la drogadicción.

Unos meses antes, en julio, el propio Papa Francisco había repudiado a los mercaderes de la muerte, dejando en claro que la liberalización de las drogas le parece aberrante. Sin embargo la interpretación del mensaje papal que hicieron los políticos argentinos es diferente: ninguno comenzó una campaña para intentar detener el cabildeo drogón que llevan a cabo Aníbal Fernández, Victoria Donda, Eugenio Zaffaroni y personajes de esa calaña, y si, por el contrario, aprovecharon el asunto para utilizarlo como una oportuna plataforma para intentar llegar hasta el Papa (y hasta la gente que escucha más lo que proviene desde el Vaticano que lo que se dice desde aquí).  

Quien ha explotado oportunistamente a la preocupación de la Iglesia Católica por el combate contra la esclavitud de las drogas ha sido Miguel Isa, actual Intendente de Salta y autoproclamado candidato a gobernador de su provincia para 2015. Isa ha apostado a contratar a José Di Paola, un supuesto “cura villero” de buena relación con el Papa Francisco, para que organice acciones contra el consumo de drogas y el narcotráfico que han demostrado ser tan vistosas como ineficaces.

De cualquier modo hay sacerdotes que no callan lo que es obvio: su rol ante las drogas es limitado, ya que la Iglesia Católica no es una agencia especializada en seguridad y salud; son los políticos, los jueces, los gendarmes y los policías los que deberían presentar la batalla contra los males del mundo.

El Partido Narco

La política argentina parece estar invadida por sujetos peligrosamente cercanos al mundo de las drogas. Salta es pródiga en ejemplos. El caso más reciente es el de Héctor D’Auria, pero antes de él están Federico Parra, Ulises Durán y Arturo Cifre (y el recuento que hago abarca solamente los últimos tres años). A quien se sindica como el pionero de la narcopolítica salteña es a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de la provincia y actual senador nacional en segundo término. La Diputada Nacional Elisa Carrió apuntó contra el caudillo afirmando que el referente salteño de Massa y Macri heredó de su padre el puesto de organizador de una importante red de narcotráfico. 

Pero Carrió no se limitó a señalar a Salta como sede del narconegocio en la Argentina, también indicó que Santiago del Estero se ha convertido en un lugar desde donde se facilita el ingreso, la producción y la distribución de drogas. Quizás Carrió aludía a todo lo que rodea a Humberto Salim, el Intendente de Frías sospechado de tener vínculos con los narcotraficantes, pero tal vez lo que la parlamentaria intentaba era golpear un poco más arriba en la jerarquía de poder de esa provincia.

Otra dirigente de peso que alertó sobre la importancia del NOA en la circulación de la droga en la Argentina fue la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. Lo que la lideresa del GEN dijo es que mientras se intenta instalar que Santa Fe es la base de operaciones de los narcos en la Argentina, se olvida de que Tucumán hace una contribución enorme en el asunto. Algo de razón tiene la congresista, ya que si bien en esa provincia no se multiplican los casos de narcofuncionarios como sucede en la vecina Salta, no faltan sospechas sobre lo que realmente hacen los hombre del poder.

Los hermanos Orellana son el blanco predilecto de dichas sospechas. Este mes Sergio Massa visitó el Jardín de la República para iniciar la construcción de una base provincial para el Frente Renovador. Durante su estadía en Tucumán, el Diputado Nacional visitó Famaillá, el feudo gobernado por los Orellana. Antes de concretar la visita, el mismo entorno de Massa le sugirió que no aceptase la invitación, pero el bonaerense no hizo caso. Unos días después al mismo intendente que recibió al líder opositor un grupo de concejales famaillenses lo acusaron de ser la versión local de Pablo Escobar.

Es fácil pensar que la acusación contra los Orellana son meras chicanas politiqueras, pero no hay que olvidar que los hoy convencidos massistas fueron fervientes kirchneristas hasta hace poco, lo que hace pensar que el narcotráfico en Tucumán no está ligado a los opositores únicamente.

Para contrabalancear políticamente la acusación de narcopolíticos que les han hecho a los Orellana, basta con recordar que uno de los hijos de Alperovich, el mes pasado, fue señalado por Juan Suris de ser una suerte de cómplice. Suris es un sujeto acusado no sólo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y tráfico de personas, que saltó a la fama cuando fue detenido en el departamento de su novia, la vedette uruguaya Mónica Farro. Más tarde varias escuchas telefónicas al tal Suris se dieron a conocer, y allí afloró la referencia a uno de los vástagos del gobernador tucumano. Por supuesto que el clan hebreo negó toda relación con el imputado y preparó una coartada tan inverosímil como válida para una Justicia corrupta como la nuestra.

