Postales de la narcolonización del NOA

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A Pastor Humberto Maurín lo detuvo la policía a principios de enero de este año por comercializar paco en Villa Juanita, un barrio marginal de la ciudad de Salta. El lunes pasado Maurín –conocido popularmente por el apodo de “Vaca Mala” que obtuvo en sus años como boxeador profesional– fue juzgado y condenado a pasar los próximos cuatro años en prisión. Lo destacable de este caso es que se trató de la primera causa por narcocomercio que resolvió la Justicia de la provincia de Salta, ya que dicha atribución correspondía anteriormente a los juzgados federales.

Salta adhirió a la Ley 26.052 en julio de 2013. Dicha ley modifica a la 23.737 –otra famosa norma conocida como la Ley Nacional de Estupefacientes– estableciendo que los cuerpos judiciales provinciales pueden emitir sentencia en los casos de “narcomenudeo”, o sea en los casos en que una persona le entrega droga a otra en una dosis destinada directamente para el consumo. En su momento, tras ser aprobada la adhesión, el Diputado Provincial Javier David del Frente Salteño se mostró escéptico ante los supuestos beneficios que promueve la ley, señalando que la provincia no contaba con la infraestructura necesaria para combatir al microtráfico de drogas. Sin embargo, varios meses después, el Juez Federal Raúl Reynoso elogió la nueva medida adoptada, asegurando que ello generará un gran alivio en su tarea (la actitud de Reynoso quizás se explique recordando que el año pasado fue duramente criticado tras haber liberado a una treintena de microtraficantes para no ser acusado después de haber negado los recursos de habeas corpus).

Eduardo Sylvester y Pamela Calletti, ministros de Gobierno y de Justicia de Salta respectivamente, manifestaron su satisfacción ante la condena de Maurín, sugiriendo que ella es la primera de muchas. No obstante suena un tanto ridículo que un par de funcionarios festejen que un puntero vaya a prisión por orden de la Justicia provincial cuando es muy probable que, de haber caído en la órbita de la Justicia federal, al delincuente le hubiese sucedido lo mismo. Encarcelar gente es la última acción en la lucha contra el narcotráfico; ante lo que los funcionarios de una provincia limítrofe deberían celebrar es en el haber conseguido que el gobierno nacional tape los enormes agujeros fronterizos que el delito utiliza para crecer.

Ahora bien, mientras la provincia de Salta ya puso en marcha lo que la Ley 26.052 dispone, la provincia de Tucumán recién este mes ha decidido adherir a dicha norma. La movida ha generado numerosas críticas. Quien mejor las expone es el periodista Álvaro Aurane de La Gaceta: según este escriba, los políticos tucumanos han acatado la ley pero no han planificado absolutamente nada sobre cómo hacerla operativa. Es decir, hoy en día, la Justicia tucumana padece de una escasez de fiscales, lo que hace que sólo el 10% de las causas penales promovidas anualmente sean resueltas; a eso se le suma que la provincia carece de un equipo policial destinado a combatir el narcotráfico y tampoco posee centros de rehabilitación para atender a los consumidores detenidos. Aun así los legisladores provinciales han optado por obligar al Estado tucumano a emprender una lucha intensa y desgastante.

Aurane subraya además que no son claros los motivos del Gobernador Alperovich para ordenarle a su tropa parlamentaria que marque este nuevo rumbo. En principio se supone que la adhesión a la Ley 26.052 inyectaría importantes cantidades de dinero de la Nación en la provincia para financiar la infraestructura policial, judicial y penitenciara que debe de crearse (y no hay que olvidar que, junto a la insuficiencia judicial y a la insolvencia policial, el actual déficit penitenciario tucumano es gigantesco); empero otros distritos que ya transitaron el camino de Tucumán han asegurado que el gobierno nacional lo que menos ha hecho ha sido girar fondos para atender ese asunto. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo? Según Aurane todo se trata de obsecuencia: la Casa Rosada quiere compartir el penoso fracaso en su lucha contra el crecimiento del narcotráfico y contra el avance de la cultura de las drogas, por lo que deposita un problema en las provincias leales que, en realidad, es enteramente su responsabilidad.

Los miembros del Poder Judicial tucumano reaccionaron de manera distinta ante la nueva iniciativa contra el narcotráfico. El Camarista Federal Ricardo Sanjuán manifestó su apoyo a la idea ya que supone que ello ayudará a descomprimir su labor, en tanto que el Fiscal Federal Gustavo Gómez sostuvo que se está creando un problema muy grave al divorciar la tarea nacional de la provincial a la hora de combatir al tráfico de drogas (cabe aclarar que Sanjuán y Gómez son algo así como rivales, debido a que uno y otro han demostrado cultivar posiciones muy divergentes a la hora de abordar asuntos judiciales relacionados al daño del medio ambiente).

Ante las críticas, José Alperovich indicó que la nueva normativa se encuentra en periodo de pruebas, y agregó que tras analizar la evolución de su efectivización durante el año (léase tras medir cuánto rédito político puede llegar a obtener él al dar la sensación de estar combatiendo a los narcos mientras se cierran kioscos y se encierra a punteros) decidirá aplicarla en 2015 o prorrogarla hasta quien sabe cuando.  

La guerra contra la Hidra

En Jujuy, a diferencia de Salta y Tucumán, la adhesión a la Ley 26.052 todavía es un proyecto en ciernes. Lo curioso de esa provincia es que las propuestas para imitar a sus vecinas provienen no del oficialismo, sino de la oposición, ya que ha sido el Diputado Provincial Pablo Baca de la UCR quien más ha presionado para que Jujuy asuma su rol judicial y policial en la lucha contra el narcomenudeo.

Baca, por supuesto, busca que el Poder Judicial se amplíe y que la Policía Provincial se especialice, para que de ese modo la persecución contra los criminales sea eficaz. De todos modos las buenas intenciones de individuos como el citado parlamentario poco pueden hacer contra las duras críticas que han emitido algunos expertos en la lucha contra el delito.

Básicamente lo que muchos hacen es recordar que la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir a la Ley 26.052 y desde entonces el narcotráfico no ha parado de crecer en aquel territorio. Al principio, la Policía bonaerense se lucía deteniendo a los punteros, pero ello sólo logró que el narcokiosco fuese sustituido por el narcodelivery. Así, hoy en día se ven ir y venir a cientos de jóvenes en motocicletas a toda hora; cuando se los detiene, debido a la escasa cantidad de droga que llevan consigo, son candidatos ideales para que los jueces los califiquen de “consumidores” y en cuestión de semanas estén nuevamente en las calles. Por ello querer combatir al narcotráfico de ese modo es como querer derrotar a la Hidra cortándole las cabezas.

La evidencia que muchos se resisten a ver

Más allá de las críticas de los expertos, es comprensible que los gobiernos de Salta o Tucumán busquen dar algún tipo de respuesta a una tragedia que cada día se vuelve más visible. Porque el consumo de drogas no para de crecer en la Argentina, afectando tanto a los ricos como a los pobres, destruyendo familias e incrementando los niveles de violencia cotidiana. Hay barrios donde todo el mundo puede señalar quienes son los que venden droga y a quienes se la venden, pero poco se hace en contra de esos personajes.

Salta es un buen ejemplo de lo que es la narcolonización contemporánea. Recientemente el Fiscal Federal José Luís Bruno estimó que cerca del 80% de las causas por narcotráfico en Salta están radicadas en el norte provincial, lo que ilustra lo terrorífica y decadente que es el área fronteriza en nuestro país. Sin embargo esa situación no es exclusiva del olvidado norte salteño: en el sureste de la mismísima ciudad de Salta, concretamente en los barrios Ceferino y 20 de Junio, una ONG alertó que 8 de cada 10 menores de edad están peligrosamente vinculados a la droga. De allí que el caso de un adolescente en Metán detenido con una gran cantidad de cigarros de marihuana listos para vender en la escuela a la que asiste no resulte tan escandaloso como debiera de serlo.

Una de las cosas más tristes de este asunto, es que los responsables más visibles de este escenario no tienen ni un gramo de vergüenza. Un ejemplo de ello es Claudia Román Ru, la actual Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia de Salta. A su repartición, la Sindicatura General de la Provincia le hizo una auditoría que resultó lapidaria: varios millones de pesos llegan anualmente a la Secretaría, pero es notoria la ausencia de acciones estratégicas destinadas a ayudar a las personas adictas, ya que la falta de protocolos específicos y la pobrísima gestión de la información recabada sobre el tema hace que quede en evidencia la grotesca improvisación que debe tolerar una persona a la que la droga le está consumiendo la vida en Salta. Gustavo Farquharson, el antecesor de Román Ru en el puesto de Secretario, sostuvo que el creciente caos en materia de recuperación de adictos es culpa de la incompetencia de la actual responsable en el área. Román Ru –la aludida por Farquharson– prefirió contestar a las críticas que le hicieron desviando la discusión hacia otro lado, destacando que es urgente que Argentina avance hacia la legalización de la marihuana para desestigmatizar a las víctimas de la adicción y colocarse a la par de los países más “progresistas” de la región.

