La factoría y el matadero
En nuestra época, una época que
magnifica al individualismo, circula la idea de que los hijos engendrados son
personas salvo que uno de los engendrantes no lo perciba así, por lo que a raíz
de ello tiene derecho a tratarlos como enfermedades. Este atropello al sentido
común –propagandeado cada vez más a través de los medios masivos de
comunicación y de las instituciones educativas– permite que grandes compañías
farmacéuticas pongan a disposición del público unos impresionantes arsenales de
anticonceptivos, útiles para aniquilar al pequeño intruso que ha intentado
invadir un útero, y le facilita a su vez la tarea a los sicarios que se
encargan de ejecutar a los inocentes a los que a los hacedores de leyes ya no
les preocupa proteger.
Lo curioso es que así como
nuestra época permite el lucro con el genocidio, también permite el lucro con
la fabricación de vida. De un lado hay una factoría de niños poniéndole códigos
de barra o chips RFID a la vida humana, y del otro hay una picadora de carne
destrozando a las personas más indefensas que existen. El deseo de los
individuos –tanto el deseo de procrear como el de no hacerlo– queda siempre
satisfecho, pues el cliente, según reza una de las máximas de nuestro mundo
actual, “siempre tiene la razón”. Lo único que se precisa para ello último es
una cantidad suficiente de dinero.
Ese dinero es el mismo que
también motoriza a la gran mayoría de nuestros políticos. En noviembre del año
pasado la Cámara
de Diputados de la Nación
dio media sanción a dos proyectos nefastos de ley: la “Identidad de Género” y la Eutanasia Pasiva.
En la misma oportunidad un tercer proyecto, el nefasto proyecto de Fecundación
Artificial, fue cajoneado, gracias a la decisión de los parlamentarios de
tomarse un poco más de tiempo para discutir nuevamente sobre el asunto. ¿Acaso
motivó esa iniciativa el deseo de los políticos de abordar con prudencia este
tema tan delicado? Difícilmente sea ello así, ya que la prudencia no es una
virtud del político promedio argentino. Lo que seguramente demoró la aprobación
de la ley de Fecundación Artificial fue el deseo de muchos diputados de dejarse
convencer amplia y abultadamente por los comerciantes de la salud –o sea por las
empresas que venden los tratamientos para tener hijos recurriendo a la
tecnología médica, empresas que trabajan junto a las compañías que lucran con
la producción y con el desmantelamiento de seres humanos.
Esta semana, tristemente, los
diputados avanzaron con la aberración, dándole media sanción al proyecto de Fecundación Artificial. No es de extrañar tal actitud. La mayoría de los
congresistas de la República
manifiestan una tendencia bastante irrefrenable a denigrar la vida humana
(algunos legisladores, como el jujeño Mario Fiad y el salteño Bernardo Biella, propusieron
algunas enmiendas al proyecto de ley aprobado para evitar que se produzcan
algunas situaciones violentas, pero para propuestas terribles como éstas sólo
cabe la más firme oposición como la actitud más noble, digna y virtuosa).
El don
Existe una falsa disputa que
intenta determinar si los hijos son un don o un derecho. Evidentemente son un
don, aunque no faltan sofistas que quieren convertirlos en un derecho.
Si los hijos fuesen un derecho,
entonces valdría prácticamente todo para acceder a ellos. Dentro de ese “todo”
está, claro, no sólo el emplear tecnología de avanzada para engendrarlos, sino
también el usar dinero para adquirirlos en una transacción comercial con
alguien dispuesto a venderlos. Esto es escandaloso.
