La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 13 de agosto de 2013

Sin prisiones, sin castigos, sin justicia

Esclavizadores liberados

Alicia es vecina de la ciudad de Tartagal. Ella vive allí, en una pequeña casa, junto a su madre, una hija de 16 años y una nieta de dos meses. Su padre murió de cáncer hace seis años, a su marido lo atropellaron hace cuatro, y su hijo se suicidó hace dos.

Gustavo, el joven que se quitó la vida, era adicto al paco. Por ello Alicia integra ahora un grupo de mujeres conocido como “Madres del Dolor”, que se dedica a trabajar para mantener a niños y adolescentes lejos de la tragedia de las drogas, vale decir que se dedica a trabajar para que ninguna madre tenga que sufrir la pérdida abrupta de un hijo debido a las adicciones. Sin embargo, por más pasión que este grupo le pone a lo que hacen, sus acciones no tienen demasiado éxito.

“Es muy difícil luchar contra la droga, porque ahora se instaló la idea de que los narcos tienen derechos como nosotros”, señala Alicia; y agrega convencida: “pero ellos son asesinos, los derechos son para los que hacen el bien, no para lo que hacen el mal”. Su tono de voz trasluce indignación. “La Gorda Gladys ya está de nuevo en su casa; el marido de ella le vendía paco a mi hijo, lo encerraron a él, y ella retomó el negocio hasta que hicimos que la encierren; pero ahora el Juez la soltó, no sé para qué; ¿quiere el Juez que nuestros chicos sigan muriendo?”

El “Juez” del que Alicia habla es Raúl Reynoso, máxima autoridad del Juzgado Federal de Orán, y la “Gorda Gladys” es una de las 36 personas que el magistrado, para sorpresa de los salteños, liberó recientemente.

La viga en el ojo

La excusa que Reynoso puso para justificar su decisión fue que le correspondía liberar a los detenidos para no contradecir aquellos Tratados Internacionales que bregan por la dignidad de los presos a los cuales Argentina, gracias a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, adhiere automáticamente. El hacinamiento al que estaban sometidos los detenidos, según el Juez, viola la disposición constitucional que exige que las cárceles posean óptimas condiciones de alojamiento. La pequeñez de las celdas, la falta de asistencia médica y las carencias de higiene, de acuerdo a Reynoso, son detalles lo suficientemente relevantes como para poner en libertad a gente detenida por tenencia simple o por venta minorista de estupefacientes.

Los kirchneristas gobernantes no vacilaron en defenestrar a Reynoso. El Gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó estar “totalmente en desacuerdo” con la decisión del Juez, mientras que Martín Martínez, el Secretario de Asuntos Penitenciarios y Políticas Criminales de la provincia de Salta, defendió el fenómeno del hacinamiento dando a entender que en la Argentina no hay una industria de los presidarios como si la hay en EEUU, y por ello aquí es aceptable que haya hasta cuatro detenidos por calabozo en lugar de uno por celda como sucede en el norte del continente. María Inés Diez, la Ministra de Justicia del gabinete de Urtubey, fue un poco más prudente a la hora de hacer declaraciones sobre la situación carcelaria de la provincia, y le recordó al Juez Reynoso que siempre es mejor transferir a un detenido a otra prisión antes que proceder a liberarlo.

El Diputado Nacional Pablo Kosiner del Frente para la Victoria dijo que lo de Reynoso es “un mensaje terrible”, aunque no aclaró hacia quien está dirigido dicho mensaje. Probablemente lo que Kosiner sostenga es que el Juez estaría operando en contra de la política antinarcotráfico del gobierno, quizás para destituirlo o ayudar a destituirlo. Rodolfo Urtubey, en plena campaña electoral, también se sumó a las críticas contra Reynoso asegurando que de haberse producido la reforma judicial que impulsó el oficialismo a principios de este año, el Juez podría ser ahora severamente juzgado por su decisión. Con una declaración de ese tenor, Urtubey dejó en claro que, de entrar al Senado de la Nación, él apoyará automáticamente a la destrucción de la división de los poderes republicanos.