La droga, evidentemente, circula por el NOA con pocas restricciones. Si es cocaína entra a través de Bolivia y si es marihuana lo hace a través de Paraguay (aunque no siempre es así), e inicia su periplo hasta Buenos Aires, dejando rastros en todo el país. Normalmente la droga, al momento de ingresar, ha sido previamente procesada en Bolivia, Perú, Paraguay u otro país, pero en otras ocasiones a las plantas las convierten en el producto listo para el consumo aquí mismo. El Secretario de Seguridad de la Nación, el médico Sergio Berni, generó una polémica al contradecir al Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, quien había declarado que Argentina era un país productor de estupefacientes. Berni, para evitar el blanqueamiento sincericida, señaló que para producir droga es necesario permitir los cultivos de coca, cáñamo u otras plantas que, en nuestro país, están prohibidos. El Juez Reynoso, asombrado ante esas declaraciones, le recordó a Berni que ambos habían visitado hace no mucho un laboratorio clandestino hallado en el Chaco salteño en donde se acopiaba coca y se elaboraba cocaína. El Comisario Marcelo Lami, Jefe de la Policía de Salta, intentó desautorizar a Reynoso, apuntando que él, que es el responsable de controlar el territorio provincial, en todos sus años de servicio jamás había oído sobre la existencia de ese tipo de establecimientos, intentando con ello demostrar que la experiencia personal del propio Juez no sirve para ensuciar al país de la “década ganada”.   

La cruz sobrecargada

El tópico de la narocolonización que sufre la Argentina llegó al debate público hace unas semanas, después de que la violencia propia del mundo de las drogas golpease con todo su horror en los bosques de Palermo. Tuvo que ser asesinado alevosamente un delincuente colombiano en los jardines de la Metrópolis para que la prensa comience a parlotear seriamente acerca de algo que en lugares como Salvador Mazza se vive a diario y desde hace bastante.

La Iglesia Católica había intentado instalar el tema el año pasado. En noviembre último, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que manifestaban su preocupación por el sólido matrimonio que existe entre la corrupción y el narcotráfico, lo que provoca que la muerte impere allí en donde debería de triunfar la vida. El texto generó incomodidad en el gobierno nacional, que, acto seguido, ideó una salida que creyeron brillante: designar a Juan Carlos Molina, un sacerdote católico, al frente del SEDRONAR, un organismo estatal dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de lucha contra la drogadicción.

Unos meses antes, en julio, el propio Papa Francisco había repudiado a los mercaderes de la muerte, dejando en claro que la liberalización de las drogas le parece aberrante. Sin embargo la interpretación del mensaje papal que hicieron los políticos argentinos es diferente: ninguno comenzó una campaña para intentar detener el cabildeo drogón que llevan a cabo Aníbal Fernández, Victoria Donda, Eugenio Zaffaroni y personajes de esa calaña, y si, por el contrario, aprovecharon el asunto para utilizarlo como una oportuna plataforma para intentar llegar hasta el Papa (y hasta la gente que escucha más lo que proviene desde el Vaticano que lo que se dice desde aquí).  

Quien ha explotado oportunistamente a la preocupación de la Iglesia Católica por el combate contra la esclavitud de las drogas ha sido Miguel Isa, actual Intendente de Salta y autoproclamado candidato a gobernador de su provincia para 2015. Isa ha apostado a contratar a José Di Paola, un supuesto “cura villero” de buena relación con el Papa Francisco, para que organice acciones contra el consumo de drogas y el narcotráfico que han demostrado ser tan vistosas como ineficaces.

De cualquier modo hay sacerdotes que no callan lo que es obvio: su rol ante las drogas es limitado, ya que la Iglesia Católica no es una agencia especializada en seguridad y salud; son los políticos, los jueces, los gendarmes y los policías los que deberían presentar la batalla contra los males del mundo.

El Partido Narco

La política argentina parece estar invadida por sujetos peligrosamente cercanos al mundo de las drogas. Salta es pródiga en ejemplos. El caso más reciente es el de Héctor D’Auria, pero antes de él están Federico Parra, Ulises Durán y Arturo Cifre (y el recuento que hago abarca solamente los últimos tres años). A quien se sindica como el pionero de la narcopolítica salteña es a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de la provincia y actual senador nacional en segundo término. La Diputada Nacional Elisa Carrió apuntó contra el caudillo afirmando que el referente salteño de Massa y Macri heredó de su padre el puesto de organizador de una importante red de narcotráfico. 

Pero Carrió no se limitó a señalar a Salta como sede del narconegocio en la Argentina, también indicó que Santiago del Estero se ha convertido en un lugar desde donde se facilita el ingreso, la producción y la distribución de drogas. Quizás Carrió aludía a todo lo que rodea a Humberto Salim, el Intendente de Frías sospechado de tener vínculos con los narcotraficantes, pero tal vez lo que la parlamentaria intentaba era golpear un poco más arriba en la jerarquía de poder de esa provincia.

Otra dirigente de peso que alertó sobre la importancia del NOA en la circulación de la droga en la Argentina fue la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. Lo que la lideresa del GEN dijo es que mientras se intenta instalar que Santa Fe es la base de operaciones de los narcos en la Argentina, se olvida de que Tucumán hace una contribución enorme en el asunto. Algo de razón tiene la congresista, ya que si bien en esa provincia no se multiplican los casos de narcofuncionarios como sucede en la vecina Salta, no faltan sospechas sobre lo que realmente hacen los hombre del poder.

Los hermanos Orellana son el blanco predilecto de dichas sospechas. Este mes Sergio Massa visitó el Jardín de la República para iniciar la construcción de una base provincial para el Frente Renovador. Durante su estadía en Tucumán, el Diputado Nacional visitó Famaillá, el feudo gobernado por los Orellana. Antes de concretar la visita, el mismo entorno de Massa le sugirió que no aceptase la invitación, pero el bonaerense no hizo caso. Unos días después al mismo intendente que recibió al líder opositor un grupo de concejales famaillenses lo acusaron de ser la versión local de Pablo Escobar.

Es fácil pensar que la acusación contra los Orellana son meras chicanas politiqueras, pero no hay que olvidar que los hoy convencidos massistas fueron fervientes kirchneristas hasta hace poco, lo que hace pensar que el narcotráfico en Tucumán no está ligado a los opositores únicamente.

Para contrabalancear políticamente la acusación de narcopolíticos que les han hecho a los Orellana, basta con recordar que uno de los hijos de Alperovich, el mes pasado, fue señalado por Juan Suris de ser una suerte de cómplice. Suris es un sujeto acusado no sólo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y tráfico de personas, que saltó a la fama cuando fue detenido en el departamento de su novia, la vedette uruguaya Mónica Farro. Más tarde varias escuchas telefónicas al tal Suris se dieron a conocer, y allí afloró la referencia a uno de los vástagos del gobernador tucumano. Por supuesto que el clan hebreo negó toda relación con el imputado y preparó una coartada tan inverosímil como válida para una Justicia corrupta como la nuestra.

Pero si hay alguien emblemático en lo de multiplicar sospechas en Tucumán por sugerir la existencia de un narcopoder ese es Pedro Hugo Balceda. Balceda es un hombre del PJ que ahora es líder de Cambio Moral, un partido provincial cercano a la UCR. En 2009, mientras oficiaba de legislador provincial por su anterior partido, declaró ante la prensa que había una connivencia entre narcotraficantes y autoridades estatales en Tucumán. Al poco tiempo se desdijo y luego su carrera política se vio trunca. Hoy en día Balceda se ha vuelto un paladín en la lucha contra las drogas, y hasta ha llegado a exigir que tantos los políticos como los policías presenten rinoscopías para que la ciudadanía conozca más sobre sus aficiones e intereses. Su interesante propuesta, pese a tener el positivo antecedente de Chubut, ha sido categóricamente ignorada.   

Ángela Micaela Palomo

La cruzada por los niños

Lo obvio que no se muestra

En noviembre de 2012, en El Defensor del Norte Argentino se publicó un artículo titulado “La pedocriminalidad en Salta”, el cual abordaba la problemática del abuso sexual que han padecido los niños salteños en los últimos tiempos. Recientemente el portal Iruya.com ha subido un texto que versa sobre lo mismo. La diferencia es que en este texto se parte desde el final del asunto. Es decir, mientras que en nuestro blog nosotros mencionamos casos policíacos para señalar que algo siniestro amenaza a Salta, en el otro portal llaman la atención sobre la enorme cantidad de sentencias judiciales que, mensualmente, emiten los juzgados salteños con el propósito de condenar a hombres adultos que han abusado de menores de las edades más diversas. La diferencia de enfoques, quizás, es significativa: en tanto que nosotros tratamos de retratar al delito desde su concepción y en ambientes extrafamiliares, ellos se limitan a horrorizarse cuando la justicia ya ha sido servida para castigar los crímenes cometidos en espacios intrafamiliares.

