Un poco de historia
Cuando el Proceso de Reorganización Nacional concluyó en 1983, la democracia inundó a la Argentina. El golpe de Estado de 1976, hay que señalarlo, no fue ejecutado con la intención de instaurar un régimen en contra de la política tradicional sino todo lo contrario: el Proceso de Reorganización Nacional tuvo como objetivo principal la consolidación del orden constitucional vigente (es decir la conformación de ese “magno” Estado liberal que en la Argentina, por diversos motivos, se venía postergando desde 1854) y la reformulación de la partidocracia dentro de las coordenadas del modelo que Washington DC proponía (esto es mediante la promoción de un espectro ideológico extremadamente fuerte en el centro, sin lugar para nada que escapase de ese espacio, con mucho estímulo para la gestión pero con total desaliento para la política).
Las décadas de 1960 y 1970 habían estado atravesadas por combates entre “derechas” e “izquierdas” que representaban, respectivamente, la resistencia nacional más auténtica y la penetración internacional más espuria. Ambos grupos recurrieron a las armas para saldar sus diferencias, pero sólo las “izquierdas” tomaron seriamente la célebre fórmula de von Clausewitz y creyeron ver en la guerra el medio más legítimo para continuar con la política. Esto sucedió tras la muerte de Perón.
En efecto, el deceso del presidente en 1974 le allanó el camino a las “derechas” para concretar la toma del poder, lo que terminó provocando que las “izquierdas” se radicalizaran en un grado aún mayor del que lo estaban, pasaran a la clandestinidad y emprendiesen una guerra ya no en contra de cierto sector de la política nacional sino ahora directamente en contra del Estado argentino. Las izquierdas se posicionaron en Tucumán con el propósito de plantear su insurgencia en un nivel superior al que la venían planteando, y las derechas respondieron con una estrategia de contrainsurgencia denominada “
Operativo Independencia” que a la postre fue mucho más exitosa que lo sostenido por su gran opositor ideológico.
Las “derechas” –que tuvieron todos los elementos disponibles para reformar el Estado y guiar al país hacia la grandeza– fracasaron como fuerza gobernante al no poder controlar la situación socioeconómica, y esto hizo que el Proceso de Reorganización Nacional se pusiese en marcha en marzo de 1976. Jorge Rafael Videla asumió la presidencia fundamentalmente para restaurar la senda abandonada por la república a partir de 1912 con la sanción de la Ley 8.871 (los golpes de Estado de 1930, 1955, 1962 y 1966, si bien fueron desarrollados en un primer momento bajo otras banderas, en el fondo nunca llegaron a aspirar más que a eso).
El ascenso al poder de una Junta Militar significó la extensión de ese Operativo Independencia más allá de los montes tucumanos. De esa manera las “izquierdas” fueron aniquiladas. En rigor no fueron aniquiladas las “izquierdas” en sí mismas, sino que lo que sucedió fue que se hizo desaparecer a un gran número de “izquierdistas” (algo así como entre ocho mil y doce mil personas, que, debido a una hipérbole perversa, terminaron por alcanzar la inverosímil cifra de treinta mil, como si algunos hubieran desaparecido dos o hasta tres veces). Esa acción representó el fin del terrorismo armado: en los años subsiguientes los “izquierdistas” producirían una importante cantidad de acciones terroristas pero ninguna –excepto por el Copamiento del cuartel de La Tablada– de gran envergadura. Sin embargo el eclipsamiento del terrorismo no fue acompañado con el desvanecimiento de la subversión. Más bien sucedió exactamente lo opuesto. De hecho no es exagerado decir que gracias a que los “izquierdistas” abandonaron –o fueron obligados a abandonar– el terrorismo pudieron concentrar todas sus energías en agudizar la subversión.
La subversión en nuestro país no ha cesado, porque la guerra diseñada para defender nuestra identidad occidental y cristiana no ha sido lo suficientemente ofensiva. La Revolución Francesa, la avanzada masónica que desató al mundo moderno, parió dos bestias esperpénticas: el liberalismo y el socialismo. Durante el siglo XIX (especialmente a partir de su segunda mitad) y hasta el siglo XX (sobre todo hasta la caída de la URSS) liberales y socialistas, monstruosos productos de las intenciones desnaturalizadoras y deshumanizadoras del hombre, se mostraron como antagónicos, pero hoy en día cada vez más demuestran ser complementarios. Si bien ambos difieren en cuestiones secundarias, en temas esenciales –como por ejemplo es sus antropologías– coinciden plenamente. La Guerra Fría no fue otra cosa más que una larga evaluación sobre cuál sería el régimen ideal que permitiese a los sinárcas de todo el globo apoderarse ya no sólo del control material del mundo sino también del control espiritual de los individuos; al final resultó vencedor el liberalismo, pero no por ello el socialismo se vio privado de hacer sus más que significativos aportes.
Hoy en día pareciera ser que resulta inmoral y reaccionario objetar esta infame subversión de nuestra identidad. El pretexto que se ha instaurado es que ello obstaculiza al Progreso. El discurso acerca del Progreso nos lástima particularmente a nosotros los argentinos: como nuestro país es un país pobre se nos ha impuesto el imperativo del “desarrollo”, que vendría a ser algo así como un conjunto de procesos en diversos ámbitos los cuales, a la larga, convertirán a nuestra tierra en un universo de producción y consumo que no tendrá nada que envidiarle a otros países. Sin embargo el mentado “desarrollo” es tan sólo una creencia, un
acto de fe, y no una realidad fácilmente realizable a través de fórmulas.