Todo el kirchnerismo salteño se opuso a lo que Reynoso realizó en Orán siguiendo las normativas más elementales de la hoy sacrosanta doctrina jurídica de los Derechos Humanos. Curiosamente ninguno de esa fuerza política opinó nada acerca de las polémicas declaraciones de Claudia Román Rú: esta mujer, Secretaria de Salud Mental y Adicciones de Salta, aseguró con total soltura que los que fuman marihuana “no son adictos”, y hasta se tomó el atrevimiento de equiparar el gravísimo acto del consumo de cannabis con la chiquilinada de robarles cigarrillos a los padres cuando se es niño o adolescente.    

Drogas y narcotráfico

Lo de Román Rú es, cuanto menos, escandaloso, puesto que ocupando el cargo que ocupa es de una irresponsabilidad total decir algo como eso. Tranquilamente se la podría denunciar por violar el artículo 12 de la Ley Nacional 23.737 que castiga con prisión a quienes hacen apología de la droga, porque Román Rú no puede ignorar toda la información científica que demuestra que el uso de marihuana, lejos de ser una travesura, contribuye al desarrollo de enfermedades mentales.

De cualquier manera, más allá de la brutal defensa de la decadencia que hizo Román Rú, hay otra cosa interesante para analizar de su discurso: la distinción que hace entre cuestiones sanitarias y cuestiones judiciales (en concreto, la funcionaria dijo que al consumo de marihuana no hay que abordarlo como un problema penal sino como uno de salud).

En efecto, las drogas y el narcotráfico son dos cosas distintas. Cuando se habla de drogas se está hablando, en realidad, de una problemática sanitaria, a la que se la puede combatir con leyes que dejen en claro que el consumidor que se torna adicto es un disminuido mental que debe ser tratado como tal (todo lo contrario a como se lo está tratando hoy en día gracias a las reforma kirchnerista de la legislación sobre salud mental). En cambio cuando se habla de narcotráfico se está planteando un conflicto político que involucra a un grupo de delincuentes que se organizan burocráticamente –como una compañía– y territorialmente –como un Estado.

A los narcos, aquí en Argentina, los tratan no como a miembros de organizaciones transnacionales o sinarquías invisibles sino como a meros “traficantes de drogas”. Es decir, no se ve en el narco a un competidor del poder político con una enorme capacidad de corromper a miembros de las fuerzas de seguridad, de la aduana y de los juzgados, sino que, por el contrario, se lo percibe como a un comerciante que opta por alimentar un negocio por ahora ilegal. Por eso el verdadero problema que genera el narcotráfico se minimiza hasta invisibilizarse.

Tener el cuerpo (aún cuando es el del delito)

A Reynoso, en el fondo, se lo acusa de tener la mano blanda con el hampa. Empero ello no es tanto un tema de su estilo judicial como de su situación. Quiero decir, en todos estos  años en los que Reynoso ha estado al frente del Juzgado Federal de Orán, en él no ha sido característico el trato complaciente hacia los delincuentes. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar los modos en los que habitualmente se desempeña? La respuesta a esa pregunta proviene del dedehachehachismo que, día a día, gana cada vez más espacio en nuestro país. Actualmente el nefasto dedehachehachismo tiene el poder suficiente como para imposibilitar la efectivización de la justicia en Argentina debido a que muchos jueces, temerosos de perder sus posiciones, ceden ante las presiones de la “corrección política”.

Benjamín Solá es un abogado salteño que ha sabido sacar provecho del dedehachehachismo. Recientemente este personaje recorrió Tartagal denunciando que las comisarías de la ciudad no tienen buena ventilación, ni espacios de recreamiento, ni buena distribución de agua potable, lo que las deja muy alejadas del cuarto del Sheraton en el cual Solá espera que los detenidos pasen sus días. Como corolario de su excursión por el norte, Solá presentó un buen número de habeas corpora para que sean puestas en libertad (aunque no exoneradas) todas las personas cuyas imputaciones revestían, según su opinión, escasa peligrosidad. Entonces Reynoso le hizo caso, y firmó la autorización para que los procesados sean liberados.    