De todos modos no deja de ser bienintencionado el mentado artículo de Iruya.com. El mismo señala que los jueces obran casi con indiferencia ante esta realidad aberrante, ya que se limitan a dictar sentencia y, sólo en ocasiones especiales, agregan algún tipo de recomendación como que el condenado, además de ir a prisión, sea sometido a un tratamiento para acabar con su adicción al alcohol o a las drogas. Según el autor del texto, mientras que desde su puesto muchos jueces han exhortado al gobierno provincial a que actúe con mayor ahínco y profundidad frente a otras cuestiones (como en el caso de la violencia en contra de la mujer o de la eliminación de lo religioso en las escuelas públicas), prácticamente no hay juez alguno que haya hecho lo mismo con respecto al asunto del abuso a menores de edad.

Décadas de decadencia

Optar por los niños equivale a enfrentarse a los cabildeos de feministas, abortistas, drogones o causas de esa índole. ¿Cómo se le puede exigir al gobierno que proteja a una niña de su padre, padrastro, tío, abuelo o vecino adicto, si al mismo tiempo el gobierno le está facilitando el cultivo de sus adicciones al depravado? ¿Cómo trabajar para evitar que un niño sea violado por un adulto, si a esos enfermos que los violan hasta les permiten casarse y adoptarlos como hijos?

El gobierno ha trazado una línea en relación a la niñez y ha escogido de qué lugar quiere estar. En este caso ni siquiera tratan de ser ambiguos, ya que entienden a la familia como una enemiga de los proyectos del espíritu del presente.

Desde 1987 la Argentina viene padeciendo de la sistemática destrucción de la institución familiar. Todo comenzó cuando se aprobó la nefasta ley que le permite divorciarse a dos personas casadas. Antes de la sanción y promulgación de esa catastrófica norma legal, los matrimonios argentinos también se rompían, pero, al no ser dicha ruptura homologada por el Estado, no existía la promoción de la desarticulación familiar: antaño uno se casaba para formar una familia y podía ocurrir que ello fallase, ahora, en cambio, uno se casa para ver si es factible superar el fracaso e intentar a partir de ello formar una familia. Es decir, el divorcio invirtió la planificación familiar: ese acto de ruptura legal del contrato matrimonial trivializa al matrimonio mismo, poniendo al individuo por sobre la pareja, como si casarse fuese un acto que sólo involucra a una persona.

Muchos de los abusos a menores que acontecen hoy en día son producidos por familiares indirectos de las víctimas, o dicho de otro modo muchas veces cuando una mujer se amanceba con su nueva pareja, se lleva consigo a la prole gestada con su anterior hombre, lo que hace que chiquillas y chiquillos queden a la merced de tipejos y tipejas que no sienten la suficiente repugnancia que los salve de someter sexualmente al inocente, ya que, claro, no se trata en realidad de su misma sangre. El polémico caso de una nena violada que abortó a su hijo hace apenas unos pocos meses en Salta nació de ese tipo de unión: un hombre que –invitado a un nuevo hogar por su nueva mujer– se tentó ante la carne más joven.

Otra situación penosa que hoy en día nos parece no sólo de lo más normal sino también de lo más adecuada son las madres solteras. Nadie puede negar que en este país hay una manifiesta intención de proteger y promover la maternidad, lo cual, a primera vista, parece loable; sin embargo esos beneficios recaen indistintamente en mujeres que tienen o que carecen de parejas estables, vale decir en mujeres cuyos hijos e hijas son debidamente protegidos o en mujeres cuyos hijos e hijas son expuestos por ellas mismas a situaciones de riesgo moderado o alto. Ciertamente no estoy sugiriendo que una madre soltera deba ser apartada de la sociedad, pero no sería malo que deje de promocionarse la idea de que la mujer que se encuentra en ese escenario es una suerte de guerrera que se abre camino en el mundo contemporáneo, cuando la realidad nos muestra normalmente a una mujer de la que hay que compadecerse por su fragilidad e infortunio, una mujer que no sólo necesita de ayuda material para sobrellevar un embarazo y la crianza de su descendencia, sino que, principalmente, requiere de sustento espiritual para formar personas que el día de mañana no devengan en escoria social por no haber contado a lo largo de su vida con los modelos y actores familiares adecuados. 

La acción

Tal vez no sea un despropósito pedir que se declare la “Emergencia de Edad”. Con dicho concepto no se esta agregando un nuevo y perverso cabildeo a los muchos existentes, se está proponiendo, de hecho, el fin de los otros cabildeos. Una cruzada por los niños es el arma más poderosa para combatir a toda la piara de perversos, degenerados y cínicos que, de modo egoísta, promueven consignas que significan enormes beneficios para ellos, y gigantescas desgracias para el resto de la sociedad.

Por estos días al Juez Víctor Soria quieren destituirlo porque, simplemente, se negó a autorizar que un niño salteño sea torturado y masacrado impunemente en el vientre de su madre. Si cada vez hay menos voluntad para ayudar a sobrevivir a un indefenso niño al que le faltan unos meses para nacer, ¿qué esperar entonces ante el que ya ha nacido? Creo que sería interesante ver a Soria, que es un Juez de Familia, levantar la bandera para promover la Emergencia de Edad: ello demostraría que su acción no ha sido machista o misógina, sino que lo están persiguiendo por el pecado de proteger a la niñez.  

De todos modos la iniciativa de un solo individuo está condenada al fracaso si no logra contagiar a los demás. Recuerdo al Diputado Nacional (MC) Alfredo Olmedo proponiendo a la castración quirúrgica, a la prisión perpetua y al trabajo obligatorio y a la remuneración a la víctima como instrumentos para combatir las violaciones de adultos y niños en el ámbito intrafamiliar, pero recuerdo también la falta de apoyo y el debate mal conducido que esas batería de ideas tan positivas sufrió en Salta y en el resto del país. Es que el argentino promedio no está acostumbrado a pensar, porque tampoco está acostumbrado a actuar: es cierto que mucha gente sale a las calles cuando la marea ha crecido, pero también es cierto que los niveles de tolerancia al padecimiento en la Argentina son demasiado altos. Aquí se depende demasiado de la voluntad de las autoridades, por lo que muchas cosas se demoran años en producirse debido a que la gente no tiene la costumbre de comprometerse con las causas más nobles y de organizarse para hacerlas avanzar.

Recientemente en España un grupo de jóvenes ideó el “Proyecto Pilla Pilla” que no es más que una iniciativa ciudadana destinada a combatir a la pederastia: lo que estos muchachos hacían era crear perfiles falsos en las redes sociales fingiendo ser menores, y luego los usaban como anzuelos para contactar a adultos que acordaban citas creyendo que iban a poder mantener relaciones sexuales con niños y adolescentes; al llegar al punto de encuentro, los degenerados eran interpelados por los jóvenes, que registraban todo con cámaras de video y usaban ese material para alertar a la población sobre qué clase de vecinos tienen. La idea de ellos era la de ofrecerles a los menores de su patria la posibilidad de gozar de una vida sana y segura, una necesidad básica que al gobierno español (al igual que el gobierno argentino) parece no interesarle satisfacer. 

Probablemente los granos de arena construyan barreras para frenar la inundación que ocasiona el diluvio contemporáneo, pero la solución definitiva es un proceso de largo plazo: hace falta educar, pero no para construir una nueva y miserable civilización como quieren las sinarquías decadentistas que promueven el hembrismo, el abortismo, el aberrosexualismo y demás perversidades, sino educar para que la pureza del corazón vuelva a ser nuestra guía.

Antonella Díaz

El día que Tucumán no pudo ser Estocolmo

Estimado lector,

La novedad de estos días en la vapuleada Tucumán es, como tristemente nos hemos enterado, que la infame Fundación María de los Ángeles recibirá un predio que pertenece al noble Liceo Militar “General Gregorio Aráoz de Lamadrid”. Decenas de niños se verán así privados de un campo de deportes, sólo por el deseo de algunos de ver crecer a un edificio que albergará, según se supone, a un jardín de infantes. Ha sido Agustín Rossi, el mismísimo pelele que oficia de Ministro de Defensa, quien ha avalado el atropello del patrimonio castrense. Al parecer el nefasto gobierno kirchnerista ha empezado a notar que Hebe de Bonafini está perdiendo verborragia, por lo que temen quedarse sin una energúmena que implante culpa a través de la victimización; entonces les urge conseguirle un sustituto a la anciana, y Susana Trimarco cumple cada día mejor ese rol.   