Pero si hay alguien emblemático en lo de multiplicar sospechas en Tucumán por sugerir la existencia de un narcopoder ese es Pedro Hugo Balceda. Balceda es un hombre del PJ que ahora es líder de Cambio Moral, un partido provincial cercano a la UCR. En 2009, mientras oficiaba de legislador provincial por su anterior partido, declaró ante la prensa que había una connivencia entre narcotraficantes y autoridades estatales en Tucumán. Al poco tiempo se desdijo y luego su carrera política se vio trunca. Hoy en día Balceda se ha vuelto un paladín en la lucha contra las drogas, y hasta ha llegado a exigir que tantos los políticos como los policías presenten rinoscopías para que la ciudadanía conozca más sobre sus aficiones e intereses. Su interesante propuesta, pese a tener el positivo antecedente de Chubut, ha sido categóricamente ignorada.   

Ángela Micaela Palomo

La cruzada por los niños

Lo obvio que no se muestra

En noviembre de 2012, en El Defensor del Norte Argentino se publicó un artículo titulado “La pedocriminalidad en Salta”, el cual abordaba la problemática del abuso sexual que han padecido los niños salteños en los últimos tiempos. Recientemente el portal Iruya.com ha subido un texto que versa sobre lo mismo. La diferencia es que en este texto se parte desde el final del asunto. Es decir, mientras que en nuestro blog nosotros mencionamos casos policíacos para señalar que algo siniestro amenaza a Salta, en el otro portal llaman la atención sobre la enorme cantidad de sentencias judiciales que, mensualmente, emiten los juzgados salteños con el propósito de condenar a hombres adultos que han abusado de menores de las edades más diversas. La diferencia de enfoques, quizás, es significativa: en tanto que nosotros tratamos de retratar al delito desde su concepción y en ambientes extrafamiliares, ellos se limitan a horrorizarse cuando la justicia ya ha sido servida para castigar los crímenes cometidos en espacios intrafamiliares.

De todos modos no deja de ser bienintencionado el mentado artículo de Iruya.com. El mismo señala que los jueces obran casi con indiferencia ante esta realidad aberrante, ya que se limitan a dictar sentencia y, sólo en ocasiones especiales, agregan algún tipo de recomendación como que el condenado, además de ir a prisión, sea sometido a un tratamiento para acabar con su adicción al alcohol o a las drogas. Según el autor del texto, mientras que desde su puesto muchos jueces han exhortado al gobierno provincial a que actúe con mayor ahínco y profundidad frente a otras cuestiones (como en el caso de la violencia en contra de la mujer o de la eliminación de lo religioso en las escuelas públicas), prácticamente no hay juez alguno que haya hecho lo mismo con respecto al asunto del abuso a menores de edad.

Décadas de decadencia

Optar por los niños equivale a enfrentarse a los cabildeos de feministas, abortistas, drogones o causas de esa índole. ¿Cómo se le puede exigir al gobierno que proteja a una niña de su padre, padrastro, tío, abuelo o vecino adicto, si al mismo tiempo el gobierno le está facilitando el cultivo de sus adicciones al depravado? ¿Cómo trabajar para evitar que un niño sea violado por un adulto, si a esos enfermos que los violan hasta les permiten casarse y adoptarlos como hijos?

El gobierno ha trazado una línea en relación a la niñez y ha escogido de qué lugar quiere estar. En este caso ni siquiera tratan de ser ambiguos, ya que entienden a la familia como una enemiga de los proyectos del espíritu del presente.

Desde 1987 la Argentina viene padeciendo de la sistemática destrucción de la institución familiar. Todo comenzó cuando se aprobó la nefasta ley que le permite divorciarse a dos personas casadas. Antes de la sanción y promulgación de esa catastrófica norma legal, los matrimonios argentinos también se rompían, pero, al no ser dicha ruptura homologada por el Estado, no existía la promoción de la desarticulación familiar: antaño uno se casaba para formar una familia y podía ocurrir que ello fallase, ahora, en cambio, uno se casa para ver si es factible superar el fracaso e intentar a partir de ello formar una familia. Es decir, el divorcio invirtió la planificación familiar: ese acto de ruptura legal del contrato matrimonial trivializa al matrimonio mismo, poniendo al individuo por sobre la pareja, como si casarse fuese un acto que sólo involucra a una persona.

Muchos de los abusos a menores que acontecen hoy en día son producidos por familiares indirectos de las víctimas, o dicho de otro modo muchas veces cuando una mujer se amanceba con su nueva pareja, se lleva consigo a la prole gestada con su anterior hombre, lo que hace que chiquillas y chiquillos queden a la merced de tipejos y tipejas que no sienten la suficiente repugnancia que los salve de someter sexualmente al inocente, ya que, claro, no se trata en realidad de su misma sangre. El polémico caso de una nena violada que abortó a su hijo hace apenas unos pocos meses en Salta nació de ese tipo de unión: un hombre que –invitado a un nuevo hogar por su nueva mujer– se tentó ante la carne más joven.