La Fiscalía Federal de Orán ya apeló la medida. Pero es probable que la maniobra no prospere, porque hoy en día la Justicia argentina –por órdenes que bajan desde el Poder Ejecutivo nacional– espera que los jueces obren como obró Reynoso. Es que Argentina sufre de una ola abusiva de habeas corpus, un artilugio legal que proviene de la tradición del derecho anglosajón que, con su filosofía utilitarista, está colonizando al derecho nacional. Y, lamentablemente, no existe aún la reglamentación necesaria para controlar la situación (y, por lo que se ve, no existirá prontamente tampoco).

Narcopoderes  

La Gorda Gladys está de vuelta en el barrio en el que vive. Está igual que siempre. No lleva ni siquiera una pulsera en su tobillo para ser monitoreada por las autoridades. Es que todos los de la zona de Tartagal en la que vive la conocen: saben que ella vende paco. Incluso los policías. Pero nadie sabe exactamente qué hacer.

Muchos vecinos señalan que la Gorda Gladys, cada vez que hay elecciones, camina por el barrio acompañando a los enviados del Frente para la Victoria. También en esos días en los que se vota suele pararse en las cercanías de las escuelas, desde donde ayuda a coordinar la entrega de sobres cerrados con una boleta adentro a cambio de una bolsa con alimentos o con “golosinas”.

Todos en Tartagal saben de las actividades de la Gorda Gladys, del mismo modo en que todos en Joaquín V. González saben que Luís Arturo Cifre es un delincuente. A Cifre, los gonzaleños lo votaron para envestirlo como concejal de la ciudad. En 2011 su rostro estaba en muchos de los muros de la ciudad, sonriendo con una sonrisa triunfadora. Sin embargo Cifre dejó de sonreír cuando el propio Raúl Reynoso pidió su detención: es que el concejal tenía una enorme cantidad de cocaína en los galpones de su propiedad en donde acopiaba carbón que exportaba a Europa.

Cifre, tras 21 meses de detención, fue puesto en libertad finalmente a mediados de julio gracias a un habeas corpus. Ahora el narcoconcejal ya no duerme en la celda, pero sigue estando procesado. La estadía de este sujeto en prisión empezó como un calvario, siendo obligado a dormir en colchones sobre el piso y a padecer de los síntomas del estrés que cualquiera en una situación similar padecería. Pero, con el tiempo, se fue acostumbrando, puso televisión en la celda, algunos muebles aquí, algunos adornos allá, y aquel que pedía el voto para Juan Manuel Urtubey y Cristina Kirchner pasó a ser un Pablo Escobar cualquiera.

A Cifre lo sacó de la cárcel un habeas corpus, del mismo modo que el mismo artilugio legal sacó de la cárcel a Néstor Omar Brzezisnki (un hombre que fue candidato a Intendente de Hipólito Yrigoyen por la lista kirchnerista de Walter Wayar, y al que atraparon con 50 kilos de cocaína en su domicilio) y a Ulises Guillermo Durán (un funcionario de la Municipalidad de Salta que alquilaba una casa en San Lorenzo en la que encontraron media centena de plantines de marihuana).

El Juez Reynoso apuntó que su juzgado maneja la abultadísima cifra de 20.000 causas penales. Y el Juez señaló también que hay cerca de 200 detenidos vinculados a esas causas, o sea algo así como el 1% del total de encauzados. A la lentitud en la lucha contra el narcotráfico parece acompañarla la falta de seriedad.

En otros países pesa la pena de muerte para los culpables de actos de narcotráfico. Y en la lista de esos países no sólo está China, Corea del Norte, Cuba, Zimbabwe, Indonesia, Singapur, Malasia, Irán o Siria, es decir países bajo regímenes islámicos o comunistas, sino también EEUU, país tan demócrata como el nuestro que quizás podrá tener a algún Cifre –aunque más sofisticado– pero que difícilmente engendre a su propia Gorda Gladys.     




Pablo Ulises Soria

1 comentario:

  1. Ulises Guillermo Durán, una vez que lo dejaron libre huyó para Córdoba junto a su madre. Ahora ayuda a su hermano Alexis Werner Durán a realizar usurpaciones para turbios emprendimientos inmobiliarios. Alexis se hace pasar como abogado pero descubrimos que nunca terminó de estudiar.

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