La señora Trimarco ha demostrado tener una lengua esputadora. Sólo es cuestión de acercarle un micrófono y una cámara de filmación para incitarla a que se condene por intermedio de sus palabras. La Nueva Hebe aspira a que la vida impune que le ha facilitado su situación personal y su relación con el poder le dure para siempre. 

La única exigencia que Trimarco tiene para que, cual agraciada jovencita, la consagren Reina Nacional de los Derechos Humanos, es que la maquinaria de fantasmas que opera produzca, cada tanto, un nuevo motivo que la justifique. Es decir, el gran defecto de la versión anterior de Trimarco –me refiero, claro, a la Bonafini– es que los niños desaparecieron de sus casas sólo una vez, y, por más que se los busque (y hasta se los encuentre), su destino es el extravío eterno. La señora de Bonafini es un poderoso símbolo del error irreparable, pues ella no es hacedora de finales felices; por ello su presencia ha ido irritando cada vez más con los años, ya que la paciencia ante una supuesta víctima que se dedica a enmierdar a quien no le agrada se va agotando en el buen ciudadano que la ve vomitar odio constantemente sin que nadie se atreva a acercarle un atiemético para no quedar mal parado ante la opinión pública. Trimarco, en cambio, si puede probar que sus veneno verbal si es tolerable: sólo debe salir a la calle, buscar a una jovencita de vida disoluta, venderle una beca o una jubilación para que deje el oficio más antiguo del mundo el cual eligió ejercer voluntariamente, y convencerla de que siga el guión que le escribieron los creadores de ficción que trabajan en La María de los Ángeles. Ese guión la exhorta a que afirme que no es una meretriz porque no le alcanza para vivir con lo que cobra de los planes sociales, sino que lo es porque fue raptada, violada, torturada y obligada a tener sexo con hombres a cambio de seguir siendo mantenida con vida.

Es cada vez menos la gente que cree que la película que produce Susana Trimarco es real. Pero, aun así, muchos se niegan a contrariar cualquier cosa que ponga en duda su veracidad. Entonces, cada tanto, los propios hechos dejan al descubierto los hilos del titiritero.

En enero, La María de los Ángeles buscaba a una mujercilla que se había ausentado de su hogar. La fémina en cuestión apareció unos días después, contó que había estado secuestrada en un galpón junto a otras ocho de sus pares, y luego borró todas las evidencias que tenía a su alcance y le pidió a la Justicia que no la “revictimice” obligándola a eso tan molesto de tener que colaborar con la investigación. Pues bien, este mes las desventuras de las doncellas buscadas por la ONG de Trimarco tuvieron un final peculiar. Sucede que la princesa en peligro por la que Fundación María de los Ángeles pedía su presencia apareció en Santiago del Estero, pero detenida como cómplice de un robo. Al parecer estaba de novia con un hombre unos veinte años más grande que ella con quien se dedicaba a las artes de la sustracción de lo ajeno. El pobre infeliz tuvo la suerte de caer en Santiago del Estero y no en Tucumán, ya que de haber sido detenido aquí no se hubiese tardado ni un minuto en conocerse lo que, “de verdad”, ocurrió: él es un proxeneta que capturó a la desdentada, le propinó una paliza, la ultrajó, y después la utilizó para cometer un robo; y ella, por su parte, es una desafortunada empleada y estudiante que fue raptada a plena luz del día cuando caminaba por la calle, y que ahora, para sorpresa de todos, padece del síndrome de Estocolmo, ese que la mueve a simpatizar con su perverso corruptor. A Susana Trimarco la aguarda un Premio Nobel de la Paz, y, si no se puede conseguir ello, un Óscar no vendría mal.

FUENTE:

La Cuestión Boliviana

La fiebre del uranio

Hace veinte días atrás escribí un artículo sobre el actual conflicto limítrofe que enfrenta a la Argentina contra Bolivia en el departamento de Santa Victoria, provincia de Salta. Para redactar aquel texto lo que hice fue revisar en la prensa boliviana la información relativa a Tarija. Así descubrí que Willy Gareca –un caudillo militar tarijeño– reclama desde hace años que Argentina le devuelva unos 600 kilómetros cuadrados a Bolivia, los cuales, según su opinión, nuestro país se los habría sustraído al suyo de manera arbitraria. Curiosamente, la información difundida por El Tribuno señalaba que el gobierno boliviano habría anexado 600 kilómetros cuadrados de Santa Victoria. Entonces subrayé que las cifras no parecían azarosas.

Ahora la información sobre el asunto se está multiplicando. Lo penoso es que sólo El Tribuno trabaja en el asunto. El resto de la prensa adicta o/y mercenaria prefirió adherir al relato oficial formulado por el Canciller Timerman que sostiene que no pasa nada de nada, por más de que hayan 17 familias argentinas diciendo lo contrario.

La novedad que dio a conocer el diario salteño de mayor tirada es que el gobierno boliviano detectó la presencia de uranio y torio en cantidades importantes en el departamento de Tarija, lo que los ha motivado a movilizarse para llevar a cabo su extracción. En la frontera donde estalló el conflicto, los bolivianos no sólo han puesto una escuela (un gesto simbólico de soberanía), también han construido un camino de un tamaño nada despreciable, ideal para colaborar con las explotaciones mineras. Todo ello al mismo tiempo que el gobierno argentino niega sistemáticamente que haya algo extraño en todo este asunto.

Gareca reclama 6.000 hectáreas para sembrar caña de azúcar. Creo que las 6.000 hectáreas rebosantes en uranio y torio valen mucho más que el azúcar, el alcohol, el papel o lo que sea que hagan con la caña.

Ineptitud o complicidad

La reacción del actual gobierno argentino (tanto del nacional como del provincial) ha sido el completo desinterés. Sólo se limitaron a afirmar que existen tratados limítrofes vigentes desde hace décadas, y que no ha habido voluntad de ninguno de los dos Estados de alterar dichos tratados.

Gustavo Barbarán, un jurista salteño experto en derecho internacional, señaló que si bien es cierto que no hay un conflicto limítrofe, es bastante evidente que hay un problema de demarcación. En noviembre del año pasado, Bolivia decidió ajustar la demarcación de su territorio, incomodando a unas 17 familias argentinas que viven y poseen territorios en el área fronteriza. Aparentemente ello no sería un atropello en contra de los tratados binacionales, pero si lo sería en contra de la costumbre a través de la cual organizan sus vidas nuestros compatriotas en el norte de Santa Victoria.

El Gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo que todo este asunto está narrado en un tono tremendista por la prensa opositora, y, durante las celebraciones por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, el político indicó que la provincia no puede armar un cuerpo militar y declararle la guerra al país vecino. Ciertamente hay cosas que Salta como provincia no puede hacer, pero hay otras que si: un ejemplo sería el agitar el asunto en Buenos Aires, especialmente en el espacio del Congreso de la Nación, pero, salvo por las honrosas excepciones de Bernardo Biella y Juan Carlos Romero, ni pejotistas, ni renovadores, ni trotskistas se han pronunciado sobre el asunto. El periodista Francisco Sotelo ha propuesto dos hipótesis –excluyentes la una con la otra– para explicar este extraño episodio: o al gobierno argentino directamente no le interesa lo que sucede en su territorio (sería como que nos diera lo mismo que las Malvinas sean inglesas) o el kirchnerismo está encubriendo un ilícito que le reporta un beneficio que los demás argentinos ignoramos. 

El comienzo y no el final

Este súbito enfrentamiento con Bolivia trae a la palestra pública a la Cuestión Boliviana. Argentina y Bolivia, alguna vez, fueron parte del mismo territorio. Luego llegó el tiempo de las independencias hispanoamericanas y dos naciones diferentes nacieron. Tras 200 años, cada país evolucionó siguiendo caminos distintos. Hoy en día eso hace que argentinos y bolivianos se perciban como dos pueblos radicalmente diferentes, aunque no faltan los bienintencionados que se esfuerzan por resaltar los puntos en común en donde las naciones coinciden.

La principal diferencia entre bolivianos y argentinos que muchos acentúan está relacionada a una supuesta brecha racial. Argentina sería tierra de “blancos”, mientras que Bolivia la sería de “negros”. Sin embargo el racialismo, en Argentina, no tiene el peso que tiene en Bolivia: desde que gobierna Evo Morales, la tensión racial ha comenzado a golpear profundo en la sociedad boliviana. El gobierno de allá utiliza el tema del racismo para victimizarse y para cercenar la libertad de expresión. En Argentina, en cambio, lo que hay (y desde hace siglos) es una ceguera racial: blancos, pardos y mestizos conviven aquí vindicando la herencia común que los hace argentinos. En Bolivia, el gobierno actual les hace creer a su población que los pobres son pobres porque los ricos son racistas, mientras que en Argentina sabemos que los pobres son pobres porque los responsables de sacarlos de esa situación son unos miserables, con independencia de la raza, religión, ideología, sexo o edad que tengan.

