Tres casos sintetizan qué significa la impunidad en Tucumán: el secuestro y desaparición de Marita Verón en 2002, el asesinato de Paulina Lebbos en 2006 y las muertes de María Silvia de Marchese y Domingo Marchese (h) producto de una coalición automovilística causada por Gustavo Jiménez, hijo del Ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez. En cada uno de ellos, las imbricaciones entre el poder y la impunidad han sido profundas.
Aunque no es un problema que se circunscribe al universo alperovichista, también lo incluye. Y con gran énfasis. Pero también se amplía para traer a la escena al ex gobernador, Julio Miranda y envuelve a diversos funcionarios judiciales, policiales y del poder político.
Alberto Lebbos, padre de Paulina y referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, contó a el periódico que cuando su nieta le pregunta por qué la causa de su madre no avanza, él le explica que es por la impunidad. “¿Cómo le explica qué es eso?”, se le consultó. “La impunidad es obra de gente muy malvada, gente que tiene intereses por otros lados, particulares y que no hacen las cosas que tienen el poder de hacer. Los que están en el poder, los que detentan el poder, tienen el poder de hacer. Ellos deciden si hacen bien o mal las cosas. La impunidad es hacer el mal y no tener sanción”, definió.
El poder se pone al servicio de la impunidad. La comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad ha recogido en 6 años más de 200 casos que no encuentran resolución ni respuestas en la justicia. La policía, sospechada. Funcionarios judiciales, sospechados.
José Alperovich, gobernador de la provincia, titiritero de los tres poderes, es apuntado como el principal responsable de esta situación. Además de sus reuniones con fiscales y sus supuestos llamados a jueces y policías, no ha reglamentado aún la ley de protección al testigo. La norma fue promulgada en 2006.
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Alberto Lebbos, padre de Paulina y referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, contó a el periódico que cuando su nieta le pregunta por qué la causa de su madre no avanza, él le explica que es por la impunidad. “¿Cómo le explica qué es eso?”, se le consultó. “La impunidad es obra de gente muy malvada, gente que tiene intereses por otros lados, particulares y que no hacen las cosas que tienen el poder de hacer. Los que están en el poder, los que detentan el poder, tienen el poder de hacer. Ellos deciden si hacen bien o mal las cosas. La impunidad es hacer el mal y no tener sanción”, definió.
El poder se pone al servicio de la impunidad. La comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad ha recogido en 6 años más de 200 casos que no encuentran resolución ni respuestas en la justicia. La policía, sospechada. Funcionarios judiciales, sospechados.
José Alperovich, gobernador de la provincia, titiritero de los tres poderes, es apuntado como el principal responsable de esta situación. Además de sus reuniones con fiscales y sus supuestos llamados a jueces y policías, no ha reglamentado aún la ley de protección al testigo. La norma fue promulgada en 2006.
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