Otra situación penosa que hoy en día nos parece no sólo de lo más normal sino también de lo más adecuada son las madres solteras. Nadie puede negar que en este país hay una manifiesta intención de proteger y promover la maternidad, lo cual, a primera vista, parece loable; sin embargo esos beneficios recaen indistintamente en mujeres que tienen o que carecen de parejas estables, vale decir en mujeres cuyos hijos e hijas son debidamente protegidos o en mujeres cuyos hijos e hijas son expuestos por ellas mismas a situaciones de riesgo moderado o alto. Ciertamente no estoy sugiriendo que una madre soltera deba ser apartada de la sociedad, pero no sería malo que deje de promocionarse la idea de que la mujer que se encuentra en ese escenario es una suerte de guerrera que se abre camino en el mundo contemporáneo, cuando la realidad nos muestra normalmente a una mujer de la que hay que compadecerse por su fragilidad e infortunio, una mujer que no sólo necesita de ayuda material para sobrellevar un embarazo y la crianza de su descendencia, sino que, principalmente, requiere de sustento espiritual para formar personas que el día de mañana no devengan en escoria social por no haber contado a lo largo de su vida con los modelos y actores familiares adecuados. 

La acción

Tal vez no sea un despropósito pedir que se declare la “Emergencia de Edad”. Con dicho concepto no se esta agregando un nuevo y perverso cabildeo a los muchos existentes, se está proponiendo, de hecho, el fin de los otros cabildeos. Una cruzada por los niños es el arma más poderosa para combatir a toda la piara de perversos, degenerados y cínicos que, de modo egoísta, promueven consignas que significan enormes beneficios para ellos, y gigantescas desgracias para el resto de la sociedad.

Por estos días al Juez Víctor Soria quieren destituirlo porque, simplemente, se negó a autorizar que un niño salteño sea torturado y masacrado impunemente en el vientre de su madre. Si cada vez hay menos voluntad para ayudar a sobrevivir a un indefenso niño al que le faltan unos meses para nacer, ¿qué esperar entonces ante el que ya ha nacido? Creo que sería interesante ver a Soria, que es un Juez de Familia, levantar la bandera para promover la Emergencia de Edad: ello demostraría que su acción no ha sido machista o misógina, sino que lo están persiguiendo por el pecado de proteger a la niñez.  

De todos modos la iniciativa de un solo individuo está condenada al fracaso si no logra contagiar a los demás. Recuerdo al Diputado Nacional (MC) Alfredo Olmedo proponiendo a la castración quirúrgica, a la prisión perpetua y al trabajo obligatorio y a la remuneración a la víctima como instrumentos para combatir las violaciones de adultos y niños en el ámbito intrafamiliar, pero recuerdo también la falta de apoyo y el debate mal conducido que esas batería de ideas tan positivas sufrió en Salta y en el resto del país. Es que el argentino promedio no está acostumbrado a pensar, porque tampoco está acostumbrado a actuar: es cierto que mucha gente sale a las calles cuando la marea ha crecido, pero también es cierto que los niveles de tolerancia al padecimiento en la Argentina son demasiado altos. Aquí se depende demasiado de la voluntad de las autoridades, por lo que muchas cosas se demoran años en producirse debido a que la gente no tiene la costumbre de comprometerse con las causas más nobles y de organizarse para hacerlas avanzar.

Recientemente en España un grupo de jóvenes ideó el “Proyecto Pilla Pilla” que no es más que una iniciativa ciudadana destinada a combatir a la pederastia: lo que estos muchachos hacían era crear perfiles falsos en las redes sociales fingiendo ser menores, y luego los usaban como anzuelos para contactar a adultos que acordaban citas creyendo que iban a poder mantener relaciones sexuales con niños y adolescentes; al llegar al punto de encuentro, los degenerados eran interpelados por los jóvenes, que registraban todo con cámaras de video y usaban ese material para alertar a la población sobre qué clase de vecinos tienen. La idea de ellos era la de ofrecerles a los menores de su patria la posibilidad de gozar de una vida sana y segura, una necesidad básica que al gobierno español (al igual que el gobierno argentino) parece no interesarle satisfacer. 

Probablemente los granos de arena construyan barreras para frenar la inundación que ocasiona el diluvio contemporáneo, pero la solución definitiva es un proceso de largo plazo: hace falta educar, pero no para construir una nueva y miserable civilización como quieren las sinarquías decadentistas que promueven el hembrismo, el abortismo, el aberrosexualismo y demás perversidades, sino educar para que la pureza del corazón vuelva a ser nuestra guía.