He visto a muchos argentinos ofendidos ante quienes se quejan del ventajismo boliviano. Porque esa es la opinión generalizada entre nosotros: los bolivianos son gente cordial y pacífica ante los argentinos, pero, cuando aparece algún tipo de asunto económico en la relación entre ambos, ellos, los bolivianos, siempre buscan sacar ventaja. Quizás eso sea una generalización peligrosa, pero, más allá de que no todos los bolivianos se comporten así, sobran ejemplos de los que si lo hacen. Algo de comprensible hay en esa actitud. Históricamente el acceso a la riqueza ha sido más efectivo en Argentina que en Bolivia, de allí que los bolivianos vean a nuestro país como un campo de oportunidades, mientras que nosotros sólo lo vemos como un lugar en el cual únicamente puede uno dedicarse a sobrevivir, ya que el país vive alternando periodos de prosperidad con periodos de crisis. Por ende es difícil que el argentino crea verdaderamente en la “hermandad latinoamericana” que con tanta corrección política se predica como el nuevo Evangelio de estos tiempos: lo nuestro sería más bien un paternalismo, si no fuera por el hecho de que los hijos no acostumbran a perjudicar a los padres cada vez que tienen la posibilidad.

La Cuestión Boliviana obliga a cambiar la forma de ver las cosas. Es fácil desde Buenos Aires decir que en un confín perdido del país no está pasando nada con una línea imaginaria, pese a que decenas de compatriotas se quejen ante el peligro de que les expropien sus tierras: al fin y al cabo los bolivianos son “nuestros hermanos” y ya se ha planeado colocar una estatua de Juana Azurduy de Padilla para desplazar a la de Cristóbal Colón en las cercanías de la Casa Rosada, por lo que la “Patria Grande” no es un proyecto a futuro sino una realidad ya operativa. Es, precisamente, una visión unitaria de este tipo lo peor que puede pasarle al país.

Argentina, según su Constitución Nacional, es una república federal, no un barco piloteado desde una ciudad con un puerto. Por tanto lo que le hace falta a este país es crear la conciencia de que en los límites, en ese montón de mojones y líneas invisibles que separan a nuestro país de los demás, es donde empieza la Argentina y no donde termina. Las fronteras no son el lugar sucio donde concluye el patio de la casa, son –o más bien deberían ser– el pórtico vistoso desde donde aquel al que dejamos entrar comprende que ha ingresado a un territorio con tradiciones, leyes y costumbres propias, que debe si o si respetar.

Francisco Vergalito

Explíquenos Señora Trimarco

Los turbios millones

En los últimos días en Tucumán asistimos a un intercambio de chicanas entre el Legislador Provincial Ricardo Bussi y el abogado “trimarquista” Carlos Garmendia. Todo comenzó cuando se supo que la ONG que regentea Susana Trimarco optó por no recurrir la sentencia que la Sala II de la Cámara Penal había emitido sobre los hermanos María Jesús y Víctor Rivero en 2012. En efecto, en diciembre del año pasado los trimarquistas consiguieron que diez de los trece absueltos en 2012 fuesen finalmente condenados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: entre los tres omitidos se encuentra una proxeneta ya fallecida, y los dos personajes citados, que, según la propia Trimarco, resultan ser nada más y nada menos que los autores materiales del secuestro de su hija.

Hubo mucha especulación en torno a esta situación curiosa. Ricardo Bussi, sin proponer ninguna teoría, simplemente señaló que resultaba llamativo que una mujer que despotricó numerosas veces en contra de los Rivero decida, de repente, dejar de hacerlo justo cuando podía conseguir la justicia (o la venganza) que tanto anhela.

Carlos Garmendia, el jefe del equipo jurídico de la Fundación María de los Ángeles, no tuvo mejor idea que responderle atacando al mensajero y no al mensaje, así que tildó a Bussi de “injuriador” y sacó a relucir el currículum vitae del padre del político, como si ello tuviera algo que ver con todo este asunto.

Bussi, ante una contestación tan torpe (producto de alguien que no tiene argumentos ni fundamentos), replicó: no sólo recordó que los tucumanos votaron repetidamente a su padre, sino que además volvió sobre su huella indicando que la ONG de Trimarco factura de modo poco transparente grandes fortunas mensuales gracias a la “generosidad” de diversos gobiernos como el Nacional, y los de Capital Federal, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Córdoba, y, por supuesto, Tucumán. No satisfecho con ese golpe tan certero, Bussi agregó que el Caso Lebbos sigue aún impune y que la madre de Marita Verón bien podría contribuir con su resolución si realmente le importase ayudar a alguien que no sea ella misma.

Garmendia, otra vez haciendo gala de su impericia para los intercambios dialécticos, contestó señalando que Bussi lleva 20 años viviendo del Estado –olvidando, claro, que esa pervivencia es producto del voto popular– y que sus chicanas eran producto de “la envidia”.

El ataque de Bussi a la banda de Trimarco no es novedoso: ya en septiembre, por ejemplo, el Legislador aprovechó la oportunidad para criticar a la Fundación María de los Ángeles por no rendir cuentas sobre qué es lo que exactamente hacen con los millonarios subsidios que reciben. En ese momento el hijo del fallecido Gobernador comparó a Susana Trimarco con Hebe de Bonafini y, con buen tino, sostuvo que el dinero que alimenta al engendro trimarquista debería destinarse a las áreas de Seguridad, Salud y Educación.

La película de terror inconclusa

Las críticas de Bussi pegan en el costado más visible de la ONG de Trimarco. Todos en Tucumán han visto a la mentada señora paseándose en costosos vehículos y comprando ropa y accesorios femeninos nada baratos. Por ello la sospecha de que a la Fundación María de los Ángeles le sobra el dinero es algo generalizado en la provincia. Sin embargo poco se dice sobre el costado menos visible: las funciones que cumple y las tareas que realiza. A mi me interesa esto en particular, ya que es un tema escasamente abordado pero no por ello menos irregular que las finanzas de la ONG.

Para ilustrarlo me gustaría hablar sobre el Caso Mariana Yapur. A mediados de enero, una joven de 21 años tomó el colectivo de la línea 5 en la esquina de Don Bosco y Félix Olazábal y luego no se supo de ella por cinco días. Los familiares de Mariana Yapur, la joven en cuestión, recurrieron a la Fundación María de los Ángeles, que rápidamente inició una campaña para difundir la fotografía de la mujer extraviada en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. La histeria creció velozmente y, con los días, hubo hasta un piquete en la Avenida Mate de Luna reclamando la aparición de la joven. Finalmente el 16 de enero Yapur regresó a su hogar, supuestamente tras haber sido arrojada desde una camioneta en las cercanías del Parque Avellaneda.

Lo inquietante del Caso Yapur es que la joven contó que fue secuestrada cuando ayudó a una mujer embarazada a bajarse del colectivo en el que viajaba. Aparentemente esa mujer era cómplice de unos secuestradores, que la introdujeron a un auto con vidrios polarizados y la llevaron a un galpón en donde la tuvieron maniatada durante varios días junto no a una, ni dos, ni tres compañeras de cautiverio, sino con ¡otras ocho mujeres!

El relato de Yapur, sin dudas, es espeluznante. Pero tiene un final feliz… o algo así. Sucede que, según su narración, los secuestradores decidieron liberarla, reintegrándole sus dos teléfonos celulares y todas las pertenencias que tenía al momento de salir de su casa, incluyendo su ropa. Yapur llegó a su casa “confundida”, fue asistida por miembros de la Fundación María de los Ángeles, se resistió a realizarse un examen médico, asentó la denuncia en una comisaría y luego, aunque le habían pedido que no lo hiciese, destruyó pruebas.

Con sólo poseer un mínimo de sentido común cualquiera puede darse cuenta de que hay algo por demás extraño en el Caso Yapur. Más allá de la actitud cuestionable de la joven (similar, en cierto sentido, a la famosa jujeña Nuria Nieva Ocampo), su relato nos informa de ocho mujeres –todo un harén– completamente cosificadas. ¿Acaso no es eso terrible? ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que ocho mujeres, ocho personas provenientes de familias trabajadoras como los Yapur, están siendo retenidas en contra de su voluntad quien sabe con qué fin? ¿Es posible tanto machismo y maldad en pleno siglo XXI? ¿No sería conveniente allanar todos y cada uno de los galpones de San Miguel de Tucumán y sus alrededores para liberar a esas víctimas? ¿El vecino tucumano no tendría que entrar en pánico? 