Los hijos son dones, por lo que
aún cuando el deseo de tenerlos sea infinito, éste puede no ser satisfecho. Al
enterarse una persona que será padre o madre normalmente experimenta una
sensación de grandeza por el don recibido, sensación que no está presente (o
que no debería estar presente) cuando alguien recibe algo porque es su derecho
recibirlo. A veces esa sensación de grandeza puede generar vértigo y miedo en
lugar de satisfacción y alegría, pero ciertamente es casi imposible que no
provoque una conmoción interna. Más allá de que se profese o no la religión,
una persona que ha concebido a otra la intuye como diferente a si, dueña de su
propia identidad, personalidad y destino. Cuando el hijo nace, los padres lo
admiran; por supuesto que con el tiempo experimentarán una serie de problemas
en torno a la existencia del mismo, pero nunca será el hijo engendrado visto
como un problema en sí mismo. Cuando esto último sucede se está en presencia de
la criminalidad más absoluta, de la degradación humana más profunda, tal y como
lo ejemplifica la tristemente célebre homicida jujeña Romina Tejerina.
Como la experiencia de la
paternidad y de la maternidad son experiencias verdaderamente fabulosas, se
puede afirmar en consecuencia que es lícito emplear una gran variedad de recursos
para ser padres, pero hay que destacar que no se pueden emplearlos todos. Se
puede, por ejemplo, ayudar a la naturaleza biológica a través de la
tecnociencia a que una madre o un padre (o ambos) mejoren sus posibilidades
para procrear, pero no se puede sustituir al acto natural de procreación sin
atentar en contra de la sacralidad de la vida humana.
La fecundación artificial
convierte al sistema natural de transmisión de la vida en un evento
tecnificado, en donde allí en que deberían de haber solamente dos pasa a haber
un numeroso equipo de personas manipulando embriones, controlando la calidad de
los gametos para seleccionar a los más sanos, transplantando en un quirófano a
los escogidos, y congelando al resto para depositarlos en algún refrigerador
hasta que alguien se canse de conservarlos y los arroje por el retrete. Ello
equivale a la humillación de la mujer, a la emasculación del hombre, y a la
desorientación del hijo.
Enfermos sin serlo
No pretendo aquí cuestionar el
legítimo deseo de una pareja a tener hijos de modo natural. Lo que estoy
tratando de decir es que no hay una necesidad vital de procrear, por tanto no
está en riesgo la salud de las parejas y a causa de ello no debería existir
ninguna ley como la propuesta de Fecundidad Artificial.
Es sabido que las diversas
técnicas creadas para fecundar artificialmente a una mujer no son terapéuticas,
pues no curan la infertilidad o la esterilidad. Dichas técnicas lo único que
logran es, a veces, permitir que el crecimiento de una persona se produzca
(incluyo el “a veces” porque la norma es que el tratamiento falle en los
primeros intentos, significando ello la muerte en el útero de varios seres
humanos ya concebidos). Pero pasado ese momento de sofisticada intervención
médica, la pareja retorna a la infertilidad que siempre tuvo.
Como corolario de este hecho se
sigue que el Estado argentino, que tiene la obligación de garantizar la salud
de la ciudadanía según lo estipula la Constitución Nacional,
no debe hacerse cargo del deseo de una pareja, lo que significa que ni un peso
de las arcas del tesoro público debe ser usado para costear un tratamiento de
fecundación artificial (del mismo modo en que el dinero público no debería
financiar los suicidios asistidos denominados “eutanasia”, ni las carnicerías
genitales denominadas “cambio de sexo”). Es como si hubiera un niño con cáncer
que quisiera visitar Disney World antes de morir: el Estado bien podría darle
el gusto y pagarle el viaje, pero ello no le quitaría la enfermedad que padece.
La fecundación artificial cumple el deseo de una pareja –o, en el peor de los
casos, de una sola persona– pero el Estado no existe para cumplir deseos sino
para garantizar derechos.
Se puede volver sobre lo mismo y sostener
que aquellas personas que quieren concebir hijos y no pueden hacerlo están
enfermas. Pero tal enfermedad, como mucho, podría llegar a ser considerada una
enfermedad del espíritu, por lo que en todo caso el Estado debería financiar a
los psicólogos, a los psiquiatras o a los pastores que brinden asesoría a las
parejas infértiles para que las mismas acepten su suerte y dejen de padecer por
ello, aprendiendo a vivir en la realidad en la cual están enraizados.
Antonella Díaz