Antonella Díaz

El día que Tucumán no pudo ser Estocolmo

Estimado lector,

La novedad de estos días en la vapuleada Tucumán es, como tristemente nos hemos enterado, que la infame Fundación María de los Ángeles recibirá un predio que pertenece al noble Liceo Militar “General Gregorio Aráoz de Lamadrid”. Decenas de niños se verán así privados de un campo de deportes, sólo por el deseo de algunos de ver crecer a un edificio que albergará, según se supone, a un jardín de infantes. Ha sido Agustín Rossi, el mismísimo pelele que oficia de Ministro de Defensa, quien ha avalado el atropello del patrimonio castrense. Al parecer el nefasto gobierno kirchnerista ha empezado a notar que Hebe de Bonafini está perdiendo verborragia, por lo que temen quedarse sin una energúmena que implante culpa a través de la victimización; entonces les urge conseguirle un sustituto a la anciana, y Susana Trimarco cumple cada día mejor ese rol.   

La señora Trimarco ha demostrado tener una lengua esputadora. Sólo es cuestión de acercarle un micrófono y una cámara de filmación para incitarla a que se condene por intermedio de sus palabras. La Nueva Hebe aspira a que la vida impune que le ha facilitado su situación personal y su relación con el poder le dure para siempre. 

La única exigencia que Trimarco tiene para que, cual agraciada jovencita, la consagren Reina Nacional de los Derechos Humanos, es que la maquinaria de fantasmas que opera produzca, cada tanto, un nuevo motivo que la justifique. Es decir, el gran defecto de la versión anterior de Trimarco –me refiero, claro, a la Bonafini– es que los niños desaparecieron de sus casas sólo una vez, y, por más que se los busque (y hasta se los encuentre), su destino es el extravío eterno. La señora de Bonafini es un poderoso símbolo del error irreparable, pues ella no es hacedora de finales felices; por ello su presencia ha ido irritando cada vez más con los años, ya que la paciencia ante una supuesta víctima que se dedica a enmierdar a quien no le agrada se va agotando en el buen ciudadano que la ve vomitar odio constantemente sin que nadie se atreva a acercarle un atiemético para no quedar mal parado ante la opinión pública. Trimarco, en cambio, si puede probar que sus veneno verbal si es tolerable: sólo debe salir a la calle, buscar a una jovencita de vida disoluta, venderle una beca o una jubilación para que deje el oficio más antiguo del mundo el cual eligió ejercer voluntariamente, y convencerla de que siga el guión que le escribieron los creadores de ficción que trabajan en La María de los Ángeles. Ese guión la exhorta a que afirme que no es una meretriz porque no le alcanza para vivir con lo que cobra de los planes sociales, sino que lo es porque fue raptada, violada, torturada y obligada a tener sexo con hombres a cambio de seguir siendo mantenida con vida.

Es cada vez menos la gente que cree que la película que produce Susana Trimarco es real. Pero, aun así, muchos se niegan a contrariar cualquier cosa que ponga en duda su veracidad. Entonces, cada tanto, los propios hechos dejan al descubierto los hilos del titiritero.

En enero, La María de los Ángeles buscaba a una mujercilla que se había ausentado de su hogar. La fémina en cuestión apareció unos días después, contó que había estado secuestrada en un galpón junto a otras ocho de sus pares, y luego borró todas las evidencias que tenía a su alcance y le pidió a la Justicia que no la “revictimice” obligándola a eso tan molesto de tener que colaborar con la investigación. Pues bien, este mes las desventuras de las doncellas buscadas por la ONG de Trimarco tuvieron un final peculiar. Sucede que la princesa en peligro por la que Fundación María de los Ángeles pedía su presencia apareció en Santiago del Estero, pero detenida como cómplice de un robo. Al parecer estaba de novia con un hombre unos veinte años más grande que ella con quien se dedicaba a las artes de la sustracción de lo ajeno. El pobre infeliz tuvo la suerte de caer en Santiago del Estero y no en Tucumán, ya que de haber sido detenido aquí no se hubiese tardado ni un minuto en conocerse lo que, “de verdad”, ocurrió: él es un proxeneta que capturó a la desdentada, le propinó una paliza, la ultrajó, y después la utilizó para cometer un robo; y ella, por su parte, es una desafortunada empleada y estudiante que fue raptada a plena luz del día cuando caminaba por la calle, y que ahora, para sorpresa de todos, padece del síndrome de Estocolmo, ese que la mueve a simpatizar con su perverso corruptor. A Susana Trimarco la aguarda un Premio Nobel de la Paz, y, si no se puede conseguir ello, un Óscar no vendría mal.

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