En Jujuy, cuando Nuria Nieva Ocampo se fugó de su hogar, no sólo la Justicia sino también la prensa actuaron como se esperaba que actúen: unos investigando y demoliendo las patrañas inventadas por la aspirante a víctima, y los otros mostrándole a la gente que no existen los secuestradores que salen a cazar jóvenes al azar para alimentar las redes de trata de persona en el NOA. Tucumán, en cambio, cuando tuvo en el Caso Yapur a su propio Caso Nieva Ocampo su Justicia y su prensa hicieron lo contrario: archivamiento de la causa por un lado, y silencio total por el otro.

En Tucumán las cosas suceden y nadie explica nada. Por ello la provincia parece ser escenario de una película de terror, una película de terror de presupuesto multimillonario, dirigida por una mujer a la que el oportunismo y la ambición, tristemente, la han tornado siniestra.  

Ángela Micaela Palomo

A la sombra de Bolivia

Usurpación

El pasado domingo 26 de enero el diario El Tribuno de Salta publicó un artículo acerca de un conflicto limítrofe en el área del paralelo 22º. Dicho paralelo es el que separa a la Argentina de Bolivia. Según Antonio Gaspar –el autor del texto– los bolivianos han movido el hito fronterizo unos 30 kilómetros hacia el sur, anexando gracias a ello cerca de 600 km² nuestros a su territorio.

El artículo recoge el testimonio de los habitantes del paraje Abra de Santa Cruz, un lugar situado en el Valle del Silencio, sitio que a su vez se encuentra en el departamento Santa Victoria, en el norte de Salta. Los compatriotas coinciden entre si: en las últimas semanas han recibido visitas de funcionarios y militares bolivianos que les han advertido que urgentemente deben reubicar sus hogares y evitar que los animales que crían ingresen a pastar a territorio de Bolivia. También les han propuesto tramitar la ciudadanía boliviana para evitar futuras complicaciones.

La información, así presentada, es terrible para Argentina: esta usurpación territorial significa nada más y nada menos que un atentado directo en contra de nuestra soberanía nacional. Una cuestión así hasta podría llegar a ser un motivo de guerra.

Respuestas oficiales

Pese a lo atestiguado por numerosos salteños residentes en la frontera argentino-boliviana, el kirchnerismo no hizo otra cosa más que negar el asunto. Héctor Timerman, el infame Canciller argentino, señaló que el límite que separa a Argentina de Bolivia fue acordado por última vez en 1925, y que desde entonces no se ha propuesto ninguna modificación (en realidad Timerman habló de “frontera” y no de “límite”, demostrando una vez más que no está ni minimamente capacitado para ocupar el puesto en el Estado que actualmente ocupa).  

Después del Canciller, todos se sintieron envalentonados para opinar. Ariel Basteiro, el Embajador argentino en Bolivia, acusó a la prensa de haber mentido, señalando que el Estado boliviano no movió el hito limítrofe sino que sólo colocó uno nuevo (ubicado entre el hito de la peña Orko y el del cerro Mecoya) para robustecer la demarcación del territorio. Y Reina Sotillo, la Cónsul argentina de Villazón, afirmó que los bolivianos no hicieron más que clarificar los límites binacionales, luego de haber llevado a cabo los estudios geográficos correspondientes.

Lo malo de lo sostenido por Timerman, Basteiro y Sotillo es que ignoran categóricamente lo denunciado por las familias del Valle del Silencio. Vale decir, es posible que hoy en día no exista ningún acuerdo para modificar los límites, pero aún así hay argentinos que han sido hostigados por autoridades bolivianas.

A eso último lo reconoció el propio Cástulo Yanque, un sujeto que se desempeña actualmente como Intendente del municipio de Santa Victoria Oeste –el cual es responsable por el paraje Abra de Santa Cruz. Sin embargo Yanque bajó los decibeles, asegurando que la presencia de militares junto a funcionarios del Estado boliviano no ha sido para amedrentar a nuestros compatriotas con amenazas de desalojo, sino sólo para convencerlos “amablemente” de que opten por la ciudadanía del otro país.

Lo que pasó realmente  

Así como las autoridades argentinas han minimizado el asunto y descalificado a los ciudadanos que legítimamente denunciaron lo que sufren, así también los bolivianos evitaron dar explicaciones. David Choquehuanca, el Canciller de Bolivia, dijo prácticamente lo mismo que su par argentino, cuidándose de agregar algo que clarifique por qué una veintena de familias asegura que un hito limítrofe ha sido movido tres decenas de kilómetros hacia el sur.

Para entender el conflicto hay que remontarse unos cuantos años hacia atrás. Si bien la disputa limítrofe entre Bolivia y Argentina fue arreglada en 1925 (año del Centenario de Bolivia) y armonizada en 1947, lo cierto es que se ha hecho un trabajo posterior muy pobre en el área. Ello ha provocado que se generen disputas entre campesinos bolivianos y argentinos en relación a los terrenos cercanos al río Bermejo. En efecto, los ríos son entidades geográficas que cambian su curso con el tiempo, por tanto es normal que comisiones binacionales específicas se ocupen cada cierta cantidad de años de actualizar los límites políticos. Emplear ríos como elemento de demarcación nunca termina de ser una buena idea, debido, justamente, a la naturaleza dinámica de los mismos, lo que obliga a realizar reajustes periódicos que normalmente causan incomodidad entre las poblaciones fronterizas.

Pues bien, muchos preguntarán: “¿qué tiene que ver el Bermejo con el paralelo 22º?” Y la respuesta es “todo”. En 2012 legisladores tarijeños del oficialismo y de la oposición denunciaron que finqueros argentinos habían reubicado maliciosamente tres hitos limítrofes en el área del Bermejo, para a través de ello obtener nuevos terrenos aptos para la siembra de caña de azúcar. Detrás de esa gravísima denuncia aparece el infame Willy Gareca.

Gareca es un Coronel del Ejército de Bolivia, el mismo ejército que se declaró “socialista” y “anticapitalista”. Este sujeto se hizo famoso en Argentina en el año 2010: el diario salteño El Tribuno (el mismo al que el kirchnerismo acusa ahora de ser “xenófobo”) publicó fotografías en la que se veía a militares bolivianos secuestrando herramientas y vehículos de la finca La Polvareda, situada en el departamento San Martín de la provincia de Salta. Gareca había procedido amparado por su lógica: los productores rurales argentinos, según su opinión, habían movido los mojones limítrofes, por lo que estaban operando en territorio boliviano sin autorización. Así, desde su perspectiva, la incursión en terreno extranjero lo convertía al Coronel en un héroe de su patria.

El Juez Federal Raúl Reynoso tomó cartas en el asunto y presionó para que el gobierno boliviano suspenda a Gareca –en aquel momento era nada y nada menos que el Comandante Superior de la Unidad de Frontera del Ejército de Bolivia–, además de conseguir que se les devuelva a los propietarios de La Polvareda todo lo que les había sido sustraído. Al poco tiempo los bolivianos restituyeron a Gareca en su puesto.

Gareca retornó a su lugar convertido en un ídolo popular. En una zona donde el narcotráfico crece día a día, este sujeto es apoyado y seguido por los campesinos locales. Entre 2012 y 2013 se multiplicaron las denuncias de bolivianos que acusaban a los argentinos de estar avasallándoles su territorio, llegando incluso a sostener que algunos poblados (Arrozales, Valle Dorado, Candado Chico, etc.) estaban bajo dominio informal de nuestros compatriotas. Allí fue cuando se cuantificó la cantidad de terreno supuestamente usurpado: 6.000 hectáreas, es decir 600 km².

Entonces, lo que aparentemente sucedió fue que, como los bolivianos no pudieron dibujar el límite fronterizo tal y como ellos lo deseaban en las fértiles zonas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, se desquitaron con el paralelo 22º. Su excusa es que no han hecho más que asentar el mojón donde está el límite acordado por ambas naciones, pero ello (de ser cierto) atenta contra las costumbres ancestrales de los pobladores, habituados a utilizar esos 30 kilómetros de territorio en disputa como espacio productivo argentino.

Un poco de historia

Uno de los pocos políticos argentinos que no se alinearon automáticamente con los bolivianos –tomando la noticia transmitida por El Tribuno como una denuncia y no como una confusión bien o mal intencionada– fue Alberto Asseff, Diputado Nacional bonaerense por el Frente Renovador. Asseff repudió el expansionismo boliviano y elevó un aclaratorio pedido de informes en el Congreso de la Nación, en donde recordó que la resolución de la Cuestión de Tarija en 1889 fue un auténtico acto de entreguismo antiargentino.

