Maggio: una víctima del odio ideológico
Facundo Maggio es un joven abogado penalista que, por primera vez, ha tomado la defensa de imputados en causas por delitos de “lesa humanidad”. Trabajaba en la Fiscalía de Estado Tucumán, es decir era funcionario del Estado provincial. Tiene a su cargo la defensa del ex jefe del Regimiento N° 19, Ernesto Arturo Alais (separado del Juicio por decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán que integran los doctores Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga -subrogante- luego de conocerse el informe médico), de Carlos Eduardo Trucco, quien fue traído desde el penal de Ezeiza, y del padre José Mijalchyk.
Con la firma del titular de esa repartición, Humberto Rava, la Secretaría de Derechos Humanos informó que:
“El hecho de que el doctor Facundo Maggio, que pertenecía a la planta de profesionales del Poder Ejecutivo, haya tomado la decisión personal de asumir la defensa de personajes imputados en graves crímenes de Lesa Humanidad, es de su entera responsabilidad y, por lo tanto, no puede seguir perteneciendo a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos”.
Inmediatamente la Fiscalía de Estado le habría solicitado la renuncia, cosa que Maggio hizo de inmediato ante la sorpresa de quienes sostienen que todo ciudadano tiene derecho a ser defendido.
La noticia del alejamiento de Maggio de su cargo por defender a algunos de los imputados en las causas citadas ha generado vergüenza e indignación.
Es realmente paradójico que quienes hablan de “dictadura”, de “violación a los derechos humanos”, de “falta de garantías para los que piensan diferente”, “de persecución ideológica”, entren en el juego de querer dirigir cada uno de los actos de sus funcionarios, castigando a quienes tan solo por ejercer su profesión a imputados en juicios de este tipo, deben renunciar al cargo.
Demasiado vapuleado está el Gobierno de la provincia en los medios nacionales como para echar más leña al fuego. Es llamativo que el Gobernador permita que sus subalternos tomen estas decisiones que en nada contribuyen a la grandeza ni a la paz de la provincia, y por ende de la Nación.
Declaraciones a favor de Maggio
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia deplora y repudia la separación del doctor Facundo Maggio, de la Fiscalía de Estado de Tucumán, por el solo hecho de asumir la defensa de tres ciudadanos que están siendo juzgados por hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado.
El inaceptable acto lesiona los derechos y deberes fundamentales de la profesión de abogado, atenta contra la inviolabilidad de la defensa en juicio, restringe las libertades personales y constituye una discriminación que afecta la igualdad con que hemos jurado tratarnos los argentinos desde los orígenes de nuestra organización como Nación. Este acto pone una vez más en evidencia hasta qué punto la Justicia argentina ha sido inficionada por la ideología y el odio.
El Gobierno provocó la renuncia a un empleado abogado, por intervenir como defensor de acusados por delitos de lesa humanidad, lo que fue efusivamente festejado por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia.
Esto trajo a mi memoria un hecho acaecido hace 30 años o más. Ejercía yo, Pedro Guaraz, mi segundo mandato como secretario de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Tucumán, y el ex rector de la dictadura, y asesores de la dictadura, ofrecían en el Centro Cultural Virla una conferencia sobre el Derecho a la Vida. El debate fue si podía darse cabida a estos paladines del horror y la muerte en un espacio recuperado para la democracia, para que hagan gala de su natural impudicia y cinismo, y sostuve en esa oportunidad que sí, que debía tolerarse, por mucho que ello indignara, porque la peor derrota que podíamos sufrir era en el plano de los valores, que derrotaran ese compromiso de toda una sociedad con las libertades que estrenábamos, con los derechos recuperados.
La idea que me bullía en la cabeza era la de la integridad del concepto; no eran mis derechos humanos "a la carta", según mi apetito de oportunidad; se trataba de un sistema que cubría toda la actuación del Estado y de los particulares; un parámetro que mide igual siempre: un kilo es un kilo, pese oro, alimentos o estiércol.
Un abogado tiene derecho a ejercer su profesión, (trabajar y ejercer industria lícita como dice la Constitución nacional Art. 14), trabajo que tiene protección de la ley (CN Art. 14 bis); y los acusados como represores tienen derecho a una defensa efectiva (CN 18, Convención Americana de de DDHH, Art. 8). Ese es el sistema, y en ningún lado figura que los empleados del Estado deben compartir la ideología, ni que deben ajustar su pensamiento con el funcionario de turno; los derechos al trabajo y a la libertad de elegir son tan constitucionales y humanos como cualquier otro, y su defensa debe hacerse bajo cualquier circunstancia, aun cuando no comparta lo que esa persona piensa. Es lo que debe esperarse de alguien que está llamado a defender la personas del abuso de poder en Tucumán.
Lejos de ello, este funcionario sale a festejar la violación de derechos fundamentales. Festeja la cesantía de un empleado, pero se adhiere a un Gobierno que ha pretendido llevar a la Corte Suprema a aliados de la dictadura, que tiene en sus bancas y como primeros operadores políticos a procesistas y bussistas. ¿Cómo es posible que esto no le genere ninguna molestia al secretario de Derechos Humanos?
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El legislador Ricardo Bussi pidió la reincorporación del abogado Facundo Maggio como personal de la Fiscalía de Estado.
Según Bussi, la incongruencia entre el proceder del Estado y los valores que dice defender es tan grande que asusta. “Habría entonces que recordarles a los funcionarios de este gobierno que el derecho de defensa en juicio tiene rango constitucional, como también lo tiene el principio de inocencia, que al igual que los derechos humanos parecen ser un privilegio de algunos. Me pregunto ¿esto no es autoritarismo?, ¿esto no es discriminación?, ¿esto no es violación a los derechos humanos? ¿Esto no es persecución ideológica? ¿Donde esta el INADI cuando se trata de una manifiesta discriminación a quienes no son afines al gobierno?”, se preguntó el legislador opositor.
En su proyecto de resolución, Bussi pidió al gobernador José Alperovich que reincorpore a Maggio y reclamó un repudio para las declaraciones de Rava. “Este gobierno no tiene nada de democrático, que se trata de un gobierno demagógico, autoritario, que persigue y se ensaña con quienes no lo apañan, y como digo, no solo por este atropello a un profesional de derecho que no ha hecho absolutamente nada malo ni ilegal, sino por que a cada paso el gobierno da muestras de su intolerancia”, concluyó el parlamentario.
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Humberto Rava: un perfecto cínico
Más allá del oportunismo político que evidencia Pedro Guaraz, no hay motivo de festejo en la situación acaecida
con el doctor Facundo Maggio, ni jamás se expresó tal accionar. Lo
fundamental es precisamente el derecho a la defensa. Huelgan las
posibilidades que han tenido y tienen los imputados en crímenes de lesa
humanidad, derecho que negaron sistemáticamente a sus víctimas.
La
profesión de abogado, con sus límites expresados en la ley provincial
5.233, al igual que las motivaciones políticas o ideológicas son
privativas de las personas. Y son discutibles y respetables. Lo que es
objeto de debate y reflexión, es hasta dónde un profesional empleado del
Estado puede, dentro del libre ejercicio de su profesión, contrariar
políticas del Estado contundentes en la defensa de los derechos humanos.
A mi entender, no puede haber ambigüedad en este rol. Y así lo entendió
el doctor Maggio.
