Lluvia de droga
En el límite tripartido de Salta, Santiago del Estero y Tucumán la
droga llueve desde avionetas que ingresan desde Bolivia con cocaína de
máxima pureza y desde Paraguay con cargamentos de marihuana.
El epicentro de la “lluvia de droga”, como la denunció la
Justicia Federal de Salta en 2009, luego del secuestro de 800 kilos de
cocaína arrojados desde un avión, registra entre 10 y 16 vuelos ilegales
cada día. Esto, sin contar los que el radar instalado en Santiago del
Estero como parte del programa Escudo Norte no llega a detectar por los
rangos de altura.
Se presume que muchos de estos vuelos se relacionan con fumigaciones de
campo, pero la lluvia blanca sigue cayendo en esos campos donde el auge
de la soja y las crecientes cotizaciones de las tierras orejanas mezclan
las ambiciones de toda clase de rufianes.
La zona tripartita aparece como un espacio vulnerable en
materia de seguridad. El narcotráfico lo eligió precisamente por esta
razón: su extensión y baja densidad poblacional dan cuenta de la
histórica escasa presencia de fuerzas de seguridad.
Matones, desalojos ilegales y rapacidad empresarial
“Grupos Armados hostigan a familias campesinas de Anta”, tituló El Tribuno
en su edición del viernes 24 de agosto, cuando recordó que los
responsables del intento de asesinato de Sixto Ruíz seguían sueltos en esas tierras
que, a uno y otro lado del Canal de Dios, tienen un infierno dominado
por malhechores.
Sixto Ruiz, recibió un disparo a sangre fría en La Choya, zona sur de la provincia de Salta, cercana al límite de la provincia con Santiago del Estero y Chaco. La bala le atravesó el
pecho, rozó el corazón y salió entre dos costillas dorsales. El hombre
llegó agonizante al hospital de Joaquín V. González, donde los médicos
apenas pudieron salvarle la vida.
En su rauda huida desde La Choya, José Luis Palavecino, el pistolero acusado de balear a Ruíz, olvidó el
documento de identidad en el campamento del grupo de alambradores que
lideraba. Esta evidencia llevó a su detención, días atrás, en Monte
Quemado, población situada sobre la ruta nacional 16, en el noreste de
Santiago del Estero.
El dueño del DNI, el mismo que ofrecía con tarjetas personales sus
servicios de picadas, alambrados, custodia y desalojos de campos, está
detenido en Metán, a disposición del juez penal Mario Teseyra.
Los desalojos son una potestad exclusiva de los jueces y la custodia con armas de fuego, una licencia permitida solo a la Policía y algunas agencias de seguridad reguladas por el Estado. Pero José Luís Palavecino se ofrecía como capaz de realizarlos por su cuenta.
Puesteros criollos denunciaron en la Policía de Talavera la usurpación de La Choya utilizando los “servicios” de alambradores armados. Tras el grave incidente ocurrido en La Choya el 1 de julio, el juez correccional de Metán, Sebastián Fucho, dictó una medida de no innovar en esa finca donde una familia criolla, que encabeza María Guillermo Argañaraz, acredita derechos y constancias de una posesión pacífica e ininterrumpida desde un siglo atrás. Son cinco generaciones allí nacidas y criadas.
La cautelar dictada el 3 de julio apuntaba a evitar que se repitan hechos de violencia en esa finca que tiene 3.054 hectáreas en Salta y 700 en Santiago del Estero, separadas por el Canal de Dios, límite interprovincial desde 1980 por ley 22347.
El día después de ordenada la medida de no innovar, un empresario santiagueño, Gustavo Marcelo Saad, pidió su levantamiento. Para ello esgrimió derechos sobre La Choya con una escritura de 1960, según la cual su fallecido abuelo, Abraham Safir Saad, habría comprado la fracción a una empresa identificada como Quebrachales Asociados del Norte.
El 25 de julio, el juez Fucho procedió al levantamiento de la medida de no innovar, pese a los puntos contradictorios y los antecedentes que existen en fincas vecinas, como Pilpintos, donde escrituras presentadas por familiares de Saad tienen iniciados juicios de nulidad, con gruesas observaciones en el estudio de títulos encomendado al escribano santiagueño Segundo Villavicencio.
Levantada la cautelar, los alambradores retomaron en La Choya los cercamientos que el supuesto heredero santiagueño de la finca contrató con Palavecino el 26 de junio último.
Esta relación, asumida en la misma presentación que Saad hizo el 4 de julio ante el juez Fucho, lo colocaría como posible instigador del hecho criminal que investiga el juez Teseyra.
Los grupos criollos que habitan en fincas recostadas sobre el límite con Santiago del Estero, como La Choya, Pilpintos, Halladito, Suri, Vinalito, Roca, Cordillera y Lorena, no son las únicas que sufren las tropelías de matones contratados para desalojarlos de esas tierras. La precariedad de las posesiones también se presta a atropellos de grupos armados en otros rincones del chaco salteño.
En la zona de El Quebrachal y Tolloche aún está fresca la indignación que inundó a toda Anta desde Ico Pozo en 2011.
En el mencionado puesto, forajidos irrumpieron por encargo para desalojar a una anciana de 72 años, inválida. A la pobre mujer que allí vivía con parte de su familia le quemaron la casa y hasta la silla de ruedas.
No conformes, los desalojadores a sueldo le dinamitaron el pozo de agua de donde se proveía que la familia utilizaba para el consumo humano, las actividades domésticas y para los animales de cría.
Ico Pozo forma parte de una gran estancia, que estaba en manos de Santa Kandelaria, una empresa de la familia Gatti Rapallini, con oficinas en Buenos Aires. Detrás del caso de doña Francisca asomó un entramado urdido para desalojar a pastajeros con antiguas raíces en esa finca.
El primer capítulo de la trama, en la que también intervino el juez Fucho, se escribió en septiembre de 2010, cuando el abogado José Retuerta, apoderado de Martina Veleizán, hija de doña Francisca, llegó a un acuerdo económico con Gatti Rapallini para desocupar esos puestos.
En octubre, el mismo abogado, esta vez como apoderado de Enrique Gatti Rapallini, presentó una demanda contra Francisca y siete de sus parientes, de apellidos Valeizán y Rodríguez. Retuerta solicitó al juez Fucho una medida cautelar y la inmediata expulsión de los nombrados, acusándolos de usurpar esa parte de la finca Ico Pozo.
El 25 de noviembre, menos de un mes después, el juez correccional de Metán hizo lugar a la medida solicitada y ordenó el desalojo de la anciana y sus parientes, quienes no habían firmado ningún convenio. La Justicia nunca aclaró los crímenes con los que procedió al desalojo. Francisca terminó confinada en una pieza en El Quebrachal.