Lo que sostiene Asseff tiene más de un fundamento. En 1810 el cabildo de Tarija fue uno de los primeros en adherir a la Revolución de Mayo, y dicha gobernación envió emisarios a la Junta Grande. En 1816 no hubo un representante tarijeño en el Congreso de Tucumán, pero no porque Tarija rechazara la iniciativa, sino porque en ese momento la región se encontraba bajo ocupación realista.

En 1825 el Alto Perú era el último reducto auténticamente realista en toda Suramérica. Una vez derrotado el General Pedro Antonio de Olañeta, el último gran custodio de la Corona en esta parte del mundo, el Mariscal Antonio José Sucre –avalado por el General Simón Bolívar– avanzó sobre el país. El 6 de Agosto de ese año se declaró la independencia de la República de Bolívar (rebautizada dos meses después como “República de Bolivia”): en aquel momento Tarija no integró a la naciente nación, pero tampoco consiguió definir su situación de miembro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a que el Presidente Bernardino Rivadavia se negó a operar a favor de los norteños. Con poca oposición oficial, los bolivianos presionaron a los argentinos hasta conseguir ocupar Tarija y anexarla en octubre de 1826, mientras nuestro país disputaba una guerra contra el Imperio de Brasil por la posesión de la Banda Oriental (el actual Uruguay). Un tiempo después, el gobierno de Buenos Aires –a cargo ya de Manuel Dorrego–, sabiendo que culturalmente Tarija era argentina, les propuso a los bolivianos cederle la Puna de Atacama para recuperar el territorio perdido, reforzando de paso la identidad andina de Bolivia; pero en aquel entonces los bolivianos aspiraban a la expansión en el corazón del subcontinente, y rechazaron la oferta.

Tras la llegada al poder del Mariscal Andrés de Santa Cruz, los bolivianos pusieron en marcha la siguiente fase de su proyecto expansionista. De ese modo se creó la Confederación Peruano-Boliviana, y se comenzó a trabajar por avanzar sobre Chile y Argentina (es sabido que, por ejemplo, la secesión de Jujuy del territorio salteño estuvo alentada por los bolivianos). Santa Cruz era, al igual que Evo Morales, un mestizo, que de ser uno de los hombres más fieles a la Corona y a la Tradición terminó convertido en un masón al servicio de los intereses británicos. Argentina entró en guerra con el engendro nacional liderado por Santa Cruz, pero hostigada al mismo tiempo por franceses y británicos poco hizo por vencer. Finalmente, cuando las fuerzas chilenas y peruanas habían quebrado a los hombres de Santa Cruz, Manuel Oribe avanzó hacia el norte enviado por Rosas para domesticar a los valientes norteños que en 1840 se habían levantado en armas contra Buenos Aires. Oribe no se detuvo en Jujuy, y siguió avanzando hasta liberar a Tarija del yugo boliviano, pero Rosas, “asesorado” por los británicos, dio la orden de retroceder y resolver el problema por vía diplomática. A partir de allí Tarija quedó sentenciada a ser parte de Bolivia.

Durante las décadas siguientes todos los intentos binacionales para resolver la cuestión de Tarija fueron infructuosos. Recién en 1889 se firmó el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán a través del cual Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija para obtener un sector de la Puna de Atacama que estaba –y sigue estando– controlado por Chile, y que Bolivia había perdido tras su derrota en la Guerra del Pacífico de 1879-1880.

Asimetrías

En los últimos siglos Bolivia evolucionó como un Estado fallido. Es que desde su concepción se notaba una artificiosidad peligrosa como principio rector del país. En 1825 Bolivia no debió acceder a la Independencia, sino repartir sus territorios entre Perú y Argentina, tal y como los españoles lo habían hecho al crear el Virreinato del Río de la Plata con lo que le pertenecía al Virreinato del Perú. Pero la codicia y las conspiraciones masónicas pudieron más, y Bolivia al final se impuso.

Hoy en día las consecuencias de aquello saltan a la vista: el territorio boliviano ha ido siendo absorbido por Brasil, Chile y Paraguay a lo largo de los años. La población boliviana padece de pobreza extrema, y de escaso acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Evo Morales no ha hecho más que ejercer la demagogia, permitiendo a su vez que la organizaciones criminales transnacionales crezcan en su territorio hasta alcanzar un volumen espeluznante. De allí es que no resulta raro que el tal Willy Gareca tenga el terreno despejado para hacer todo lo que hace.

Eduardo Videla, un cagatintas de Página/12, fue uno de los operadores del kirchnerismo que trataron de desarticular el conflicto argentino-boliviano desde la prensa. Para ello, este zanguango no tuvo mejor idea que etiquetar a la gente que opinó sobre el asunto como “xenófobos”. Es que apenas se conoció la noticia, muchos compatriotas recordaron que nuestros “hermanos” de la “Patria Grande” no nos brindan un trato simétrico a los argentinos. Y esto es cierto porque, por ejemplo, mientras que cualquier boliviano puede ser atendido en un hospital público de Argentina de manera completamente gratuita, un argentino en Bolivia debe pagar por el uso de los servicios médicos; mientras que cualquier boliviano puede instalarse en la Argentina y adquirir propiedades sin demasiadas dificultades, lo inverso no ocurre (un argentino residente en Bolivia debe, de hecho, someterse a un constante control por las autoridades de ese país); mientras que las Fuerzas de Seguridad trabajan permanentemente en Argentina para combatir al tráfico de personas, las autoridades bolivianas poco hacen en contra de este flagelo. Y por si fuera poco mientras que conseguir y mantener un automóvil es un proceso tedioso y carísimo en la Argentina, en Bolivia hay una ley que le permite a cualquiera obtener y preservar una patente de ese país por muy poco dinero, sin la necesidad de estar explicando de dónde salió el automóvil nuevo: esto, claro, ha estimulado el incremento del robo de autos en nuestro país, con el objeto posterior de ser impunemente traficados al vecino del norte.

El Diputado Nacional oficialista Rubén Rivarola anunció al momento de asumir su banca en 2011 que una de las primeras cosas que iba a hacer al entrar al Congreso de la Nación era trabajar para que los bolivianos dejen de aprovecharse de los argentinos y simetricen o compensen el trato que nos dan en su país. Hoy en día Rivarola parece haberse olvidado de lo que prometió en aquella oportunidad, pues ni siquiera se dignó a opinar sobre el tema, aun siendo dueño de la versión jujeña de El Tribuno.

La necesidad de actuar

Creo que, como están las cosas ahora, los bolivianos tienen más chances de lograr que Bahía Blanca sea un puerto propio, a lograr que Chile les devuelva la cantidad suficiente de territorio como para montar un puerto en el Pacífico.

Cuando estalló la guerra entre Argentina y Gran Bretaña en 1982 por la posesión de las Malvinas, a algún cretino se le ocurrió decir que las islas debían ir a manos de Bolivia, para que de ese modo el mentado país obtuviese su anhelada salida al mar. Actualmente no me extrañaría que alguno de los kirchneristas más fanáticos proponga lo mismo, y, peor aún, lo haga desde un puesto de funcionario. Porque eso es lo más patético de todo esto: la gavilla de usurócratas que nos gobierna agitó la bandera de Malvinas para movilizar sentimentalmente al pueblo argentino, y al mismo tiempo no mueve ni una pestaña para lidiar con Bolivia. Los gendarmes pueblan el conurbano bonaerense, como una policía militar que vigila protestas sociales, mientras que en el norte del país, en la Frontera Caliente, pasan cosas cada vez peores ante la ausencia cada vez más patente de los guardianes de la patria.

Evidentemente el litio pesa mucho. Bolivia tiene tanto litio que, en algo así como una década, debería pasar de ser uno de los países más desastrosos de este hemisferio, a devenir una suerte de Arabia Saudita (o sea un país con mucho dinero pero sin demasiadas buenas ideas sobre como usarlo productivamente). Ese cambio económico podría generar que los bolivianos en la diáspora argentina, junto a su descendencia, retorne a su país. Ojalá esto se produzca. Pero mientras tanto, mientras Argentina siga sin estar a la sombra de Bolivia, es preciso que los alambrados crezcan a lo largo y ancho de la frontera, y que las Fuerzas de Seguridad den prueba de su existencia en la zona. Y si eso no ocurre porque altera los perversos planes de Cristina Kirchner (y de sus jefes y aliados), entonces hay que comenzar a luchar por el derecho de que cada argentino bien nacido pueda armar milicias ciudadanas –como las que proliferan en EEUU– para hacer las cosas que son urgentes del modo que corresponde.

Francisco Vergalito

Atentados contra la Tupac Amaru: ¿alguien quiere matar a Milagro Sala?