Esa versión del Progreso como algo vinculado al desarrollo económico estimula en nuestro país el culto a la novedad. Aquí no se producen novedades, pero si se receptan éstas con un empeño que llama la atención. La libertad, por tanto, es comprendida por los progresistas argentinos como el aumento de las distancias que deberían de existir entre un ser humano y sus componentes orgánicos o sus tradiciones heredadas del pasado. El progresista local proyecta un futuro de grandeza en donde sus limitaciones biológicas y culturales desaparecerán para siempre. A raíz de ello no le molesta trastocar la realidad: el placer pasa a ser considerado un derecho, la verdad queda reducida a la experiencia individual y la familia se desestructura completamente.
Una guerra silenciosa en contra de la vida
Los efectos más nefastos del progresismo subversivo peligrosamente activo se pueden constatar, por ejemplo, en la descabellada interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo en torno al artículo 86 del Código Penal. Me refiero, obviamente, al tema de los
abortos no punibles.
La separación de poderes existe para que sea el Poder Legislativo el que decida la introducción de la innovación social, mientras que el Poder Judicial tiene por tarea lo opuesto, es decir la conservación social. Aquí, empero, fue el órgano supremo del sistema judicial argentino el que decidió innovar. Como dicha innovación no provino de una instancia que esté facultada para producirla, los demás poderes del Estado reaccionaron.
Desde el ámbito legislativo los parlamentarios salieron a pronunciarse a favor o en contra de la idea de despenalizar el aborto. En Jujuy, por ejemplo, el diputado nacional
Marcelo Llanos se mostró como un enemigo de la idea de permitir la ejecución impune de homicidios en el vientre materno, mientras que su comprovinciana la diputada nacional
María Eugenia Bernal dejó entrever que ella está de acuerdo en apoyar semejante brutalidad inhumana. Ambos políticos, por supuesto, pertenecen al mismo partido. Costumbres normales de la partidocracia.
En Salta el líder de la oposición provincial
Alfredo Olmedo, un aguerrido defensor de la vida, fue coherente consigo mismo y rechazó plenamente la aberración propuesta. En Tucumán, en cambio, la dirigente sionista
Beatriz Rojkés de Alperovich no pudo ocultar la algarabía que le producía saber que en nuestro país se está planteando la posibilidad de masacrar a cientos de miles de inocentes y hasta se dio el lujo de presentar una
declaración de beneplácito por ello en el Senado de la Nación.
Esa oscilación entre la aceptación y el rechazo también se percibió en el ámbito ejecutivo. Los gobernadores de Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero se manifestaron plenamente de acuerdo con este artilugio legal para someter libremente a la muerte a los niños por venir, mientras que los de La Pampa, Mendoza y Neuquén optaron por proteger a aquellos que se los desea exterminar por el único delito de existir. En el NOA la actitud de los gobernadores fue desigual: mientras que los “rusos” Alperovich y Fellner mantuvieron un silencio cómplice con el genocidio abortista, Urtubey tuvo la valentía de frenar la demencia. El gobernador salteño
se manifestó primero en contra del nefasto fallo de la Corte Suprema, y luego emitió un
decreto mediante el cual ajustaba los protocolos de sanidad para los casos de aborto en ocasión de violación.
Lo que Juan Manuel Urtubey propuso es que no se legitime la locura de permitir que a una mujer le baste la sola declaración de haber sido víctima del abuso sexual para poder encargar el asesinato de la persona que lleva en su útero sin ser castigada por ello. De allí es que en el protocolo que puso en circulación diga que para que el médico pueda proceder con el aborto que la demandante exige, ésta deba primero constatar que efectivamente ha tenido la desgracia de ser víctima de una violación; para ello deberá presentar una copia autenticada de la denuncia policial en donde quedó registrado el ilícito o prestar declaración ante un funcionario judicial especial que estará en los hospitales para hacerse cargo de la situación. Con esta medida se busca evitar la fabricación de casos: para que una mujer pueda impunemente dar muerte a la persona de la que será madre deberá comprobar fehacientemente que ha sido violada, algo que la Corte Suprema pretendía a toda costa evitar porque ello obstaculizaría su propósito de liberalizar el genocidio. No sería una mala idea, por tanto, agregar la figura de “tentativa de homicidio” a aquellas mujeres que se presenten en los hospitales solicitando ejercer su “derecho” a abortar por haber sido víctima de la violencia masculina cuando en realidad fueron víctimas de su irresponsabilidad, su libertinaje y su falta de autoestima.
La medida dispuesta por el gobernador de Salta es, ciertamente, mucho mejor en materia de defensa de la vida que lo establecido por los gobernadores de las provincias abortistas que más arriba hemos citado. Sin embargo no es suficiente para vencer a la subversión. Es simplemente algo escandaloso que se acepte que una persona inocente pueda ser asesinada sólo por el modo en que ha sido concebida. Personajes como el diputado nacional
Bernardo Biella han recordado la existencia de píldoras abortivas como soluciones menos violentas que los abortos no punibles, pero algo como eso no es aceptable. Lo único aceptable en este tipo es salvar la vida del inocente.