Rayas antes que madera

En casi 15 años de existencia, los miembros de la Organización Barrial Tupac Amaru han protagonizado toda clase de incidentes policiales: desde piquetes en rutas nacionales y ocupaciones de terrenos y edificios, hasta amenazas de muerte y homicidios. Los delitos a veces acontecen bajo la bandera de la Tupac, mientras que en otras ocasiones los violentos se la guardan en el bolsillo, pero los jujeños casi siempre pueden distinguir cuando fueron atacados por gente de Sala y cuando fueron atacados por otro tipo de gente. La gran diferencia entre una y otra situación es que si el agresor proviene de las filas de la Tupac, entonces la probabilidad de que la impunidad se imponga es enorme.  

A raíz de todo ello, Sala y su gente cuentan con numerosos enemigos. En Jujuy la división es clara: hay un sector variopinto –pero más bien pequeño– de la sociedad local dispuesto a darle su apoyo a la Tupac pese a todo lo que pueda llegar a pasar, y hay otro sector, mayoritario, que aborrece a Sala.

Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿se la detesta tanto a Sala en Jujuy como para intentar matarla? Lo cierto es que no: los jujeños –y me refiero a la gente decente, honesta y trabajadora– no quieren verla muerta, quieren verla encerrada en una celda. Por lo tanto llaman poderosamente la atención los atentados que Milagro Sala y su gente aseguran estar sufriendo desde hace meses.

La Tupac Amaru en la mira

El más sonado de esos episodios ocurrió en octubre, unos días antes de las elecciones: a plena luz del día un grupo de bandoleros emboscó con un tiroteo a una caravana de la gente de Milagro Sala en el Barrio Mariano Moreno, dejando como saldo a dos heridos de bala. La noticia, que contó hasta con una filmación, tuvo repercusión nacional, y Sala terminó acusando a dirigentes de la UCR de ser el cerebro detrás del golpe. Pero desde aquella ocasión hasta ahora, la lideresa de la Tupac Amaru –ahora convertida en Diputada Provincial– ha padecido otras agresiones.

Así lo anunció en una conferencia de prensa: dijo que, durante los primeros días del pasado diciembre, una banda de asaltantes intentó ingresar en su vivienda para robarle. En este caso no se trataría de principiantes, sino de una banda altamente capacitada y equipada para dar golpes violentos, la cual –según Sala– estaría operando en la provincia desde hace un tiempo gracias a la connivencia con la policía (cometiendo graves atracos como el que sufrió en diciembre un comercio de Calilegua). Lo asombroso fue que Sala señaló con total certeza que la banda está compuesta por gente de Tucumán, Salta y Buenos Aires. ¿Cómo sabe eso? Se me ocurren dos cosas: o bien Sala tiene informantes en el submundo del hampa que le han pasado los datos, o bien los delincuentes no sólo intentaron ingresar a la vivienda de Sala, sino que de hecho lo hicieron y la tuvieron cautiva junto a su familia.

A mediados de diciembre la policía logró detener a una banda de ladrones que habían ingresado en el domicilio de un comerciante en el Barrio 12 de Octubre. Los detenidos no eran foráneos sino jujeños. Entre otras cosas, a los malvivientes les incautaron una pistola eléctrica con la que habían torturado a los dueños de casa. ¿A Milagro Sala le habrán hecho lo mismo?

En la misma conferencia, Sala también sostuvo que una tía septuagenaria suya sufrió un ataque con bombas molotovs, en tanto que un predio de la Tupac Amaru en el Barrio Coronel Arias fue vandalizado y robado. En relación a estos dos casos, Sala no apuntó en contra de delincuentes de otras latitudes, sino que, por el contrario, afirmó que sabía perfectamente quienes eran los que están detrás de los sucesos.

Una semana después de aquella conferencia de prensa, la violencia sacudió nuevamente a la Tupac Amaru. Esta vez se informó que una camioneta de la ONG tripulada por importantes dirigentes fue baleada en la ruta mientras viajaba desde San Pedro a San Salvador de Jujuy. Al principio se creyó que la propia Sala estaba a bordo del vehículo, pero luego se anunció (aunque sin probarlo) que en realidad la actual Diputada Provincial en el momento del violento evento se encontraba a salvo en otro lugar.

¿Quién le teme a Milagro Sala?

Todo lo que ha padecido la Organización Barrial Tupac Amaru y su lideresa en estos últimos tiempos nos habla o bien de alguien desafortunado, o bien de alguien que ha hecho algo para atraer sobre si a la desgracia.

Es posible que los actos delictivos en contra de los tupaqueros estén conectados, como también es posible de que no lo estén. No sé realmente lo que pasa en este caso, pero creo que sólo caben tres posibilidades: las agresiones las inventa la propia Tupac Amaru, hay alguien externo a la organización social que los está enfrentando, o es desde el interior mismo del movimiento el lugar de donde emerge la violencia.

En el primer caso se trataría de autoatentados. Descartando lo de la emboscada, todo lo demás nos indica daños contra la propiedad de la ONG pero no contra las personas que la integran. ¿Podría todo tratarse de una campaña de victimización para lavar un poco el rostro de la Tupac Amaru, especialmente tras su dudosa posición en los saqueos de diciembre? Si, podría ser eso, como podría ser otra cosa.

Después hay que mirar a las amenazas externas de la Tupac Amaru. Es sabido que ni jueces ni políticos toleran a Sala en Jujuy. En el Partido Justicialista sólo los Fellner le han manifestado un tibio apoyo, mientras que el resto de los sectores no la quieren cerca. En la UCR, directamente, no le quedan amigos. Y también hay varios sindicalistas que tienen en vigencia más de una disputa con Sala. ¿Alguno de ellos contrataría a sicarios para amedrentar y/o liquidar a Sala? Nunca se sabe, pero algo tan grave acabaría con una carrera en caso de ser expuesto a la opinión pública, lo que hace presuponer que nadie en Jujuy elegiría ese camino para acabar con Sala, pues no hay nadie tan estúpido o tan desesperado como para hacerlo.

La tercera opción es la de los enemigos internos. La Tupac Amaru, como es sabido, es una organización fuertemente verticalista. Sala la comanda con mano de hierro: ella sabe que los errores de sus allegados los paga su nombre, por lo que trata siempre de controlar las situaciones personalmente. De allí que, por ejemplo, en más de una ocasión se la haya visto hacer visitas nocturnas en diversas viviendas junto a un nutrido grupo de guardaespaldas fuertemente armados para “aclarar” asuntos de la ONG y sus miembros.

Algo que normalmente se hace al analizar a la Tupac Amaru es poner el ojo sobre la mesa chica de la ONG, dejando de lado a los numerosos lugartenientes que la organización social ampara. La periodista Sandra Russo escribió un libro sobre Sala que concentra su atención en la lideresa, y poco dice acerca de otros miembros de su pandilla.

Sala forjó un vínculo sólido con diversos dirigentes sindicales, hasta que, en los primeros años de la década de 2000, empezó a capitanear a su propia agrupación barrial, con la intención de hacer trabajo territorial. Al principio su intención era la de convertirse en puntera del PJ o de la UCR, pero pronto vio que podía aspirar a un poco más que eso. Sala penetró en la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, formando un grupo llamado la “Banda de la Flaca”, cuyo objetivo era apropiarse de la tribuna sur (y del negocio que ello implica). Para ello debía doblegar a Alberto Cardozo, el jefe de “Los Marginados”: hoy en día el tal Cardozo es parte de la Tupac Amaru. La lideresa también invirtió en diversión nocturna y otros emprendimientos para ganar influencia. Pero la varita mágica la tocó cuando Alicia Kirchner, la viuda de Armando Mercado, la acogió como embajadora suya en la provincia y empezó a girarle sumas millonarias a las cuentas bancarias de la ONG (al día de hoy no está aclarado por qué razón el vínculo entre Sala y los Kirchner fue tan poderoso como para financiar de ese modo a una piquetera que había empezado a trepar en la escala de poder de una provincia limítrofe).  

¿A dónde intento llegar con todo esto? Creo que si los atentados contra Milagro Sala son igual de reales que la famosa emboscada que sufrió, entonces los autores de la violencia están en casa. Y ello es así, básicamente, porque la Tupac Amaru es un nido de gente con espeluznante prontuario. Los que atacaron a la caravana de Unidos y Organizados en los días previos a las elecciones de octubre eran antiguos tupaqueros desplazados por la propia Milagro Sala. Aparentemente, existía una deuda entre las partes, y de allí la balacera y los heridos. Los de la molotov, los que le dispararon a la camioneta, los que robaron en una propiedad de Sala y de su organización social, ¿no son acaso gente que sabe como amenazar, extorsionar y golpear a la Ñusta Ilegítima?

Francisco Vergalito